Neruda escribió en Confieso que he vivido, “quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta.” Es suficiente decir que la Patagonia chilena, que abarca un tercio de su territorio continental, es una de las tantas joyas naturales que posee el país.  Actualmente está llamando la atención y siendo vista cada vez más como la última frontera del mundo natural, libre de las presiones de la vida urbana y el desarrollo avasallador. Sin embargo, lo que desde un punto de vista tradicional podría percibirse como carencias estructurales para su desarrollo, son en realidad la base de su proyección futura.

En septiembre de este año se lanzó formalmente la Ruta de los Parques de la Patagonia, iniciativa propuesta por Tompkins Conservation junto a otros organismos públicos y privados, fruto del histórico acuerdo de esta organización con el gobierno anterior de la Presidenta Michelle Bachelet, que implicó una donación de tierras sin precedentes. Este nuevo destino, representa un recorrido marítimo-terrestre de 2.800 kilómetros, pasando por 17 parques nacionales que abarcan 11,5 millones de hectáreas, más o menos el tamaño de Suiza. La ruta cuenta con todo el potencial escénico para ser reconocida mundialmente y a partir del cual proponer un nuevo estándar de excelencia para el turismo sostenible en América Latina. Pero esto requerirá salvar algunos obstáculos y enfrentar desafíos.

Uno de esos desafíos que Chile deberá enfrentar es cómo gestionar esta oportunidad para poder insertar la ruta dentro de un modelo que impulse primeramente el desarrollo local. Las 60 localidades a lo largo de la ruta, de distintos tamaños y realidades, en la mayoría de los casos no cuentan con el capital social, recursos o instrumentos de apoyo o fomento suficientes para aprovechar las oportunidades vinculadas a los servicios turísticos para chilenos tanto como extranjeros.

Además, las tensiones socio-ambientales de casos como el de Quintero-Puchuncavi y el creciente rechazo ciudadano a las termoeléctricas a carbón -por nombrar solo algunas-, son instancias que presionarán al gobierno de Presidente Sebastián Piñera para considerar cómo Chile puede seguir teniendo un liderazgo ambiental. El liderazgo alcanzado por Chile en temas de conservación, ante el escenario global, debe ser mantenido y proyectado, dado que más de la mitad de la biodiversidad en el mundo se encuentra en América Latina y el Caribe. Un informe recientemente publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático subraya los grandes desafíos que nos esperan, ya que las acciones necesarias para no aumentar la temperatura del planeta más de 1.5 C son enormes.

Según el informe, tenemos doce años para actuar. La iniciativas de la Fundación Wyss, cuyo fundador anuncio un aporte de USD 1 billón para conservación, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, identifican el año 2030 como meta para conservar el 30 por ciento de los mares y las tierras del planeta para combatir el cambio climático. La reciente creación de nuevas áreas protegidas en Chile, terrestres y marinas, es sin duda un paso histórico y significativo, pero hay mucho más que hacer. De cierta forma, la globalización ofrece a Chile bastantes desafíos tanto como oportunidades, con un modelo económico que, si bien ha generado un notable bienestar material para su población, requiere todavía ajustes importantes que armonicen el crecimiento económico con la protección del medio ambiente.

Un creciente turismo en el sur de Chile puede ser una muy buena forma de poner la atención no solo sobre el cambio climático y la necesidad de proteger ecosistemas frágiles, sino también de cómo articular un modelo económico que ponga énfasis en los beneficios de la conservación a gran escala, como lo está haciendo Chile.

En 2017, el país recibió 6.5 millones de visitantes representando $4.2 mil millones de dólares para la economía nacional. Las proyecciones de la Subsecretaria de Turismo estiman que llegarán a 7 millones de visitantes en 2018, un aumento de 8,5 por ciento. La internacionalización del turismo, y el sostenido avance de esta industria en Chile, puede ser guiado hacia un desarrollo enfocado en el turismo de naturaleza y las comunidades locales, basado en la conservación de ecosistemas vitales y una biodiversidad relevante para Chile y la región.

No obstante, Chile requiere de un plan convincente para manejar esta tremenda iniciativa público-privada.

Tan importante como la creación de la Red de Parques de la Patagonia, será liderar el tremendo desafío de la gestión y el mejoramiento del sistema de las áreas protegidas y la aprobación definitiva de un Servicio de Parques, que con un presupuesto sustancialmente mayor—acorde al nivel de desarrollo del país—administre de manera efectiva el patrimonio natural protegido del Estado, del cual sabemos por experiencia se desprenden significativos beneficios económicos para las comunidades aledañas.

El Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. (NPS por sus siglas en inglés) puede ser un modelo útil a seguir, que ha demostrado que, por cada dólar invertido por el Estado en sus parques, 10 dólares retornan a las economías locales. Según datos de esta agencia, en el año 2017 los visitantes a los parques nacionales de EE.UU. gastaron $18.2 mil millones de dólares en las localidades ubicadas dentro del radio de 100 kilómetros de un parque nacional. Con un presupuesto de $3 mil millones de dólares, el NPS no solo garantiza la conservación de sus distintas unidades, sino que ofrece un buen retorno económico para los ciudadanos estadounidenses.

Lamentablemente en Chile no existen estudios equivalentes, pero eso podría cambiar con el inicio de nuevas políticas públicas dirigidas a crear un mejor sistema nacional de áreas protegidas semejante a lo que se encuentra en EE.UU. y otros países desarrollados, o incluso en otros países vecinos. La falta de una adecuada institucionalidad en Chile representa una traba importante para desplegar un turismo sostenible que traiga los beneficios esperados a las comunidades aledañas.

Pero tampoco existe buen nivel de financiamiento, ni del Estado ni por parte de privados. A la escasez de fondos, las trabas, las complejidades legales y la falta de incentivos, debemos reconocer adicionalmente que la cultura de filantropía en Chile casi no existe y la que existe es muy acotada a temas sociales y culturales, aunque estamos comenzando a ver un cambio de dirección al respecto. Aun así, las donaciones totales en Chile representan alrededor del 0,12% PIB, en comparación al 2% en los EE.UU.

Mientras el gobierno de Presidente Donald Trump tensiona a los sectores ambientalistas, la fuerte institucionalidad de los parques nacionales en el país se mantiene intacta gracias a la férrea defensa de ciudadanos y organizaciones, y sigue siendo un orgullo nacional el derecho a acceder a este patrimonio natural. El rol del sector privado también sigue teniendo un papel importante en promover la conservación como motor económico, y el incentivo tributario para las áreas protegidas, o al menos la eliminación de sus barreras, podría ser un buen punto de partida a considerar en Chile por la actual administración.

Douglas Tompkins siempre tenía un cierto nivel de pragmatismo al respecto. Un turismo que se sustenta en la conservación de la naturaleza, constituye una alianza virtuosa que puede guiar a Chile a reconocer su propio patrimonio para que futuras generaciones, tanto chilenos como extranjeros, puedan disfrutar de los bosques, montañas, ríos, y lagos—y recordando a Neruda, capturar en un instante y para siempre un pedazo de este bello planeta.

*Hernán Mladinic es miembro del consejo consultivo de los Amigos de los Parques y fue anteriormente director ejecutivo de Fundación Pumalín. Actualmente es becario de la Fundación Vidanta investigando el turismo sostenible en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, un centro de pensamiento en Washington, D.C.

*Anders Beal es asistente e investigador del Programa Latinoamericano del Wilson Center.