En un lejano mayo de 2019 fue el último encuentro entre la Red Árbol Urbano, agrupación que reúne a organizaciones ambientalistas que impulsan una gestión integral de la infraestructura verde en los espacios urbanos, y el Ministerio de Agricultura (Minagri) para chequear los avances de la propuesta de ley llamada coloquialmente Ley Arbolito.

Sin embargo, desde esa última reunión “ha habido un silencio absoluto”, dice Cecilia Michea, coordinadora de la Red. Ante la falta una política pública de infraestructura verde urbana, la agrupación se comenzó a reunir con el Minagri y el Ministerio del Medio Ambiente desde 2018 para incidir en el proyecto de ley en curso.

Sin ir más lejos, en octubre de ese año, la Red Árbol Urbano presentó una propuesta de ley al Minagri hecha y derecha, con cinco títulos y 34 artículos, que fomentaba la protección, conservación, valoración y gestión del arbolado urbano con la finalidad de contribuir a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 que dice relación con “Ciudades y Comunidades Sostenibles”. Ese documento sugería la confección de ordenanzas municipales para afrontar el mal manejo de los árboles y las áreas verdes comunales.

Desde ese hito, no obstante, ha habido pocos avances en el proyecto de ley y el reglamento, dicen en la Red Árbol Urbano. “En 2018 el Minagri nos dijo que quería partir de cero, porque supimos que había otro proyecto de ley durmiendo 14 años en el Congreso”, reseña Michea. En vano fue la espera, por lo que en el seno de la organización ambientalista se fraguaron otras ideas para agilizar el tránsito de la teoría a la práctica.

“Estábamos súper inquietos. Dijimos que no era necesario esperar tanto por una respuesta del Gobierno. Entonces pensamos en cómo podíamos hacer una versión 2.0 que fuese más completa que la propuesta de ley y bajaramos la opción de hacer una bajada en formato ordenanza. Así nació la Propuesta de Ordenanza Municipal de Infraestructura Verde, que quedó a disposición de los municipios desde el 29 de julio pasado cuando la Red organizó un webinar en conjunto con otros especialistas latinoamericanos sobre la importancia de las normativas para una buena gestión del arbolado urbano.

Tras el lanzamiento, cerca de 60 municipios del país han acogido la propuesta de ordenanza de Red Árbol Urbano y la han ingresado a través de su oficina de partes. Esto, según Michea, implica que los municipios discutirán el documento a nivel de concejo municipal, lo cual, de por sí, ya representa un progreso sustantivo respecto de la propuesta de ley impulsada por el Gobierno.

Entre los municipios santiaguinos que han solicitado el documento se cuentan comunas que se caracterizan por tener una baja cobertura de áreas verdes como Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, y otras mejor acondicionadas como Providencia, Lo Barnechea y Vitacura. La primera quincena de septiembre, en tanto, la Red marcó un hito al entregar la propuesta, por expresa solicitud del alcalde Felipe Alessandri, a la Municipalidad de Santiago.

“Fue una noticia muy grata y sorprendente cuando nos llegó la solicitud del mismo alcalde agradeciendo la propuesta”, dice Cecilia Michea, quien aclara que la entrega del documento tipo ordenanza es un donativo para los municipios. Al mismo tiempo, valora que Santiago haya pedido el informe en tanto la Red Árbol Urbano es un movimiento ciudadano cuya fuerza reside en las regiones.

Es fuera de Santiago, precisamente, donde el texto de ordenanza suma cada vez más adhesiones. Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, San Carlos de Ñuble, Concepción, Lota, Temuco, Frutillar, Puerto Varas, Puerto Montt y Punta Arenas son algunas de las comunas que se plegaron al documento.

“La gracia de la ordenanza es que se adapta a cada municipio, ya que sabemos que no todos cuentan con los mismos recursos económicos. Como no se pide nada a cambio, la idea es que el municipio lo evalúe y diga hasta dónde puede llegar. Lo puede tomar de manera íntegra o por etapas y luego seguir avanzando”, explica la coordinadora y fundadora de Red Árbol Urbano.

