Que la situación del agua en Chile es crítica es algo indiscutible, pero además los pronósticos son cada vez más que preocupantes. Según un informe de 2015 del World Resources Institute, Chile está entre los países con mayor riesgo climático en el mundo para 2025, es decir, solo cuatro años más. Y el último Balance Hídrico dado a conocer por la Dirección General de Aguas (DGA) confirma ese panorama desolador: para el período 2030-2060, la disponibilidad hídrica en el norte y centro del país podría disminuir más de 50%.
El mencionado Balance Hídrico Nacional es el documento fundamental de la DGA para evaluar la disponibilidad hídrica a nivel nacional, y su última actualización fue conocida en su totalidad en enero pasado. En ella se identifican –entre otros elementos- las principales variaciones hidro-climáticas entre el período 1985-2015 respecto al lapso anterior de 1955-1985, y alerta sobre la disminución generalizada de recursos hídricos a la fecha.
Según establece el documento, los últimos 30 años los caudales de agua superficial de las cuencas de los ríos Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre 13 y 37%. Asimismo, las proyecciones de todas las cuencas hidrográficas analizadas prevén una disminución de caudal medio anual: en promedio -25%, el más desfavorable, y -10%, el más favorable.
Si bien la disminución de las precipitaciones, producto del cambio climático, es un factor determinante en la crisis hídrica, hay otros problemas igualmente relevantes que deben ser abordados para hacer frente a esta situación. Según un análisis nacional publicado en 2019 por la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile, el 44% de los problemas de brecha y riesgo hídrico tienen su causa en la gestión e institucionalidad del agua. Es decir, casi la mitad de los problemas se deben a descoordinación entre los actores involucrados en el uso del agua, falta de información actualizada y certera para la toma de decisiones, dispersión de las atribuciones en la gestión y falta de un marco normativo adecuado para la gestión integrada de recursos hídricos, entre otros.
Con el objetivo de hacer frente a esta preocupante situación, o al menos abordar algunos de sus aspectos, existen en el país varios planes; unos son encabezados por el Ejecutivo, otros tienen carácter legislativo, y también destacan algunos del mundo público-privado. Revisamos a continuación el estado de estos proyectos y lo que se espera de ellos para este año.
Mesa del Agua
A nivel de gobierno, la principal iniciativa en esta materia es la Mesa Nacional del Agua, convocada en octubre de 2019 por el presidente Sebastián Piñera con el objetivo de proponer un plan para hacer frente a la crisis hídrica. En esa oportunidad se señaló que la mesa trabajaría en los siguientes ámbitos: establecer los contenidos de una política hídrica de largo plazo, proponer infraestructura y una forma de gestión en las cuencas a mediano y largo plazo, y definir principios básicos del marco legal e institucional para sustentar la política hídrica de largo plazo.
La mesa tiene 26 integrantes, entre ellos seis ministros, tres senadores, siete diputados, representantes del sector productivo, de las organizaciones usuarios de agua (OUAs) y de los sistemas sanitarios rurales (ex APR), entre otros; es liderada por el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y su secretaría ejecutiva recae en el director de la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, Oscar Cristi. Según informan desde esta última institución, hace un año la mesa entregó un primer diagnóstico y a partir de ahí trabajó en mesas técnicas, a las que se integraron nuevos participantes del mundo público y privado, totalizando unas cien personas.
Son ocho mesas temáticas: institucionalidad pública, eficiencia hídrica y educación, organizaciones de usuarios, participación ciudadana, investigación e información pública, financiamiento, sistemas sanitarios rurales, conservación medioambiental. La mesa de participación realizó una consulta digital en la que tomaron parte 41 mil personas. Todos estos grupos –con la excepción de la mesa de medio ambiente- están preparando sus informes finales, los que debieran ser entregados al presidente Piñera a partir de marzo.
Mesa del Agua para la Agricultura
Desde el gobierno también se estableció una mesa del agua sectorial, específica para el agro, encabezada por la Ministra de Agricultura, María Undurraga, y coordinada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). La instancia se constituyó en octubre de 2020 con el objetivo de establecer un diagnóstico compartido de las principales brechas y desafíos, definir una visión a 2030 del sector agrícola en materia hídrica, y proponer y priorizar metas de corto, mediano y largo plazo para el sector.
