Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado: “Daré prioridad a las mociones parlamentarias porque nacen de las regiones”
La senadora de la Región de Antofagasta, elegida como nueva presidenta de la instancia, detalla a País Circular los principales lineamientos que espera desarrollar en su primer periodo. Intentará imprimir su sello a partir de la priorización de las mociones surgidas de los parlamentarios que lleven el sentir de las regiones, más que los proyectos de ley que provengan desde el Ejecutivo. Además, celebra la aprobación del Acuerdo de Escazú; promete terminar la tramitación del SBAP y modernizar la Superintendencia de Medio Ambiente; y espera del Gobierno una agenda legislativa ambiental más clara para trabajar en conjunto.
Este domingo, 5 de junio, la senadora de la Región de Antofagasta Paulina Núñez cumplirá dos meses como nueva presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y sucesora de la senadora Ximena Órdenes. La parlamentaria de Renovación Nacional tiene un gran desafío por delante, tanto en sacar los proyectos de ley importantes en materia ambiental que llevan años durmiendo en la Cámara Alta, como también en aquellas iniciativas de ley nuevas que puedan provenir de los legisladores que componen la Comisión y del Ejecutivo.
En ese sentido, uno de los enfoques centrales durante la presidencia de la senadora Núñez será darle preferencia a todas aquellas mociones de parlamentarios que puedan representar la sensibilidad y la mirada de las regiones. En concordancia con ello, durante los casi 60 días desde que asumió la presidencia, dos de los proyectos más debatidos al interior de la instancia son la iniciativa que regula las rompientes de olas y la modificación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente para restringir actividades en zonas declaradas latentes o saturadas.
En segundo término, la senadora Núñez deberá acelerar el trámite de proyectos del Ejecutivo como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la ley para proteger las turberas y otros. Si bien la Comisión trabajará los temas de forma autónoma, Núñez cuenta en esta entrevista con País Circular que espera del Gobierno una agenda legislativa más “aterrizada” para emprender un trabajo ambiental en conjunto.
¿Qué importancia reviste para usted asumir la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, en tanto representa a una región como la de Antofagasta que tiene muchos conflictos ambientales?
Es un tremendo desafío, pero también una oportunidad. Yo vengo de una región golpeada por los conflictos ambientales, donde hay zonas latentes, mucha contaminación y las termoeléctricas no han dejado una huella muy favorable. Esperamos ir mejorando la legislación ambiental y comprender que hay cosas que se pueden prever, y no solo reparar o compensar. Esa mirada espero poder trabajarla de forma transversal.
¿Qué valoración hace de la presidencia de la senadora Ximena Órdenes y cuál es el sello que buscará usted imprimir como presidenta?
Yo partí dando el espacio a la senadora Órdenes para que pudiera rendir cuenta de su presidencia. Me di cuenta del trabajo que había desarrollado y también de la prioridad que entregaba el Gobierno a sus proyectos, como por ejemplo la ley de glaciares. Siento que no hubo tanto espacio para las mociones, y en esta oportunidad me gustaría que los proyectos que se discutan en la Comisión sean mociones de parlamentarios. Porque cuando nacen de ellos quiere decir que son necesidades de las regiones. Cuando nacen del Ejecutivo, en cambio, son modificaciones más generales. Por eso estamos discutiendo el proyecto de zonas latentes o saturadas (mío y de otros parlamentarios) y el proyecto de rompientes de olas (del senador José Miguel Durana). También pondré en tabla el proyecto del senador Juan Carlos Latorre sobre los proyectos que se aprobaron hace tiempo y que no pasaron por resolución de calificación ambiental, a propósito de lo que pasó en la bahía de Ventanas. Sin perjuicio de ello, también requerimos fortalecer la institucionalidad ambiental, sobre todo de la Superintendencia de Medio Ambiente. Es, a mi juicio, uno de los órganos más importantes de la institucionalidad ambiental, pero requiere una modernización. Si no hay una fiscalización adecuada, la institucionalidad no funciona bien.
¿Será usted quien -por fin- saque adelante el proyecto de ley que crea el SBAP?
Sin duda, espero que sea ley bajo mi presidencia, este año. Tengo un compromiso con ese proyecto. No puede pasar que con el cambio de las presidencias los proyectos se frenen. Tiene que haber una continuidad política legislativa para que aquellos proyectos que lleven tiempo de trabajo legislativo no se queden ahí.
“Ahora que se aprobó Escazú, esperamos que la ministra Rojas tenga una agenda legislativa que podamos empujar juntos. De lo contrario, en la Comisión no vamos a paralizar nuestro trabajo y vamos a empujar nuestras propias mociones que a mí me hacen mucho sentido y valoro profundamente”.
¿Hay alguna otra tarea pendiente de la Comisión de Medio Ambiente respecto de la ley de glaciares (que actualmente está en la Comisión de Hacienda)?
No, la Comisión de Medio Ambiente ya hizo su trabajo. Ahora la tiene la Comisión de Hacienda, luego va a la Sala y al pleno. Por parte nuestra lo que queda es apoyar el proyecto en el pleno. Es importante, dentro de este proyecto, que las actividades nunca tengan que actuar como contrapartida al medio ambiente. En eso juega un rol central la innovación, la tecnología, el emprendimiento. El otro día me reuní con pequeños mineros de Taltal, y no me gusta cuando se diaboliza una actividad que es importante no solo para el desarrollo económico, sino también para el social. Con recursos de la minería podemos sacar adelante agendas sociales, pero evidentemente es importante tener una normativa y fiscalización exigente.
