El pasado sábado se cumplió el plazo para la firma del Acuerdo de Escazú, y como se había anunciado, finalmente Chile no firmó el denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que ya ha sido ratificado por 10 países (Argentina lo hizo el viernes). Con esto, basta una ratificación más para que entre en plena vigencia.
Durante todo el período de negociaciones, firmas y ratificaciones, que se inició durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Andrea Sanhueza, asistente social, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente UC y magíster en Ciencia Política, y hoy directora de Espacio Público, ha actuado como representante de la sociedad civil en el Acuerdo de Escazú para América Latina. Casi una década de dedicación a sacarlo adelante canalizando las propuestas de la ciudadanía.
Por eso, dice, hoy siente pena y frustración por la decisión del gobierno chileno de no firmar el convenio, “pero quizás la sensación más importante, y lo que es más difícil de recuperar, es el quiebre de confianza. Cuando hay un gobierno que se anima, que te apoya, que le dice a su gente que vaya hacia adelante y hace una alianza estratégica con nosotros… Yo personalmente hice esa alianza con el primer gobierno de Piñera, entonces es algo que me tocó muy en lo personal después de trabajar juntos y de todo lo que logramos”.
Una decisión, agrega Andrea Sanhueza, que no solo implica subestimar la crisis climática -pese a los discursos en sentido contrario-, sino que además se toma cuando todas las voces apuntan a una recuperación resiliente post pandemia, “donde la gran frase que se ha instalado es que a partir de ahora no puede ser solo crecimiento económico, lo que supone tener un mejor cuidado de los aspectos sociales y ambientales. Y eso es Escazú, cómo nivelamos la importancia del medio ambiente y de la calidad de vida de las personas en este nuevo tipo de desarrollo”.
En este escenario, plantea, van a seguir insistiendo en la firma del acuerdo. En lo inmediato, a corto y mediano plazo, diseñando una estrategia en esa línea con los candidatos a la eventual convención constitucional y a la Presidencia. La idea es no bajar la guardia y explicitar lo que se está perdiendo. “Chile va a volver al grupo, en algún momento lo va a hacer, y va a tener que recuperar terreno para avanzar rápido”, afirma.
Lo que más le frustra es no poder avanzar después de todo el trabajo realizado a la fecha.
“Además que todo lo que logramos respecto de la solidez y el contenido del acuerdo, es un resultado concreto, contundente, de lo que significa colaborar entre distintos actores. Como sociedad civil tuvimos que ceder muchas veces en lo que nosotros queríamos, Chile a veces nos apoyó y a veces no, de acuerdo a su propia política, pero al final del día conseguimos un convenio que vale la pena, que va a mejorar la situación del país”.
¿Durante lla negociación del acuerdo hubo en Chile una posición consensuada entre todos los actores, entre la sociedad civil, el gobierno, los sectores productivos?
Constance Nalegach, que fue quien negoció por Chile siempre desde el Ministerio del Medio Ambiente, porque la gente en Cancillería fue cambiando, creó algo bien inédito que no hizo ningún otro país: creó una mesa de democracia ambiental a la que invitó a todos los servicios públicos, a la sociedad civil, y también a los gremios empresariales. Y fueron muy poco, yo creo que no le dieron mucha importancia y tengo la impresión de que recién vieron de qué se trataba cuando empezó la presión por la firma. La Sofofa fue la única que estuvo siempre en estas mesas donde se informaban los avances de la negociación. Era un buen mecanismo de diálogo el que había aquí en Chile.