A mediados de diciembre de 2018, el grupo Angelini ingresó por tercera vez al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto para sanear el terreno de Las Salinas, en Viña del Mar, un proceso que intentan llevar adelante desde el año 2002 para habilitar un paño de 16 hectáreas -que por más de 80 años albergó más de 30 estanques de combustible de Copec, Shell y Esso- para darle un uso residencial y equipamiento. El saneamiento es la última etapa de remediación del terreno, para poder levantar un desarrollo inmobiliario avaluado en US$800 millones sin que represente un riesgo potencial para la salud de las personas por la contaminación de suelos.

La iniciativa nuevamente alertó a algunos sectores sobre el uso y el peligro que pueden representar suelos que están o se sospechan contaminados, especialmente porque en mayo de 2018 la autoridad ambiental le puso término anticipado a la segunda presentación de la firma ante el SEIA, por falta de información relacionada con el transporte de tierra calificada como peligrosa.

Aunque esta vez Inmobiliaria Las Salinas -filial de Empresas Copec- propone ejecutar una biorremediación de suelos y aguas subterráneas, desde ya organismos como el Gobierno Regional han emitido reparos, y apuntan principalmente a una falta de claridad respecto del tratamiento de los líquidos lixiviados resultantes del proceso para descontaminar el suelo. También se critica la pocacerteza respecto de su disposición final, ya que se trata de hidrocarburos y compuestos volátiles altamente tóxicos para la salud de las personas.

El proceso ambiental de Las Salinas, que suma ya más de 16 años de tramitación, vuelve a poner en el foco el escaso conocimiento que existe en el país respecto de la cantidad y el impacto de los suelos contaminados en Chile, un problema que pese a emerger constantemente en medio de crisis socio-ambientales aún no cuenta con una legislación clara al respecto.

Falta una legislación específica

¿Cómo se regulan los suelos en Chile? Según indican en el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), desde 2009 existe una “Política nacional para la gestión de sitios con presencia de contaminantes” que orienta la gestión para reducir los riesgos, y en 2013 el MMA aprobó una guía metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes. Esta última genera un procedimiento para estudiar los suelos frente a actividades con potencial de contaminación, y propone elaborar planes de acción correctivos cuando existen riesgos.

A esto se suma, destaca el MMA, que el Reglamento del SEIA establece en su artículo 11 las normas de referencia que se utilizaran para efectos de evaluar si los proyectos generan riesgo y efectos adversos en el medio ambiente, cuando no hay normativa nacional.

Sin embargo, para Miriam Llona, geógrafa especializada en el área de suelos y directora de la ONG Suelo Sustentable, tiene otra visión al respecto. El problema de fondo, afirma, es que actualmente no existe una ley marco de suelos en el país. “Chile es uno de los pocos países OCDE que no tiene legislación, y es algo que profesionales del área y la misma Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo vienen pidiendo hace al menos tres décadas”, enfatiza.

En 2015, por iniciativa del entonces senador Antonio Horvath, Suelo Sustentable realizó una serie de talleres con expertos y con la ciudadanía para sentar las bases de una Ley General de Suelos que sirviera de marco para coordinar o crear normativas específicas. El fallecimiento de Horvath no permitió concluir ese trabajo, pero se alcanzó a realizar un documento de diagnóstico en que sistematizaron las exposiciones de los expertos.

Desde entonces no ha habido avance ni interés de los distintos gobiernos, critica la ong, pese a que en 2018 se reunió nuevamente un grupo de expertos en suelo para intentar impulsar una normativa.

Para Llona, el problema es que sin normativa es difícil calificar a un terreno como contaminado si no hay un parámetro máximo o mínimo de metales, y otros elementos a los cuales recurrir. “Se puede usar de referencia legislación internacional, pero el suelo chileno es abundante en minerales de forma natural. No podemos solo copiar, debiéramos tener legislación acorde a nuestra realidad”, afirma.

Contaminación de suelos en Chile

Al igual que ocurre con los incendios, casi siempre la contaminación de suelo es por acción humana, y las principales causantes son la actividad industrial y la agricultura. La contaminación por hidrocarburos, por ejemplo, se produce por filtraciones o derrames accidentales durante la exploración, producción, refinamiento, transporte y almacenamiento del petróleo y derivados.

Según Walter Luzio, master en ciencias del suelo, las principales amenazas para el suelo en Chile son la erosión, la salinización, las actividades agrícolas, la contaminación (industrial) y la urbanización. También representan amenazas al suelo la pérdida de materia orgánica, la compactación, la reducción de biodiversidad, así como las inundaciones, la remoción de masa y la reconversión (cambios en el uso del suelo).

