Los conceptos de sequía y escasez hídrica se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana desde hace más de una década, debido a la disminución de las precipitaciones y al aumento de demanda de agua por parte de los sectores productivos.

Si bien se han hecho campañas de gobierno llamando a cuidar el agua y existen algunas iniciativas para obtener el vital elemento desde nuevas fuentes -como la desalación-, es claro que las acciones para enfrentar el problema no se producen con la rapidez que la emergencia amerita, en momentos en que el 76% del territorio nacional está afectado por sequía, desertificación y suelo degradado (SudAustral Consulting SpA, 2016).

Ejemplo de la falta de celeridad es lo que ha ocurrido con la Ley 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises. Esta norma fue promulgada hace más de tres años, el 1 de febrero de 2018, y aún no ha podido ponerse en práctica, debido al retraso en la aprobación del reglamento correspondiente, donde se tienen que detallar los requisitos que deben cumplir los sistemas de reutilización para cada uso autorizado, las calidades específicas del efluente tratado y las exigencias de control de su funcionamiento, entre otros temas.

Una primera versión de dicho reglamento -cuya elaboración está a cargo del Ministerio de Salud- fue presentada en enero de 2018, pero el decreto fue devuelto con observaciones de forma y de fondo por la Contraloría General. Ante ello. una nueva versión del “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas para la Reutilización de Aguas Grises” está actualmente en trámite, y fue sometida a consulta pública durante siete días a partir de la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial, el pasado 12 de mayo.

En momentos en que casi un tercio de las comunas del país tiene decretos de escasez hídrica, la reutilización de aguas grises podría ser una buena alternativa. Este sistema permitiría generar una nueva fuente de agua para abordar una demanda que, actualmente, es satisfecha principalmente con agua potable que podría tener otro uso.

Así lo explica Gerardo Díaz, jefe de proyectos de Fundación Chile (FCh), a cargo de la iniciativa de reúso de aguas residuales de la gerencia de Sustentabilidad de dicha institución: “Avanzar en normativas que impulsen el reúso de efluentes sanitarios y/o industriales propicia hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, así como lograr una modificación futura en la diversificación de la matriz hídrica, fomentando el recambio en el uso de esta nueva fuente de agua por sectores que la puedan aprovechar, dejando disponible agua fresca para consumo humano u otros usos, logrando además ejercer una menor presión sobre las diferentes fuentes de agua fresca”.

Díaz señala que Chile ha sufrido desde 2010 lo que denomina un “terremoto hídrico” producto de la megasequía desde Coquimbo a la Araucanía, con déficit de precipitaciones cercano al 30%, lo que se suma a la “creciente y constante” demanda de agua. El especialista comenta que para hacer frente a esta situación se debe, por una parte, visualizar alternativas para aumentar la disponibilidad de agua -conservando y recuperando ecosistemas que puedan fomentar el ciclo hídrico de los territorios- y, por otra parte, fomentar la eficiencia en el uso de agua tanto en agricultura como en otros sectores productivos.

Pero además, dice Díaz, “nos hemos visto forzados a buscar nuevas fuentes de agua, donde la reutilización de aguas residuales tratadas ha surgido como un alternativa que permite aumentar la oferta disponible, y donde la experiencia internacional muestra que es una fuente de agua segura, permanente y confiable, aplicada en países como Israel -donde prácticamente el 90% del agua utilizada por la agricultura proviene de aguas residuales tratadas- o Singapur, donde esta nueva fuente de agua se utiliza incluso para abastecimiento para consumo humano”.

Normativa permite usar solo una fracción del potencial

No obstante, a juicio del profesional de FCh, la ley 21.075 y el reglamento en trámite no dan pie a un tratamiento y reutilización masivos de las aguas con potencial para este efecto.

La ley se refiere exclusivamente a las aguas grises, las cuales define como “aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo las aguas negras”, que a su vez son definidas como “aguas residuales que contienen excretas”.

