Más de 600 científicos de todas las disciplinas y regiones de Chile, han trabajado en los últimos meses en reunir la información, los datos y la evidencia necesaria para tomar acciones que permitan a nuestro país enfrentar el cambio climático, en un contexto en que para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5ºC se requiere de acciones de mitigación urgentes. Y ayer, en la COP25 que se realiza en Madrid, la coordinadora del comité científico, Maisa Rojas, entregó al ministro de Ciencias, Andrés Couve, un resumen para tomadores de decisiones del trabajo realizado por el grupo.

En este, los científicos señalan que a partir de la crisis social y política que estalló en el país en octubre de 2019, se vuelve evidente que los efectos de la inequidad territorial se agudizan conforme avanza el cambio climático. “Desde esta perspectiva -agregan-, y sobre la base de la evidencia científica recogida por e Comité Científico COP25, hoy es más urgente que antes revisar las bases sobre las que se cimenta el desarrollo, acoger el conocimiento adquirido y orientar a Chile de forma decidida hacia un desarrollo integral, sostenible e inclusivo”.

Por ello, indican, los análisis realizados “se desarrollan en un contexto de incertidumbre que requiere de evaluación en sus aspectos de robustez, flexibilidad y resiliencia, a lo que se suma la necesidad de incorporar aspectos sociales, ambientales y del territorio coherentes con la realidad y cambios que está enfrentando el país”.

En concreto, en el documento entregado ayer se establecen 183 propuestas de acciones y recomendaciones surgidas a partir del trabajo -que incluyó la elaboración de 19 informes temáticos- de las siete mesas temáticas del Comité Científico COP25 creado por el gobierno: Mitigación y Energía, Adaptación, Agua, Biodiversidad, Ciudades, Criósfera y Antártica, y Océanos.

En materia de mitigación, junto con las recomendaciones se establecen una serie de variables que tendrán un potencial importante en la modificación de resultados, como la disponibilidad del recurso hídrico, la velocidad del retiro de las centrales a carbón, el desarrollo del hidrógeno, el nivel de penetración de la electrificación y la movilidad, y la demanda por electricidad.

Y en cuanto a adaptación, el grupo de científicos propone medir su avance por medio de indicadores; generar las capacidades para el desarrollo, la implementación y la adopción de las tecnologías requeridas para la adaptación; y fortalecer la participación de los distintos actores sociales, el sector privado y todos los niveles administrativos del territorio nacional, entre otros.

Sin embargo, es en las otras áreas, generalmente menos analizadas al momento de establecer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, donde surgen nuevas propuestas a partir del trabajo de los científicos.

Servicios ecosistémicos deben ser garantizados por el Estado

La Mesa de Biodiversidad es la que concentra la mayor parte de las recomendaciones contenidas en el documento, con 76 de ellas. Esto en un escenario donde a nivel global se estima que el 75% de la superficie terrestre está significativamente alterada, el 66% del área oceánica está bajo impactos acumulativos crecientes y se ha perdido el 85% del área de humedales. Todo esto ha reducido la productividad en el 23% de la superficie del planeta.

Por ello, señala el informe, la conservación, manejo y restauración de los ecosistemas y el resguardo de la biodiversidad son las bases para la mantención de servicios ecosistémicos como la regulación climática por medio de la captura y secuestro de carbono, la provisión de agua y la mantención de la fertilidad del suelo. “Estos servicios deben ser garantizados por el Estado, ya que son fundamentales para la vida, la habitabilidad de los territorios, los sistemas productivos y el bienestar social”, afirman.

Entre las propuestas de la mesa se encuentran la creación de un Observatorio Nacional de la Biodiversidad y Ecosistemas, que considera un programa de monitoreo y medición sistemática del estado de los ecosistemas a escala local y regional para anticipar, mitigar o reparar impactos negativos sobre la biodiversidad del cambio climático y el uso del suelo.

A esto se suma el evitar la pérdida de humedales y priorizarlos como captadores de carbono, así como el establecimiento de caudales ecológicos en ríos y esteros ajustando los derechos constituidos a las nuevas realidades del caudal, y a los requerimientos para la mantención de la biodiversidad.

Además, propone el solicitar derechos de agua para fines de conservación, sin que se deba pagar patente por no uso; fijar el uso ecosistémico del agua como uso prioritario, y reformar la legislación tributaria para incentivar “donaciones verdes” que incluyan ecosistemas de agua dulce.

En materia de áreas protegidas, el informe llama a promover un sistema de áreas protegidas resiliente y sustentable, y acciones para restaurar nuestros ecosistemas “históricamente afectados por diversos procesos de cambio y degradación producto de una gestión que ha sido ineficaz en reconocer nuestra dependencia económica, social y espiritual respecto de estos”.

Por ello, se propone desarrollar una política de largo plazo que contenga mecanismos y procedimientos explícitos para la creación, planificación y gestión de áreas protegidas marinas y terrestres, que establezca plazos explícitos para su entrada en funcionamiento,  un presupuesto y compromiso de gestión y administración, entre otras.

