Al iniciar su gestión en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) hace tres años, el director ejecutivo de este organismo, Giovanni Calderón, decidió implementar el tema de la seguridad y la eficiencia hídrica como uno de los ejes fundamentales de trabajo del organismo. Esta determinación, afirma, se fundamentó en un análisis respecto de cuáles eran las prioridades que se veían en el mediano plazo para el país.

“En ese minuto ya vivíamos una sequía bien extensa, de nueve o diez años, sumado a que estaba ya en desarrollo inicial un trabajo conjunto con la Fundación Chile en el tema del certificado azul. Entonces, en razón de hacer un uso más eficiente de los recursos humanos y financieros de la agencia, decidimos poner énfasis en algunos ejes específicos, y uno de ellos es le tema hídrico”, explica.

A partir de ahí, usted ha planteado que se requiere un cambio de paradigma en la forma en que usamos el agua, ¿Cómo visualiza ese cambio?

Yo creo que hay dos temas fundamentales respecto del agua. Uno es el cambio de visión sobre este recurso, que históricamente fue visto como abundante y que el tema de la sequía obviamente trae a discusión la disponibilidad, el uso, la propiedad, etc. Las sequías son recurrentes -esta obviamente ha sido más profunda-, pero en definitiva está claro que Chile nunca tuvo una visión del agua como un recurso ilimitado, sino que abundante donde hay agua, y donde no cómo un recurso limitado. Pero la sequía puso en evidencia que hay un problema serio de gestión del agua en Chile, entonces cuando hablo de cambio de paradigma me refiero a dos cosas. Una es que en el sistema productivo el agua, la seguridad hídrica, su disponibilidad para los procesos productivos, tiene que entrar al análisis de riesgo de los negocios, al corazón de los negocios. No solamente en aquellas que son más intensivas en su uso, como la agroindustria, sino que en general en todo el sistema productivo el análisis de su disponibilidad en razón de factores climáticos y comunitarios -un factor que recién está empezando a tenerse en vista por parte de las empresas- tiene que estar dentro del análisis de riesgo del negocio. Ese es un cambio de paradigma.

¿Y el segundo?

La implicancia de esto es que Chile tiene que reformular su institucionalidad del agua. Desde mi punto de vista, el problema en Chile, más que de propiedad -que tanto se discute- es de gestión. A diferencia de otros países como Perú, por ejemplo, que tienen una autoridad central -la Autoridad Nacional del Agua- que coordina todas las decisiones que tienen que ver con el recurso (regulatorias, fiscalizadoras, sancionatorias, su administración en general), en Chile hay 42 instituciones con competencias. Eso naturalmente dificulta cualquier política pública o estrategia de gestión del agua, entonces se necesita una institucionalidad más sólida, que esté debidamente coordinada, donde las competencias estén bien distribuidas, y que puede hacer cambios de énfasis. Hoy, por ejemplo, en algunos territorios el énfasis debiera estar puesto en el consumo humano. Y eso supone también otro cambio de paradigma, que es el ordenamiento territorial.

¿Por qué?

Porque sin ordenamiento territorial van a seguir instalándose proyectos productivos, empresas, en sectores donde el agua es escaza y donde debiera estar priorizado el consumo humano. Y vamos a seguir perdiendo oportunidades en otras zonas donde esos mismos proyectos podrían tener mejores resultados. Entonces, ahí es donde se requiere una visión más global del recurso, que tiene que ver con el uso del territorio.

En lo que respecta a las empresas, el certificado azul apunta precisamente a una mejor gestión del recurso tanto en sectores productivos como de servicios. ¿Cómo se está enfocando el trabajo ahí?

Cuando hablamos del sector productivo es toda la economía que produce bienes y servicios. Cualquier proceso, incluyendo los servicios, requieren agua, y en lo que se está trabajando es que se implementen acciones y siete metas específicas en un plazo de 36 meses en las instalaciones de las empresas que adhieran a este instrumento con ciertos incentivos fiscales que, si bien estaban vigentes antes del certificado azul, la gracia de este es que permite una tramitación más rápida de esos incentivos fiscales. Concretamente, se trata de la posibilidad de que la inversión en materia de eficiencia hídrica sea considerada como gasto necesario para la producción de la renta. En el fondo, si un empresa cambia su tecnología para reducir el consumo de agua -siempre que esa meta sea significativa y produzca un impacto real-, esa inversión el Servicio de Impuestos Internos la va a reducir de la base de cálculo para el impuesto a la renta. Esto es fundamental en la agricultura pequeña y mediana, por ejemplo, que requiere más apoyo para realizar este tipo de inversiones.

