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Científicos entregan 73 propuestas para aumentar la resiliencia de las ciudades chilenas frente al cambio climático

La Mesa Ciudades del Comité Científico COP25 presentó el informe “Ciudades y cambio climático: recomendaciones desde la evidencia científica”, en el que aparecen las conclusiones de las siete submesas que trabajaron durante seis meses. Una ley de movilidad, la necesidad de contar con plan local de cambio climático antes de 2025 para todas las comunas urbanas, incluir a los gases de efecto invernadero como contaminantes a medir en los planes de descontaminación ambiental, establecer la obligatoriedad de la reglamentación térmica para edificios nuevos, proteger la biodiversidad en las zonas urbanas y hacer un catastro de las amenazas climáticas por región figuran entre las principales medidas.

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Tras un arduo trabajo de seis meses, la Mesa Ciudades del Comité Científico COP25 presentó su informe “Ciudades y cambio climático: recomendaciones desde la evidencia científica” durante la reciente Cumbre Social por la Acción Climática. El documento tuvo por objetivo reunir documentos en relación a ciudades y cambio climático; destacar la situación urbana de Chile en torno a los ejes de mitigación, adaptación y gobernanza; y entregar una serie de propuestas de acción en evidencia científica para fomentar la resiliencia de las ciudades a la crisis climática.

Más de 50 científicos de diez universidades participaron en la investigación y redacción del informe, cuyas conclusiones están agrupadas en torno a las siete submesas definidas por la instancia: Riesgos y desastres naturales; Infraestructura y espacios verdes; Vulnerabilidad y salud poblacional; Movilidad; Edificación, equipamiento y energía; Residuos y economía circular; y Gobernanza. Las medidas sugeridas aparecen junto a los plazos posibles en que podrían ser implementadas, sus beneficios y la evidencia científica que las avala. También identifica a las instituciones que podrían participar en su implementación, y señala como prioritaria la coordinación entre la sociedad civil, el sector público y el privado para que las propuestas lleguen a buen puerto.

En total, la mesa entregó 73 propuestas de acción en formato de fichas, cuyo número varía según la submesa. “El objetivo central es que cada asentamiento humano pueda incorporar las medidas más relevantes para sus circunstancias, a través de la colaboración e involucramiento de una amplia gama de organizaciones, incluyendo participación en la selección de ellas, monitoreo y evaluación claramente identificado, y con responsabilidades, plazos y financiamiento estipulados”, destaca el documento. La mesa Ciudades fue coordinada por el director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) de la Universidad Católica, Juan Carlos Muñoz.

Principales propuestas

Entre las principales medidas sugeridas por la submesa Gobernanza destaca la necesidad de que todas las comunas urbanas de Chile cuenten con un Plan Local de Cambio Climático antes del año 2025. Para ello, dice la ficha, las acciones y medidas que se deberían adoptar pasan por transferir “recursos para municipios que no tengan Comité Ambiental Comunal y Comité Ambiental”, de tal manera que estos organismos logren ejecutar planes locales de cambio climático. Esta propuesta surge a la luz de las estadísticas que entrega el mismo documento en la presentación de los resultados de la submesa Gobernanza: más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades, y este porcentaje llegará a dos tercios en 2050.

Para enfrentar el cambio climático, esta perspectiva de crecimiento es muy relevante, porque las ciudades concentran importantes actividades generadoras de gases de efecto invernadero además de concentrar los principales riesgos. En el caso chileno, cita el informe, el 90% de su población vive en ciudades de diversos tamaños y, de esta manera, “ya lidera esta tendencia que afectará a la mayoría de los países en los años venideros”.

En el diagnóstico que entrega el informe, se asume que la gobernanza urbana en temas de adaptación y mitigación al cambio climático ha sido “ampliamente inadecuada”, y que debe responder a los desafíos de una mayor descentralización, frente a la centralización impuesta durante la dictadura militar. El segundo desafío es “cómo integrar plenamente a la ciudadanía en la toma de decisiones claves para el país”, agrega el texto.

En ese sentido, dice el informe, “el clima siempre ha sido un factor clave en el desarrollo urbano”, pero “los efectos asociados al cambio climático que estamos presenciando producto del aumento de los gases de efecto invernadero, y la rapidez con que estos cambios están ocurriendo, obligan a que muchas ciudades deban enfrentar nuevas condiciones, con consecuencias muy importantes para su ciudadanía. Cita entre estas condiciones los “aumentos de temperatura, aumento del nivel del mar y cambios en patrones de precipitación”, por lo que la gobernanza urbana “tiene que integrar estas condiciones en sus procesos de toma de decisiones”.

