Con la única ausencia de Guyana y la participación telemática de Nicaragua, la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, celebrada en la sede de la CEPAL en Santiago entre el 20 y 22 de abril, contó con la participación presencial de 10 de los 12 Estados Parte que conforman el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, como se conoce oficialmente al Acuerdo.

Inaugurada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, la COP1 de Escazú se extendió por tres días y también participaron otros países en proceso de ratificación o adhesión al Acuerdo (este último es el caso de nuestro país). En el debate de los temas, los Estados observadores pudieron plantear sus puntos de vista, sin ser estos vinculantes, mientras que los Estados Parte pudieron votar algunas primeras normativas que constituyen la base legal del tratado.

Pero no solo fueron los representantes del Estado quienes tuvieron la chance de intervenir en el encuentro, sino también representantes de organizaciones de la sociedad civil, personas naturales, pueblos indígenas y jóvenes.

Tras las jornadas de discusión, el 22 de abril se conocieron los principales avances de Escazú. Uno de ellos dice relación con las reglas de procedimiento de la COP1, es decir, cómo se reúnen las partes, cómo se toman las decisiones, quiénes pueden presentar los temas para la agenda y qué grado de incidencia tendrá la sociedad civil en la conferencia.

Pero, sin duda, el acuerdo más importante fue la aprobación de las reglas del llamado Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, en sintonía con el artículo 18 del tratado. Este comité, que será integrado por siete miembros independientes de los Estados Parte, se encargará de recibir casos en que las comunidades sientan una contravención del tratado y de entregar recomendaciones a los países para hacer cumplir los cuatro principios centrales del Acuerdo: garantías para la participación ciudadana, acceso a la información pública, acceso a la justicia y protección y resguardo para las y los defensores ambientales.

“Es un órgano que estará formado por expertos, pero es muy importante que sean independientes de los Estados. Aparte de apoyar la implementación del convenio, hacer capacitaciones y aclarar dudas a los Estados, lo más importante es que recibirá comunicaciones del público. Por ejemplo, cuando Chile sea Estado Parte, si no cumple con algunos principios del tratado, cualquier persona podría reclamar ante el Comité. Este comité analiza el caso y hace recomendaciones al Estado. Hay que aclarar que es un órgano no punitivo, ni judicial, ni contencioso. No es una Corte Interamericana”, especifica a País Circular la chilena Andrea Sanhueza, representante titular electa del público para América Latina y el Caribe en la COP1

Esta información fue ratificada por la abogada colombiana Natalia Gómez, representante alterna del público para América Latina y el Caribe, quien dijo en conferencia de prensa que “ahora el público puede enviar una comunicación para indicar si un Estado no está cumpliendo con su rol. Además, este comité va a tener dentro de sus funciones adoptar medidas cuando hay personas que están llevando información y protegerlas, como es el caso de los y las defensoras ambientales”.

Cada Estado podría proponer candidatos a ocupar los siete asientos de este Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, pero la sociedad civil también lo puede hacer. Tiene que sesionar tanto de forma virtual como presencial y podrá recibir casos un año después de conformado su organigrama definitivo. La fecha de elección de sus integrantes aún no está definida.

Defensores ambientales y pueblos indígenas

Otra de las conclusiones relevantes de la COP1, según Andrea Sanhueza, fue la aprobación de un grupo de trabajo que deberá hacer un foro anual y debatirá por el resguardo y protección de los líderes ambientales, incluyendo a los pueblos indígenas. “Cabe la coincidencia de que un buen número de defensores ambientales pertenecen a los pueblos indígenas”, acota la experta chilena. Sanhueza y la jamaiquina Danielle Andrade son las dos representantes electas titulares ante la COP1. Hay otro grupo de cuatro representantes electos alternos: la citada Andrea Gómez (Colombia), Andrés Napoli (Argentina), Tomás Severino (México) y Karetta Crooks (Santa Lucía).

