A fines de 2015, la Comisión Europea (CE) propuso su primer paquete legislativo, en la forma de un plan de acción con 54 iniciativas, para impulsar los principios de la economía circular en ese continente e iniciar un cambio profundo en los sistemas de producción y consumo. Desde entonces, ha liderado la implementación de esta tendencia a nivel global, proceso que se aceleró tras la crisis económica generada por la pandemia por Covid-19 y que tuvo como respuesta un rápido alineamiento del continente tras la propuesta del Pacto Verde Europeo como la vía para una recuperación resiliente, así como la aprobación en 2020 de un nuevo plan de acción para la economía circular.
Este último plan tiene por objeto impulsar una economía europea más limpia y más competitiva que ayude a alcanzar la neutralidad climática en 2050, y a desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos naturales. Esto incluye modernizar la legislación de la UE sobre residuos para adaptarla a la economía circular y la era digital, incrementar la industria del reciclado al posibilitar la sustitución de las materias vírgenes por materias primas secundarias para disminuir emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar energía, lo que supone además un aumento en la creación de puestos de trabajo en el sector verde.
A estos objetivos, ya de por sí ambiciosos, el Parlamento Europeo (PE) busca ahora inyectarles más ambición. Así lo dejó claro el pasado lunes 10 de febrero al aprobar por abrumadora mayoría (574 votos a favor, 22 en contra y 55 abstenciones) un informe emitido por dicho organismo en respuesta al plan de acción para la economía circular presentado el año pasado por la Comisión Europea.
En dicho documento, los eurodiputados reclaman leyes más estrictas sobre consumo y reciclaje. Y en esa línea, quieren objetivos vinculantes para 2030 de reducción de la huella ecológica por el uso y consumo de materiales, cubriendo el ciclo completo de todas las categorías de productos comercializados en la UE.
Junto con ello, el documento aprobado pide que se introduzcan para 2021 “indicadores de circularidad armonizados, comparables y uniformes, que consisten en indicadores de huella de material y de consumo, así como una serie de subindicadores sobre eficiencia de recursos y servicios de los ecosistemas; estos indicadores deben medir el consumo de recursos y la productividad de los recursos, e incluir importaciones y exportaciones, a nivel de la UE, de los Estados miembros y de la industria, y ser coherentes con las metodologías armonizadas de evaluación del ciclo de vida y de contabilidad del capital natural; deben aplicarse en todas las políticas, instrumentos financieros e iniciativas reguladoras de la Unión”.
Al respecto, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el paquete de medidas para la economía circular es hacer económicamente rentable para las empresas este cambio hacia un freno en las emisiones. Por ello, el parlamentario ponente del informe ante el Parlamento Europeo, el holandés Jan Huitema, afirmó que “es importante que la ecodirectiva se extienda, se amplíe y que haya un mínimo de materia prima reciclada en los productos”, y que esto no se aplique solo a empresas europeas sino “a todas aquellas que venden sus productos en el mercado interior europeo”.
Para la misma fecha (2021), insta a la Comisión a presentar una propuesta legislativa en 2021, ampliando el alcance de la directiva sobre diseño ecológico para incluir productos no relacionados con la energía. Esto conllevaría el establecimiento de estándares específicos, para garantizar que los productos comercializados en la UE tengan un buen rendimiento, sean duraderos, reutilizables, reparables, no tóxicos, actualizables y reciclables, además de contener material reciclado y haber sido fabricados mediante un uso eficiente de recursos y energía.