En el marco de la discusión constitucional que se está desarrollando en el país, el grupo “Juntos por un Chile Sostenible” -integrado por diez gremios y organizaciones nacionales- convocó a los denominados “Diálogos sobre Constitución y medio ambiente”, en que una serie de expertos analizarán durante cuatro sesiones los distintos alcances con que esta temática comienza a insertarse en las conversaciones para elaborar la nueva carta fundamental del país.
En el primero de estos encuentros se analizaron los deberes del Estado y de los ciudadanos para la protección del medio ambiente, en un panel que estuvo integrado por el contralor general, Jorge Bermúdez; Dominique Hervé, académica de la Universidad Diego Portales; Ricardo Irarrázabal, académico de la Pontificia Universidad Católica; y Ana Lya Uriarte, académica de la Universidad de Chile.
Al respecto, Dominique Hervé planteó que si bien el discurso de los derechos ambientales ha implicado un avance notable en la protección de la naturaleza, no ha logrado generar una reforma estructural en la sociedad que permita enfrentar el desafío ambiental que tenemos en la actualidad. Si bien la mayoría de las constituciones hablan sobre deberes del Estado y de los ciudadanos en esta materia, dijo, la mayoría lo hace en un nivel generar de proteger el medio ambiente por parte del primero, y de hacerse cargo de sus impactos en el caso de los ciudadanos (la responsabilidad por el daño ambiental). Y en ese contexto, la discusión constitucional actual abre la oportunidad de ir más allá de este deber general.
“Debiera consagrarse en materia constitucional una transversalidad en la estructura del Estado respecto de su obligación de proteger el medio ambiente. Es decir, debe establecerse que en el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, y a todos los niveles -central, regional y local-, exista una obligación de proteger el medio ambiente. A su vez, que sea eficaz, que se cumpla, y por lo tanto que el Estado establezca esta garantía de la efectividad de la protección del medio ambiente”, planteó.
A ello se suma, dijo Hervé, que la Constitución tiene que consagrar un deber expreso del Estado en materia de cambio climático, de manera que se obligue a mitigar y adaptarnos a sus efectos, así como cooperar internacionalmente en dar una solución global a este problema.
En lo que corresponde a los deberes del Estado, planteó, la Constitución debiera establecer que el Estado tiene la obligación de proteger el medio ambiente más allá de si existen o no intereses humanos directamente involucrados. Es decir, transitar de un enfoque antropocéntrico a un enfoque ecocéntrico en la protección del medio ambiente, donde el Estado es una especie de guardián de la naturaleza.