Otra de las medidas novedosas de la submesa Gobernanza consiste en el desarrollo de inventarios locales que incluyan a los gases de efecto invernadero (GEI) a los otros contaminantes en las ciudades que cuenten con planes de descontaminación ambiental (PDA). También proponen la capacitación obligatoria en cambio climático para funcionarios municipales y regionales profesionales, y optativa para otros administrativos. En esa misma línea, la submesa recomienda “desarrollar programas específicos por ciudad en materia de cambio climático como parte de la enseñanza media”, de modo que los estudiantes puedan adquirir “conciencia” de la relación entre la crisis del clima con sus actividades cotidianas.

“La gente no ve espacios de participación, más bien se le informa de los proyectos, y necesitamos que se les haga partícipes y responsables dentro de sus ciudades. Esta gobernanza fragmentada permite que lo que haga una comuna puede afectar a otra comuna. El Ministerio de Salud pone, por ejemplo, el nuevo hospital de la zona norte en un lugar donde nadie vive, es un contrasentido”.

Juan Carlos Muñoz, coordinador de la Mesa Ciudades del Comité Científico COP25.

La última medida de la submesa Gobernanza entraña una mejor coordinación intersectorial en el desarrollo de iniciativas frente a la emergencia climática. Para ello sugiere la creación de mesas en cada ciudad y región para asesorar a los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), que deberían estar conformados antes de 2023 en ciudades con más de 100 mil habitantes, y antes de 2025 en ciudades con más de 20 mil habitantes.

Según Juan Carlos Muñoz, coordinador de la mesa, el tema Gobernanza es uno de los más relevantes del informe. “Tenemos una gobernanza en Chile extremadamente inadecuada. Hay que avanzar hacia una gobernanza mucho más activa, intersectorial, multiescalar, estamos acostumbrado a una gobernanza muy central, que llega a los distintos espacios desde la mirada nacional. La gente no ve espacios de participación, más bien se le informa de los proyectos, y necesitamos que se les haga partícipes y responsables dentro de sus ciudades. Esta gobernanza fragmentada permite que lo que haga una comuna puede afectar a otra comuna. El Ministerio de Salud pone, por ejemplo, el nuevo hospital de la zona norte en un lugar donde nadie vive, es un contrasentido. Mientras que el alcalde de Lo Barnechea califica como fantástico que estemos poniendo más oficinas en Lo Barnechea, ¿qué significa eso para la comuna de Maipú? ¿O Puente Alto? ¿Cuál es la gobernanza de la ciudad con una lógica metropolitana?”, explicó Muñoz a País Circular.

Una ley de movilidad

El documento es bastante descriptivo en lo que respecta a medidas en torno a la movilidad. Dicha submesa, en lo sustancial, recomienda la discusión y aprobación de una Ley de Movilidad, que privilegie la movilidad sustentable. Las ciudades o regiones que deban adoptar medidas coherentes con esta ley y esta política deberían enfrentar incentivos y desincentivos financieros que promuevan su rápida adopción”, aconseja la submesa Movilidad.

En orden de minimizar significativamente las emisiones derivadas del transporte urbano, los científicos recomiendan orientar las decisiones desde la “pirámide inversa del tráfico”. Es decir, priorizar a los peatones en las inversiones de infraestructura vial, “luego a los ciclos, en tercero a transporte masivo y de carga, y en último lugar al transporte privado de autos y taxis”.

En la presentación de la submesa en Cerrillos, la coordinadora Marcela Munizaga sostuvo que la adopción de una Ley de Movilidad “garantizaría el derecho de movilidad”. Explicó que en Chile “las ciudades son segregadas y viajamos largas distancias”, por lo que se requiere una “nueva política de transporte y movilidad sostenible”. Es importante parta ella “cambiar los criterios de uso en espacios urbanos y darle prioridad a los parques”. Si se implementan estas medidas, añadió Munizaga, “las ciudades no solo mejorarán en términos de reducción de gases de efecto invernadero, sino que serán más justas y amables para la gente”.

Otro aspecto que destacó Munizaga en su presentación coincide con otra de las sugerencias de la submesa: la necesidad de establecer un impuesto al carbono para desincentivar el uso de combustibles fósiles en el transporte. En el documento se indica que este impuesto verde “puede contribuir a cambiar la movilidad urbana e interurbana, ayudando a reducir la contaminación atmosférica y siniestros viales, y mejorar la salud pública en general. A nivel urbano e interurbano, el impuesto necesita ser acompañado con la promoción de alternativas sustentables de movilidad, promoviendo transporte público y movilidad activa”.

