La Región de Los Lagos atraviesa hace más de una década una crisis hídrica, que afecta principalmente a sus sectores rurales y cuyas causas son diversas, partiendo por la disminución de las precipitaciones -que seguirán en descenso de acuerdo a los pronósticos meteorológicos-, y el deterioro de los ecosistemas, indispensables para el ciclo hídrico.

Prueba del componente climático es que enero pasado fue el mes más seco de los últimos 10 años en el Archipiélago de Chiloé. Por lo mismo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) decretó Zona de Escasez Hídrica en la provincia, activando la contratación de camiones aljibe para abastecer de agua potable a ocho de sus diez comunas.

Además, el 1 de abril se declaró Emergencia Agrícola por Déficit Hídrico en todas las comunas de la Región de Los Lagos, la que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre, con el objetivo de agilizar la entrega de ayudas y asesorías al sector afectado.

“Hay que pensar esto como un efecto concreto del cambio climático, que ya está instalado en la región. Y nos tenemos que adaptar a ello. Por ejemplo, tenemos datos duros, probados por la secuencia histórica del último tiempo y la proyección, que indican que el déficit de agua en verano será entre un 35 y 40% más bajo, lo cual obviamente significa una complicación. Para la región en su conjunto, pero especialmente para la zona costera de Llanquihue, Osorno y Chiloé”, señala Patricio Vallespín, Gobernador Regional de Los Lagos.

Anticipándose a este nuevo escenario, la Gobernación lanzó en marzo una Política Regional para la Sostenibilidad Hídrica 2024-2034; una hoja de ruta que busca la transición hacia una gestión sostenible de los recursos hídricos, a través de una serie de iniciativas, entre ellas aumentar la inversión pública para implementar una estrategia eficiente de acceso al agua.

“Se requiere aumentar presupuestos, sí, pero más se requieren nuevas miradas. Porque, ¿quién iba a pensar que para la actividad productiva de nuestra región, vinculada al agro, íbamos a necesitar reservorios de agua? Hoy tenemos que pensar en mecanismos de retención del agua, ya sea de aguas lluvia o pequeños tranques. Y la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo, deberá seguir un curso para garantizar el riego a todo nuestro sector productivo. Por tanto, creo que son desafíos en múltiples planos y también una nueva mirada desde el punto de vista del actuar de las instituciones”, destaca Vallespín.

Diversos factores

Esos múltiples planos abarcan la gestión de los usos del agua, aumentar la eficiencia en su uso y, además, proteger y restaurar los ecosistemas, pues son la infraestructura natural para captar y guardar el agua, señalan especialistas nacionales e internacionales.

Las turberas son uno de esos ecosistemas, un tipo de humedal ácido, almacenador de agua y captador de carbono, compuesto principalmente por el musgo Sphagnum, conocido como pompón. Este ecosistema, que se da en toda la Región de Los Lagos, es clave para regular el ciclo hídrico. Sin embargo, su sobreexplotación en los últimos años, con fines comerciales, ha contribuido a potenciar la falta de agua en todo el territorio.

El activista y coordinador de la Agrupación Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, explica que “los pompones reciben el agua lluvia en invierno, la limpian, la retienen y la sueltan a los acuíferos, durante primavera-verano, que es cuando hay menos agua. Y cuando hay mucha lluvia, la absorben, por lo que también evitan las crecidas e inundaciones. Pero con su extracción indiscriminada este ciclo se altera”.

En particular esta situación se agrava en el Archipiélago, ya que no hay otras fuentes que alimenten cursos de agua dulce. “Lo que pasa es que Chiloé no tiene glaciares ni tiene nieve. A diferencia del continente, nosotros solo tenemos agua a través de la lluvia y de estos pomponales”, aclara Viveros.

Clementina Lepío, Lonko de la Comunidad Huilliche Alto del Fundo Gamboa, señala que a lo anterior se suma el hecho de que no tienen cómo acumular y guardar el agua de lluvia en invierno: “No hay donde resguardar esa agua, no hay instalaciones con este propósito”.

A su vez, Paola Sánchez, Presidenta de la Junta de Vecinos de Caulín Alto de Ancud, evidencia otro tema que influye en la escasez hídrica: “Mucha gente está vendiendo sus terrenos a personas que vienen de afuera, que vienen con otras ideas, y que instalan piscinas que ocupan litros y litros de agua. Eso perjudica a los vecinos y es algo que no se debería permitir. Es injusto”.

Complejos eólicos

Según detalla Daniela Gumucio, Investigadora del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH), el recurso hídrico también se ve amenazado por la gran infraestructura energética que se está desarrollando en la región, atentando contra las turberas y los bosques nativos, principales fuentes de agua. “Los complejos eólicos impactan directamente en las turberas, porque los están instalando en las partes altas de la cordillera, que es donde más viento hay, pero también es donde están las turberas y donde nacen los ríos. Son el origen de las cuencas hidrográficas. Y estos complejos eólicos, que son unas torres gigantes de 180 metros, para poder emplazarlas en las montañas tienen que dinamitar”, subraya la también Presidenta del Comité Ambiental Comunal de Chonchi.