En este sentido, Díaz considera que “la normativa de reúso de aguas grises tiene como principal brecha que permite el reúso de solo una fracción del potencial que podría ser aprovechado. Como dato, las aguas residuales descargadas por los 33 emisarios submarinos a nivel nacional representan cerca del 22% de la totalidad de aguas residuales que se generan en el territorio, con un caudal cercano a los 8,0 m3/s. Si se pudiera aprovechar todo este potencial, el impacto se vería magnificado y permitiría abordar el 10% de la brecha hídrica informada por la Dirección General de Aguas en 2015”.

Por otra parte, el experto prevé que la aplicación masiva de la ley y el consecuente retiro de las aguas grises “podría generar como inconveniente la concentración de los caudales de recolección de aguas residuales tratadas (…) lo que eventualmente produciría un problema en el sistema de alcantarillado, al no estar acondicionado para la conducción de un caudal de aguas servidas más concentrado (solo aguas negras)”.  El efecto encadenado de esto -sostiene Díaz- es que el proceso de tratamiento de aguas residuales también deberá sufrir modificaciones, ya que será necesario diluir el residuo que ingrese a las plantas de tratamiento de las empresas sanitarias, lo que generaría la pérdida del ahorro del previo reúso de aguas grises.

Costos muy altos

Por otra parte, la norma restringe la utilización de las aguas grises tratadas -aquellas que se han sometido a los procesos de tratamiento requeridos para el uso previsto- a cinco posible destinos: urbano (riego de jardines o descarga de aparatos sanitarios), recreativos (riego de áreas verdes públicas, campos deportivos u otros con libre acceso al público), ornamentales (riego de áreas verdes y jardines sin acceso al público), industriales (todo tipo de procesos no destinados a productos alimenticios y fines de refrigeración no evaporativos), y ambientales (riego de especies reforestadas, la mantención de humedales y todo otro uso que contribuya a la conservación y sustentabilidad ambiental).

Para cada uno de esos destinos, en el artículo 33 del reglamento en trámite se define la calidad que deberán tener las aguas grises tratadas.  Asimismo, en su artículo N°9 la ley se prohíbe específicamente su uso en consumo humano, provisión de agua potable, riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo, entre otros, así como “cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere riesgoso para la salud”.

A juicio del jefe de proyectos de FCh, la normativa es “demasiado exigente en cuanto a los parámetros que se deben medir y cumplir (máximo 10 mg/L DBO5, 5 UNT de turbiedad, cloro residual entre 0,5 y 2 mg/L), considerando que no permite el uso de esta agua para riego de cultivos vegetales en contacto con el agua de riego, ni tampoco para consumo de agua potable”.

Esta situación, señala, desincentiva la aplicación de sistemas de aprovechamiento de esta nueva fuente de agua “especialmente en zonas vulnerables, por ejemplo, para su aplicación en agricultura de subsistencia o desarrollo productivo local”.

Por otra parte, indica, se debe considerar que en muchas zonas rurales la fuente hídrica no cuenta con una calidad de agua de entrada normada. En este sentido, Díaz hace referencia a estudios de Fundación Amulen (2019) que señalan que el 47% de la población rural en Chile no cuenta con abastecimiento formal de agua potable, y el 84,7% se abastece de pozos, ríos, lagos o esteros donde la calidad no se encuentra garantizada.

“Así, y aun cuando existe la tecnología para llegar a la calidad que establece el reglamento, e incluso para el monitoreo de variaciones de carga contaminante, el costo de inversión se vuelve prohibitivo para la aplicación en soluciones individuales, especialmente en zonas rurales producto de los altos costos del tratamiento y monitoreo”, subraya Díaz, quien además es parte del equipo de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030.

En concreto, dice el experto, “la ley de aguas grises en Chile es un aliciente frente a la escasez hídrica, sin embargo, sigue siendo insuficiente”.

