Es pan de cada día verificar, a través de las redes sociales, casos de conductores  ingresando a las playas de Chile con sus camionetas, furgones, 4×4 y, en fin, todo tipo de vehículos motorizados. Lo que queda en el aire, sin embargo, es la incapacidad del sistema normativo chileno para sancionar estas conductas que, sin conmiseración, socavan gravemente el patrimonio natural, los suelos y la flora y fauna del borde costero marino.

Lo que empeora el contexto actual es que efectivamente hay una normativa que prohíbe el ingreso de vehículos motorizados a todas las playas del borde costero nacional: se trata de la Orden Ministerial del Ministerio de Defensa, de 1998, que busca resguardar la biodiversidad de este tipo de suelos costeros. No obstante, y a la luz de las numerosas denuncias viralizadas por Internet, esta norma no estaría cumpliendo su cometido.

“Actualmente esa normativa es letra muerta”, asegura de forma tajante a País Circular Diego Luna Quevedo, especialista en Política y Gobernanza de Manomet Inc., una ong internacional cuyo foco apunta a laconservación de los sitios importantes para las aves costeras, relevando las amenazas a las que se exponen, entre ellas, el tránsito de vehículos por las playas. En ese papel Manomet Inc. es una de las organizaciones -junto a la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) y Fundación Bandada- que está impulsando un proyecto de ley que busca tener una legislación más robusta para velar por la protección de la biodiversidad de la flora y fauna presente en la costa.

En ese sentido, las tres organizaciones expusieron ante el Congreso Nacional acerca de la necesidad de contar con un marco normativo más macizo sobre este particular. El 13 de enero pasado hubo luz verde: el proyecto de ley que busca prohibir el ingreso de vehículos motorizados a playas y dunas (boletín 15666-12) ingresó a la Cámara de Diputados, y el pasado 22 de marzo, la Comisión de Medio Ambiente de esa cámara -encabezada por el diputado Daniel Melo- inició el estudio de la propuesta de ley con la apertura de audiencias para conocer la opinión de diversos actores, desde DIRECTEMAR hasta el Ministerio del Medio Ambiente.

“Estamos en la primera etapa de audiencias públicas, escuchando a diferentes actores. Efectivamente existe una normativa que regula el tema, pero en la práctica falta fiscalización, elevar las sanciones y disponer de todos los servicios públicos correspondientes para la fiscalización, de manera que la futura ley se pueda cumplir”, argumenta a País Circular el diputado y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Daniel Melo.

La débil Orden Ministerial

Según señala el texto de la Orden Ministerial del Ministerio de Defensa, este cuerpo normativo se origina porque “la sensibilidad geomorfológica de estos tipos de suelos no permite una adecuada y pronta recuperación de sus capas vegetales, flora y fauna, la que se ha visto afectada por el ingreso y tránsito de vehículos en estos espacios, provocando daños al medio ambiente del litoral, sus playas, terrenos de playa”, lo cual “impone la necesidad de resguardar estos bienes y arbitrar todas las medidas coercitivas conducentes a que su utilización no se traduzca en un daño de un bien público”.

Este texto, justamente, se ocupa como uno de los antecedentes del proyecto de ley que ya está en la Comisión de Medio Ambiente para su trámite legislativo. En lo sustancial, el proyecto, a diferencia de la orden ministerial, incorpora dentro del objeto de protección a las dunas, y faculta a los juzgados de policía local a recibir las denuncias de los fiscalizadores sobre las infracciones, las que serán sancionadas desde 4 UTM. Asimismo, el cuerpo legal comprende al borde costero tanto al marino, fluvial y lacustre. Por cierto, todos estos artículos iniciales están sujetos a cambios que surgirán, seguramente, en el mismo debate legislativo.

“La idea es elevar el rango normativo a través de una ley. El tráfico indiscriminado de vehículos es un severo problema nacional que requiere una respuesta desde el Congreso Nacional. Produce la compactación de los suelos, erosión, hay una pérdida de la provisión de los servicios ecosistémicos. Hay que actuar frente a la gravedad del problema”, esgrime Diego Luna Quevedo, cuya organización que representa es administradora de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP), cuyo objetivo es proteger a las especies de aves playeras y sus hábitats en América.

Una de las artistas que más alerta a Luna Quevedo es el daño irreparable que las ruedas de los vehículos que ingresan a playas están cometiendo contra algunas aves, cuyas áreas de nidificación se encuentran en estas áreas. “Hemos visto a pichones de algunas especies de aves cómo mueren aplastados por los vehículos, y se destruyen huevos y nidos”, dice el investigador. Se refiere específicamente al pilpilén común (Haematopus palliatus) y al chorlo nevado (Charadrius nivosus).

Sin embargo, y aunque obviamente Manomet Inc. se define como conservacionista, el mayor peligro lo corren las personas que usan las playas. “Si bien vemos el problema desde la perspectiva de la conservación, no es menos cierto que está en riesgo la seguridad de las personas”, afirma Luna Quevedo. En el fondo, asegura el experto, “hoy las playas chilenas son tierra de nadie, los autos transitan libremente por ellas de Arica a Punta Arenas y la situación está fuera de control, vulnerando todos los límites aceptables desde la convivencia social, y desde el punto de vista legal y ético”.

Al diputado y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de dicha cámara, Daniel Melo, las palabras de Luna Quevedo le parecen pertinentes, y por esta razón mantendrá la discusión del proyecto en tabla durante todo el mes de abril, recogiendo todas las observaciones, para luego ponerlo en votación en general y seguir cumpliendo etapas.

