Que la situación del agua en Chile es crítica es algo indiscutible, pero además los pronósticos son cada vez más que preocupantes. Según un informe de 2015 del World Resources Institute, Chile está entre los países con mayor riesgo climático en el mundo para 2025, es decir, solo cuatro años más. Y el último Balance Hídrico dado a conocer por la Dirección General de Aguas (DGA) confirma ese panorama desolador: para el período 2030-2060, la disponibilidad hídrica en el norte y centro del país podría disminuir más de 50%.

El mencionado Balance Hídrico Nacional es el documento fundamental de la DGA para evaluar la disponibilidad hídrica a nivel nacional, y su última actualización fue conocida en su totalidad en enero pasado. En ella se identifican –entre otros elementos- las principales variaciones hidro-climáticas entre el período 1985-2015 respecto al lapso anterior de 1955-1985, y alerta sobre la disminución generalizada de recursos hídricos a la fecha.

Según establece el documento, los últimos 30 años los caudales de agua superficial de las cuencas de los ríos Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre 13 y 37%. Asimismo, las proyecciones de todas las cuencas hidrográficas analizadas prevén una disminución de caudal medio anual: en promedio -25%, el más desfavorable, y -10%, el más favorable.

Si bien la disminución de las precipitaciones, producto del cambio climático, es un factor determinante en la crisis hídrica, hay otros problemas igualmente relevantes que deben ser abordados para hacer frente a esta situación. Según un análisis nacional publicado en 2019 por la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile, el 44% de los problemas de brecha y riesgo hídrico tienen su causa en la gestión e institucionalidad del agua. Es decir, casi la mitad de los problemas se deben a descoordinación entre los actores involucrados en el uso del agua, falta de información actualizada y certera para la toma de decisiones, dispersión de las atribuciones en la gestión y falta de un marco normativo adecuado para la gestión integrada de recursos hídricos, entre otros.

Con el objetivo de hacer frente a esta preocupante situación, o al menos abordar algunos de sus aspectos, existen en el país varios planes; unos son encabezados por el Ejecutivo, otros tienen carácter legislativo, y también destacan algunos del mundo público-privado. Revisamos a continuación el estado de estos proyectos y lo que se espera de ellos para este año.

Mesa del Agua

A nivel de gobierno, la principal iniciativa en esta materia es la Mesa Nacional del Agua, convocada en octubre de 2019 por el presidente Sebastián Piñera con el objetivo de proponer un plan para hacer frente a la crisis hídrica. En esa oportunidad se señaló que la mesa trabajaría en los siguientes ámbitos: establecer los contenidos de una política hídrica de largo plazo, proponer infraestructura y una forma de gestión en las cuencas a mediano y largo plazo, y definir principios básicos del marco legal e institucional para sustentar la política hídrica de largo plazo.

La mesa tiene 26 integrantes, entre ellos seis ministros, tres senadores, siete diputados, representantes del sector productivo, de las organizaciones usuarios de agua (OUAs) y de los sistemas sanitarios rurales (ex APR), entre otros; es liderada por el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y su secretaría ejecutiva recae en el director de la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, Oscar Cristi. Según informan desde esta última institución, hace un año la mesa entregó un primer diagnóstico y a partir de ahí trabajó en mesas técnicas, a las que se integraron nuevos participantes del mundo público y privado, totalizando unas cien personas.

Son ocho mesas temáticas: institucionalidad pública, eficiencia hídrica y educación, organizaciones de usuarios, participación ciudadana, investigación e información pública, financiamiento, sistemas sanitarios rurales, conservación medioambiental. La mesa de participación realizó una consulta digital en la que tomaron parte 41 mil personas. Todos estos grupos –con la excepción de la mesa de medio ambiente- están preparando sus informes finales, los que debieran ser entregados al presidente Piñera a partir de marzo.

Mesa del Agua para la Agricultura

Desde el gobierno también se estableció una mesa del agua sectorial, específica para el agro, encabezada por la Ministra de Agricultura, María Undurraga, y coordinada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). La instancia se constituyó en octubre de 2020 con el objetivo de establecer un diagnóstico compartido de las principales brechas y desafíos, definir una visión a 2030 del sector agrícola en materia hídrica, y proponer y priorizar metas de corto, mediano y largo plazo para el sector.

