Esta semana se dio a conocer el Tercer Informe del Estado del Medio Ambiente en Chile (IEMA), publicado por el Ministerio del Medio Ambiente cada cuatro años desde la creación de esta institución y que busca dar cuenta de la situación del país en ámbitos como la biodiversidad, el agua, la gestión de los residuos, el estado de los suelos y los impactos del cambio climático, entre otros, así como de los avances en materia de políticas públicas, institucionalidad y normativa para hacer frente a los principales desafíos ambientales existentes en nuestro territorio. Compuesto de 17 capítulos y más de 340 indicadores ambientales, levantados desde distintos servicios públicos con el apoyo de la academia y distintos actores de la sociedad, es una de las mejores radiografías de los avances y retrocesos del país en materia ambiental.

Entre los indicadores presentes se da cuenta, por ejemplo, que la oferta total de energía primaria del país -a 2018- proviene de combustibles fósiles; que se estima que la población del país alcanzará su peak en 2045, con casi 20,3 millones de habitantes, para luego empezar a decrecer de forma paulatina y llegar a 17,3 millones en 2100; que en 2018 los vehículos motorizados alcanzaron la cifra de 5.460.302 unidades en Chile, la que se duplicó en 15 años desde los 2.234.776 vehículos que había en 2003; o que la cantidad de materias primas requeridas para producir los bienes utilizados por la economía nacional alcanzó en 2018 a las 840 millones de toneladas, el mayor valor desde 2010.

También que los “empleos verdes” en Chile, entendidos como aquellos relacionados con la provisión de bienes y servicios ambientales que contribuyen a la realización de actividades de protección ambiental y de uso sustentable de recursos, llegaron en 2018 a los 7.506 puestos de trabajo, un 78% de ellos ocupados por mujeres y poco más de dos tercios del total de esos empleos asociados al sector energía.

Todo ello forma parte de las llamadas “fuerzas motrices”, que se refieren a las principales fuerzas socioeconómicas que ejercen presiones o influencias sobre el estado del medio ambiente y cuyos efectos -sumados al impacto del cambio climático, también quedan reflejados en este Informe del Estado del Medio Ambiente 2020 en la forma de preocupantes indicadores respecto de los ecosistemas, particularmente en materia de recursos hídricos y de conservación de la biodiversidad.

En lo que respecta a las aguas continentales del país, da cuenta cómo la variación climática de los últimos años -disminución de lluvias y aumento de temperatura- ha originado una megasequía que desde hace más de una década ha efectado principalmente a la zona comprendida entre Coquimbo y la Araucanía, lo que “sumado a la falta de eficiencia en el uso del agua, se han combinado para dar pie a la escasez hídrica existente en el país”.

Hoy la disponibilidad de agua existente a nivel nacional muestra una reducción en los principales cuerpos de aguas dulce superficiales y subterráneos, señala el IEMA. “En las macrozonas norte y centro, entre los años 1950 y 2015 las precipitaciones y la escorrentía han disminuido en promedio 35% y 6% respectivamente en comparación con el balance hídrico anterior, producto del cambio climático en los valles centrales. En la macrozona sur las estimaciones señalan una reducción de la precipitación en 15% y de la escorrentía en 9% como resultado de las menores precipitaciones”, lo que ha llevado a una inversión superior a los $132 mil millones entre 2010 y 2019 por parte de la ONEMI.

Agua: todos los principales ríos con caudales bajo el histórico

Chile posee 101 cuencas hidrográficas que incluyen 1.251 ríos, cuyas aguas superficiales y subterráneas abarcan alrededor de 756.102 km2 del territorio. De ellos, la Dirección General de Aguas (DGA) monitorea el caudal de 19 de las principales cuencas del país mediante estaciones fluviométricas, reportando el estado de situación a través de los boletines hidrológicos mensuales. Y según señala el informe, “todos los ríos monitoreados tienen en 2019 caudales inferiores a su promedio histórico, y entre los ríos Choapa y Maule la mayoría bajo su mínimo histórico”.