Un rol central cumplieron en la COP1 los representantes de pueblos originarios agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), una organización de convergencia internacional que actúa en representación de 511 pueblos indígenas presentes en los nueve países amazónicos: Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Colombia, Surinam y Guyana Francesa. Instaron a los países aún renuentes a firmar, adherir o ratificar el convenio a tomar cartas en el asunto, en aras de proteger a las y los defensores ambientales.

“Siempre se ha buscado acallar la voz de los dirigentes indígenas. No queremos que se busque aislar las voces de quienes viven esa realidad de proteger la naturaleza día a día. Queremos que haya presencia del Estado y que asegure la vida de las personas. Esta primera COP es un gran impulso para que los países entiendan y escuchen en los diferentes escenarios, que los sectores sociales se pronuncien para la salvación de los pueblos indígenas y del mundo en general. Por eso es necesario que se ratifique el Acuerdo de Escazú”, dijo a la prensa Óscar Daza, coordinador de derechos humanos y paz de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), organismo base de la COICA.

Otros acuerdos y algunos traspiés

Según Andrea Sanhueza, otro punto relevante fue la aprobación de un Fondo Voluntario para financiar cada una de las COP. También, dentro del acuerdo de hacer una COP cada dos años, se hará una cumbre extraordinaria: la organizará Argentina, el 20 y 21 de abril de 2023.

El segundo día de la conferencia fue el más complejo de sobrellevar, principalmente por la postura del Estado de Bolivia, que intentó desconocer los acuerdos suscritos con antelación por los Estados Parte.

“Fue muy problemático. Las autoridades bolivianas fueron muy tozudas, querían eliminar la participación del público y proponer algo demasiado informal. Querían trabar las negociaciones sobre las reglas de procedimiento del Comité y de los reglamentos de Escazú. Se escudaron en una propuesta supuestamente consensuada con la sociedad boliviana, pero que paradojalmente fue presentada el 21 de abril”, cuenta Andrea Sanhueza a este medio. Se llegó a decir, incluso, que fueran los gobiernos quienes eligieran a los representantes indígenas en las COP sucesivas. Al final flexibilizaron su posición y el reglamento se aprobó.

La intervención del Estado de Chile, en su calidad de Estado observante, tampoco generó buenas sensaciones, según Sanhueza. “El representante del Estado de Chile hizo un comentario como que era más importante resaltar el objetivo de apoyar a los países a través de directrices que recibir comunicaciones de las personas. Era una manera de debilitar este aspecto. Esto hizo bastante ruido”, detalla la experta. Fue una línea opuesta a la que mostró en su discurso el Presidente Boric, y sus ministras Antonia Urrejola y Maisa Rojas (de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, respectivamente).

Sin embargo, los avances fueron sustantivos y dejan en buen pie a Chile para que discuta rápidamente en el Congreso la adhesión a Escazú suscrita por el Presidente Boric el pasado 18 de marzo. Esa, al menos, es la aspiración de Andrea Sanhueza.

Esta semana el proyecto de adhesión debe ser discutido por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para luego pasar a la Comisión de Medio Ambiente de esta misma cámara. Tras ello, el turno le correspondería al Senado. Una vez ratificada la adhesión, la Oficina de Asuntos Internacionales de la ONU tiene 90 días para formalizar que Chile es Estado Parte del Acuerdo de Escazú. Si todo sigue su proceso normal, Chile estaría en condiciones de participar como Estado Parte en la COP extraordinaria de Argentina de 2023.

“Sería fantástico y es urgente que el Congreso apruebe a la brevedad posible la adhesión a Escazú. Hemos tenido audiencia con diputados y diputadas para conocer su parecer. La verdad es que saben bien poco, no tenemos muy clara su opinión. Caen mucho en el mito de que Escazú afecta a la soberanía, ese argumento caló bien  hondo. Entonces nos ocupamos de desmitificar lo que se ha dicho de Escazú”, cierra Andrea Sanhueza.