A fines de 2015, la Comisión Europea (CE) propuso su primer paquete legislativo, en la forma de un plan de acción con 54 iniciativas, para impulsar los principios de la economía circular en ese continente e iniciar un cambio profundo en los sistemas de producción y consumo. Desde entonces, ha liderado la implementación de esta tendencia a nivel global, proceso que se aceleró tras la crisis económica generada por la pandemia por Covid-19 y que tuvo como respuesta un rápido alineamiento del continente tras la propuesta del Pacto Verde Europeo como la vía para una recuperación resiliente, así como la aprobación en 2020 de un nuevo plan de acción para la economía circular.

Este último plan tiene por objeto impulsar una economía europea más limpia y más competitiva que ayude a alcanzar la neutralidad climática en 2050, y a desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos naturales. Esto incluye modernizar la legislación de la UE sobre residuos para adaptarla a la economía circular y la era digital, incrementar la industria del reciclado al posibilitar la sustitución de las materias vírgenes por materias primas secundarias para disminuir emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar energía, lo que supone además un aumento en la creación de puestos de trabajo en el sector verde.

A estos objetivos, ya de por sí ambiciosos, el Parlamento Europeo (PE) busca ahora inyectarles más ambición. Así lo dejó claro el pasado lunes 10 de febrero al aprobar por abrumadora mayoría (574 votos a favor, 22 en contra y 55 abstenciones) un informe emitido por dicho organismo en respuesta al plan de acción para la economía circular presentado el año pasado por la Comisión Europea.

En dicho documento, los eurodiputados reclaman leyes más estrictas sobre consumo y reciclaje. Y en esa línea, quieren objetivos vinculantes para 2030 de reducción de la huella ecológica por el uso y consumo de materiales, cubriendo el ciclo completo de todas las categorías de productos comercializados en la UE.

Junto con ello, el documento aprobado pide que se introduzcan para 2021 “indicadores de circularidad armonizados, comparables y uniformes, que consisten en indicadores de huella de material y de consumo, así como una serie de subindicadores sobre eficiencia de recursos y servicios de los ecosistemas; estos indicadores deben medir el consumo de recursos y la productividad de los recursos, e incluir importaciones y exportaciones, a nivel de la UE, de los Estados miembros y de la industria, y ser coherentes con las metodologías armonizadas de evaluación del ciclo de vida y de contabilidad del capital natural; deben aplicarse en todas las políticas, instrumentos financieros e iniciativas reguladoras de la Unión”.

Al respecto, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el paquete de medidas para la economía circular es hacer económicamente rentable para las empresas este cambio hacia un freno en las emisiones. Por ello, el parlamentario ponente del informe ante el Parlamento Europeo, el holandés Jan Huitema, afirmó que “es importante que la ecodirectiva se extienda, se amplíe y que haya un mínimo de materia prima reciclada en los productos”, y que esto no se aplique solo a empresas europeas sino “a todas aquellas que venden sus productos en el mercado interior europeo”.

Para la misma fecha (2021), insta a la Comisión a presentar una propuesta legislativa en 2021, ampliando el alcance de la directiva sobre diseño ecológico para incluir productos no relacionados con la energía. Esto conllevaría el establecimiento de estándares específicos, para garantizar que los productos comercializados en la UE tengan un buen rendimiento, sean duraderos, reutilizables, reparables, no tóxicos, actualizables y reciclables, además de contener material reciclado y haber sido fabricados mediante un uso eficiente de recursos y energía.

Presión por medidas ambientales más ambiciosas

Con ello, el PE busca poner presión a las autoridades europeas para mejorar la economía circular. Dentro de las instituciones de la Unión Europea, la Comisión es el equivalente al Poder Ejecutivo, por lo que es la entidad que propone nuevas leyes las que luego deben ser adoptadas con el acuerdo del Parlamento y del Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado de los países miembros. Y en ese contexto, especialmente en temas ambientales, los eurodiputados han mostrado una mayor ambición en temáticas relacionadas con el clima, el medio ambiente y la biodiversidad, presionando el Ejecutivo y a los países miembros para que aceleren la agenda sostenible. Y si bien sus propuestas no tienen un impacto legislativo inmediato, si ayudan a crear una clima favorable hacia estas temáticas en las negociaciones entre países.

En materia de economía circular, un ejemplo de ello ocurrió en diciembre pasado, cuando el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de resolución  denominada “Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores” que busca otorgar a estos últimos el “derecho a reparar”, así como establecer un etiquetado obligatorio para los fabricantes que indique claramente cuál es el índice de reparación de un producto o dispositivo.

La decisión del Parlamento Europeo de impulsar esto a escala continental en un “mercado único sostenible”, es priorizar un uso más eficaz y sostenible de los recursos ante la escasez de estos y la proliferación de residuos, por lo que “es imperativo instaurar patrones de producción y de consumo sostenibles que tengan en cuenta los límites del planeta”. A las medidas señaladas se suma el poner fin a la obsolescencia programada, entendida como las prácticas cuyo único propósito, señala la resolución, “consista en reducir de hecho la vida útil de un producto para aumentar su tasa de sustitución y limitar indebidamente la reparabilidad de los productos, incluidos los programas informáticos”.