¿En qué está el proceso de postulación al certificado azul?

Reabrimos el proceso de postulación. Ya hay empresas que postularon y están en el proceso, y ahora abrimos una nueva convocatoria. Estamos actualmente en la etapa de diagnóstico, que está avanzada y debiera estar terminando en un par de meses respecto del primero bloque de empresas que postularon, y ahí entramos en la etapa de negociación para definir las metas concretas y los plazos para su cumplimiento.

Todo esto va a requerir una gran dosis de innovación, de tecnología, ¿Cómo se está articulando este trabajo?

Estamos poniendo el énfasis en lo práctico, y eso se traduce básicamente en un ecosistema, una especie de hub, que reúna a los oferentes de nuevas tecnologías o prácticas que ayuden a las empresas a sustituir procesos. Hay un conjunto de oferentes en el mundo privado, nacional e internacional, que muchas veces no están conectados con quienes requieren esa tecnología, y lo que estamos tratando de generar es que esos proveedores entren en contacto con estas empresas y se genere un ecosistema. Estamos creando una suerte de registro de proveedores -porque otro de los pilares de esta gestión es consolidar a la ASCC en su rol de agencia certificadora-, donde la idea es que quienes ofrecen estas tecnologías cuenten con algún tipo de acreditación y nosotros podamos certificar que es apta para el fin que propone. Estamos tratando de darle ese cariz más pragmático, más práctico a la aplicación del instrumento, con la debida seriedad que implica poner en contacto a distintos actores de oferta y demanda de tecnología.

¿Cuáles son las principales tecnologías o soluciones que están apareciendo?

En el mapa de tecnologías hay desde nanotecnologías para el riego -que ya son soluciones súper avanzadas- hasta algo que últimamente se ha discutido con mayor intensidad que es el relleno de acuíferos. Obviamente la función nuestra en la agencia no es promover determinadas tecnologías, porque el certificado azul está pensado para aplicarse en todo el sistema productivo, desde una municipalidad o una entidad pública hasta una empresa minera, y por lo tanto la solución tecnológica para cada uno es distinta. Va a depender mucho de la necesidad que levante el diagnóstico, que es clave para determinar donde están las brechas y donde se pueden hacer cambios tecnológicos y de prácticas. Y la gama es súper amplia. Ahora, en materia de riego hay tecnologías súper avanzadas, pero no tenemos el foco puesto en la innovación, ésta es parte de los principios de aplicación del instrumento, pero el foco está puesto en la solución concreta, más práctica y útil para cumplir el objetivo de reducir el consumo.

En las últimas semanas la agencia ha estado desarrollando una serie de seminarios por territorios y sectores específicos en materia de gestión hídrica. ¿Eso forma parte de la creación de este ecosistema?

Sí, si hay algo distinto respecto de lo que se venía haciendo antes es que estamos poniendo un mayor foco en los territorios. Cambia un poco la perspectiva de la agencia, que tradicionalmente se había vinculado con gremios, con estructuras que agrupan empresas. En el período anterior empezó un trabajo territorial con los acuerdos de pre inversión y de gestión de cuencas, y estos últimos ahora los adecuamos al estándar del APL, que están certificados y además son NAMA´s (Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación, por sus sigla en inglés). En ese marco, tratamos de hacer más eficientes los acuerdos de gestión hídrica porque tenían un problema en la continuidad de la gobernanza y los homologamos al estándar de los APL. Pero efectivamente, la idea es ir profundizando el trabajo en los territorios porque la aplicación de medidas generales no resulta eficiente en el tema del agua, porque la realidad hídrica chilena es súper diversa. Cada una de las cien cuencas tiene un destino productivo distinto, comunidades de distintas características, hay una serie de elementos que atraviesan la toma de decisiones que afectan la disponibilidad o el uso del recurso, y por lo tanto es necesario tener la mirada local.

Esa focalización en los territorios la están aplicando en la Región Metropolitana, por ejemplo, donde existe un programa específico de gestión hídrica. ¿Cómo se está trabajando ahí?

