El jueves pasado, en La Moneda, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín anunció que, en el marco de la agenda del gobierno de cara a la cumbre global de cambio climático (COP25) que se realizará en diciembre en Santiago, Chile emitirá su primer bono verde soberano, el primer instrumento de su tipo emitido por una economía del continente.
Según adelantó la emisión tendrá un tope de US$1.500 millones y se utilizará exclusivamente para el financiamiento de proyectos sostenibles, entre ellos energías renovables, transporte limpio, conservación de la biodiversidad y eficiencia energética. La decisión se enmarca en una serie de anuncios sobre temas relacionados con el cumplimiento del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, a medida que se acerca la realización de la COP25, comienzan a tomar fuerza en la agenda pública y privada.
Sin embargo, Hacienda estaría apostando por una estrategia más profunda orientada a impulsar en Chile las finanzas sostenibles, concepto que apunta a que las instituciones bancarias, de inversiones y de seguros adopten decisiones que tengan en consideración los llamados factores ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
En ese contexto, el gobierno está realizando esfuerzos en esta dirección, según explicó el coordinador macroeconómico y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Hermann González Bravo, durante un seminario organizado por la Universidad Finis Terrae en conjunto con la Iniciativa Financiera de ONU Medio Ambiente (UNEP FI), para presentar los Principios para la Banca Responsable.
González reiteró el compromiso gubernamental de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, tendientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y así contribuir a frenar el calentamiento global. Sin embargo, el asesor ministerial subrayó que esto no depende solamente de las acciones públicas, sino que también se requiere de un importante esfuerzo del sector privado, donde el sector financiero es fundamental.
El jefe de asesores destacó que hay avances importantes en este ámbito, aunque aún hay grandes desafíos, que se refieren especialmente a “la falta de productos de inversión adecuados, la necesidad de contar con proyectos sólidos que permitan asegurar a los inversionistas un entorno de inversión propicio, estándares y criterios únicos que permitan comparabilidad, y a la creación de capacidades de mayor conocimiento al interior de las organizaciones”.
“Como regulador –agregó González- tenemos presente el rol que nos compete en generar lineamientos ambientales habilitantes que nos permitan superar esas brechas”.