“Hoy están dadas todas las condiciones para que Chile trabaje un compromiso de mitigación mucho más ambicioso”
Fernando Farías, experto chileno en cambio climático y quien hoy trabaja como coautor del próximo reporte del IPCC, aboga por un mayor compromiso del país en reducción de emisiones y afirma que las prioridades de adaptación debieran enfocarse en la gestión del agua y la reforestación, y que el “paso natural” del impuesto verde debiera ser incrementar su cobertura y su valor.
Periodista
Fernando Farías Ellies tiene más de 15 años de experiencia en la elaboración de políticas climáticas en el gobierno, y actualmente el ex jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente es el único chileno nominado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para trabajar como autor del próximo reporte en el capítulo de mitigación del próximo reporte del grupo, que se elabora cada siete años y que entrega el estado de situación global en materia de ciencia climática, vulnerabilidad y adaptación, y mitigación. Es el informe más importante del IPCC, estará disponible entre 2022 y 2023.
“Al IPCC le interesa incluir la visión no solamente desde los científicos puros, sino también de los que tienen experiencia práctica en políticas públicas. El área de mitigación tiene que ver básicamente con política pública, cómo movilizar a los privados, y el financiamiento climático, entonces es muy aplicado a la acción climática”, explica Farías.
Su aporte en este trabajo, explica, estará por una parte en que las discusiones de ciencia se logren mezclar con las discusiones de política pública y qué se puede lograr efectivamente desde ahí, y en plantear que Chile está inmerso en un contexto latinoamericano especialmente vulnerable desde el punto de vista hídrico al cambio climático.
“El aumento de temperatura, y por tanto la pérdida de glaciares y la falta de agua, es un tema común que tenemos todos los países andinos, y eso no es algo que ocurre a nivel mundial. En Centroamérica, por ejemplo, el problema es de huracanes. En Asia son las inundaciones, y en África el problema son las sequías. Si nosotros no alzamos la voz para levantar nuestras vulnerabilidades climáticas, nos vamos a quedar debajo de la mesa en esta discusión”, afirma.
Recientemente el IPCC hizo un llamado urgente a acelerar la acción climática, donde el área de mitigación es fundamental. ¿Qué es lo que se está empezando a discutir en el interior del panel?
Los principales temas tienen que ver con cómo acelerar la acción climática, porque lo que dice la ciencia es que mientras antes se llegue al máximo de emisiones, y que a partir de ahí cada año se vaya emitiendo menos, será menos difícil llegar finalmente a los dos grados. Para alcanzar la línea de 1,5ºC, ese peak máximo debiera estar entre 2030 y 2050, esa es la ventana que abre el IPCC con este informe, y después de eso empezar a bajar para llegar a una neutralización del carbono a inicios del próximo siglo. Para eso es clave que las fuentes que capturan CO2, como los bosques, tengan un rol cada vez más importante.
¿Y por qué no se pone mayor énfasis en el tema de reforestación?
Yo creo que ahí hay un error, porque tan importante como reducir las emisiones que se generan es aumentar las posibilidades de captura, y además es económicamente más eficiente. Pero es más difícil. Si pensamos en Latinoamérica, estamos en una doble situación mala, porque por una parte el transporte está aumentando mucho por un mayor consumo de combustible, y por otra parte en la mayoría de los países lo que prevalece es la deforestación por sobre la forestación. No es el caso de Chile y otros pocos como Uruguay o Costa Rica, pero en el resto de los países, incluyendo países tan grandes como Brasil, México y Argentina, o Perú, tienen problemas de deforestación que limitan la acción climática. Queremos meter buses eléctricos, por ejemplo, pero esas tecnologías hoy son mucho más caras que reforestar, o que controlar la deforestación y los incendios forestales.
“El llamado del IPCC es a desplegar las tecnologías, a una escala nunca vista. Lo más complicado es que estas tecnologías se desplieguen en el mundo, porque no sacamos nada con que en Suecia esté lleno de vehículos eléctricos si en India no hay ni uno. Para eso se necesita financiamiento climático”.