“Los ríos que registran mayor descenso son el Sobrante, Alicahue y el Choapa, que se encuentran -respectivamente- 93%, 90% y 81% bajo su caudal promedio histórico. Por el contrario, los que revelan menos variación son los ríos Biobío y Copiapó, que acusan una caída de 20% y 22% respecto de su caudal promedio histórico. En comparación con el año 2018 todos los caudales son inferiores, la gran mayoría en casi 50%”, agrega el IEMA.

En cuanto a los 368 lagos y 12.416 lagunas en el país -el 97% de los primeros ubicados entre La Araucanía y Magallanes-, afirma que para el período 2000-2019 la mayor parte de los lagos evidencia una merma en su nivel promedio de agua, a excepción de los lagos Villarrica, Ranco y El Toro, cuya altura se mantiene a lo largo de los años, experimentando sólo diferencias estacionales. “Un caso particularmente serio es la laguna de Aculeo, debido a que a partir del año 2015 reporta una altura igual a 0”.

Lo mismo ocurre con los 24.114 glaciares catastrados en Chile, que en conjunto abarcan un área de 23.641 km2 y que en años muy secos aportan casi 60% del agua que llega al valle central del país. “La evidencia científica reciente ha concluido que la capa de nieve y los glaciares manifiestan un retroceso. El 87% de los glaciares en los que se tiene sistema de registro se ha reducido, mientras que 6% exhibe un estado neto de avance y 7% no ha experimentado cambios significativos. Los factores que explican este fenómeno son el aumento de las temperaturas, los cambios en la ubicación y el momento de la precipitación, y también la deposición de aerosoles absorbentes”, señala el Informe del Estado del Medio Ambiente 2020.

Todas estas cifras quedan reflejadas finalmente en los embalses, sistemas claves para asegurar la disponibilidad de agua para consumo de la población y para la agricultura. En Chile existen 60 de estos depósitos y 26 de ellos cuentan con un registro mensual de la DGA. “En diciembre de 2019 -señala el reporte- el 70% de los embalses presentaba un déficit respecto de su volumen promedio histórico. La mayor disminución se observa en los embalses Corrales, con una baja de 71,4% en comparación con su promedio histórico; Convento Viejo (-66,2%) y  El Yeso (-65,9%). En comparación con diciembre de 2018, el volumen total embalsado era menor en 16%. Todos estos descensos se explican primordialmente por la ausencia generalizada de precipitaciones a nivel nacional”.

Respecto al consumo de agua, un 70% es para el sector agrícola seguido del agua potable urbana (11%) y sector industrial (7%). “Estos tres sectores demandan cerca del 90% del agua a nivel nacional, equivalente a unos 9,8 mil millones de metros cúbicos de agua al año”, señala el IEMA. En 2018 el consumo anual de agua potable en localidades urbanas consesionadas fue de 1.201 millones de m3, un promedio de 18,3 m3 por cliente al mes y un 3% más que el año anterior. No obstante, agrega el documento, “el consumo de agua (volumen registrado en medidores) es inferior a la producción, por lo que la diferencia entre ambos es considerada como la pérdida de agua. En 2018 esta agua no facturada representó 33,8% del volumen de agua producida”. A esto se suman -a diciembre de 2019- 1.939 sistemas de agua potable rural que abastecen a 1.843.919 beneficiarios.

El impacto de la escasez hídrica, y de la menor disponibilidad de agua en las cuencas, se grafica en una serie de restricciones y medidas administrativas para proteger el recurso. A noviembre del año 2020 hay vigentes 16 decretos de escasez hídricas que abarcan 79 comunas del país, cubriendo un área de 104.034 km2, en la cual existe una población rural de 573.612 habitantes. Estos instrumentos tienen una vigencia de 6 meses y abarcan unidades administrativas a diferentes escalas, ya que puede decretarse una comuna, a una región completa.

A esto se suman las áreas de restricción de aguas subterráneas para la protección de acuíferos y los derechos de aprovechamiento ya constituidos dentro del mismo, limitando la extracción de agua desde un sector hidrológico de aprovechamiento común que ha presentado un descenso significativo en los niveles de agua del acuífero. Actualmente existen 146 sectores declarados como áreas de restricción a nivel nacional, los cuales abarcan alrededor de 92.000 km2, siendo las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins las que cubren una mayor superficie.