“Claramente influyen estas malas prácticas que han hecho diferentes empresas a través de los años”, coincide la Lonko de la Comunidad Huilliche Alto del Fundo Gamboa. “El Parque Eólico San Pedro, por ejemplo, fue cementado en la Cordillera del Piuchén, donde están nuestras reservas de agua. Por eso es que la comunidad más cercana a ese parque debe abastecerse de agua con camiones aljibes. Ellos no tienen agua”, indica Clementina Lepío.

“Saesa (Sociedad Austral de Electricidad Sociedad Anónima), que comenzó con una tremenda carretera eléctrica, desde Degan hasta Castro, es otro caso. En el fondo, hay una severa deforestación por estos proyectos de energía eléctrica, que han entrado al territorio y que impiden que podamos retener agua, porque nuestros bosques están siendo cortados”, añade la autoridad ancestral.

Cabe destacar que, el 20 de febrero pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional de Los Lagos aprobó la construcción de una carretera eléctrica que conectará Llanquihue con la Isla Grande de Chiloé. De este modo, se permitirá el flujo de electricidad desde el Sistema Interconectado Central.

“Pusimos todos los esfuerzos por detener la aprobación de Transelec, que se hizo de una manera muy poco transparente. La votación fue siete a favor y tres en contra, pero votó dos veces a favor la Seremi de Energía, porque no había un representante del Ministerio del Medio Ambiente. Y también nos encontramos con que una ex funcionaria del Servicio de Evaluación Ambiental ahora es representante de la empresa, de Transelec. Entonces, es como una puerta giratoria entre el servicio que evalúa los proyectos y las mismas empresas que los presentan”, reflexiona la Investigadora de CESCH.

“Y hoy día está en el Servicio de Evaluación otro proyecto, que es ampliar esta carretera y que busca hacer una línea de alta tensión entre Castro y Chonchi, es una licitación del Estado. Nos preocupa mucho que ahora se apruebe esto”, advierte Daniela Gumucio y agrega el principal objetivo es habilitar otros proyectos eólicos en la Cordillera del Piuchén, no mejorar el suministro eléctrico en la zona.

“Urge asegurar la protección de nuestra Cordillera del Piuchén, porque ahí están las reservas de agua dulce que tenemos en el territorio. Estamos frente a un tremendo desastre ambiental si no se protege esta columna vertebral”, aporta Clementina Lepío, quien además hace un llamado: “El Estado chileno debe tener en consideración la consulta indígena y que nuestra consulta sea vinculante frente a todos los proyectos que ingresen al territorio, ya sean de energía, de carreteras u otros. En días en que se están construyendo vertederos encima de cuencas de agua o de nacidas de río, es necesario que la ley, a través de sus diferentes ministerios, respete la consulta previa indígena, como lo enmarca el convenio 169 de OIT”.

Camiones aljibe

Frente a la escasez hídrica que se vivió en los meses de verano en la Región de Los Lagos, el Gobernador Vallespín reconoce que implementaron medidas de emergencia, “que se hicieron muy sobre la marcha”. Por eso, asegura el geógrafo, la prioridad en adelante será trabajar en un conjunto de medidas, anticipándose a un escenario de sequía.

“Vamos a tener que repensar. Tenemos 262 Servicios Sanitarios Rurales en nuestra región y que dependen de la Dirección de Obras Hidráulicas, pero además hay 60 independientes. Estamos hablando de casi 330 Sistemas de Servicios Sanitarios Rurales que no tienen garantizada el agua necesaria para las 187 mil personas que dependen de esto, que es el 22% de la población regional. Y a la vez tenemos 146 mil personas que se abastecen de fuentes propias de agua, como pozos, vertientes o ríos. O sea, todo esto nos genera un conjunto de intervenciones distintas y sin duda es un escenario complicado”, expresa Patricio Vallespín.

En tanto, la dirigente indígena declara que “nosotros, como comunidades indígenas, desde hace más de dos años que venimos denunciando a diferentes medios y al Estado chileno, que nos estamos quedando sin agua. Mi ruka, en el corazón de Futa Wapi Chilwe, hoy día no tiene agua potable. Nosotros hacemos uso del agua del río”.

“Pero, por las diferentes empresas o proyectos que el Estado ha aprobado, se han secado los ríos, se van deforestando los bosques y se secaron dos lagunas que eran parte del abastecimiento de agua de nuestra comunidad. Todos dicen que llueve mucho y que tenemos agua, pero la realidad es que hoy día en Chiloé hay una crisis hídrica tremenda. Y la Dirección General de Aguas no ha querido decir fehacientemente que esto es así”, destaca Clementina Lepío.

Por su parte, la Presidenta de la Junta de Vecinos de Caulín Alto relata que “en mi sector, en Caulín Alto, no tenemos problemas con el agua potable, porque tenemos un sistema APR (llamados ahora Servicios Sanitarios Rurales) que es una tremenda captación de agua, que abarca 14 kilómetros de red y unas 400 casas beneficiadas. Pero en la comuna de Ancud hay muchos lugares que sí tienen problemas con el agua y no solamente en verano, sino que en gran parte del año”.