“Es una materia que tiene un respaldo bien transversal de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión, y yo como presidente lo puse en tabla. Es importante seguir el trámite a través de las audiencias para que el proyecto siga su curso”, comenta el diputado Melo, para quien esta iniciativa podría desencadenar un cambio cultural conforme se establezcan las multas respectivas y la fiscalización cuente con más recursos.

Multas progresivas y ampliar la fiscalización de vehículos

Para Diego Luna Quevedo, de Manomet Inc., la clave del éxito de la potencial ley descansa en varios puntos. Por ello, buscará impulsar algunas indicaciones a través de algún/a parlamentario/a a fin de lograr los cambios que a él le parecen relevante para que esta ley tenga efecto real.

En primer lugar, dice Luna, quienes infrinjan la ley deberían exponerse a una sanción más elevada: “Debería ser una falta gravísima, y la multa debería aumentar de manera secuencial y acumulativa, junto con un registro en la hoja de vida del conductor, otras sanciones en caso de reincidencias, el retiro de licencias de conducir, y hasta del vehículo”.

El otro apunte importante, según el experto, es perfeccionar significativamente la fiscalización. Actualmente la fiscalización del cumplimiento de la orden ministerial recae en DIRECTEMAR, de la Armada de Chile, cuyos recursos humanos y técnicos son insuficientes para supervisar eficientemente el cuerpo normativo vigente. De manera que, según Luna Quevedo, una parte fundamental en el debate de la ley debería pasar por “ampliar las competencias y la capacidad de control de diferentes entidades. Que no sea solo la Armada la encargada de fiscalizar, sino también Carabineros y los municipios”. Esto podría ser factible, agrega Luna, por la mayor inyección de recursos a través de las partidas presupuestarias que permitiría la futura ley.

A renglón seguido, arguye el representante de Manomet Inc., establecer mecanismos eficaces de de denuncias es perentorio para la aplicación de la ley: “Ojalá poder contar con un teléfono único nacional para poder denunciar, tener cámaras de vigilancia, etcétera”. Por último, añade Luna, es importante “definir criterios específicos” para conceder permisos excepcionales para uso de vehículos motorizados. “Es relevante definir en qué casos, se pueden usar, determinar alguna velocidad máxima, en qué sitios específicos”. Lo dice porque el proyecto establece, en su artículo 1, algunas excepciones como “la circulación de vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, vigilancia, mantención o aseo, y aquellas actividades debidamente autorizadas”, dice el texto.

“Nosotros estamos por no permitir ese tipo de actividades de turismo en esos buggies o 4×4 en las dunas. Esto requiere un cambio cultural. Ese tipo de activvidades ha causado gravísimas destrucciones del patrimonio en Putú, Concón y Ritoque. Por supuesto que actividades de subsistencia o emergencia deben existir”, complementa Luna.

Otro de los ángulos de debate surgió a partir de un informe que emitió la Corte Suprema, solicitado desde la Cámara de Diputados, para que ésta se pronunciara sobre las nuevas facultades que adquirirían los juzgados de policía local si se aprueba la ley. En el documento, el máximo tribunal sugirió que sería más prudente incluir los contenidos de esta normativa en la Ley de Tránsito, y no como una ley autónoma.

Para el diputado Daniel Melo, ésta es una “visión” de la Corte Suprema, y como tal se estudiará en el mismo debate legislativo acerca de su pertinencia: “Vamos a analizar dentro de la Comisión si es más atingente, en términos de cumplir el objeto de la ley, verlo desde el punto de vista de la vigente Ley de Tránsito o en una ley autónoma. Eso es parte del trabajo legislativo”, aduce.

En tanto, Diego Luna Quevedo dice que Manomet Inc. está abierto a ambas posibilidades con tal de que el campo normativo se amplíe, y se logren sancionar con penas severas este tipo de actitudes. “Sea a través de ampliar el ámbito de acción de la Ley de Tránsito o una ley específica, esperamos que el efecto que tenga sea el mismo”, esgrime.

MMA: “El proyecto nos hace sentido”

Desde la visión del Ministerio del Medio Ambiente, mientras, la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, Daniela Manuschevich, valora la discusión del proyecto de ley, por cuanto “apunta a una línea de trabajo que nosotros ya estamos desarrollando en el ministerio, en términos de lo que se conoce más: el daño a los polluelos y huevos de aves. Hay que entender que las aves forman parte de un sistema planetario, que son parte de las rutas migratorias”, comenta a País Circular.

Según Manuschevich, invitada también a exponer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, “el proyecto nos hace sentido porque viene a fortalecer el rango normativo y viene a disminuir las amenazas para las aves”. Dice ella que en el MMA existen los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE), a través del cual se intenta preservar la diversidad endémica costera. Por ejemplo, señala a la hierba de El Tabo, una especie de flora que solo se encuentra en ese sector del litoral central, que está en peligro de extinción, fruto de, entre otros factores, el tránsito de vehículos motorizados por la zona.

“Cuando pasamos con los vehículos destruimos el hábitat de algunas especies y modificamos la geomorfología de las dunas”, aduce Manuschevich. Para ella, por último, es muy importante que las excepciones establecidas en la ley queden muy bien definidas para evitar futuros conflictos. “Muchas normativas vigentes no dan cuenta de la crisis de la biodiversidad que vivimos en Chile”, cierra.