Por lo demás, agrega Michea, “nosotros sabíamos de antemano que la ley era algo complejo y era mejor ofrecer algo al alcance de los municipios que ya estuviera en sus manos. El problema es que los municipios tienen la responsabilidad del arbolado urbano, pero no tienen directrices. Además, una ordenanza no puede superar una ley. Si se concreta el camino de la ley, bienvenido sea, pero esta ordenanza no incomoda en nada”.

La equidad verde

Cecilia Michea detecta muchos contratiempos en el cuidado de la infraestructura verde, por lo que su organización tiene una finalidad muy importante de educación ambiental y concientización. “Es muy importante que la gente esté involucrada en estos temas. Muchas veces pasa que cuando se entrega un área verde no riegan los árboles y se secan. Como sufren estrés hídrico, se mueren, y la gente lo ocupa poco porque no resguarda del sol. El otro punto es plantar especies adecuadas. Muchas personas piden talar los árboles porque botan hojas, y no saben que nuestra calidad de vida depende del árbol que hay en una vereda o una plaza”, dice, apesadumbrada, ella.

Otro tanto tiene que ver con la “equidad verde”, tema que aparentemente no está en la primera línea de las demandas surgidas en el estallido social, pero que para Michea reúne una importancia capital a la hora de reducir la sensación de injusticia.

“Al principio del estallido social parecía que hablar de árboles no era acorde con lo que estaba viviendo el país. Pero después dijimos que no, que hay que seguir hablando. Porque desde un sillón hay quienes definen quién tiene mejor acceso a calidad de aire y quién no. Cómo hay comunas que tienen menos áreas verdes que otras, y eso no puede ser. Hay que ver el árbol como una infraestructura viva, que aporta salud, que transporta bienestar a los ciudadanos. La segregación en Chile se produce incluso en el acceso a áreas verdes”, agrega Michea, diseñadora de profesión.

El contenido de la ordenanza

Algunas directrices de la ordenanza fueron comentadas en el webinar del 29 de julio, fecha oficial de lanzamiento del documento, por el arquitecto Leonardo Lira, miembro de Red Árbol Urbano y coautor, junto a la ingeniera de ejecución forestal Cecilia Benavides, tanto de la propuesta de ley presentada en 2018 al Minagri como de la ordenanza modelo.

Para preparar la ordenanza, los autores consultaron una amplia bibliografía relativa al arbolado urbano como documentos oficiales, leyes, textos científicos y estudios técnicos. Del mismo modo, la propuesta fue contrastada con 10 leyes de arbolado urbano de varios países, y más de 30 ordenanzas municipales de arbolado urbano y áreas verdes.

En el actual escenario de crisis climática, Leonardo Lira insistió en la necesidad de tener una política de infraestructura verde en el país. Como no existe aún la ley, el arquitecto volcó su argumento hacia la creación de este documento de ordenanza, que consta con tres títulos y 44 artículos.

Lo que hay en la institucionalidad chilena son leyes que tocan solo “tangencialmente” el tema de la protección del arbolado urbano, citó Lira. El primer título que toca la ordenanza es “Gobernanza”, la cual responde a la forma de los municipios de estructurar su orgánica interna para afrontar sus obligaciones legales de administrar el verde urbano en los bienes nacionales de uso público.

En su exposición, Leonardo Lira mostró la paradoja que existe en la plaza de los edificios públicos de Concepción desde los cuales se produce la gobernanza. Allí se observó una plaza llena de cemento, casi sin árboles, y con los alcorques (agujeros para almacenar el agua de riego o de lluvia de un árbol) vacíos desde hace dos años. “Desde la gobernanza se han creado proyectos que atentan contra el árbol porque lo ven más como un obstáculo más que un elemetno importante en la sustentabilidad de la ciudad”, dijo Lira, exhibiendo imágenes de tala indiscriminada de árboles en Talca y la polémica remodelación de Plaza Egaña, en la capital.

