En mayo de este año, la Comisión de Medio Ambiente aprobó y despachó el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), iniciativa que busca materializar el único pilar faltante de la institucionalidad ambiental del país y que lleva a la fecha dos proyectos presentados y más de 10 años de tramitación. El último de ellos, presentado en 2014, suma ya casi siete años en el Congreso.
Se trata de una instancia clave para la protección de la biodiversidad de Chile, más aún en un contexto de emergencia climática y de una pérdida de ecosistemas y especies a nivel global que hoy, afirman los científicos del mundo, está llegando a niveles críticos.
La principal función del SBAP será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. Tendrá a cargo también la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como el monitoreo de los ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y continentales, así como de las especies y su variabilidad genética, en todo el territorio, entre otras tareas.
No obstante su relevancia, y pese a que genera un amplio consenso tanto en su alcance actual como en la necesidad de su rápida aprobación, el proyecto de ley ha enfrentado una dura oposición de algunos sindicatos de Conaf, pese a que una encuesta nacional realizada en 2020 entre los guardaparques y trabajadores de las áreas protegidas de la institución -los afectados más directamente por este cambio- reveló que entre estos existía más de un 80% de apoyo a la creación del servicio
Esto porque parte importante de los trabajadores de Conaf deberán ser traspasados al nuevo servicio, donde sus contratos se regirán tanto por las normas del Código del Trabajo -como ocurre actualmente- y las especiales de la futura ley, como por las normas de probidad y los deberes y prohibiciones establecidos en las Bases Generales de la Administración del Estado, y de la normativa de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Asimismo, estarán afectos a responsabilidades administrativas.
Para analizar la importancia de esta institución, así como el avance y estado actual de la tramitación legislativa -hoy el proyecto está en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados-, País Circular reunió en un seminario a tres expertos en la materia: Pamela Poo, coordinadora de Políticas Públicas e Incidencia de Chile Sustentable y quien ha participado activamente en la tramitación del proyecto; Patricio Walker, profesor de Derecho Ambiental en LLM UC y consejero senior en VGC Abogados, quien presidió la Comisión de Medio Ambiente del Senado que aprobó el proyecto en primer trámite; y a Juan José Donoso, jefe de la División Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente y también con un rol activo en el trabajo realizado en el Congreso.
Principales modificaciones al proyecto
Según explicó Pamela Poo, durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Medio Ambiente se realizaron una serie de modificaciones que son vistas como avances respecto de la propuesta original aprobada en el Senado. Entre ellas, están los artículos que van del 23 al 52 del proyecto de ley, donde se establecen los instrumentos para la conservación, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. “Lo importante también es que vamos a tener un sistema de información de la biodiversidad, que contará con toda la información necesaria para gestionarla. Hoy no tenemos toda la información, y es necesario que esto se eche andar por la urgencia que tenemos”, afirmó.
Además, se eliminaron algunos aspectos que no generaban consenso como los Bancos de Compensación de Biodiversidad, que correspondían a proyectos de conservación en territorios determinados que generaban ‘créditos de biodiversidad’, los que podrían ser utilizados por los titulares de proyectos o actividades que, en el marco de la evaluación ambiental de los mismos, deban proponer medidas para compensar los impactos en biodiversidad. Esta figura había generado críticas desde organizaciones ambientales, al tiempo que alertaban por la lentitud en la tramitación del proyecto, y su eliminación se realizó con apoyo del Ejecutivo.