Explica que las experiencias en materia de reúso de aguas servidas en el país son escasas y considera que “se debe seguir el ejemplo internacional y crear un entorno propicio con el apoyo de políticas públicas para el uso de fuentes de agua no convencionales, además de trabajar en una normativa clara y definida que permita reutilizar la totalidad de esta nueva fuente de agua”.

“El no considerar la totalidad de aguas residuales, tal y como plantea la Ley 21.075, produce una paralización en avanzar hacia la integración de una importante fuente de agua en el desarrollo de sectores productivos (…) liberando agua fresca para otros usos. Esta ley, además, genera problemas en su implementación producto de los elevados estándares de calidad que plantea, los altos costos que esto implica, además de lo engorroso de aplicar y monitorear, generando más bien barreras que no ayudan a reducir problemas de abastecimiento de agua, especialmente en zonas donde no existe accesos al sistema de agua potable urbano (zonas desconcentradas)”, concluye Díaz.

Sanitarias: uso acotado puede contribuir a mayor eficiencia hídrica

Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G. ANDESS, en tanto, una de las mayores preocupaciones en torno a ley 21.075 tiene relación con el mantenimiento y la reparación de los sistemas de reutilización de aguas grises, definidos como el conjunto de instalaciones destinadas a la recolección, tratamiento, almacenamiento y conducción de las aguas grises para su uso en la alternativa de reutilización que se proyecte.

Para ANDESS, “el mantenimiento y reparación de estos sistemas es tanto o más importante que su instalación”. La presidenta ejecutiva de esta asociación gremial que representa a la industria sanitaria, Jessica López, explica que “operar un sistema de aguas grises es una gran responsabilidad, tanto desde el punto de vista ambiental como de vecindad”.

“Como industria -señala-, nuestra principal misión es velar por la calidad de la vida de quienes habitan las ciudades, por lo que creemos que esta ley debe poner principal atención en la gestión de olores y también en aquellos proyectos que consideren la intervención de redes interiores con potencial riesgo para las personas, ya que estas podrían ser intervenidas sin precaución y sin autorizaciones que garanticen la necesaria independencia de los sistemas”.

El desafío, agrega, será velar por un monitoreo activo de estos sistemas. En esta línea, creen “necesario que algún organismo técnico o las sanitarias, tengamos participación al menos en la fase de revisión y construcción de este tipo de sistemas, dado que se incorporará una serie de elementos nuevos en la red interior del domicilio con descarga a la red pública”.

Además, la representante de ANDESS considera que es importante que la propuesta de reglamento establezca claramente los estándares a considerar para los usos industriales y ambientales: “Es muy importante tener estas definiciones para que quienes tengan interés en proyectar y construir este tipo de sistemas, puedan hacerlo sin incertidumbres al respecto”.

Con todo, opina que la ley es un aporte a la sostenibilidad del recurso hídrico, “pues la reutilización de aguas grises en labores acotadas puede contribuir a hacer un uso más eficiente del agua potable”. A su juicio, en zonas de extrema sequía y escasez hídrica el reúso de aguas grises puede ser una opción interesante para aumentar la eficiencia y contribuir a disminuir la presión sobre los recursos hídricos frescos. Agrega que, considerando los cinco destinos que establece la ley para esa agua, “puede contribuir a evitar el uso de agua potable para riego de parques, plazas y jardines, por ejemplo”.

No obstante, la representante de ANDESS subraya que “la reducción del consumo de agua potable será acotada, pues dependerá de las inversiones que realicen particulares e industrias para poder contar con sistemas diferenciados de aguas servidas y grises. Además, se debe considerar que, por ejemplo, en un hogar, de las aguas que hoy van mensualmente al alcantarillado solo un porcentaje corresponde a la calificación de grises”.

De cualquier modo, dice López, “como sanitarias, vemos con muy buenos ojos que los clientes, en especial los grandes clientes, adopten medidas asociadas al cuidado de los recursos hídricos”.