Como propuesta en el título “Gobernanza”, los autores hicieron una definición de “árbol” que no está contenida en la legislación chilena. En el artículo 3 de la ordenanza ofrecida a los municipios, aunque ya contenida en la propuesta de ley presentada a Minagri, se lee que un árbol es un “ser vivo perteneciente al reino de las plantas, de fuste generalmente leñoso y que en su estado adulto puede alcanzar más de 5 metros de alto en su parte aérea”. También redefinieron el concepto “área verde”, la cual según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones no contempla la existencia de árboles. De ahí que Lira ponga como mal ejemplo de “área verde” a una plazoleta de Alto Hospicio que cuenta con apenas unos juegos infantiles, pero sin ninguna especie arbórea.

El segundo título que contiene la ordenanza es la “Planificación de la infraestructura verde y participación ciudadana” tiene por sugerencia principal crear un Plan Comunal de Infraestructura Verde, el cual a su vez está dividido en cinco tópicos. Lira propone, en ese sentido, crear un catastro de áreas verdes y un censo de arbolado urbano en el territorio comunal; un diagnóstico cualitativo de la infraestructura verde; un mecanismo para crear y conservar áreas verdes; y un plan de difusión para incorporar a la comunidad en la sensibilización ambiental.

Por último, el tercer título de la ordenanza modelo dice relación con la “Gestión de la infraestructura verde”. “En nuestros espacios públicos ni el césped se mantiene, no hay árboles ni especies vegetales”, expresó Lira. Otro de los obstáculos es la plantación homogénea de ciertas especies en las plazas de Chile, como el ligustro, por ejemplo. “Estamos usando solo una especie para cubrir un espacio público, lo cual va en un sentido contrario a la biodiversidad de especies en nuestras ciudades”, agregó el arquitecto.

En 2018, de hecho, el diario La Tercera constató que el 86 por ciento de las especies en Santiago son exóticas, lo cual deja entrever, según Lira, “que hemos dejado muy de lado a las especies nativas”. Sobre este punto, agrega el experto, se pueden establecer algunas normas que quedan expuestas en el citado tercer título de la ordenanza modelo.

Entre ellas figura, en el artículo 21 de la ordenanza, las normas de superficie de áreas verdes, es decir, el establecimiento de porcentajes de cubierta vegetal como césped, arbustos y gramíneas, cubrepastos y juegos infantiles según la superficie del parque, plaza, plazoleta, jardín o patio de juegos. “La idea es que cada municipio lo ajuste según su condición geográfica”, señaló Lira.

En el artículo 34, en tanto, el documento sugiere, para estimular la biodiversidad de especies, “no plantar más del 10% de árboles de una misma especie; no más del 20% del mismo género; y no más del 30% de la misma familia. Asimismo, la ordenanza aconseja que más del 50% de los árboles a plantar sean de especies nativas y con hoja persistente. “Eso ayuda a proteger el arbolado de enfermedades y plagas”, indicó el integrante de Red Árbol Urbano.

Dentro del mismo título relativo a la “Gestión de la infraestructura verde”, el informe sugiere la opción de contar con calles arboladas. Sin embargo, otro problema que emerge en este apartado es la falta de definición de “alcorque”, lo cual, según Lira, conspira contra la buena ejecución de proyectos de pavimentación de calles y veredas, por ejemplo. Lira mostró ejemplos de pavimentos levantados producto de la nula gestión de árboles cuyos alcorques requieren ser más espaciosos y terminan generando daño a la infraestructura urbana.

Debido a esto, la ordenanza propone normas de plantación según el tamaño de la especie en estado adulto, regulando las distancias para que tengan un crecimiento óptimo; otro tanto engarza con la creación de normas de exigencias de calidad para plantar árboles sanos, de calidad y en perfecto estado; y, por último, la ordenanza abre la posibilidad de que las comunidades puedan declarar árboles “singulares” o “patrimoniales” a aquellas especies que revistan algún valor cultural o emocional.