Revisar métodos usados para asignación de recursos hídricos

La mesa del agua reunió a 156 científicos, que realizaron 34 propuestas para enfrentar un escenario futuro de escasez del recurso. La zona centro sur de Chile lleva diez años con déficit de precipitaciones de entre 25% y 30%, el déficit de los caudales varía desde un 70% en los ríos de Coquimbo y Valparaíso, hasta valores cercanos a un 25% hacia el sur, y se estima que un área de 71.400 km2 aumentaría en su categoría de aridez, equivalente al 10% de la superficie de Chile.

En ese contexto, señala el informe, “para poder enfrentar este y otros eventos extremos es fundamental revisar los métodos utilizados para la asignación de recursos hídricos, incluyendo el concepto de un clima e hidrología cambiantes a la luz de la experiencia comparada”.

A esto se suma el dotar a la autoridad de la posibilidad de revisar las condiciones originales de otorgamiento de los derechos, y entregar mayores atribuciones para enfrentar sequías permanentes y otros eventos extremos; reformar el régimen legal que regula el acceso al agua (propiedad y mercado), en consideración de los usos prioritarios y mantención de un sistema hidrológico sustentable.

Junto con ello los científicos proponen “designar una comisión nacional que recomiende la estructura y atribuciones de una autoridad política de jerarquía superior a la actual para la regulación de los recursos hídricos de Chile, con competencias en hidrología, medio ambiente y cambio climático”, así como proteger legalmente los glaciares, ya que actúan como diques reguladores de los caudales andinos.

Disminuir la vulnerabilidad de los océanos

Chile es el décimo país del mundo, y el primero de Latinoamérica, con mayor territorio marítimo, por lo que presenta una alta dependencia económica, social y cultural de los océanos. Y hoy los impactos del cambio climático en nuestro mar son evidentes, señalan los científicos: cambios de temperatura, aumento de la intensidad de las marejadas, acidificación, pérdida de oxígeno y cambios en abundancia y localización de los recursos pesqueros son parte de los impactos que requieren la búsqueda de soluciones para disminuir su vulnerabilidad.

Para enfrentar este desafíos, la Mesa Océanos propone 30 medidas, entre ellas la implementación de un Sistema Integrado de Observación del Océano Chileno, , que permita recoger datos extremadamente relevantes para entender el cambio climático y sus impactos en el país.

“Estos datos son claves para poder contribuir a la resolución tanto de los actuales como los posibles conflictos sociales y económicos asociados a problemáticas ambientales, al hacer posible determinar sus causas, sus efectos y las posibles soluciones”, dicen los científicos.

Hoy la capacidad nacional de observación y monitoreo es débil, afirman. Mientras para los estudios climáticos terrestres existen más de 2.000 sensores a nivel nacional, que entregan datos accesibles en forma gratuita, la monitorización del océano solo cuenta con 10 boyas oceanográficas costeras y un número limitado de sensores superficiales.

A esto se suma una propuesta para la actualización del Plan de Adaptación a Cambio Climático en Pesca y Acuicultura, así como reducir emisiones de gases de efecto invernadero en actividades económicas basadas en el océano (economía azul), como la reducción de emisiones del transporte marítimo, reducir la huella de carbono en la acuicultura e incentivar el desarrollo de energías renovables no convencionales de origen marino.

Reducción de desigualdades en las ciudades

La población urbana de chile bordea ya el 90%, presentando indicadores alarmantes de segregación social y deterioro ambiental, dice el informe. Por ello, más de 50 investigadores trabajaron en la Mesa Ciudades, desde donde emanaron 9 propuestas de modificaciones sustantivas que permitan avanzar hacia la resiliencia climática y el desarrollo sostenible.

Entre ellas, se encuentra el establecimiento de una gobernanza urbana multinivel y coherente, que cuenta con responsabilidades y competencias claramente definidas, así como fortalecer una planificación urbana sensible al clima y en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible.

“La planificación urbana debe fortalecer múltiples niveles de resiliencia en la sociedad, a través de la reducción de desigualdades construidas en la ciudad por localización, acceso a servicios, conectividad y acceso a áreas verdes. Fortalecer el tejido social y la participación a nivel local considerando las diferencias socioeconómicas, de género, etnicidad y grupo etario permitirá promover ciudades bajas en carbono y con capacidad adaptativa para enfrentar los impactos esperados”, señalan los investigadores.

Otras de las recomendaciones plantea elaborar “una ley de movilidad urbana sostenible con menos automóviles, con prioridad en el transporte público y no motorizado”. Al respecto, el grupo científico plantea que “para reemplazar el uso del automóvil por transporte público, caminata y bicicleta es necesario tener ciudades más compactas y potenciar la intermodalidad con el transporte masivo”.

“La implementación de una ley de movilidad, a partir de la experiencia internacional, fomentaría la reducción de los kilómetros recorridos por vehículos motorizados, el uso del transporte público y no motorizado, y la electromovilidad. Se debe considerar además un cambio en los criterios de uso de espacio urbano, que dé preferencia al transporte público y modos no motorizados por sobre el automóvil”, señalan.

Finalmente, otra de las recomendaciones de la Mesa Ciudades se enfoca en la implementación de infraestructura y espacios verdes para la sustentabilidad urbana. “Estas inversiones deben proteger las áreas de biodiversidad urbana, y permitir generar vínculos con ellas, además de dotar de resiliencia al borde costero, restaurar ríos urbanos y cursos de agua, así como mejorar la gestión de aguas lluvias y la seguridad de la infraestructura sanitaria”, dicen los científicos.