Con un lleno total se desarrolló ayer la tercera sesión del ciclo de talleres enfocado en la consulta ciudadana “Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático”, en las oficinas de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

En la instancia participó el Ministerio del Medio Ambiente, cuya jefa de la Oficina de Cambio Climático, Carolina Urmeneta, explicó los principales lineamientos del anteproyecto de ley ante representantes de la Alianza Unidos por la COP25, acuerdo firmado por la Cámara de Comercio de Santiago, la Bolsa de Santiago, Líderes Empresariales por la Acción Climática LCG-Chile, la Red Pacto Global Chile y ACCIÓN Empresas, que busca potenciar la sostenibilidad como cultura empresarial y pesquisar los mecanismos para una agenda climática.

En su exposición, Carolina Urmeneta enfatizó que el “negacionismo” del cambio climático es una idea que no penetró en Chile. “Todos sabemos en el país que el cambio climático existe”, dijo, expresando que los diálogos ciudadanos llegaron hasta los lugares más extremos como Isla de Pascua y Putre.

Para Urmeneta es importante promulgar esta ley marco porque “no hay una herramienta jurídica” que permita definir obligaciones y metas para todos los sectores. El anteproyecto de ley, según ella, debiese ser enviado al Congreso a más tardar en septiembre para su discusión. Este 31 de julio terminará la fase de los diálogos ciudadanos.

Tras la charla de Urmeneta, varios representantes de las empresas y consultores ambientales plantearon sus inquietudes sobre los puntos del anteproyecto de ley, y destacó uno en particular: cómo estandarizar el registro de emisiones de carbono que exigirá la nueva ley marco.

Para Natascha Avaria, coordinadora de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, la ley debería contemplar una definición sobre bajo qué sistema se regirá el registro de emisiones de CO2 del sector empresarial.“Es importante establecer las plataformas de registro de emisiones, definirlas y que sea con un estándar internacional. Que cada empresa no reporte a su manera. Aún  no se sabe cómo será. Hay algunas empresas que registran en el Nazca, en el Carbon Disclosure Proyect (CDP), Carbon Disclosure Proyect (CDP), y en nuestro país es el Huella Chile. Son sistemas que no conversan entre sí”, cuenta Avaria.

La misma opinión comparte Kathrin Müller, gerenta de Desarrollo de ACCIÓN Empresas. “Hay cierta incertidumbre por los mecanismos financieros para promover una transición hacia un país carbono neutral. En particular a las transnacionales les preocupa cómo será su registro de emisiones, porque algunas lo hacen a nivel internacional adherido al CDP, y otras trabajan con Huella Chile, y no conversan. Tienen un marco general, donde uno se registra y coordina su política empresarial con lo que hay que cumplir en Chile. Eso genera dudas: la ley debe aclararlas”, dice Müller.

Ambas expertas coindicen en que las empresas por sí solas están un poco “perdidas” respecto a cómo hacer la transición, y de ahí que enfaticen la importancia de las alianzas para actuar en conjunto frente al desafío.

“Creemos que es importante trabajar de forma asociativa para facilitar esa transición porque cuando se otorga esa responsabilidad a una sola empresa, se siente medio perdida. Hay empresas en pañales y otras muy avanzadas, por lo que el intercambio de experiencias es clave para avanzar en los desafíos”, agrega la gerenta de desarrollo de ACCIÓN Empresas.

Sobre la posibilidad de incorporar un impuesto verde en el cuerpo legal, Müller señala que “es una medida internacional bastante habitual, pero hay que ver muy bien las condiciones, los costos relacionados para los rubros. Es distinto para una empresa de generación de energía que para una de servicios. Hace falta conversación, pero el impuesto verde es una de las herramientas más comprobadas para avanzar hacia la carbono neutralidad”.