El Cuarto Reporte del Estado del Medio Ambiente del (MMA) concluye en su capítulo de suelos que los principales problemas derivados del uso inadecuado del suelo han generado continuos procesos de empobrecimiento y agotamiento, pérdidas por erosión e incremento de los procesos de desertificación. Hoy un 21,7% del territorio continental tiene algún grado de desertificación leve, moderada o grave, lo que suma 16.379.342 há y una población bajo riesgo de desertificación de 6.816.661 habitantes; es decir, un 37,9% de la población, distribuida en 156 de las comunas del país.

Respecto de sitios potencialmente contaminados, el reporte indica que en el norte grande y chico producto de la actividad minera, se encuentra un 17,62% y 6,27% de sitios, respectivamente. En la zona central se encuentra el 8,3% de los sitios identificados, principalmente producto de la disposición de residuos, mientras que la zona sur el 16,39% de sitios están ligados al sector silvoagropecuario. En términos generales, a nivel nacional, un 30,6% de los sitios potencialmente contaminados tienen su origen en la minería, un 24,3 en la disposición de residuos, 21,4 producto del sector silvoagropecuario, 15,4 por otras causas y 8,4% producto de la industria manufacturera.

Problema global

Hoy son pocos los países que cuentan con legislación extensiva y específica sobre contaminación en suelo. Entre ellos destacan Estados Unidos, Canadá y Australia, que cuentan con los marcos legales de mayor antigüedad. Y solo a partir de 1990 es que empiezan a legislar los países europeos.

El fenómeno gatillante, en la mayoría de los casos, fueron desastres asociados a derrames y explosiones químicas que causaron impacto mediático y ciudadano.

Hoy,a nivel global, se identifican más de 300 mil suelos contaminados estimados por la EEA en la UE, dos mil en Canadá y mil reconocidos en EE.UU. Y según datos recientes de la FAO, el 33% de los suelos del mundo está contaminado. El organismo, encargado de coordinar las acciones globales sobre la contaminación de suelo, sostiene que más allá del impacto ambiental, la contaminación y degradación de este tiene también un elevado costo económico debido a la reducción de los rendimientos y la calidad de los cultivos.

De acuerdo con sus estimaciones, se necesitan mil años para formar un centímetro de capa arable superficial, lo que significa que no podremos producir más suelo en el transcurso de nuestras vidas. Por ello la FAO convocó a la Alianza Mundial por el Suelo, la OMS, la ONU Medio Ambiente y diversos expertos internacionales a un simposio mundial en mayo de 2018 para aplicar las denominadas Directrices Voluntarias para la Gestión Sostenible del Suelo, con la meta de aunar evidencia científica para apoyar decisiones y acciones para prevenir y reducir la contaminación del suelo, y la remediación de sitios contaminados.

Avances hacia una normativa nacional

En Chile, la firma Ingeniería Alemana realizó en 2011 un estudio denominado preparación de antecedentes para la elaboración de una norma de calidad primaria de suelos para el MMA. Allí se sistematizaron las normas sobre suelos del país, identificando principalmente seis: la Ley 20.551 de 2011 sobre cierre de faenas mineras; la Ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente (Art. 39); la Ley 20.412 sobre incentivos agrícolas a suelos degradados; el DFL 235, también para recuperación de suelos; el Decreto 248 que es reglamento para la construcción, operación y cierre de depósitos de relaves; y la Ley 3.557 sobre protección agrícola.

Poco, si se considera que el mismo estudio identificó que en México, por ejemplo, había al menos 18 normas para contaminantes específicos, tanto metales como hidrocarburos y diversos residuos sólidos, y en España había otras 15. Por ello, proponía reglamentar una serie de contaminantes como arsénico, cadmio, cromo, cobre y mercurio, entre otros metales pesados; hidrocarburos y solventes, además de compuestos orgánicos persistentes (COPs), fenoles clorados, órgano clorados y pesticidas.

Hasta ahora, sin embargo, no solo no hay un trabajo de elaboración de ley de suelos, sino que tampoco existe una metodología estandarizada para el análisis de suelo de país. Y el problema es que una metodología estandarizada es muy relevante para el levantamiento de información respecto de la caracterización de los suelos y su línea base.

Al respecto, en el MMA afirman que tanto la Ley REP como la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (actualmente en trámite) establecen disposiciones para disminuir la contaminación de suelos y para abordar su protección y recuperación. Adicionalmente, agregan en el MMA, se trabajará con el Ministerio de Agricultura en un Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisaje, cuyas acciones tendrán en consideración la protección del suelo como parte de esos paisajes de restauración.

Sin embargo, aún no hay avances concretos respecto de una normativa específica que regule esta materia.De acuerdo con el documento de Suelo Sustentable, una futura ley debe considerar al suelo como un recurso no renovable, más aún en el marco de las nuevas presiones a las que estarán sujetos en el futuro y poseer principios, como el uso y conservación del suelo. Además, debería identificar y seleccionar indicadores de calidad, físico químicos y biológicos establecer niveles críticos en base al conocimiento local, cuenca hidrográfica y regional y definir un plan de monitoreo para la toma de decisiones.