Según su visión, ¿el proyecto minero Dominga encaja con su visión que de la actividad minera? Se lo pregunto porque usted viene del norte y sabe que es un proyecto polémico.
Lo que ocurrió ahí fue tratar de hacer todo en el límite. Cuando tienes normas en materia ambiental es porque voluntariamente no se toma una decisión distinta, y tienes que entrar con la exigencia, la multa, la paralización o se judicializan los proyectos. Ya no estamos en un momento donde se pueda decir: este proyecto genera tal cantidad de empleo y hay que sacarlo adelante como sea. No, hay que decir que este proyecto genera empleo pero tiene que ser respetuoso con la comunidad y el medio ambiente. Creo que los proyectos que se terminan judicializando es porque no partieron bien. Yo no le tengo miedo a la participación ciudadana. Cuando esta se incluye, los proyectos tienen más posibilidades de ser exitosos. Es importante que el empresariado vea a la comunidad como un aliado y no como un enemigo. El llamado al empresariado es a perderle el miedo a la participación ciudadana.
¿Percibe más coincidencias o diferencias con lo planteado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en materia ambiental? Se lo pregunto porque es natural que se produzcan ciertos roces cuando el Ejecutivo es de un signo político, y -en este caso- usted como presidenta de la Comisión, pertenece a otro sector político.
Si bien la ministra Rojas presentó la agenda legislativa del Gobierno, recibió más recomendaciones de los parlamentarios y parlamentarias de su sector que del nuestro. Las recomendaciones fueron de forma y de fondo, ya que faltó tener más claridad de hacia dónde quiere ir el Ministerio de Medio Ambiente. Faltó aterrizar la propuesta legislativa para trabajar en conjunto y entregar prioridades, plazos y proyectos concretos. Eso no lo tenemos. Para ser justa, la ministra lleva apenas dos meses y algo. El Presidente Boric priorizó Escazú y, ahora que se aprobó, esperamos que la ministra Rojas tenga una agenda legislativa que podamos empujar juntos. De lo contrario, en la Comisión no vamos a paralizar nuestro trabajo y vamos a empujar nuestras propias mociones que a mí me hacen mucho sentido y valoro profundamente.
¿Cómo resolverá esta solicitud de los pequeños productores que trabajan en la extracción sustentable del musgo Sphagnum, a propósito de la discusión de la ley de turberas?
Yo tomé conocimiento de esa ley como presidenta de la Comisión. El proyecto que se ingresó por el Senado y que actualmente está en tercer trámite constitucional es un proyecto muy distinto al original. Muchos me han hecho ver que una cosa es regular la extracción y otra es prohibir. Evidentemente se tiene que avanzar con equilibrio. Lo que haremos será abrir un proceso de audiencias para la sociedad civil: cooperativas, comités, agrupaciones ciudadanas y la industria. La idea es escucharlas y trabajar para ver si podemos volver al proyecto original.
“Yo no le tengo miedo a la participación ciudadana. Cuando ésta se incluye, los proyectos tienen más posibilidades de ser exitosos. Es importante que el empresariado vea a la comunidad como un aliado y no como un enemigo. El llamado al empresariado es a perderle el miedo a la participación ciudadana”.
Escazú y zonas de sacrificio
¿Cómo toma las críticas que hubo hacia la decisión del gobierno de Piñera -de su sector político- de no firmar Escazú, pese a haber iniciado su discusión, y que finalmente fuera el Presidente Gabriel Boric quien lo priorizara?
Más allá de los cuestionamientos que hubo, fue el mismo país el que permitió que se pudiera discutir si íbamos a ser parte o no de Escazú. Aquí quiero ser clara: las dudas que había respecto de si el Acuerdo podía traer consecuencias en términos de soberanía o conflictos limítrofes con los países vecinos fueron zanjadas. Había surgido la legítima duda sobre aquello. Es un buen tratado, aumenta las exigencias para tener un mayor cuidado y protección del medio ambiente. Y ahora le vamos a pedir al gobierno una planificación de cómo se va ejecutando la programación y los compromisos que implica Escazú. Ahora, yo creo que Escazú no salió adelante gracias al Presidente Boric, sino al Estado de Chile. Había legítimas dudas que fueron despejadas, el Presidente Boric lo prioriza y sale adelante. Hay que decir que en la Cámara de Diputados, el proyecto de adhesión a Escazú tuvo amplia mayoría, y creo que de nuestro sector, en particular de RN, deben haber votado el 70 por ciento de ellos a favor.
Dentro de las propuestas que enumeró la ministra Rojas, usted mencionó a la Hoja de Ruta de Economía Circular ¿Qué valoración hace de ella; piensa que puede seguir un derrotero similar al de la Ley REP?
Es muy importante que este modelo de producción lo podamos ir discutiendo y se vaya tomando cada rincón de nuestros sistemas y proceso. Hay una definición de buena voluntad por parte del Gobierno, pero aún no tenemos una carta Gantt, ni cuál será la agenda para sacar adelante el proyecto. Eso nos preocupa, porque todos podemos tener buena voluntad, pero no podemos generar expectativas que no se cumplen y que luego repercuten en el rechazo a la institucionalidad.
¿Cuál es su diagnóstico de las zonas de sacrificio y qué acciones se emprenderán desde la Comisión para abordar este problema?
No podemos seguir avanzando con zonas de sacrificio. No puede ser que en Antofagasta el puerto esté en la mitad de la ciudad, frente a las clínicas, en barrios residenciales. No hemos tenido definición de ordenamiento territorial. Por supuesto que tiene que haber una actividad minera portuaria, pero al final del día hemos impactado zonas que son residenciales, y lo importante es tener dichas actividades alejadas de la urbe.