“Tienen que abastecerse a través de camiones aljibe, que van a dejar agua a los sectores rurales, pero muchas veces surgen problemas. Por ejemplo, hay camiones que quedan en panne e, incluso, de parte de la delegación pasó el año pasado que no se le había pagado a la empresa que ofrece este servicio. Y por tanto, quien hacía el trabajo ya no quería llevar agua a las comunidades, porque nadie le pagaba”, añade Paola Sánchez.

Este sistema de camiones aljibe es cuestionado por Juan Carlos Viveros, vocero de Defendamos Chiloé: “Lo único que están haciendo los municipios es pedir presupuestos para camiones aljibe que lleven agua, desde las partes urbanas a las partes rurales. Pero esa es una solución parche que genera un despilfarro de miles de millones de pesos al año”.

“Efectivamente, hay un tremendo gasto público asociado a la entrega de los camiones aljibe. Es que hay lugares donde los ecosistemas se han roto de tal manera que se han secado las napas subterráneas, los pozos están secos y hay gente que necesita abastecimiento todo el año. No solo en invierno”, complementa Daniela Gumucio.

Polémica legislación

El pasado 5 de marzo, el Congreso despachó el proyecto de Ley sobre Protección de las Turberas, que prohíbe la extracción de la turba en todo el territorio nacional, pero permite la explotación del musgo pompón. Tras este anuncio, diversas organizaciones solicitaron al Presidente Gabriel Boric el Veto Presidencial Aditivo a esta ley. Sin embargo, este martes 9 de abril llegó la respuesta negativa de parte del Ejecutivo.

“El Presidente se negó a firmar el Veto. Se lo solicitaron muchas organizaciones territoriales, académicos, instituciones de todo tipo y recién llegó la respuesta de que finalmente la ley se aprobará como está”, confirma la Presidenta del Comité Ambiental Comunal de Chonchi.

“Nuestra organización lideró el tema socioambiental en esta ley, con 170 organizaciones y más de 50 científicos de todo el mundo, con el fin de mostrar que en Chiloé la sequía había comenzado y que la escasez hídrica ya era algo permanente. Cuando Maisa Rojas (Ministra del Medio Ambiente) crea un comité científico, donde cuestionan si se puede o no extraer el pompón de manera sustentable, nosotros dijimos que no. Que en el Archipiélago de Chiloé la seguridad hídrica de las 200 mil personas depende de los pomponales. Y lo que pedimos al Presidente Boric no fue modificar la ley completa, sino que adicionar que se prohibiera la explotación del pompón específicamente en Chiloé”, indica Juan Carlos Viveros, quien lleva 5 años trabajando por este objetivo.

“Estuvimos hace poco con la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que vino especialmente por el conflicto del agua y llegamos a la conclusión de que lo que está haciendo el Gobierno de Chile es una vulneración a los derechos humanos. Están condenando a todos los habitantes del Archipiélago a quedarse sin agua, a través de esta ley. Es gravísimo lo que está pasando”, insiste el integrante de la Agrupación Defendamos Chiloé.

La Lonko Clementina Lepío, quien igualmente se movilizó por esta causa opina que “esta ley, en la cual tampoco fuimos considerados como pueblo indígena, no está bien hecha, no fue consultada a nosotros y por eso es que pedimos el Veto Presidencial para anularla en esta parte del territorio”,

“Muchas de las comunidades indígenas creyeron en la promesa que el Presidente Boric hizo del cuidado de nuestra madre tierra y hoy día no está cumpliendo. Él está haciendo meramente el favor a las empresas a que entren al territorio, y hagan el daño y después reparen. Esto es al revés. Hay que prever los daños, antes que empezar a reparar con camiones aljibes o soluciones que a nosotros en realidad no nos hacen la vida más fácil. Así que es un sentir de rabia, de enojo, pero también de preocupación”, devela Clementina Lepío.

En relación a la extracción del pompón, el Gobernador Regional de Los Lagos señala que “si se hace de manera sostenible, artesanal y no masiva, puede ser, en el caso de la provincia de Llanquihue. Pero en la provincia de Chiloé, como toda el agua que se dispone es de las precipitaciones, habría que darle un tratamiento distinto a las turberas en esa zona”.

“En ese sentido, habría que avanzar con algún sistema de incentivo, para que quienes hoy desarrollan esa actividad puedan desplazarse a otro rubro productivo, generado así una motivación para el resguardo y la protección de las turberas. Pero esa es una historia que hay que empezar a escribir y primero hay que tener los protocolos claros de manejo sostenible de aquello”, señala Patricio Vallespín.

Paola Sánchez, por su parte, recuerda que muchos coterráneos subsisten hoy gracias a este trabajo. “Hace años, cuando había escasez laboral, la gente comenzó a extraer el pompón como fuente de ingreso. Si se quiere prohibir por completo, tendría que surgir otro sustento para la gente o se quedarán sin fuente laboral. Eso sí, hoy lo trabajan con más cuidado, ya no es como antes, que se sacaba sin ninguna precaución”, afirma la Presidenta de la Junta de Vecinos de Caulín Alto.