Según informa el director (s) de Odepa, Adolfo Ochagavía, esta mesa tiene un carácter consultivo y a ella fueron convocados actores públicos competentes y relacionados con el agua en la agricultura; actores privados, considerando a organizaciones gremiales del sector y usuarios del recurso hídrico superficial y subterráneo de distintas macrozonas del país; y representantes de la sociedad civil, contemplando a organizaciones campesinas, centros de estudio y academia.

Para este año está programado el inicio del trabajo en cuatro comisiones, correspondientes a los siguientes cuatro ejes: información; planificación, gestión y capacitación; eficiencia; agua y otros usos.

DGA: Planes de Gestión Estratégicos de Cuenca

La Dirección General de Aguas (DGA), en tanto, destaca entre sus hitos para 2021 los Planes de Gestión Estratégicos de Cuenca, cuyo objetivo general es conocer realmente la oferta y demanda, actual y proyectada de agua en distintos escenarios de cambio climático, para implementar una cartera de acciones que asegure un abastecimiento en cantidad y calidad.

Para marzo de este año está previsto -en la medida que la situación sanitaria lo permita- el lanzamiento de las cuencas priorizadas para 2019-2020: Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Quilimarí, Petorca, Ligua, Aconcagua y Maule. Estas cuencas fueron seleccionadas de entre las que contaban con más información y aquellas con mayores dificultades; se espera que estos planes estén terminados en junio próximo.

Los objetivos específicos de los planes estratégicos son contar con una modelación hidrológica integrada de la cuenca y asegurar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en forma sustentable, explican desde el organismo estatal.

Asimismo, la DGA tiene a su cargo las funciones derivadas de los 16 decretos de escasez hídrica vigentes a fines de diciembre, en 79 comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, totalizando una población rural de 573.612 personas. Entre otras herramientas que están a su cargo se encuentra la distribución de agua a través de camiones aljibes, y atribuciones para poder redistribuir las aguas a fin de minimizar los problemas ocasionados por la sequía.

Por otra parte, este organismo está implementando en forma progresiva a nivel nacional el Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE), luego que se promulgara la Ley 21.064 de enero de 2018, que modificó el Código de Aguas y dio más facultades a la DGA en el control de extracciones. El MEE es un software y corresponde a una herramienta de almacenamiento, orden, visualización, manejo y análisis de los datos recopilados, para que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) conozcan de manera confiable los caudales extraídos desde las diferentes fuentes naturales de aguas.

Implementación de la ley de Servicios Sanitarios Rurales

Luego de más de cuatro años desde su promulgación, en noviembre de 2020 entró en vigencia la Ley 20.998 sobre Servicios Sanitarios Rurales (SSR) que involucra a más de 2.500 comités y cooperativas de los hasta ahora denominados sistemas de Agua Potable Rural (APR) del país, que abastecen a 2,1 millones de personas.

Una de las principales modificaciones es que todos esos sistemas están ahora bajo tutela del MOP, que deberá velar no solo por el abastecimiento de agua potable, sino también deberá abordar el saneamiento de aguas servidas en zonas rurales, donde la cobertura de alcantarillado no supera el 25%. Esto implica la necesidad de un plan de desarrollo y de inversiones permanente por parte del Estado.

El nuevo modelo incluyó la creación de una entidad técnica, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP, que tiene a su cargo las tareas de asesoría a la administración y operación de los SSR y la gestión de proyectos de inversión. Además, con la nueva ley se establecen normas para la fijación de tarifas, definiendo un nuevo rol para la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en la fijación de tarifas y en la fiscalización de los SSR.

La implementación de esta ley será un desafío para 2021 y habrá muchos ojos puestos sobre ella, pues se trata de un cambio complejo y uno de los más relevantes en el sector desde la creación del programa de agua potable rural a mediado de los años 60.

Se espera que, entre otras mejoras, la nueva normativa contribuya a solucionar problemas de infraestructura, aumentar la capacitación de los gestores comunitarios y añadir consideraciones de cuidado ambiental en la gestión del agua. Hasta ahora las ex APR eran administradas por organizaciones basadas principalmente en la participación voluntaria de la comunidad y con ayuda estatal para su financiamiento.

