En marzo próximo, cuando el Congreso retome sus funciones, el senador PPD Guido Girardi asumirá la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Y lo hará, dice, con la mirada puesta en la Cumbre Mundial del Clima que se desarrollará en nuestro país para -a partir de ello y las oportunidades que genera para Chile- enfocar el trabajo de la comisión en cambios reales a la política ambiental del país.

“Hay un tema de contexto -explica Girardi-, Chile va a ser sede de la COP25, y por lo tanto eso hace que si el país quiere tener una presencia real en la cumbre, y que no sea un show mediático ni una pirotecnia, tiene que hacer políticas reales y concretas”.

Esto porque, a su juicio, la institucionalidad ambiental en Chile ya cumplió un ciclo –“un ciclo de fracasos, es una institucionalidad de papel”- y requiere de una modificación profunda ya que no solo ha sido incapaz de resguardar el medio ambiente, sino que “ha existido una legislación permisiva, vulnerable y discrecional” que no solo ha afectado a localidades como Quintero, Coronel o Huasco, sino que ha hecho “un tremendo daño” al sector privado porque -afirma- hoy no genera ninguna certeza.

“La verdadera institucionalidad ambiental es la Corte Suprema, se dice ‘no confío en esta institucionalidad’ y todo se va a resolver a la Corte Suprema, lo que genera niveles de incertidumbre dramáticos. Proyectos que obtuvieron su RCA hoy están detenidos porque no son creíbles, y ahí está Pascua Lama, Hidroaysén, Dominga, Barrancones o los cerdos de Freirina. El tener una resolución de calificación ambiental obtenida a través de esta institucionalidad no cumple los requisitos de una verdadera calificación ambiental favorable, y por lo tanto los tribunales de justicia son los que reparan lo obrado por una mala institucionalidad”.

Hoy se está tramitando en la Cámara un proyecto que busca reformar el SEIA precisamente, ¿qué cambios busca impulsar en esta materia?

Un primer desafío es intentar, a partir de esta propuesta de modificación que mandó el gobierno, que a mi juicio es vergonzosa, no solamente es mala sino que es peor de lo que hay hoy día…

¿Por qué la considera tan mala?

Porque aumenta la discrecionalidad, está hecha como traje a la medida para que sea una institucionalidad más vulnerable todavía, establece una institucionalidad regional rara, no releva los requisitos técnicos por sobre los requisitos políticos. Entonces yo considero que es incluso un retroceso, es mejor que no haya nada, pero es la posibilidad de modificar el SEIA.

¿Qué cambios buscará promover a través de la comisión cuando ese proyecto llegue al Senado?

Yo pienso que la institucionalidad ambiental, por sobre lo político, debe privilegiar lo técnico. ¿Cuándo se aprueba un proyecto? Cuando cumple con los requisitos técnicos. ¿Es lo técnico fundamental? Es una condición necesaria pero puede ser no suficiente, puede haber una decisión política ex post, pero lo que no se puede hacer es tomar una decisión política antes de que cumpla con los requisitos técnicos. Es como ir a sacar una licencia de conducir, no pasas el psicotécnico, el test de manejo, el escrito pero te la dan igual para que vengas a cumplir más adelante. Primero se tienen que cumplir con los requisitos técnicos, y después a lo mejor te van decir que eres epiléptico, y que hay una condición excepcionalísima -a pesar de haber aprobado todos los requisitos- que recomienda no entregar la licencia de conducir.

¿Por dónde pasan estos cambios?

Por eliminar el Comité de Ministros, que es una instancia discrecional, y por que los proyectos se aprueben cuando cumplan sus requisitos técnicos. Pero tiene que haber una institucionalidad con la capacidad de evaluar técnicamente, cosa que no ocurre hoy día. Hay que construir una institucionalidad donde las universidades regionales, locales, sean parte de esta y ayuden a su evaluación técnica. Muchas veces estos proyectos tienen un nivel de complicación y sofisticación que el ente público no tienen capacidad de evaluar.