Según informa el director (s) de Odepa, Adolfo Ochagavía, esta mesa tiene un carácter consultivo y a ella fueron convocados actores públicos competentes y relacionados con el agua en la agricultura; actores privados, considerando a organizaciones gremiales del sector y usuarios del recurso hídrico superficial y subterráneo de distintas macrozonas del país; y representantes de la sociedad civil, contemplando a organizaciones campesinas, centros de estudio y academia.
Para este año está programado el inicio del trabajo en cuatro comisiones, correspondientes a los siguientes cuatro ejes: información; planificación, gestión y capacitación; eficiencia; agua y otros usos.
DGA: Planes de Gestión Estratégicos de Cuenca
La Dirección General de Aguas (DGA), en tanto, destaca entre sus hitos para 2021 los Planes de Gestión Estratégicos de Cuenca, cuyo objetivo general es conocer realmente la oferta y demanda, actual y proyectada de agua en distintos escenarios de cambio climático, para implementar una cartera de acciones que asegure un abastecimiento en cantidad y calidad.
Para marzo de este año está previsto -en la medida que la situación sanitaria lo permita- el lanzamiento de las cuencas priorizadas para 2019-2020: Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Quilimarí, Petorca, Ligua, Aconcagua y Maule. Estas cuencas fueron seleccionadas de entre las que contaban con más información y aquellas con mayores dificultades; se espera que estos planes estén terminados en junio próximo.
Los objetivos específicos de los planes estratégicos son contar con una modelación hidrológica integrada de la cuenca y asegurar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en forma sustentable, explican desde el organismo estatal.
Asimismo, la DGA tiene a su cargo las funciones derivadas de los 16 decretos de escasez hídrica vigentes a fines de diciembre, en 79 comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, totalizando una población rural de 573.612 personas. Entre otras herramientas que están a su cargo se encuentra la distribución de agua a través de camiones aljibes, y atribuciones para poder redistribuir las aguas a fin de minimizar los problemas ocasionados por la sequía.
Por otra parte, este organismo está implementando en forma progresiva a nivel nacional el Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE), luego que se promulgara la Ley 21.064 de enero de 2018, que modificó el Código de Aguas y dio más facultades a la DGA en el control de extracciones. El MEE es un software y corresponde a una herramienta de almacenamiento, orden, visualización, manejo y análisis de los datos recopilados, para que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) conozcan de manera confiable los caudales extraídos desde las diferentes fuentes naturales de aguas.
Implementación de la ley de Servicios Sanitarios Rurales
Luego de más de cuatro años desde su promulgación, en noviembre de 2020 entró en vigencia la Ley 20.998 sobre Servicios Sanitarios Rurales (SSR) que involucra a más de 2.500 comités y cooperativas de los hasta ahora denominados sistemas de Agua Potable Rural (APR) del país, que abastecen a 2,1 millones de personas.
Una de las principales modificaciones es que todos esos sistemas están ahora bajo tutela del MOP, que deberá velar no solo por el abastecimiento de agua potable, sino también deberá abordar el saneamiento de aguas servidas en zonas rurales, donde la cobertura de alcantarillado no supera el 25%. Esto implica la necesidad de un plan de desarrollo y de inversiones permanente por parte del Estado.
El nuevo modelo incluyó la creación de una entidad técnica, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP, que tiene a su cargo las tareas de asesoría a la administración y operación de los SSR y la gestión de proyectos de inversión. Además, con la nueva ley se establecen normas para la fijación de tarifas, definiendo un nuevo rol para la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en la fijación de tarifas y en la fiscalización de los SSR.
La implementación de esta ley será un desafío para 2021 y habrá muchos ojos puestos sobre ella, pues se trata de un cambio complejo y uno de los más relevantes en el sector desde la creación del programa de agua potable rural a mediado de los años 60.
Se espera que, entre otras mejoras, la nueva normativa contribuya a solucionar problemas de infraestructura, aumentar la capacitación de los gestores comunitarios y añadir consideraciones de cuidado ambiental en la gestión del agua. Hasta ahora las ex APR eran administradas por organizaciones basadas principalmente en la participación voluntaria de la comunidad y con ayuda estatal para su financiamiento.