Ahora, en su nueva resolución, el PE pide también a la comisión y a los estados miembros que que desarrollen políticas para apoyar nuevos modelos de negocio circulares y sostenibles, como los enfoques de producto como servicio (PaaS), que ahorran recursos y reducen el impacto medioambiental al tiempo que garantizan la protección de los consumidores.

Y para ello, busca que se identifiquen “las medidas reglamentarias y otras acciones que serían necesarias para eliminar los obstáculos administrativos y legales a una economía circular y de servicios e incentivar su desarrollo; en particular, pide a la Comisión que explore soluciones a desafíos como las cuestiones de responsabilidad y los derechos de propiedad relacionados con la economía compartida y de servicios, teniendo en cuenta que una mayor seguridad jurídica tanto para los productores como para los consumidores es vital para hacer posible estos conceptos”, al tiempo que sugiere que la Comisión considere desarrollar una estrategia europea para la economía compartida y de servicios que aborde estas cuestiones.

Nuevas políticas de reciclaje y atajo al “greenwashing”

En el debate del pasado 10 de febrero, los eurodiputados recalcaron que la UE sólo alcanzará los objetivos del Pacto Verde si cambia a un modelo de economía circular, una transformación que, además, generará nuevos empleos y oportunidades de negocio. La legislación vigente sobre residuos debe aplicarse al detalle, y hacen falta medidas adicionales para sectores clave, como el textil, los plásticos, el embalaje y la electrónica, apuntaron.

Entre otras medidas propuestas, pidieron al Ejecutivo europeo que se propongan “objetivos vinculantes en materia de huella medioambiental y material para todo el ciclo de vida del producto para cada categoría de producto comercializada en la UE, incluidos los semiproductos más intensivos en carbono”, y que junto con ello se propongan objetivos vinculantes específicos de productos y / o sectores específicos para el contenido reciclado, garantizando al mismo tiempo el rendimiento y la seguridad de los productos en cuestión y que están diseñados para el reciclaje.

En esta materia, plantean, es necesario promover una alta calidad de los flujos de recogida, reutilización y reciclado de materiales, para mantener los materiales en su valor más alto y lograr circuitos cerrados de materiales limpios, no tóxicos y sostenibles. Esto por la necesidad de aumentar la disponibilidad y la calidad de los materiales reciclados , centrándose en la capacidad de un material para conservar sus propiedades inherentes después del reciclado y su capacidad para reemplazar las materias primas primarias en aplicaciones futuras.

“En este contexto -dice la resolución-, subraya la necesidad de estimular tanto una mayor reciclabilidad en el diseño de productos como medidas tales como sistemas eficaces de recogida selectiva y devolución de depósitos; pide que se apoye la creación de instalaciones y capacidades de reciclaje, de acuerdo con el principio de proximidad, cuando aún no existan”.

Al mismo tiempo, los eurodiputados plantean a la Comisión Europea que proponga objetivos vinculantes para la reducción global de residuos y para la reducción de residuos en flujos de residuos y grupos de productos específicos, así como objetivos para limitar la generación de residuos residuales. Y considerando que los precios no competitivos y la falta de materias primas secundarias de alta calidad y de mercados para ellas se encuentran entre los obstáculos a una economía circular, pide a la Comisión que evalúe medidas para hacer que las materias primas secundarias sean más competitivas al tiempo que contribuyen a un medio ambiente libre de contaminación.

La propuesta aprobada por los parlamentarios la semana pasada también hace hincapié en el derecho de los consumidores a obtener información más precisa, armonizada y exacta sobre los impactos ambientales y climáticos de los productos y servicios a lo largo de su ciclo de vida , incluso en términos de durabilidad y reparabilidad.

Por ello, pide que se tomen medidas contra el greenwashing y las declaraciones ambientales falsas relacionadas con los productos ofrecido tanto en línea como fuera de línea. En ese sentido, señalan, el PE “apoya firmemente la intención de la Comisión de hacer propuestas para regular el uso de las reivindicaciones verdes mediante el establecimiento de métodos de cálculo sólidos y armonizados que cubren la cadena de valor, basado en indicadores armonizados y análisis del ciclo de vida, tales como huellas ambientales, incluso con respecto a prevención de desechos, uso de materias primas, prevención de sustancias nocivas, durabilidad y longevidad del producto, así como diseño para que sea reparable y reciclable”.

En esa línea, destaca la necesidad de reforzar la etiqueta ecológica de la UE como punto de referencia para la sostenibilidad medioambiental, aumentando la conciencia y el reconocimiento del mercado y los consumidores, estableciendo normas globales y ampliando aún más el sistema a los productos pertinentes y facilitando su uso.