Asimismo, el documento estimula la implementación de nuevos instrumentos de planificación territorial y urbana de Chile, que deberían limitar la expansión de las ciudades y el desarrollo de loteos urbanos en los suburbios, de tal forma de reducir las distancias recorridas por los ciudadanos, y también el uso del automóvil. Estos nuevos instrumentos deberían cumplir, según el informe, el estándar 8-80, es decir, que “permitan a un niño de 8 años y a un adulto de 80 desplazarse en forma conveniente y segura por la ciudad”.

“La adopción de una Ley de Movilidad garantizaría el derecho de movilidad. En Chile las ciudades son segregadas y viajamos largas distancias, por lo que se requiere una nueva política de transporte y movilidad sostenible. Es importante cambiar los criterios de uso en espacios urbanos y darle prioridad a los parques. Si se implementan estas medidas, las ciudades no solo mejorarán en términos de reducción de gases de efecto invernadero, sino que serán más justas y amables para la gente”.

Marcela Munizaga, coordinadora de la sub mesa Movilidad.
El equipo de expertos de la Mesa Ciudades del Comité Científico COP25 que presentó el informe “Ciudades y cambio climático: recomendaciones desde la evidencia científica” durante la reciente Cumbre Social por la Acción Climática.

El documento también sugiere la creación de un plan urbano para cada ciudad de más de 50 mil habitantes que permita reducir la distancia promedio de los viajes de más de cinco kilómetros se reduzca en un 20% de aquí al 2040. En esa búsqueda de reducir el transporte motorizado y favorecer la movilidad no motorizada, la mesa Movilidad aconseja implementar ciertos parámetros en los vecindarios que permita fomentar la caminata. De acuerdo al texto, en el Gran Santiago, el 29,1% de los viajes cotidianos son a pie, y la cifra se incrementa si se considera la caminata hacia los paraderos y a las estaciones más cercanas.

Por último, otra de las propuestas de la submesa es transitar progresivamente a vehículos de transporte privado de pasajeros con cero emisiones de GEI, como los vehículos a hidrógeno, o a transporte eléctrico siempre a partir de energías limpias. El dato es revelador, según el informe: el 24 por ciento de las emisiones del país son generadas por el sector transporte.

Reglamentación térmica obligatoria para edificios

La submesa Edificación, equipamiento y energía trabajó sobre la base de que, de acuerdo a los datos del Ministerio de Energía, el 22% de la energía total consumida en el país se destina a la fase operacional de los edificios. En dicho sector, el mayor consumo de energía corresponde a electricidad (33%), seguido de biomasa (27%), gas licuado (19%) y gas natural (11%). El resto corresponde a petróleo diésel (8%) y kerosene (2%) (Rozas, 2019).

El mayor impacto ambiental se produce por el uso de carbón y leña para calefaccionar las viviendas, cita el informe, lo que ha derivado en ciudades saturadas por superar los niveles de contaminación permitidos.  Por lo mismo, la principal estrategia de acción establecida por la submesa es un “incremento significativo en la eficiencia energética de los edificios”.

En atención a esta problemática, el documento recomienda medidas para reducir la llamada “pobreza energética”, entre las cuales destaca la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) de la reglamentación térmica obligatoria para los nuevos edificios residenciales y no residenciales. Esto quiere decir que las nuevas edificaciones deben cumplir estándares mínimos que garanticen un confort térmico para los residentes. Asimismo, el documento incorpora como propuesta la obligatoriedad de una etiqueta de consumo energético en emisiones de GEI para edificios residenciales, comerciales, oficinas y públicos. “Queremos que la gente elija conscientemente entre un edificio y otro”, explicó Francois Simon, miembro de la submesa, en la presentación del miércoles pasado.

La gran meta que aspira la submesa Edificación es la creación del código de edificación energía neta cero (NZEB, por sus siglas en inglés) obligatorio para edificios residenciales y no residenciales.

En otras palabras, cita el informe, “la energía requerida para la operación de estos edificios se obtiene, por una parte, de la red de distribución eléctrica de la ciudad; y por otra, de la energía eléctrica generada in situ en la edificación, de tal forma que la energía exportada (100% energía renovable generada in situ entregada a la red de distribución eléctrica) es igual a la energía importada (energía renovable y no renovable proveniente de la red de distribución eléctrica) en el periodo de un año”. En cuanto a los plazos, la submesa recomienda la obligatoriedad de la norma al 2030 para edificios residenciales, y al 2035 para edificios no residenciales.

