En poco más de dos semanas los ministros de los tres tribunales ambientales del país se darán cita en Antofagasta para analizar, entre otros temas, de qué forma pueden contribuir a acercar la justicia ambiental a la ciudadanía. Así, los días 6 y 7 de enero de 2020 realizarán el Segundo Encuentro de Tribunales Ambientales del país, donde revisarán el avance del plan de acción adoptado en el primer encuentro –efectuado en Valdivia en enero de este año- y abordarán otros asuntos comunes al funcionamiento de estas cortes especiales creadas a partir de la ley 20.600, del 28 de junio de 2012.

Para conocer más sobre los objetivos de esta reunión conversamos con los presidentes del Primer, Segundo y Tercer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, Cristián Delpiano e Iván Hunter, respectivamente.

El anfitrión de la cita, ministro Oviedo, explicó que se han planteado una serie de desafíos, “todos en orden a lograr una gestión lo más unificada posible, para reducir costos y para actuar de una manera coordinada y ágil”. Esta forma de trabajar, señala, permitirá hacer más amigable el acceso a la justicia ambiental, en especial a sus usuarios: abogados, reclamantes y comunidad en general.

“En la medida que nosotros facilitemos los procedimientos, y que estos sean uniformes ante la comunidad jurídica nacional, estaremos dando un paso más allá en orden a acercar la justicia ambiental a la gente (…) Debemos presentarnos y debemos actuar de una forma coordinada ya que, si bien es cierto, somos tribunales autónomos repartidos en el territorio jurisdiccional, al final del día, los tres representamos un concepto único, que es la justicia ambiental chilena y, en tal sentido, debemos estar a la altura de los desafíos que la sociedad nos impone”, sostiene el presidente del 1TA.

En esa misma línea, el ministro Delpiano señala que las tres cortes se han propuesto ir armonizando su quehacer, debido a que hasta hace poco la práctica procesal era completamente distinta en cada uno de ellos y los abogados debían acomodarse a cada cual. “Nosotros prestamos un servicio a la comunidad jurídica y lo ideal es que ella encuentre en los tres tribunales una gestión lo más armónica posible”.

“La ley que nos rige no contempla vasos comunicantes entre los distintos tribunales; se estructura sobre la base que cada uno es autónomo, tanto en sus decisiones –algo obvio y común a todos los tribunales-, pero también en su gestión. Por ejemplo, no estamos sujetos a un paraguas administrativo que albergue los tres TA, como lo tiene el poder judicial en la corporación administrativa. Pero la autonomía no quiere decir que no tengamos vinculación entre nosotros”, añade el titular del 2TA, encargado de la macrozona centro.

Asimismo, el ministro Hunter comenta que lo principal del encuentro “es que queremos compartir nuestras experiencias, y eso es bueno para mejorar el quehacer diario”. Dentro de los temas que tratarán, agrega el presidente del 3TA, “estamos estudiando propuestas de mejoras a la ley 20.600, un sistema de gestión de causas electrónico y coordinación de actividades”.

Mejoras a la Ley 20.600

Algunos aspectos de la norma que creó los TA han sido objeto de crítica en el mundo jurídico y académico, en especial el complejo sistema de nombramiento de los ministros –similar al que se usa para nombrar a los jueces de la Corte Suprema-, debido a que ha provocado largas vacancias en los tres tribunales. Por eso, si bien los ministros de los TA no pueden impulsar directamente cambios en ese sentido, sí pueden hacer propuestas, debido a que se trata de un asunto que incide en la gestión de las causas.

“Nosotros podemos hacer un diagnóstico y proponer algunas vías de solución, y eso está contemplado para el encuentro. Lo que no podemos hacer es adoptar una posición en ese sentido”, explica el ministro Delpiano. “El sistema de nombramiento de los ministros requiere una revisión, porque desde la creación de los TA, a finales de 2012, menos de la mitad del tiempo han tenido su dotación completa”, agrega el presidente del 2TA. En el caso de ese tribunal, dice, “tuvo su integración íntegra en los primeros dos años, pero desde ahí ha tenido unos tambaleos en el sistema de nombramiento y ha pasado más tiempo cojo que con integración completa”.

Según explica el ministro Delpiano, en algunos casos se han alargado los concursos en la alta dirección pública, y en otras ocasiones el problema ha sido la negociación entre el Ejecutivo y el Senado. “Las quinas que elabora la Corte Suprema pasan mucho tiempo en el poder Ejecutivo, ya que por las cuestiones políticas no se consensúa un nombre de forma rápida. El mejor ejemplo de eso fue el caso del 1TA, que tardó prácticamente cuatro años en constituirse”.