Reglamentar contaminantes y parámetros

“La futura ley o norma que dicte las bases para la protección del recurso suelo de Chile debe focalizarse en la protección, recuperación, remediación, uso y producción del suelo. El alcance de dicha norma debe considerar no solo los potenciales riesgos para la salud humana, sino también abordar la protección de las propiedades del recurso suelo”, indica Miriam Llona.

La evaluación y priorización de los contaminantes considerados a reglamentar y sus parámetros deberá abordar, entre otros aspectos, los niveles de toxicidad relevantes, la persistencia de los contaminantes, si están reglamentados en alguna de las normativas de referencia de calidad de suelos, la coherencia con otras normas de calidad primaria o emisión -sobre todo cuando estas regulen la calidad de otros componentes ambientales que se relacionen con el suelo-, la factibilidad de medir con métodos analíticos complementados en el país y que estos métodos en un corto plazo puedan estandarizarse, y la relevancia en función de las fuentes de contaminación identificadas.

“También se debería contemplar algún mecanismo de incentivo a la conservación del recurso suelo y fomentar los recursos destinados a investigación y el levantamiento de información, o el desarrollo de nuevas tecnologías”, agrega la profesional.

Con el horizonte de impulsar este cambio, la ong Suelo Sustentable ha sostenido una serie de reuniones con miembros del Poder Legislativo, donde destacan el apoyo de la senadora de Evópoli por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado.

También se reunieron con los ministerios de Minería, de Vivienda, de Agricultura y de Medio Ambiente. El preimero, afirman en la ong, fue el que se mostró más interesado en avanzar hacia un proyecto que permita hacerse cargo del pasivo ambiental de suelos donde estuvieron relaves.

En ese ámbito, Cecilia Vidal, sub directora del programa Tranques de Fundación Chile indica que en 2018 los depósitos de relaves pasaron a ocupar un lugar protagónico en la agenda nacional. En septiembre del año pasado, el Ministerio de Minería dio a conocer los lineamientos de la nueva Política Nacional de Relaves, que busca hacerse cargo de una “deuda histórica”, como lo señaló el ministro de la cartera, Baldo Prokurica. Lo anterior, a través de una gestión de los depósitos sustentables que contribuya a una mejor relación con su entorno.

“Para los depósitos abandonados e inactivos, la Estrategia Nacional de Relaves integrará el uso de instrumentos de gestión, como el uso de tecnologías para reutilizarlos y convertirlos en materiales de construcción, el aprovechamiento de otros minerales de valor comercial o la remediación voluntaria como medida de compensación en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental”, explica la profesional.

En tanto, para los tranques activos el considera como principal instrumento de gestión la implementación del programa Tranquea nivel nacional, de forma gradual y estandarizado, dependiendo de la categoría de la empresa minera.

El Programa trabaja en desarrollar un sistema estandarizado de monitoreo y alerta temprana para depósitos de relaves que, a través de una plataforma de gestión de información, proporcione a los actores involucrados (compañías mineras, autoridades y comunidades) información de calidad, confiable y oportuna respecto al desempeño de los depósitos de relaves en ámbitos de estabilidad física y las aguas circundantes.

Por ahora, una de las iniciativas de mayor avance es un estudio de riesgo ambiental en suelos de la Región de Antofagasta, iniciado en junio de 2018 por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y coordinada técnicamente por la seremi del Medio Ambiente.

La iniciativa tiene como propósito evaluar el riesgo ambiental de los suelos con potencial presencia de contaminantes y diagnosticar preliminarmente fuentes activas, “de tal manera de establecer acciones para prevenir, mitigar, controlar o corregir la exposición y los efectos o impactos negativos en la salud de la población y en los ecosistemas”, precisó la entonces seremi de Medio Ambiente, Visnja Music.

Por su parte, Alfonso Álvarez director de operaciones y tecnología de Emgrisa (empresa pública española), explicó que “se trata de un proyecto muy ambicioso (…) que permitirá tener un mayor conocimiento acerca de la calidad de los suelos en toda la región, principalmente en aquellas comunas con mayor actividad industrial y minera”.

A la fecha se han identificado los sitios activos para establecer los primeros modelos conceptuales, con cerca de 300 muestras de suelo de toda la región, para determinar cuáles son los niveles basales (naturales) de determinados compuestos en los suelos. Así, el estudio permitirá evaluar el riesgo a la salud de las personas de los sitios abandonados con presencia de contaminantes y valorar el riesgo ecológico que puede significar en humedales y en sitos emplazados en la zona costera.

Según los plazos de ejecución del estudio, el informe final con la propuesta del plan de acción deberá ser presentado ante la seremi del Medio Ambiente en junio de este año.