Lo que propone, más que el SEIA, es reformar el Servicio de Evaluación Ambiental

Claro, y evidentemente avanzar en la reformulación y mejoramiento de la Ley de Bases del Medio Ambiente. En el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, lamentablemente ella prefirió hacer un acuerdo con la UDI y no con nosotros, que presentamos un montón de indicaciones y las perdimos todas, junto con parlamentarios con más conciencia ambiental como Navarro, Mariano Ruiz-Esquide y Carlos Ominami. Si se hubieran aprobado sería muy distinto el escenario.

Esta reforma al sistema que usted plantea, a la institucionalidad completa, ¿la va a impulsar desde el Senado, la está conversando?

Yo creo que tenemos que aprovechar que el gobierno envía estos proyectos para avanzar en ello, para tener una institucionalidad ambiental de verdad y no de papel, y que una vez que construyamos un consenso y un acuerdo finalmente sea una institucionalidad que de certezas. Que cuando falle y resuelva, todos nos quedemos tranquilos y el incentivo para ir a los tribunales de justicia se aminore al máximo. Hoy, para el mundo privado, esto es un campo minado porque tanto los buenos proyectos como los malos proyectos obtienen finalmente una resolución de calificación ambiental, pero como la institucionalidad tiene cero legitimidad generan, entre comillas, “sospecha ciudadana”. Hay buenos proyectos que están pagando el costo de una institucionalidad que no tiene credibilidad

¿Van a pedir que el proyecto que está en la Cámara se retire, que se reformule?

Si el gobierno quiere llegar a la COP25 con algo más que una nueva instancia que va a ser simbólica, mediática, y quiere de verdad avanzar, tiene la oportunidad de hacerlo con una buena modificación del SEIA; haciendo un buen proyecto de borde costero, porque están -vía Economía- desregulando aspectos que son fundamentales en materia ambiental, de manera totalmente poco transparente, entonces vamos a pedir que las modificaciones de todos los aspectos ambientales pasen por la Comisión de Medio Ambiente y no solo por Economía.

Yo creo que se puede avanzar, lo mismo que en materia de delito ambiental. Yo soy autor de los proyectos de delito ambiental, creo que son muy importantes para Chile y muchos de los problemas que tenemos se evitarían, en un sentido preventivo, si los gerentes de Codelco supieran que van a ir a la cárcel por generar todas las situaciones irregulares que generaron en el pasado, yo creo que se abstendrían de hacerlo. Generó emisiones a la bahía de Quintero, a sabiendas, porque los encargados no tenían ningún costo, y lo mismo con los gerentes de todas las empresas y con las autoridades ambientales que aprueban proyectos que no debieran autorizarse. Si supieran que eventualmente pueden sufrir sanciones penales serían mucho más rigurosos a la hora de autorizar o gestionar proyectos que van a dañar el medio ambiente.

El gobierno acaba de presentar un proyecto de delito penal ambiental, y que ya anunció que lo ingresará a trámite por el Senado ¿Qué le parece esta propuesta?

Me parece que es un proyecto insuficiente, es mucho mejor el que nosotros presentamos. Pero ahí vamos a fusionar todos los proyectos y tomaremos lo mejor de ellos para tener una buena legislación de delito ambiental.

¿Y dónde apuntarán esas indicaciones?

Pienso que tiene que haber una sanción penal, y tenemos que empoderar al Ministerio Público, tiene que tener atribuciones yo diría por sobre -en materia penal- la Superintendencia del Medio Ambiente. Tienen capacidad intrusiva, tienen la experiencia, y vamos a tener que colaborar en formar al Ministerio Público en materia ambiental, pero creo que es por esa vía y no por la vía de la SMA, porque eso finalmente es más de lo mismo. Hemos visto que la superintendencia es una institucionalidad que no tiene dientes ni muelas, no va a resolver los problemas. Finalmente es tener una política para que no sea política, tener un instrumento de delito ambiental que no va a terminar en nada. Prefiero que habilitemos al Ministerio Público, lo capacitemos, y tengamos todos sus elementos y atribuciones para poder intervenir, que me parecen mucho más potentes que las que tiene la superintendencia.

