La invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto de Infraestructura Complementaria, INCO, de la Empresa Minera Los Pelambres, es el objetivo de la reclamación presentada por vecinos de Caimanes ante el Primer Tribunal Ambiental, cuyos alegatos fueron escuchados, ayer, por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Juan Opazo.

Las controversias de la reclamación tienen relación con el interés legítimo de la comunidad afectada para interponerla; la norma de clausura aplicada por el SEA y en lo que respecta al proceso de participación ciudadana, PAC, que se lleva adelante en un proceso de evaluación ambiental.

La discusión se centró principalmente en los aspectos que tienen que ver con este último punto, ya que Héctor Marambio, abogado de los vecinos de Caimanes, en representación de Álvaro Castro y otras 43 personas, aseguró que sus representados fueron excluidos del proceso de participación ciudadana exigido en el procedimiento de evaluación ambiental. “Este debate es concreto porque el hecho fundante del recurso dice relación con la omisión de haber realizado actividades de participación ciudadana en Caimanes, no obstante que el proyecto afecta directa o indirectamente a los residentes de Caimanes”, aseguró Héctor Marambio.

Marambio fue enfático al señalar que, en el marco de la participación ciudadana llevada a cabo por la empresa, se efectuaron diversas actividades, sin embargo, ninguna de ellas en Caimanes y ningún poblador de Caimanes participó en alguna de las iniciativas que realizó la empresa en Salamanca, Illapel y Los Vilos.

“No es efectivo que Minera Los Pelambres haya sostenido un diálogo abierto y transparente con los habitantes de Caimanes”, reiteró Marambio.

Los argumentos del abogado reclamante fueron avalados por el jurista Esteban Vilchez en representación del Comité de Defensa de Caimanes, quien se sumó a la causa como tercero coadyuvante (aquel que tiene un interés propio en un conflicto ajeno), y en su alegato fundamentó la afectación directa de los habitantes de Caimanes y detalló los riesgos que tienen y tendrían las personas de Caimanes con el proyecto.

“con el funcionamiento actual, hoy la gente de Caimanes está siendo tremendamente afectada y si se materializa permitir al tranque funcionar a su máxima capacidad, se va a producir la máxima contaminación”, expresó.

Demandados

Por la parte demandada, el abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, Carlos Espinoza, sostuvo que el SEA efectuó todas las acciones que exige la participación ciudadana. “Tuvieron la posibilidad de intervenir, participar y reclamar en los procesos PAC (participación ciudadana)”, aseguró Espinoza y detalló cada una de las acciones llevadas a cabo por el Servicio y la empresa como las denominadas “casas abiertas” en Salamanca, Illapel y Los Vilos; y también un puerta a puerta llevada a cabo en la zona de influencia del proyecto, específicamente en el sector por donde se emplaza el ducto de agua desalinizada.

Además, enfatizó en que a las actividades fueron invitadas diversas organizaciones sociales y habitantes de la localidad.

Asimismo, el abogado de la empresa, Javier Vergara, que actúa como tercero coadyuvante del reclamado, explicó las obras que contempla el proyecto y recalcó que en ningún caso este tiene que ver con la ampliación del tranque. Aseguró, también, que el proceso de participación ciudadana fue “impecable”, ya que “la evaluación ambiental fue rigurosa, definió claramente los impactos y definió un proceso de participación que se cumplió a cabalidad”.

Vergara aseguró que este proceso se ajustó a la ley en todas sus partes y detalló cada una de las actividades organizadas por la empresa. “No se excluyó a nadie, no hacer una casa abierta en Caimanes no significa que no tengan derecho a participar… tienen todo el derecho a participar, pero no lo hicieron… el proceso de participación se ajustó a la ley en todas sus partes”, dijo y enfatizó en que el proyecto INCO no afecta a Caimanes.

Otra de las aristas escuchadas por los ministros, tiene relación con aspectos de forma, ya que, los abogados de las partes reclamadas, tanto el SEA como la empresa, aseguraron que no es procedente la reclamación por haberse presentado fuera del plazo de los 30 días que establece la ley.

Proyecto

El 31 de marzo de 2017 Minera Los Pelambres ingresó un Estudio de Impacto Ambiental para su proyecto minero “Infraestructura Complementaria”.

Las partes, obras y acciones que componen este proyecto minero sometido a Evaluación Ambiental se encuentra ubicado en las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, provincia del Choapa, Región de Coquimbo.

El proyecto se compone de una serie de obras y partes que configuran 2 sistemas que apuntan a recuperar y mantener los niveles de tratamiento y producción de Minera Los Pelambres. Por un lado, infraestructura complementaria para alcanzar una tasa de procesamiento de mineral máxima ambientalmente aprobada y por otro, instalaciones para asegurar el abastecimiento de agua industrial con la nueva configuración de la planta, aun cuando se presenten condiciones de escasez hídrica y de modo de no sobrepasar el consumo de agua fresca ambientalmente aprobado.

El objetivo del proyecto es recuperar y mantener una capacidad de procesamiento que ha sido ambientalmente aprobado a minera los Pelambres. Esta capacidad se ha visto mermada por aumento de dureza del mineral y puesta seriamente en riesgo por restricciones hídricas producto de un aumento en la frecuencia de años hidrológicamente secos.