A pesar de que los recursos estaban aprobados desde diciembre pasado, recién el 21 de agosto la Dirección General de Aguas (DGA) pudo publicar las bases de la licitación para iniciar la formulación de sus Planes de Gestión Estratégica de Cuencas, los que intentarán combatir la megasequía que ya afecta a parte importante del país desde hace más de una década, y que se prevé que se agrave en los próximos años principalmente por los impactos asociados a la emergencia climática.

“Así son los tiempos de la administración pública”, se excusó el director de la DGA, Óscar Cristi, en su exposición de ayer en el taller “Planificación estratégica de recursos hídricos en un contexto de cambio climático”, organizado en colaboración con la Comisión Nacional de Riego y el Centro Cambio Global UC en el Centro de Extensión de la Universidad Católica.

En su alocución, Cristi explicó que los planes tienen por objetivo central “conocer realmente la oferta y demanda actual proyectada de agua” para luego establecer un “portafolio de acciones que aseguren el abastecimiento y calidad” del recurso hídrico.

El jefe de la DGA partió con un ejemplo concreto para hablar de lo que él considera “derechos de agua de papel” en el escenario chileno: en promedio, desde la Región del Biobío hacia el norte, las personas solo pueden extraer un 33% de las aguas sobre las que tienen derechos. Es decir, “si una persona tiene derecho a 10 litros por segundo de agua, solo puede extraer 3 litros por segundo debido a las condiciones hídricas actuales”, explicó el funcionario, para quien “discutir sobre los derechos de agua no va a tener ningún efecto práctico: hay que ir al ejercicio del derecho, cuánto es lo que una persona puede extraer efectivamente”.

El plan, explicó Cristi, tiene una implementación con un horizonte a 10 años y busca mejorar la gestión del recurso en las cuencas de Chile. Al cabo de ese plazo, la DGA quiere intervenir las 101 cuencas del país. Sin embargo, a partir de octubre de este año, el plan arrancará con 11 cuencas priorizadas, que son básicamente las que tienen mayor estrés hídrico en el país: las de los ríos Maule, Copiapó, Choapa, Limarí, Elqui, Huasco, Maipo, Aconcagua, Loa, Quilimarí y Petorca.

“El otro criterio de selección fue que en esas cuencas la DGA ya tiene ciertos avances, ya hay una modelación hecha que hay que aprovechar para seguir avanzando”, explicó Cristi. Respecto de dichas cuencas, Cristi recordó que se priorizaron aquellas regiones que cuentan con decretos de escasez hídrica en sus comunas. Por ejemplo, todas las comunas de la Región de Coquimbo tienen dicho decreto, mientras que otros están concentrados en la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana.

Una de las metas establecidas por estos planes es la de abrirse al hallazgo de fuentes alternativas de abastecimiento de agua, fuera de las tradicionales. “Esto implicará salirse un poco de cómo lo hemos hecho hasta ahora. No solo pensar en embalses, sino que encontrar fuentes complementarias o sustitutas de los embalses. La recarga de acuíferos, por ejemplo, es una experiencia muy difundida en otros países, pero en Chile tenemos poca experiencia. No conocemos bien nuestros acuíferos más profundos. O también implica el reúso de aguas servidas tratadas o finalmente la desalinización”, explicó Cristi a País Circular.

Cristi también enfatizó la importancia de que estos planes de la DGA sean permanentes en el tiempo. Por eso manifestó la necesidad de que este instrumento quede establecido en el Código de Aguas, de manera que “no dependa de la administración de turno y pueda contar con presupuesto especial”, aseguró.

“En el sector privado uno puede hacer lo que la ley no prohíbe, en cambio en lo público solo se puede hacer lo que la ley mandata. A través del Código de Aguas, lo podemos instalar como una obligación de la DGA el realizar estos planes estratégicos”, resaltó Cristi, quien recordó que el organismo que dirige “no cuenta con presupuesto para invertir, no hacemos embalses ni infraestructura. Nos encargamos de proponer las iniciativas”.

Petorca: $7 mil milllones en camiones aljibe desde 2008

En conversación con País Circular, Cristi ahondó en los fundamentos de estos planes que comenzarán a elaborarse a partir de octubre cuando las consultoras que se adjudiquen la licitación comiencen a trabajar. A mediados de 2020, el director de la DGA prevé tener listos los planes para las 11 cuencas priorizadas. “Quizás el principal déficit que tenemos en la gestión del agua es la falta de planificación, es decir, tener una evaluación certera de la disponibilidad del recurso hidríco y cuál es el desbalance entre oferta y demanda en un contexto de cambio climático”, explica el director.