Además de la ley 20.600, los ministros de los tres tribunales abordarán aspectos comunes en los cuales pueden adoptar medidas concretas. “Queremos avanzar en un plan de capacitación; en una política comunicacional que involucre a los tres tribunales; y en compartir las capacidades que cada uno hemos creado en estos años, como por ejemplo, contar con una Unidad de Estudios para tener una sistematización de doctrina y jurisprudencia y contar con información en línea de la actualidad jurisdiccional en materia ambiental”, comenta el presidente del tribunal con asiento en Antofagasta.

Otro tema relevante, dice Oviedo, es la vinculación con el medio. Actualmente, cada tribunal tiene una agenda de actividades en ese sentido, pero lo óptimo sería unificarlas, “de manera que las actividades de extensión, como los congresos de derecho ambiental, los seminarios, la relación con la academia, la podamos hacer de manera coordinada” y así se eviten eventos simultáneos.

Sistema de Gestión de Causas

Otro de los temas prioritarios para los presidentes de los TA es lograr la unificación o armonización del Sistema de Gestión de Causas. El ministro Oviedo explica que actualmente los tribunales primero y tercero comparten un mismo sistema y quisieran sumar “en esa lógica de gestión unificada al Segundo Tribunal Ambiental”.

“Con esto daríamos un paso más que nos permitirá la interconexión con la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones de Valdivia, Santiago y Antofagasta”, añade.

Sobre este tema, el titular del 2TA explica que “lo que más nos preocupa es tener una gestión lo más armonizada y lo más clara para el usuario”.

Sin embargo, Delpiano plantea que aún no se puede hablar de un sistema único, debido a que en el tribunal con asiento en Santiago aún están evaluando si van a migrar a uno nuevo o al que ya tienen los otros dos tribunales. De cualquier modo, dice, será un sistema que va a tener que interconectarse con el de los otros dos TA y con el de la Corte Suprema

“Hemos ido avanzando en los requerimientos que necesitamos y estamos viendo hasta qué punto el sistema de Valdivia se puede adecuar a ellos (…) o si, ya sea por razones de seguridad o de mayor cercanía a los usuarios o por otras razones, adoptamos un sistema propio”. Ya sea uno u otro, debiera estar funcionando a finales del primer semestre de 2020.

Según cuenta el presidente del 2TA, hasta hace poco la gestión de causas era distinta en los tres TA, incluso entre los dos que usan el mismo sistema, lo que provocaba que “los abogados a veces estaban un poco perdidos en cómo llegar a cada uno de los tribunales”. Entonces, el análisis que hicieron fue que eso generaba una barrera técnica para el acceso a la justicia ambiental, algo que quieren solucionar cuanto antes.

Otro tema que estará presente en el Segundo Encuentro de Tribunales Ambientales debiese ser el cambio climático, señala Delpiano, quien comenta que es un asunto que han estado conversando debido a que “recientemente nos hemos ido encontrando en las causas con argumentos relativos a cuestiones de cambio climático”. Por ejemplo, que una de las partes plantee que en una evaluación no se consideraron elementos de ese fenómeno, o que otra parte adjudique algún daño ambiental a ese cambio y no a sus acciones.

“La ley 19.300 (sobre Bases Generales del Medio Ambiente) y la legislación ambiental en general no hace referencia a los temas de cambio climático, entonces la cuestión está abierta a interpretación. Por eso, en la búsqueda de criterios orientadores es que hemos tratado de ir haciendo camino al andar respecto de cómo enfrentar estos argumentos. Lo que buscamos es tratar de mejorar los criterios de análisis normativos de los tres tribunales”.

Nueva Constitución

Los presidentes de los tres TA consideran que los asuntos ambientales serán parte de la eventual discusión de una nueva Constitución. Sin embargo, plantean que no pueden adoptar una posición al respecto como tribunales ni hablar a nombre de los otros ministros, razón por la cual emiten sus consideraciones a título personal.

Así, el ministro Hunter sostiene que “los temas ambientales y los recursos naturales son importantes para el desarrollo integral del país, y claramente estarán en el debate de la nueva Constitución. Por el momento creo que lo más prudente es opinar desde lo más general. Es necesario un medio ambiente sano, sostenible, con un fuerte compromiso del Estado por protegerlo, con reglas claras que permitan desarrollar actividades en el contexto de respeto al patrimonio ambiental”.

“Seguramente,  lo más interesante de la discusión se dará en las limitaciones a los derechos para la protección ambiental y el rol del Estado en la conservación y protección del medio ambiente sano”, dice el titular del 3TA, encargado de la macrozona sur.

A su vez, el ministro Oviedo parte de la base de que el escenario político social en Chile es complejo y no se sabe cómo va a terminar, es decir, “si se van a alcanzar los acuerdos que la sociedad requiere y que todos esperamos que ocurran”.

“Si partimos de la base que esos acuerdos sociales ocurren, creo que efectivamente debe haber un avance en orden a terminar con la asimetría que hoy existe en la Constitución Política de la República, en lo que se refiere al tratamiento de los distintos bienes jurídicos protegidos, específicamente en cómo conciliamos de mejor manera el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales. Ese es un tema vital”, dice el presidente del 1TA.