Proyecto de ley de Protección de Turberas

En el Congreso hay algunas iniciativas relacionadas con los recursos hídricos que podrían ser despachadas durante este año, entre las que destaca el proyecto de ley de protección ambiental de turberas. Fue presentado en moción por cinco senadores en agosto de 2018 con el objetivo de dar protección ambiental a un tipo particular de ecosistema hídrico poco conocido pero indispensable: las turberas.

Este tipo de humedal es considerado mundialmente como indispensable para hacer frente al cambio climático, debido a que, entre otros beneficios captura y almacena gran cantidad de CO2, filtra y mantiene la calidad del agua, regula el flujo de agua, reduce la ocurrencia de inundaciones y regula la temperatura en áreas aledañas.

La vegetación de las turberas es dominada por plantas que crecen a ras de suelo formando densas poblaciones de musgos y plantas, bajo las cuales se produce una profunda capa de materia orgánica, las turbas.

Las últimas décadas las turberas han concitado un especial interés debido al valor económico que implica la explotación de las turbas, que son utilizadas como combustible y sustrato para la agricultura.

En Chile estos humedales se encuentran principalmente en la zona sur, entre las regiones de Los Ríos y de Magallanes y Antártica Chilena, cubriendo aproximadamente 10.684.000 hectáreas, y actualmente están en riesgo debido a la explotación de las turbas, que no está regulada adecuadamente para hacer un uso sustentable.

El proyecto de ley establece que cualquier extracción de turba cuente con estudio de impacto ambiental, y que la turba se considere una sustancia no susceptible de concesión minera. El objetivo es proteger las turberas, “a fin de preservarlas y conservarlas como reservas estratégicas para la regulación de la química atmosférica y de la hidrología, para la protección de la biodiversidad y para el turismo sustentable”.

En octubre de 2018 la iniciativa pasó a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y no ha tenido grandes avances desde esa fecha. El diputado Félix González, del partido Ecologista Verde y miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha señalado que tiene este proyecto como una de sus prioridades para 2021.

Proyecto para limitar DAA en regiones con escasez

Otro proyecto que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados y podría tener novedades este año es la modificación al Código de Aguas para limitar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) en regiones donde existan comunas afectas a decreto de escasez hídrica.

Esta iniciativa fue ingresada hace un año en moción por ocho diputados, se encuentra en primer trámite constitucional y en marzo de 2020 pasó a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. El diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, quien preside esa comisión, explicó que se trata de un proyecto prioritario para mejorar las condiciones para enfrentar la escasez hídrica, por lo que estará en tabla a partir de marzo próximo.

En sus antecedentes generales, el proyecto menciona que el Código de Aguas “fue elaborado con criterios de libre mercado, protección de la propiedad privada en los derechos de aprovechamiento de agua y materialización del rol subsidiario del Estado, minimizando  la labor de este en la gobernanza de aguas”, y agrega que se ha evidenciado que ese cuerpo legal “requiere reformas profundas, toda vez que la realidad actual ante su escasez es preocupante”.

En lo medular, la iniciativa de ley promueve un cambio en el artículo 6 de dicho código, agregando la prohibición del otorgamiento de DAA, consuntivos (que consume toda el agua) o no consuntivos (que devuelve el agua ocupada), “en aquellas regiones donde exista una o más comunas bajo Decreto de Escasez Hídrica, hasta 5 años desde que se haya dictado el último. Esta prohibición no aplicará a proyectos destinados al consumo humano, el cual deberá ser acreditado”.

Escenarios Hídricos 2030: hojas de ruta para cuencas

En el sector público-privado destaca lo que está realizando la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 (EH2030), particularmente su trabajo en las cuencas, escuchando a los múltiples actores locales para que las soluciones que se propongan respondan efectivamente a las necesidades de los territorios. Para 2021 tienen previsto entregar varios productos, incluyendo dos hojas de ruta que han estado elaborando mediante talleres en las cuencas del Maule y del Maipo.

La líder de esta iniciativa, Ulrike Broschek, ha dicho que en los talleres revisaron, analizaron y calibraron con los actores locales las diversas alternativas para las cuencas y, “tal como estaba previsto, llegamos a la definición del tipo de soluciones que se requieren, así como su localización dentro del territorio. Esto último lo consideramos de gran valor, porque implica definir para cada zona, según sus problemas, qué soluciones se deben aplicar y dónde”.

