“Una decisión histórica”, según la asociación ambientalista Urgenda, principal promotora de la demanda. “La sentencia judicial sobre cambio climático más importante en el mundo hasta ahora”, afirma de la joven activista Greta Thunberg.

Estas son dos de las valoraciones ante la sentencia firme dictada el viernes 20 de diciembre per la Corte Suprema de Países Bajos (Hoge Raad der Nederlanden) por la que se obliga al estado a poner en práctica medidas para conseguir en 2020 (antes de acabar el año) una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) en un 25%, en relación a las emisiones registradas en 1990.

La resolución de la Corte Suprema llega después de un largo y singular proceso judicial iniciado por la asociación ambientalista Urgenda, con el apoyo de 886 co-demandantes particulares, el año 2013.

La base de la demanda consideraba que el estado de Países Bajos, como responsable de la atención a la salud de la población y la protección del medio ambiente, tiene también la obligación de adoptar medidas que hagan posible estos objetivos.

La medida reclamada en esta demanda se adaptaba a las apuntadas pro diversos informes científicos internacionales y requería que antes de finalizar el 2020 se aplicasen medidas para conseguir una reducción del 25% de las emisiones de gases de efectos invernadero en el conjunto de Países Bajos, en relación a los datos de emisiones de 1990.

La primera decisión judicial a favor de los demandantes fue dictada en 2015 por un tribunal regional de La Haya pero el estado presentó recurso y no fue hasta 2018 que se confirmó esta primera resolución. En un nuevo recurso de casación, la representación del estado intentó paralizar la sentencia pero la Corte Suprema dictó el 20 de diciembre que se mantiene el fallo en su totalidad.

La asociación Urgenda considera que la decisión definitiva de la Corte Suprema es un éxito no sólo para la población de su país sino también para el conjunto de la humanidad, puesto que puede servir de ejemplo para demandas de este tipo en otros países.

Grea Thunberg considera que la decisión judicial de este caso es “la confirmando que los derechos humanos están en peligro por la emergencia climática y que las naciones ricas están legalmente obligadas a lograr reducciones de emisiones rápidas y sustanciales”.

La Crote Suprema de Países Bajos relata en su página web la base jurídica de la decisión del Tribunal Supremo que ahora queda ratificada, y defiende el derecho de los ciudadanos a reclamar acciones del gobierno ante problemas como la crisis climática.

“El Tribunal Supremo basó su sentencia en la Convención sobre el clima de la ONU y en los deberes legales del Estado holandés para proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos en los Países Bajos, cuyas obligaciones se establecen en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, recuerda la propia Corte Suprema.

“Existe un alto grado de consenso en la comunidad científica e internacional sobre la necesidad urgente de que los países desarrollados reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25% para fines de 2020. El Estado holandés no ha explicado por qué una reducción menor estaría justificada”, indica la resolución judicial.

El Estado holandés ha argumentado -recuerda la Corte Suprema- que corresponde a los políticos decidir sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el Tribunal Supremo, sin embargo, la Constitución holandesa exige que los tribunales holandeses apliquen las disposiciones sobre protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Este papel de los tribunales para ofrecer protección legal es un elemento esencial de una democracia bajo el imperio de la ley. Los tribunales son responsables de proteger los límites de la ley. Eso es lo que ha hecho la Corte de Apelaciones en este caso, según la Corte Suprema.

Por lo tanto, la Corte Suprema dictaminó que la Corte de Apelaciones estaba autorizada y podría decidir que el Estado holandés está obligado a lograr la reducción del 25% para fines de 2020, debido al riesgo de un cambio climático peligroso que también podría tener un impacto grave. sobre los derechos a la vida y el bienestar de los residentes de los Países Bajos, indica ahora la Corte Suprema dando por concluido el caso.

*Publicado por La Vanguardia, España/Joaquim Elcacho. Nota original aquí.