12 ecosistemas terrestres en peligro crítico

En base a distintos criterios usados internacionalmente para analizar el estado de los ecosistemas terrestres, el Informe del Estado del Medio Ambiente concluye que “existe una mayor reducción de la superficie de los ecosistemas de la zona central de Chile, específicamente en la costa y en el área central. Los resultados presentan 12 ecosistemas en categoría de ´peligro crítico, distribuidos entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos; dos ecosistemas en categoría ‘en peligro’, entre las regiones de O’Higgins y Los Ríos; y cinco ecosistemas en la categoría ‘vulnerables’, entre las regiones de Valparaíso y Ñuble”.

Los pisos vegetacionales que presentan mayor impacto son de las formaciones de Bosque espinoso, Bosque esclerófilo y Bosque caducifolio, por la pérdida de cobertura natural histórica y reciente, y se concentran principalmente entre las regiones de Maule y La Araucanía. Las regiones que presentan un mayor número de ecosistemas en peligro crítico son Ñuble y Biobío, con ocho cada una. La superficie original de los ecosistemas boscosos amenazados, señala el informe, ha disminuido en su mayoría más del 50%.

En cuanto a las 14.637.003 de hectáreas de bosque nativo existentes en el país, el de mayor presencia es el de Lenga con más de 3,6 millones de ha –de Maule a Magallanes-, seguido del bosque Siempreverde con 3,5 millones de ha entre Ñuble y Magallanes. En contrapartida, los tipos forestales con superficies más escasas corresponden al Ciprés de la Cordillera (73 mil ha) y la Palma Chilena (15 mil ha).

En lo que respecta al bosque nativo de la Región Metropolitana, de los 13 ecosistemas evaluados, 11 (85%) presentan una tendencia de degradación de la vegetación. “En el periodo 2013-2018 las comunas que presentan mayor superficie de degradación del bosque nativo son San José de Maipo (22.515 ha) seguido por las comunas de Lo Barnechea (11.733 ha) y Melipilla, con 11.671 hectáreas (…) La superficie de degradación total del bosque nativo para la Región Metropolitana es de 69.560 ha para el período 2001-2013, y de 87.729 ha para el período 2013-2018”.

En cuanto al estado de las 31.099 especies nativas, de las cuales cerca del 25 % son endémicas – es decir, viven solo dentro del territorio chileno-, actualmente 1.210 de ellas se encuentran clasificadas según su grado de vulnerabilidad. De ellas, 16 se encuentran clasificadas como Extintas (un roedor y 15 plantas vasculares), y 770 especies se encuentran amenazadas -133 de ellas en peligro crítico-, lo que significa que existe por lo menos un 10% de probabilidad de extinción en 100 años.

“Considerando la presencia de las especies amenazadas en las regiones administrativas del país, es posible identificar que el archipiélago de Juan Fernández es el lugar que presenta el mayor número de especies amenazadas, con 207 especies. Además, este archipiélago presenta 4 especies vegetales en categoría extinta (…) En el territorio continental, la región que presenta más especies amenazadas es la región de Atacama seguida por la región de Antofagasta, con 139 y 132 especies respectivamente”, señala el informe.

El estado del Océano y del suelo

Según planteó el Comité Científico de la COP 25, existe evidencia de que el cambio climático impacta el océano de Chile “tanto en sus mares jurisdiccionales como en los procesos regionales y locales”. El mar de Chile tiene una superficie de más de tres millones de kilómetros cuadrados, lo que corresponde a cuatro veces la superficie continental del país, y tiene una importancia vital en lo social, ambiental y económico.

Según el indica el Informe del Estado del Medio Ambiente, y de acuerdo al Índice de Salud de los Océanos, una medición global de alta complejidad compuesta de 10 metas, 8 submetas, 4 dimensiones y 118 variables para reflejar cómo las regiones costeras optimizan los beneficios y servicios potenciales de una manera sostenible -medidos en una escala de 0 a 100-, Chile se ubica en el lugar 97 de entre 221 Zonas Económicas Exclusivas con un 69%, posición bajo la media mundial y sexta en América.