Los recursos naturales, su tratamiento y proyección jurídica –dice Oviedo-, se encuentran relegados a un segundo plano y eso responde al modelo de la Constitución que tenemos desde 1980. “Han transcurrido 40 años de aquello y creo que el contexto social chileno y global amerita repensar cómo nos relacionamos como sociedad con nuestro entorno y, específicamente, con nuestros recursos naturales. Eso significa replantearse seriamente de cara a componentes ecosistémicos vitales para nuestra subsistencia, tales como las aguas, los glaciares y los recursos naturales de orden extractivo en general, como la minería, pesca y los recursos forestales”.

“El diálogo, en ese sentido, es necesario y lo que resulte de aquello nadie lo puede saber, pero sí o sí hay que hacer el ejercicio”, concluye el titular del 1TA.

En tanto, el ministro Delpiano subraya que “una Constitución debe tener la suficiente neutralidad y flexibilidad como para poder permanecer en el tiempo regulando las bases de una sociedad que necesariamente va a evolucionar”. En ese sentido, comenta que la jurisprudencia en materia ambiental ha ido variando con las normas de la Constitución actual, “por lo tanto no ha sido un impedimento, y esas normas puede que se mantengan de la misma forma o puede que se agreguen otras nuevas”.

Crisis y medioambiente

Si bien la crisis que vive el país y que estalló el 18 de octubre no será uno de los temas de la tabla durante la reunión en Antofagasta, de una u otra forma estará presente en las discusiones, por cuanto la desigualdad denunciada en las calles pasa en buena parte por asuntos ambientales.

Consultado al respecto, el ministro Delpiano considera que efectivamente la actual crisis tiene su base en una cuestión socioambiental. Para aclarar su opinión, explica que la justicia ambiental tiene dos dimensiones: una formal, que tiene que ver con el acceso desde el punto de vista procedimental, y otra material, es decir, quién recibe y cómo se reciben las cargas o los beneficios ambientales.

“Creo que la actual crisis tiene un sustrato de justicia ambiental en términos materiales, y esa justicia tiene que ser canalizada hacia una justicia ambiental también desde un punto de vista procedimental. Entonces, uno de los desafíos de los tribunales ambientales es poder tener la capacidad de que el acceso a la justicia ambiental se haga en términos más eficientes, más eficaces y más justos desde el punto de vista socioambiental, obviamente teniendo como marco la legislación vigente”.

Asimismo, plantea que otro de los retos que enfrentan los TA es lograr que la ciudadanía tenga confianza en sus decisiones, que sepa que cada sentencia es producto de un estudio muy acabado desde lo jurídico y desde lo científico. “Hay que tener muy en cuenta que hoy todas las instituciones están bajo sospecha (…)  y nosotros como institución no estamos ajenos”, comenta el titular del 2TA y agrega que “la manera de lograr esa confianza es la fundamentación de las sentencias, que tienen que ser justas, razonadas, ajustadas a derecho y ajustadas a los aspectos jurídicos y técnicos”.

En la misma línea se manifiesta el ministro Hunter, quien considera que la Corte Suprema ha sido muy clara al respecto: “El Poder Judicial y los tribunales que estamos fuera del poder judicial, pero que ejercemos jurisdicción, estamos llamados a ejercer nuestra función en forma apolítica, imparcial e independiente. Ese es el camino que debemos seguir. Nuestra función como institución es generar confianza en la ciudadanía, y para ello no solo debemos actuar con imparcialidad e independencia sino además demostrarlo”.

Sobre este tema, consultado sobre las situaciones ambientales donde se evidencia un deterioro de vida de la población, como los conflictos por el agua o las zonas de sacrificio, el ministro Oviedo comenta que en ese escenario, “los TA podemos avanzar -con el ordenamiento jurídico que tenemos- en equidad ambiental, imprimiendo nuestra mirada y este sello de desarrollo sostenible. Darle contenido a ese concepto, que si bien está recogido en nuestra legislación y tratados internacionales, lo cierto es que muchas veces queda solo en un discurso que no logra materializarse en acciones concretas”.

El presidente del 1TA, agrega que lo importante es que esos conceptos, que en el fondo implican bienestar para la sociedad en su conjunto y protección del entorno, efectivamente se concilien. “No es fácil. Nosotros analizamos casos concretos, temáticas puntuales, y nuestro grano de arena lo podemos aportar desde allí: dando una mirada de cómo la justicia ambiental avanza en esa lógica de aunar los intereses legítimos de cada una de las partes en pos de un elemento común, que es unir crecimiento económico con todos los beneficios que eso conlleva para la sociedad toda, con la preservación del entorno, cuyos beneficios los verán las generaciones presentes y futuras”.