-¿Y cómo la DGA atacará ese problema?

-Tenemos por un lado que hay una reducción de la oferta y un crecimiento de la demanda, por lo tanto, también crece el desbalance. Entonces la planificación aporta herramientas para definir soluciones, como dije anteriormente, de nuevas ofertas de agua. De dónde vamos a sacar agua para la creciente necesidad, en un contexto en que el recurso es cada vez más escaso. Con esas mediciones, uno proyecta la demanda futura de agua, sea para consumo humano, agricultura y todos los sectores productivos dentro de la cuenca. A partir de esos diagnósticos, se plantea un portfolio de actividades que sean efectivas y a un mínimo costo posible para dar solución a demandas que, con total seguridad, estarán insatisfechas a futuro.

-¿Hay información suficiente de las cuencas?

-No, justamente lo que necesitamos es eso: información más clara de la situación de las cuencas. Alguien aquí habló del “folklore hídrico”, en que cada uno dice lo que cree, pero no tenemos una situación de conocimiento cabal, por ejemplo, de saber cuánta agua necesitamos en el futuro. La DGA sí trabajó en la Región Metropolitana en los sistemas de Agua Potable Rural (APR) y sabemos cuánta agua necesitarán ellos de acá a 30 años. Actualmente cuentan con un déficit de un 50%; de acá a 30 años habrá un 80% de déficit. Pero no nos podemos quedar con el dato, eso sería solo levantamiento de información. La pregunta, en cambio, es plantearse qué medidas vamos a tomar para que en 30 años más no llenemos la Región Metropolitana de camiones aljibe. Tenemos que hacer un trabajo serio.

-El problema es que el gasto es muchísimo en camiones aljibe. ¿Cómo han trabajado con las comunidades de Petorca que acusan usurpación de aguas por parte de algunos empresarios del rubro de la palta, principalmente?

-Sí, calculamos que en la provincia de Petorca se han gastado más de 7 mil millones de pesos desde 2008 en camiones aljibe. La idea es optar a la eficiencia en el uso del agua. Por eso es necesaria la planificación. Con respecto a Petorca, hemos ido varias veces. Convocamos a las comunidades de aguas subterráneas y les hemos mostrado nuestro plan de fiscalización. En algunos casos se encontraron irregularidades y esas personas fueron multadas. Ahora estamos pasando a un sistema mucho más eficiente de teledetección que permite medir el consumo de agua por vegetación en los distintos predios.

-¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta la DGA para combatir esta situación?

-Hay una norma vigente desde enero de 2018, a través de la cual la DGA exige la reducción de las extracciones de aguas de los acuíferos para asegurar la sustentabilidad de los mismos. En Petorca esto requiere modelar el acuífero, para determinar cuánto es la recarga, cuánto se está sacando y ver si hay sobreexplotación. Esto es muy difícil de implementar.

-¿Por qué?

-Porque son muchos los usuarios. Son alrededor de 3 mil en Petorca y es difícil pedirles que reduzcan sus consumos. Por eso hay que implementar un sistema de monitoreo para reducir al máximo la extracción ilegal. No sacamos nada con que la gente que tiene derechos reduzca su consumo, si hay un mundo de gente sacando agua de forma ilegal, y así el acuífero no se puede recuperar a pesar del esfuerzo de los titulares. Entonces es prioritario tener un sistema de medición para controlar las reducciones y evitar la extracción ilegal. Hemos iniciado en Petorca una mesa de trabajo y les entregaremos a las comunidades nuestras modelaciones para promover un acuerdo voluntario de reducción.

-¿Cuán necesaria es la modificación del Código de Aguas para impedir la extracción ilegal del recurso?

-El Código ya se modificó. La DGA tiene más atribuciones para fiscalizar, por ahora no se requieren más modificaciones, a futuro tal vez sí. Las multas subieron sustancialmente: antes se pagaba 1 millón de pesos y ahora se puede llegar a pagar hasta 50 millones por extracción ilegal. También tenemos, como expliqué, un sistema satelital y con drones. Con el uso de la tecnología podremos tener más herramientas para fiscalizar.

-Usted señaló en su intervención que el plan contempla la aplicación de una norma secundaria. ¿Qué significa esto?

-Se trata de generar información para que el Ministerio del Medio Ambiente pueda tomar la decisión de implementarla. Las normas de calidad de aguas te dan estándares, y en base a eso puedes tomar decisiones. Por ejemplo, una norma secundaria permitiría restricciones al uso de esas aguas, a los vertidos. Es un insumo importante que hay que levantar.