El informe del IPCC pone el énfasis en que la tecnología para hacer un cambio está disponible, pero también es cierto que se trata de tecnología que aún es cara. ¿El llamado entonces es a incrementar el financiamiento para implementarlas?
El llamado es a desplegar las tecnologías, a una escala nunca vista antes pero con tecnologías que si están disponibles. En el fondo, lo más complicado es que estas tecnologías se desplieguen en el mundo, porque no sacamos nada con que en Suecia esté lleno de vehículos eléctricos si en India no hay ni uno. Si estamos pensando en un país de diez millones de habitantes y otro que tiene mil millones, tenemos que tratar que ambos países realicen acciones. Para eso se necesita financiamiento climático, y por eso es tan importante el Fondo Verde del Clima como una herramienta que transfiera eficientemente los flujos financieros desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo.
Ese es el principal foco de la discusión previa a la próxima COP24 en Polonia, cómo asegurar y hacer fluir el financiamiento. ¿Cuáles aparecen hoy como las principales complejidades?
El financiamiento climático históricamente ha sido un tema delicado, a nivel de las negociaciones, porque por una parte los países desarrollados están conscientes que la existencia de un flujo financiero es parte del sistema de Naciones Unidas y de la Convención de Cambio Climático, pero por otra parte todos quieren que haya transparencia en ellos. Lo que dicen los países desarrollados es que no pueden entregar dinero a una olla sin fondo, entonces el principal elemento que se va a discutir en la próxima COP de Polonia es el tema de la transparencia. Ahora se está trabajando en metodologías únicas, así como en algún momento se trabajó en una metodología única para los inventarios de emisiones, lo que se espera lograr en Polonia es alcanzar una metodología transparente para poder cuantificar los flujos financieros y la responsabilidad en su uso. Ese debiera ser el principal resultado de la reunión.
¿Y a partir de ahí debiera empezar a fluir entonces el financiamiento?
Claro, en el fondo lo que debiera pasar es que los países desarrollados van a estar más seguros de que los flujos financieros que entregan van a estar efectivamente bien gastados, y por otra parte lo que interesa también es que los países efectivamente gasten plata en cambio climático. Esto porque ha habido cierta confusión en cuanto a que los fondos que estos países gastaban en sustentabilidad y desarrollo ahora le están poniendo el nombre de cambio climático, pero es la misma plata en el fondo. Son dineros, por ejemplo, que van a desarrollo social. La pregunta entonces es, si yo instalo un sistema de agua potable, ¿eso es cambio climático o es desarrollo social?
¿Y cómo se alinea esto con los ODS, con la Agenda 2030?
Los ODS también tienen un componente climático, y eso el IPCC lo menciona en su último informe, y hace algunos ejercicios mostrando que si bien hay un ODS específico para cambio climático, el Objetivo 13, existe una relación con los otros, como los relacionados a la pobreza, a las energías renovables, el acceso a agua, también tienen una componente climática. Hoy existen más eventos climáticos extremos que limitan los sistemas de agua potable, como ocurrió en Chile, que impiden a las sanitarias abastecer de agua a sus usuarios.
“Chile hizo un gran avance a nivel internacional estableciendo un impuesto genuinamente climático, y que tuvo la capacidad de disuadir a empresas generadoras de seguir invirtiendo en carbón en Chile. Esta primera etapa, de instalación del impuesto con un valor bajo, logró mucho más de lo que se preveía. El paso natural es aumentar tanto cobertura como el valor”.
En ese sentido, la acción climática también es adaptarse a las nuevas condiciones, y en Chile hay avances en esta materia. ¿Cómo ves la situación actual del país?