¿Está de acuerdo con que sean los tribunales ambientales, en primera instancia, los que establezcan la existencia de un daño ambiental para luego poder ejercer la acción penal?

Eso, desde el punto de vista penal, son aspectos técnicos. Lo importante es que si estableces que los delitos al medio ambiente tengan una sanción penal, facultes a una institucionalidad que tenga la capacidad, las atribuciones y el empoderamiento para poder actuar.

Otro de los proyectos de ley que debiera comenzar a tramitarse este año es la Ley de Cambio Climático. ¿Cuáles son, a su juicio, los aspectos mínimos que debiera contener esta ley?

Pienso que debe ser una ley integral, tengo muy buena opinión de la intención de la ministra Schmidt, pero creo que ella va a estar sometida a las presiones del resto del gabinete, y particularmente de los ministros de Economía y Hacienda, que muchas veces en los gobiernos pasados obstaculizaron los avances en materia ambiental. Si Chile quiere tener una legislación de verdad seria en materia de cambio climático tiene que comenzar preservando aquellos aspectos que son fundamentales, por ejemplo, el recurso agua.

Lo que está haciendo este Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas, va en el sentido contrario a lo que debiera tener una legislación sobre el agua en materia de cambio climático, particularmente cuando este recurso es uno de los síntomas más severos de consecuencias de cambio climático. Va ser un recurso cada vez más escaso, sin agua no se puede vivir, ya tenemos 79 comunas que tienen escasez hídrica, dos millones de personas que tienen muchos problemas. Tenemos muchas comunas donde las personas tienen que recurrir a camiones aljibes para tener agua. En todas parte del mundo el agua, como el aire, son bienes nacionales de uso público, solo en Chile se privatizó, y la política que ha anunciado el ministro de Obras Públicas de profundizar la privatización me parece que va justamente en el sentido contrario, de quitarle fuerza a aspectos como que el agua es un derecho humano y que la ley tiene que establecer claramente la prioridad del agua para consumo humano, para aspectos sanitarios y la alimentación.

La relativización de todos esos criterios, el favorecer que para quienes ya tienen derechos de agua estos no puedan ser resguardados por el Estado respecto al buen uso, como establece el proyecto de ley, que yo creo que es insuficiente, pero al menos el proyecto de ley de la Presidenta Bachelet establece que si hay un mal uso y daño ecológico con el uso de agua pierdes los permisos. O si tu especulas con el uso del agua, porque después de cinco años que pediste un permiso -gratis, aun cuando valen cientos de millones de pesos- y no lo estás usando en realidad estás especulando, porque estás dejando a gente sin agua, también se puede perder el permiso. Lo que buscamos en la ley es que las nuevas concesiones sean a 30 años, un plazo más que suficiente. Que sean de por vida,nos parece un contrasentido, el derecho de agua de por vida debe ser para los ciudadanos y ciudadanas de este país, como es en todas partes del mundo.

¿No ve una política clara en este sentido, entonces?

Me parece que temas como ese son un contrasentido. Cuando un gobierno no quiere suscribir el Tratado de Escazú, uno tiene derecho a tener dudas de la verdadera voluntad que hay respecto de tener una política de cambio climático real, porque son temas globales. El gobierno dice no voy a firmarlo porque me involucra responsabilidad globales. Bueno, el cambio climático es una problemática global, es evidente. Entonces hay una contradicción. Luego, creo que una política de cambio climático debe contener una política de protección de glaciares, no simbólica como la que se quiere hacer hoy, sino que sean protegidos de verdad, que sean declarados bienes nacionales de uso público, que haya sanción penal a la intervención ilegal, y si se quieren desafectar se haga por una ley de la República, no por simple decreto.

Usted ya anunció que impulsará la ley de protección de glaciares durante su gestión de este año ¿Busca que sea incluido en la Ley de Cambio Climático o lo va a tramitar por separado?