EH2030 fue creada en 2016 bajo la coordinación de Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano y Fundación Avina, con el objetivo contribuir a la seguridad hídrica del país, es decir, definir y movilizar un conjunto de acciones que permitan garantizar la disponibilidad de agua para el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico y asegurar los ecosistemas hídricos. En 2019 finalizó su primera etapa de trabajo, de la cual surgieron tres publicaciones: Radiografía del Agua, Transición Hídrica, y un portafolio con 212 medidas, acciones y soluciones para enfrentar la brecha y riesgo hídrico del país.

Esta instancia público-privada dio inicio en 2020 a su segunda etapa de trabajo, centrada principalmente en “escuchar a los territorios”, lo que incluye el trabajo directo en dos cuencas hidrográficas elegidas como piloto por su representatividad: Maipo y Maule. Durante el año pasado realizaron en cada una de ellas un total de cinco talleres, y en cada uno de ellos participaron en promedio más de 70 representantes de la comunidad local (comités y cooperativas de SSR, OUAs, ONGs, etc.), municipios, instituciones públicas, así como de los sectores productivo y académico.

Para el segundo semestre de este año, Escenarios Hídricos 2030 ha comprometido la entrega de varios productos, entre los que destacan: hojas de ruta para avanzar en la seguridad hídrica en las cuencas de los ríos Maule y Maipo; metodología para selección de soluciones integradas en cuencas, para ser replicada en todo el país; propuesta de Institucionalidad del agua, tanto a nivel nacional como local; propuesta de Plan Nacional de Seguridad Hídrica; y el inicio de la implementación de soluciones de corto plazo en cuencas piloto

Discusión constitucional

Junto a todo lo anterior, la situación del agua en Chile estará sin duda incluida en los debates de la Convención Constituyente  que redactará la nueva carta magna. El tema ya ha sido motivo de seminarios y conversatorios  constitucionales, estudios comparativos con otros países y ha sido mencionado por diversos candidatos a convencionales constituyentes.

Se prevé que las discusiones en torno a este tema no serán fáciles, debido a que existen posturas radicalmente distintas especialmente en torno a los derechos de aprovechamiento de agua (DAA) consagrados en el Código de Aguas, cuya propiedad permite la existencia de un mercado del agua, donde este elemento se transa en la práctica como un bien privado.

También estará en el debate la necesidad de incluir en la Constitución el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas, actualmente ausentes en ese cuerpo legal.

El ex ministro de Agricultura del actual gobierno, Antonio Walker, quien renunció a principios de año a ese cargo para presentarse como candidato a la convención constituyente por el distrito 17 de la región del Maule, es poseedor de DAA y se da por descontado que defenderá la permanencia de ese sistema. Entrevistado por radio Duna en enero, Walker señaló que “si uno ve las prioridades de la gente, en tercer lugar están las aguas. Es un debate que tenemos que tener y ojalá lo más técnico posible”.

Agregó que, a su juicio, en la Constitución debe estar que el agua “es un bien nacional de uso público, que la primera prioridad es de consumo humano, que la certeza jurídica para los derechos de aprovechamiento de agua son muy importantes, que necesitamos un caudal ecológico para mantener la biodiversidad, que es para ocuparla y darle un fin de aprovechamiento y no especulativo”.

Una mirada diferente tiene Carolina Vilches, candidata a convencional constituyente por el distrito 6 de la región de Valparaíso, que incluye comunas como La Ligua, Petorca, Puchuncaví y Quintero, consideradas “zona de sacrificio” y que están pasando por una severa crisis hídrica. Vilches, geógrafa e integrante del colectivo hidrofeminista Cota Negra, postula a la Convención con el apoyo del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

En una entrevista publicada por el Observatorio de Género y Equidad, Vilches señaló que espera “del futuro de Chile y del cambio constitucional, que podamos derogar el Código de Aguas, espero que podamos instalar organismos más democráticos y mejorar las estructuras de poder”. La candidata también señaló que se necesita que el Estado, mediante su carta magna, “proteja el agua, los bienes naturales y los declare bienes naturales comunes y colectivos. Que no permita la destrucción de los glaciares, de las fuentes de agua, la depredación de los ríos y el suelo, y de esa forma podría hacer frente al cambio climático”.