Yo creo que en el caso de Chile, la adaptación la tenemos que verificar en varios ámbitos sectoriales y económicos, pero hay dos prioridades claras: una mejor gestión del agua, y una mejor gestión de los bosques y los recursos naturales. Ambos casos son críticos en términos de tener una adaptación efectiva. Acá hubo un trabajo conjunto a nivel de energías renovables, que nos permitió posicionarnos como líderes de nivel latinoamericano en esta materia –que Chile tenga más energía eólica que México o Brasil, por la escala de nuestro país, es como insólito, pero ocurrió- porque se activaron tanto el sector público con el sector privado, que vio la opción de negocio, y también con las comunidades, que ya no estaban dispuestas a aceptar la energía fósil. Si uno replica el mismo concepto, si Chile quiere adaptarse efectivamente a una disminución de la disponibilidad de agua, van a tener que operar estas mismas tres fuerzas para adaptarse a esta nueva condición. No se le puede pedir al gobierno que haga algo, y el resto se quede sentado.
¿Y cómo ves el papel que están desempeñando en esta materia la industria forestal y del agua?
Al menos en la parte hídrica, yo creo que empresas sanitarias como Aguas Andinas han marcado un liderazgo, están invirtiendo en obras civiles porque se dan cuenta que el hecho de disponer cada vez de menos agua tiene implicancias para su negocio. Y en el ámbito forestal, lo que ha ocurrido es que el gobierno ha ido retirando progresivamente algunos subsidios forestales, como el decreto 701 y sus modificaciones, lo que ha tenido un impacto en que han bajado las tasas de forestación anuales en los últimos años. Entonces ahí no nos estamos alineando con este concepto de un trabajo conjunto entre estas tres fuerzas. Cuando existen este tipo de subsidios forestales no solo es plata que se pone a disposición de quienes van a forestar, sino que también ellos tienen que hacer acciones en este ámbito, y las comunidades dejar que se foreste. Pero si no hay recursos para eso, toda la cadena se tranca.
En materia de mitigación, previo al Acuerdo de París Chile presentó un INDC con un compromiso de mitigación con metas bastante más ambiciosas que las que se tenían, pero hoy algunos sectores dicen que debiéramos ser aún más ambiciosos. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Hoy están dadas todas las condiciones, tanto desde el punto de vista de madurez de la energía como de políticas públicas, para que Chile trabaje en un INDC mucho más ambicioso que el que se pudo prever en el año 2015, así que estoy optimista que en la próxima actualización que se haga de este compromiso se van a contemplar los avances que ha logrado el país, tanto en términos de energías renovables como en un menor uso progresivo de combustibles fósiles, y que la generación eléctrica pueda descarbonizarse más. En Suecia, por ejemplo, se propusieron un objetivo ambicioso y no se ponen límites a lo que pueda pasar en 20 años más, porque en el fondo nadie tiene una bola de cristal para decir que ciertas cosas no van a ser posibles en dos décadas. Es un miedo que es entendible que tengan algunos ministerios, pero se requiere una mirada de largo plazo y no pensando en el IPC del mes siguiente.
Ese ejemplo que señalas, Suecia apuntó a reducir un 75% de emisiones al 2040, y a ser carbono neutral en 2045. ¿Ese tipo de ambición es el que se requiere?
Eso es lo que dice el IPCC, si no queremos que las temperaturas sigan aumentando. Si uno espera que eso lo hagan solamente los países desarrollados, y nosotros no vamos a hacer ninguna contribución, vamos a perder la esencia del Acuerdo de París, que es que todos hacen algo en la medida de lo posible, pero nadie queda sin hacer nada.
Así como se pide una ambición mayor en los compromisos de mitigación, ¿debiera haber también un incremento del impuesto verde?