La menor puntuación de Chile se encuentra en la meta “productos naturales”, que mide la forma en que las personas cosechan de forma sostenible productos no alimentarios del mar; y en “suministro de alimentos”, que mide la cantidad de productos del mar capturados o cultivados de manera sostenible. Entre los puntos altos están “sustento y economías costeras” que evalúa cómo el océano proporciona trabajos con salarios y economías estables para las comunidades costeras; y “aguas limpias”, que evalúa el cumplimiento del objetivo de minimizar la contaminación por productos químicos, nutrientes excesivos (eutrofización), patógenos humanos y basura.

En materia de calidad de aguas costeras, el informe señala que los lugares de medición que presentan los mejores valores del índice son Norte Angostura, Frente Pto. Laforest y Sur Angostura, los tres en Puerto Natales; y Boca Estero Reloncaví en el Seno de Reloncaví. Los lugares que presentan el peor índice son Descarga Guacolda y Playa Grande Control, ambos en Huasco; Este Ensenada Chapaco y Weste Rompeolas en San Vicente (Talcahuano); y Sector Escuadrón, frente a Oxiquim en Coronel.

Respecto de las pesquerías del país, el IEMA señala que entre 2014 y 2019 las 27 principales pesquerías del país muestran un descenso de la proporción de poblaciones de peces que están en nivel sostenible de explotación, pasando de 40,7% a 33,3%. Las especies que presentan un deterioro en su estado de nivel sostenible entre esos años son el bacalao de profundidad, langostino colorado, reineta y sardina austral:

18 especies en niveles no sostenibles (66,67%), y 9 en niveles sostenibles en 2019.

Respecto de la ocupación y el estado del suelo a nivel nacional, el Informe del Estado del Medio Ambiente señala que si bien las áreas urbanas e industriales ocupan un 0,7% de la superficie total del país, estas están en expansión.

En 2017 la superficie de los asentamientos humanos en Chile sumaba 289.781 hectáreas, equivalentes a 0,4% del territorio nacional, lo que implica un crecimiento bruto de 82.083 hectáreas ocupadas entre 2002 y 2017, “lo que significa que en quince años aumentaron prácticamente en el equivalente a la superficie urbana del Gran Santiago (78.252 hectáreas)”, señala el IEMA.

“Respecto al crecimiento de las capitales regionales y sus conurbaciones, lleva la delantera el Gran Santiago, cuya área urbana registró un crecimiento bruto de 13.483 ha, lo que representa un crecimiento del 21% entre el periodo 2002 y 2017. La capital regional que tuvo un mayor crecimiento en dimensiones porcentuales es Rancagua y sus conurbaciones (Machalí, Gultro y Los Lirios) con un 66% de expansión urbana, lo que representa 2.147 ha entre el 2002 y 2017”, agrega.

En términos porcentuales, los principales incrementos de superficie se registran en Puerto Montt (57%, con 3.194 ha), Valdivia (46%, 809 ha) y la conurbación de Talca (45%, 1.263 ha) en el período 2002-2017. A nivel nacional, el 56% de los suelos reemplazados por la expansión urbana corresponden a terrenos agrícolas. “Adicionalmente, se puede destacar que en todo el territorio nacional existe reemplazo de bosque nativo por zonas urbanas”, señala el informe.

Todo esto en un escenario donde se deteriora la calidad de los suelos. “En Chile, donde se conjuga, adicionalmente, una megasequía de más de diez años de duración, el intenso estrés hídrico de los suelos lleva a que 21,7% del territorio continental, equivalente a 16.379.342 hectáreas, esté afectado por algún grado de riesgo de desertificación -leve, moderado o grave-, y que 38% de la población se encuentre bajo riesgo de desertificación; vale decir, casi siete millones de personas, pertenecientes a 156 comunas del país”, señala el informe.

A esto se suma, indica el reporte, que casi 36,8 millones de hectáreas, equivalentes a 49,1% del territorio nacional, presentan algún grado de erosión, de los cuales 38% tienen un nivel de erosión moderada a muy severa.