No va a estar dentro de la Ley de Cambio Climático. Yo soy autor de varios proyectos de protección de glaciares, y voy a poner en tabla los proyectos que tenemos. No le voy a preguntar al Ejecutivo su opinión. Los voy a poner en tabla con el Ejecutivo o sin el, porque me parece que es una prioridad nacional. Si el Ejecutivo tiene una voluntad real de proteger los glaciares -porque nos vamos a quedar sin agua, y son las principales reservas de agua en el futuro- apoyará, y si no quedará en evidencia que sus planteamientos son puramente políticas simbólicas.

¿Qué otros proyectos piensa poner en tabla?

La idea nuestra es ir avanzando, soy partidario de apoyar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, evidentemente. En eso comparto con la ministra Schmidt que es un proyecto importante y tenemos que ir avanzando. La idea es ir estableciendo un marco global de mayor compromiso ambiental en todos los ámbitos. Creo que Chile tiene que tener un Servicio de Biodiversidad, tal vez creo que es insuficiente que esté centrado fundamentalmente en las áreas silvestres protegidas, pero lo mayores problemas con la biodiversidad están fueras de ellas. Ahí tenemos que tener una mirada que esta también tenga un rango de protección adecuada. Está poco representada también en el proyecto toda la biodiversidad de los ecosistemas marinos. Son temas pendientes en los que vamos a tener que avanzar.

Usted a puesto como marco de estos cambios a la próxima Cumbre del Clima que se realizará en Chile ¿Cuáles son las oportunidades de nuestro país de cara a la COP25?

Creo que las COP no han logrado su objetivo, de acuerdo al último reporte del IPCC ya el escenario es que vamos a estar (en materia de calentamiento global) sobre 2ºC, lo que es un desastre ecológico de magnitudes impensadas. Por lo tanto, que Chile haga esta cumbre tiene que generar las condiciones para que no siga fracasando y efectivamente se tomen las medidas. Estamos viviendo la ola de calor más importante de la historia en el país, y si la temperatura real ha aumentado desde 1850 en poco más de un grado y se están generando estas consecuencias, hay que entender qué significa que en 20 años aumente en 2ºC. Es un desastre de una envergadura de la que no hay conciencia. El consumo del petróleo en el mundo aumenta, no disminuye, es como un diabético que come azúcar. Tampoco hay conciencia de las personas de modificar sus modelos de consumo. Es responsabilidad de la política, de los gobiernos, el instalar estos temas con suficiente fuerza. Chile tiene la posibilidad, en ese escenario, de generar una señal de cambio profundo.

¿Cómo podría hacerlo?

Por ejemplo, Chile tiene el desierto más irradiado del planeta, y le podría ofrecer a la COP entregar energía barata y limpia a toda la humanidad. Ya tiene la energía solar más barata, a 29 dólares, y podría llegar a 10 dólares. Sería una revolución, pero hay que invertir más en acumulación, hacer investigación en hidrógeno, y tiene que ofertar al mundo el Desierto de Atacama como un escenario del planeta para ayudar a resolver un problema global. Chile tiene litio para la electromovilidad, tiene cobre que podría ser hecho con fundiciones solares, para avanzar a un mundo sin huella de carbono. Tiene mucho que ofrecer, y debiera dar el ejemplo con su minería, que esté obligada por ejemplo a usar solo energías renovables -en un plazo razonable- y agua desalada. Chile puede dar señales de compromiso real hacia esto, pero no puede estar lleno de contradicciones.

¿Y qué rol cumplirá el Congreso en esta materia?

Vamos a intentar liderar todo este compromiso ambiental, porque creemos que el contexto es muy importante. Es importante que el Presidente Piñera haya tomado la decisión de hacer la COP25, y para una política de verdad, real, auténtica, estamos dispuesto a apoyarlo con todo, pero también para, si esta es una acción pirotécnica e incoherente, decir que por ese camino no vamos a colaborar.