Creo que Chile hizo un gran avance a nivel internacional estableciendo un impuesto genuinamente climático, y que tuvo la capacidad de disuadir a empresas generadoras de seguir invirtiendo en carbón en Chile, tal como lo reconocieron algunos CEO de empresas eléctricas. Yo creo que esta primera etapa, de instalación del impuesto con un valor bajo, logró mucho más incluso de lo que se preveía. Respecto a seguir aumentando el valor, es el paso siguiente, el paso natural, aumentar tanto cobertura -que abarque a más consumidores de combustibles fósiles- como el valor. Siempre se criticó que los US$5 eran bajos y que debieran ser US$40, pero con ese monto se recaudaron por una parte más de US$200 millones y por otro se dieron las señales de disuasión suficientes como para que se definiera que en Chile no van a haber más proyectos a carbón, y que eso sea asumido por todos. Parte importante de eso, en mi diagnóstico, tiene que ver con atreverse a poner un impuesto verde.
“Chile va a seguir muy expuesto a los fenómenos del cambio climático, y por mucho que nos adaptemos nuestra vulnerabilidad estructural, o endógena, siempre nos va a poner en la mira de los desastres. Ahora, eso lo hemos sabido aprovechar porque si hay un país resiliente es Chile, siempre que nos caemos nos paramos”.
Hoy lo que se plantea es la creación de una Ley Marco de Cambio Climático, que va a definir algunos instrumentos base. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debiera tener esa ley?
A nivel internacional, me ha tocado ver que las políticas de cambio climático, que son de largo plazo, necesitan también instrumentos de largo plazo a través de leyes, porque si no todo queda reducido a la voluntad del gobierno o el parlamento de turno. La agenda internacional se está volviendo hacia otros temas que no son el cambio climático, como la migración, que si uno las mira también tienen que ver con el cambio climático, pero la mirada actual es más bien desde un punto de vista político y de seguridad pública. Cada uno de los temas instalados en la agenda de varios países, como la migración o la seguridad pública, tienen que ver con el cambio climático, pero son componentes más sofisticados de instalar.
Pero el rol de esa ley marco debiera ser el de dar señales claras al sector privado
Así es. Me tocó estar en una reunión en Suecia con miembros del sector privado y de ongs, porque hace tres semanas nos pidió a un grupo de expertos ir a revisar la comunicación nacional de Suecia. Una de las actividades que tuvimos en Estocolmo fue esta reunión, y el sector privado valoraba la meta del 75% de reducción al 2040 porque pone metas y reglas claras, así mi empresa -Volvo, por ejemplo- no va a seguir haciendo investigación tecnológica en vehículos diésel. Entonces las señales de hacia donde va la economía son muy valiosas para el sector privado, y una ley de cambio climático que da el marco para que eso se pueda realizar es muy apreciado por la industria.
Y en el caso de Chile, ¿hacia donde se debiera orientar esa hoja de ruta?
Debiera darle estabilidad financiera y administrativa a las acciones de cambio climático que se hagan, de manera que se pueda avanzar como una política de Estado y no como una política de gobierno. Por ejemplo, que se aseguren flujos financieros que permitan adaptarse bien y priorizar el cuidado del agua, por ejemplo. Que permita que administrativamente los ministerios trabajen de forma coordinada en acción climática y no actuando de manera sectorial solamente. En el fondo, si ordenas el trabajo y defines quién coordina cada aspecto, es el concepto que se necesita a través de una ley país y no de leyes sectoriales. Debiera también considerar en forma importante incentivos para continuar profundizando las energías renovables, incluyendo la electromovilidad, pero también el ámbito forestal a través de instrumentos económicos que favorezcan las condiciones de Chile como un país que no está expuesto a la deforestación.
¿Cuáles son las perspectivas del futuro climático de Chile?
Yo creo que Chile va a seguir muy expuesto a los fenómenos del cambio climático, y por mucho que nos adaptemos nuestra vulnerabilidad estructural, o endógena, por decirlo de alguna forma, siempre nos va a poner en la mira de los desastres. Ahora, eso lo hemos sabido aprovechar porque si hay un país resiliente es Chile, porque siempre que nos caemos nos paramos. Tenemos que continuar estando alertas, viendo las oportunidades que nos genera la adaptación al cambio climático, y pensar que estamos lejos de ganar la guerra, aunque hayamos ganado batallas como el tema de políticas públicas o de energías renovables en los últimos años.