Ese programa está aplicando el estándar del APL en diez comunas de la región, centrándose en cuatro ámbitos: la demanda de consumo humano, actividades productivas, áreas verdes y preservación ecológica. Por lo tanto, miras la comuna, cuánta agua se está ocupando para cada una de estas áreas, y qué se puede hacer para reducir ese consumo. Es una mirada general del territorio y que no se centra solo en los sectores productivos. Una determinada comuna, por ejemplo, puede estar regando con agua dulce teniendo la posibilidad tecnológica de regar con aguas industriales tratadas. Ahí es donde hay que implementar medidas para un uso más eficiente del recurso, que tiene que tener como prioridad el consumo humano.

¿El objetivo es que los municipios se involucren directamente en la gestión del agua?
Efectivamente, en general hoy las municipalidades han avanzado en temas de cambio climático y de sostenibilidad ambiental, pero un poco lento aún. Recién están empezando a funcionar con cierta regularidad los Consejos Regionales de Cambio Climático (CORECC), y en la Ley de Cambio Climático vienen los consejos comunales. Normalmente las municipalidades con más recursos han empezado a adoptar acciones, pero todavía son cosas muy específicas, y la idea de este programa es hacerlo de forma más global, no solamente en determinada empresa, actividad, o en un parque determinado, sino que con mirada territorial.

También se está haciendo un trabajo específico con Lo Barnechea, ¿por qué hacerlo con esta comuna por separado?

Con Lo Barnechea este programa partió antes, como un acuerdo de gestión de cuencas. Y partió bien, porque los actores de la comuna estaban muy comprometidos. Además la comuna tiene ciertas particularidades, porque presenta un elevado consumo de agua comparado con otras comunas, y además en ella se origina parte importante de la disponibilidad de agua de la Región Metropolitana, además de ser una de las comunas más extensas del país conformada en gran parte por montañas, entonces la mirada territorial es más compleja. En términos simples, la idea de centrarse en ese territorio es tomar el problema desde el origen geográfico del agua de la Región Metropolitana con un trabajo más específico.

Desde el punto de vista climático, ¿Cómo se ve el escenario para los próximos años, en momentos en que parece que el proceso se está acelerando?  

A mí el año pasado me tocó estar en la última reunión del IPCC antes de la pandemia, en París, para hablar del próximo informe climático del organismo, y ya hablan de una aceleración del proceso de calentamiento que está generando el cambio climático. E intuitivamente lo que hemos visto es que fenómenos climáticos extremos, que antes tenían menos ocurrencia, han estado presentándose con mayor frecuencia. Hay un cambio que se ha observado en todo el mundo y que ha llevado a la conclusión de la necesidad de acelerar la ambición climática, pero en el Acuerdo de París todavía hay materias fundamentales pendientes de acuerdo como el Artículo 6 de mercados de carbono. Mientras no exista un ecosistema financiero que esté vinculado a la reducción y eliminación de emisiones el avance va a ser poco.

¿Cree que existe la conciencia en los sectores productivos de la necesidad de cambiar este paradigma en relación al agua?

Desde nuestra experiencia, en algunos sectores productivos sí, como en la agroindustria. Ha sido un proceso en el que paulatinamente se han ido dando cuenta -en base a proyectos de inversión que incluso han fracasado por no hacer un buen análisis del riesgo hídrico del territorio en que se emplazaron- de que cuidar el agua ya no es un tema de marketing ni de aparecer bien frente a la comunidad, sino que está en la esencia del negocio. En otros sectores en menor medida. Otro caso relevante es la minería, que tiene estándares de sustentabilidad en muchos casos superiores a los nuestros porque están regidos por las leyes de sus casas matrices en el extranjero, y se ha avanzado mucho en la desalación de agua.

¿Cómo proyectar este trabajo a futuro, y cuáles son los escenarios que se avizoran?

Hoy, al estar toda la institucionalidad en cuestión a partir del proceso constituyente, en la medida en que no haya ciertas definiciones básicas en ese nuevo texto es difícil proyectar acciones, estrategias o planes futuros. Escenarios futuros sí es posible proyectar en base a la estadística, y todo parece indicar que la zona centro norte de Chile, desde O´Higgins hacia el norte, va a experimentar un proceso de menor disponibilidad de agua. De ahí al sur, hasta Los Ríos, también se vislumbra una disminución de agua pero no de una magnitud tal que puede generar problemas severos. Pero en general, el agua parece tender a disminuir en el mediano y largo plazo prácticamente en todo el territorio, particularmente en los sectores poblados. Entonces, Chile tiene que empezar a hacer este cambio de paradigma, darse cuenta de que el agua es escasa y generar una institucionalidad que sea capaz de satisfacer esta demanda.