Los científicos claman por una mayor infraestructura verde para la protección y resiliencia de la costa, ya que los eventos extremos en Chile, principalmente en la Región de Valparaíso, han provocado numerosos daños a la infraestructura costera y a la conectividad. Cita el caso de Estados Unidos como un buen ejemplo: “En el noreste de Estados Unidos, los humedales permitieron ahorrar US$625 millones de dólares en daños directos de las inundaciones ocasionadas por el huracán Sandy en 2012”.

Proteger la biodiversidad en las áreas urbanas

La submesa Infraestructura y Espacios Verdes trabajó sobre el eje de Adaptación, y tomó como premisa que los espacios de biodiversidad dentro de las ciudades se encuentran muy presionados por la expansión de las mismas. De acuerdo al indicador global de Biodiversidad y Hábitat, citado por la submesa en el preámbulo, “Chile se encuentra en el lugar 106 de un total de 180 países”.

De ahí que la primera medida puesta en la mesa por los expertos es la protección de la biodiversidad en las áreas urbanas. Del mismo modo, valoran la discusión de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), aún en trámite, y la Ley de Humedales Urbanos, aprobada en noviembre pasado por el Congreso.

El balance de la submesa clama por mayor infraestructura verde para la protección y resilienica de la costa, ya que los eventos extremos en Chile, principalmente en la Región de Valparaíso, han provocado numerosos daños a la infraestructura costera y a la conectividad. Cita el caso de Estados Unidos como un buen ejemplo: “En el noreste de Estados Unidos, los humedales permitieron ahorrar US$625 millones de dólares en daños directos de las inundaciones ocasionadas por el huracán Sandy en 2012”. Una de las propuestas que emerge del documento es la creación de una Red de Santuarios de la Naturaleza, que otorgue categoría de conservación a los ecosistemas críticos costeros: playas, humedales, dunas, estuarios, etcétera.

Sobre el eje de Adaptación también se orientó el trabajo de la submesa Riesgos y Desastres Naturales, cuya primera medida fue la necesidad de “hacer un catastro del régimen de perturbaciones de origen climático que afectan a cada región, incluyendo la recurrencia de los eventos en una perspectiva histórica”. Otra de las medidas supone “caracterizar los niveles de exposición y vulnerabilidad multi-amenaza para todo el territorio nacional”.

La otra propuesta de la submesa Riesgos es la necesidad de una mejor coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la gestión de los riesgos de desastre, “para que actúen en situaciones de emergencia de manera eficaz y eficiente”, dice el texto. La acción concreta es “definir un protocolo unificado de alerta temprana con distintos grados de severidad según el tipo de amenaza”. El plazo para esta medida es 2002, con actualización cada cinco años o antes en caso de evento extremo.

Mapas de islas de calor y economía circular

La submesa Vulnerabilidad y Salud Poblacional toma como referencia que la OMS viene trabajando el nexo entre salud y cambio climático desde 2013. En sus informes comprobó con claridad que “el cambio climático es uno más de los llamados determinantes de salud, bajo un modelo conceptual en el que se identifican indicadores de fuerzas motrices, de presión, estado, exposición y efecto”, por lo tanto se requieren acciones de adaptación en esta temática.

Dentro de las más importantes, la submesa sugirió la creación de un mapa nacional de áreas vulnerables según sequía o calidad deficiente de agua, y el análisis del impacto de las olas de calor y el efecto de las islas de calor urbanas. Otra ficha recomienda “empoderar y educar a la ciudadanía en las temáticas del cambio climático y sus impactos en la salud de la población”.

Por último, en la submesa de Residuos y Economía Circular, uno de los científicos integrantes, Edmundo Muñoz, sugirió incorporar a los residuos orgánicos como parte de los productos prioritarios de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (conocida como Ley REP), para reducir las emisiones de metano al medioambiente y analizar la posibilidad de convertirlo a biogás.

“Dado que los productos orgánicos cumplen un rol clave en la alimentación saludable de la población y que la gestión de sus residuos tiene un rol relevante en la emisión de gases de efecto invernadero, se propone explicitar el manejo de residuos orgánicos domésticos, de ferias y otros puntos comerciales, y también de la producción agrícola —de animales en particular— en los planes urbanos”, dice el informe.

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