A mediados de marzo de 2018, el Ministerio de Salud confirmaba el hallazgo de una docena de ejemplares del mosquito Aedes aegypti en Iquique, insecto que actúa como principal vector en la transmisión de enfermedades como la fiebre amarilla, zika, dengue y chikungunya, ninguna de ellas con tratamiento médico y capaces de causar graves problemas de salud. Exactos 12 meses después, a fines de marzo de este año, el mismo ministerio anunciaba el hallazgo de un nuevo ejemplar de este mosquito ahora más al sur, en Iquique.

Si bien desde el año 2001 hay presencia de este mosquito -y de dengue- en Isla de Pascua, en Chile continental se encontraba erradicado desde 1950. Para los expertos, la sola presencia del Aedes aegipty “es una tremenda amenaza” por su capacidad de introducir infecciones en la población, lo que explica que tras el último hallazgo el Minsal activara un operativo con 130 efectivos militares en Iquique para determinar si existía la presencia de más ejemplares.

Y al mismo tiempo, la presencia del mosquito es también una muestra de los impactos esperados del cambio climático, y por lo mismo está considerado en el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente en 2016, y aprobado por el Consejo de Ministros ese mismo año.

Según señala dicho plan, los impactos a nivel de clima y ambiente causados por el calentamiento global tienen como motivo de preocupación, “los cambios que se prevén en el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua, la variedad y distribución de las enfermedades de transmisión vectorial, el aumento del nivel del mar y la concentración de contaminantes atmosféricos”, entre otros.

Para ello, se propusieron ocho líneas de acción y 16 medidas específicas de adaptación para enfrentar esta problemática, frente a la necesidad creciente -señala el documento- de generar capacidades, levantar información, tomar acciones, generar coordinaciones con otros actores y movilizar financiamiento para la adaptación al cambio climático.

“Las medidas establecidas en el presente plan -agrega el documento- tienen como horizonte de tiempo para su desarrollo, el período comprendido entre los años 2016 y 2020”.

Sin embargo, un reciente informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República revela escaso avance: de las 16 medidas de adaptación propuestas, cuatro no han iniciado su implementación y se necuentran con plazo vencido; seis no han iniciado su ejecución, aunque aún están dentro de plazo; y otras cinco se encuentran implementadas solo parcialmente.

Medidas aún no implementadas y con plazo vencido

Uno de los primeros aspectos cuestionados por la Contraloría es la demora en la creación de un “Comité de implementación del plan de adaptación al cambio climático”, que debiera estar encargado del monitoreo de ejecución y cumplimiento de las metas.

A esto se suman, agrega, que cuatro de las medidas aún no han iniciado su implementación pese a que se encuentran con su plazo vencido, las que consideran aspectos claves en materia de adaptación a los impactos del cambio climático como la identificación de zonas de riesgo, infarestructura y recursos humanos necesarios para enfrentar nuevos escenarios.

La primera de ellas dice relación con la incorporación de un nuevo eje temático en el Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, destinado a la consideración de los impactos esperados en la salud a causa del cambio climático.

Esto es particularmente sensible en zonas que tendrán escasez de agua y disminución en su calidad, con el objetivo de realizar a la población la transferencia de conocimientoen el caso de los sistemas de agua potable rural, que aseguren un uso y consumo seguro del agua potable.

Una segunda medida no implementada aún es la elaboración de un diagnóstico sobre la resistencia de la infraestructura de servicios asistenciales ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos y su capacidad de respuesta ante la demanda generada, una materia clave frente a una cada vez más frecuente ocurrencia de fenómenos como sequías, lluvias intensas y concentradas en poco tiempo, aluviones y grandes incendios.

A esto se suma la innexistencia aún de un diagnóstico sobre la identificación de zonas vulnerables a la disminución de la disponibilidad y/o la calidad del agua asociados a la sequía. Aunque el Ministerio de Salud, presentó a Contraloría una serie de documentos que darían cuenta de avances en esta materia, a juicio del organismo contralor estos “no se refieren a un diagnóstico en el cual se identifiquen las zonas altamente vulnerables a la disminución o calidad de agua por efectos de sequía”, sino más bien a acciones sobre la vigilancia del agua en zonas rurales.

Finalmente, la cuarta medida aún sin implementar se refiere a la elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades de recursos humanos para hacer frente a la demanda de servicios asistenciales derivada de cambios en el perfil de morbimortalidad de la población, asociados al cambio climático.

Al respecto, el Ministerio de Salud señala –y reconoce- que “frente a la brecha de disponibilidad de recursos humanos en la red, en la actualidad existe una falta de disponibilidad del mismo en relación a la demanda ya existente, por tanto, cualquier nueva necesidad que aparezca en la medida que no disminuya alguna otra generará una mayor sobredemanda”.

Cambio en los plazos del plan

Adicionalmente, Contraloría detecta otras seis acciones que aún no han iniciado su implementación, aunque debiendo haberlo hecho, aún no vence su plazo. Estas dicen relación con el desarrollo de un estudio para identificar y cuantificar indicadores ambientales y de salud asociados al cambio climático; la implementación de modelos predictivos que permitan identificar zonas en las que se espera la proliferación de enfermedades vectoriales y zoonóticas por nuevas condiciones ambientales asociadas al cambio climático; y el contar con valores cuantitativos estimados respecto al efecto del cambio climático sobre la morbilidad y mortalidad de la población.

A estos se suman el desarrollo de un estudio de proyección de demanda en la red hospitalaria debido al cambio climático, y sus costos asociados, el monitoreo y vigilancia actualizada de acuerdo a identificación de indicadores zonales asociados al cambio climático; y generar metodologías y protocolos para la realización de las actividades de los departamentos onvolucrados asociadas al seguimiento de indicadores y programas de vigilancia.

Pero además de señalar los retrasos de implementación de las medidas del plan de adaptación, el informe de Contraloría cuestiona que se hallan modificado los plazos de ejecución de estas. Esto porque si bien el plan fue aprobado en 2016 por el Consejo de Ministros, con plazos definidos año a año para su implementación, este fue presentado oficialmente el 1 de marzo de 2018 en su versión impresa, con modificaciones que exponen de manera genérica un período de consecución de los resultados sin precisar inicio y fin.

“En consecuencia -señala el documento de Contraloría- se ha podido constatar que la introducción de cambios al contenido según lo requerido por el Ministerio de Salud, le permitió establecer y difundir que la fecha de inicio de la implementación de las medidas podría considerarse desde su presentación oficial, esto es marzo de 2018, y consecuentemente proponer la recalendarización de las actividades”.

“Cabe hacer presente -agrega- que las modificaciones introducidas al contenido del plan aprobado por el Consejo de Ministros resultan improcedentes, dado que se refieren a cuestiones de fondo que inciden en la implementación oportuna del plan”.