Escribo esta columna hoy, 25 de octubre, al terminar el día. Luego de meses de espera, producto de una pandemia, el país ha podido tener el plebiscito originalmente previsto para abril y dar inicio democráticamente a un procedimiento para dotarnos de una nueva Constitución. Miles de personas celebran en las calles. Anhelos y esperanzas convocan a muchos. Miedos y frustración, inhiben a otros. Cerramos una etapa de nuestra historia republicana que ha tenido muchas luces y también sombras. Iniciamos un nuevo camino. Requerimos un traje distinto para los desafíos que Chile enfrenta y con modestia, buena fe y disposición al diálogo, debemos abrirnos al nuevo Chile que despunta. Lo que tenemos por delante no es menor: ponernos de acuerdo para construir la casa de todos y para ello es importante pensar en aquellos mínimos comunes que nos permitan vivir en paz y tener un mejor país para nuestro hijos y nietos. Es un camino que debemos recorrer juntos, contribuyendo de manera honesta para llevarlo adelante.

Uno de esos desafíos es avanzar hacia un país más sustentable. No tendremos una recuperación económica sostenible ni tampoco una Constitución que nos acompañe por las próximas décadas, si no se incorpora la sustentabilidad en el centro. Un texto que permita un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en tres ejes: más y mejor protección del medio ambiente; desarrollo económico integral; y, equidad social, con medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Un principio que permita un pacto intergeneracional que logre satisfacer las necesidades presentes, equilibrando permanentemente las tres dimensiones señaladas, habilitando a la política contingente para ordenar nuestras decisiones futuras bajo esta mirada. Su incorporación como principio puede ser reconocido, eventualmente, en un futuro preámbulo o en las bases de la institucionalidad de una nueva Constitución, para, de esa manera, irradiar nuestras políticas públicas.

Por otra parte, en el plano de los derechos, también debemos innovar. Actualmente, la Constitución reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Si bien es una disposición que ha permitido avanzar institucionalmente, creando instituciones y normas para avanzar en más y mejor protección del medio ambiente, hoy requiere ser actualizada. No ha sido un cerrojo o una trampa para mejorar nuestro desempeño ambiental. Chile ha mejorado gradual y progresivamente su regulación, la que se ha sofisticado en el tiempo, pero ello no es suficiente. El medio ambiente o el entorno en el que viven las personas ya no basta que sea libre de contaminación, debe ser adecuado y digno para que la vida de las personas pueda desarrollarse en plenitud, debiendo la política disponer de las mejores herramientas para cumplir con ese mandato, equilibrando, en cada decisión o regulación, los elementos centrales de la sustentabilidad. No es posible seguir admitiendo más zonas de sacrificio.

En cuanto a los deberes del Estado en materia ambiental, este también debe asegurar un marco participativo en las decisiones ambientales. No se trata de reemplazar la democracia representativa, sino de promover mecanismos más expeditos y abiertos para que más personas puedan aportar con sus ideas, dolores y anhelos en más instrumentos de gestión ambiental, permitiendo el escrutinio y la incidencia de los ciudadanos en la toma de las decisiones que se adopten. Para ello, será esencial acceder de manera oportuna a la información ambiental, siendo la participación una nueva forma de mirar y sentir al Chile que renace.

El desafío es grande. Y muchos problemas ambientales seguirán pendientes. Pero si incorporamos la sustentabilidad, la dignidad en el ejercicio de los derechos, especialmente en materia ambiental, y si la participación se incorpora en el diseño e implementación de políticas públicas con más intensidad, ello nos permitirá progresivamente crear nuevas instituciones que garanticen la reflexión y den razón de sus decisiones, permitiendo que los desacuerdos de una sociedad plural sean resueltos democráticamente. Para ello, debemos enfocarnos de manera eficiente y eficaz en resolver los problemas ambientales que hoy y a futuro enfrentaremos en base a un escenario de mayor escasez de los recursos naturales, poniendo por delante el fortalecimiento de instituciones inclusivas que garanticen y permitan un disfrute efectivo de los derechos, más que en salar deudas acumuladas del pasado.