Al mismo tiempo que el debate constitucional empieza a tomar forma, es posible advertir las pasiones que despierta la discusión ambiental, como también, la intensa carga ideológica que se evidencia en el marco de ciertas materias que precisan fijar posición.

A pocos meses de iniciarse la revisión del marco constitucional del medio ambiente en Chile, parece conveniente pronunciarse respecto a la existencia de un componente ideológico exacerbado o desmedido en el arco de las disposiciones que conforman la institucionalidad constitucional del medio ambiente vigente, que pudiesen preciar su supresión y reemplazo.

Al efecto, es preciso repasar, en el marco del proceso histórico que dio origen a la actual garantía del artículo 19 nº 8, como principio ordenador del andamiaje jurídico de nuestra Constitución en materia ambiental, dos antecedentes que permiten aproximarse a la cuestión ideológica.

Estos antecedentes, los encontramos en distintos memorándums que forman parte integrante del Acta Constitucional Nº 3 de 1976. Sobre el particular, llaman la atención especialmente dos. Uno, que señaló que uno de los principios en que se debía fundar la futura Constitución era el derecho a la vida de los ciudadanos para la cual, “sería necesario evitar la contaminación del medio ambiente, estableciendo las normas que conduzcan a tal fin”.

Posteriormente, al redactar la garantía constitucional, se propuso, en una primera instancia, “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación”. Sin embargo, Jaime Guzmán, observó que era preciso dotar de realismo a la garantía constitucional, objetivo que no se conseguiría si se imponía al Estado el imposible de garantizar un medio ambiente absolutamente libre de contaminación. Razón por la cual, propuso suprimir la palabra “toda”, argumentando que sería necesario entonces discutir el marco de contaminación tolerable que el Estado estaba dispuesto a asumir para garantizar el derecho a la vida.

Así las cosas, en el marco de la cruda e inédita coyuntura social, económica y ambiental que afecta al país, surgen al menos dos principios que parecen desafiar la capacidad de construir nuevos y grandes acuerdos por parte de quienes corresponda debatir la revisión de nuestro marco constitucional en materia ambiental. Por un lado, la jerarquía del bien jurídico protegido – vida y medio ambiente – y, por otro, la contaminación tolerable luego de 40 años.

La ausencia de liderazgos políticos, junto a la desmedida atención que se presta al aplauso de las redes sociales, nos permite aventurar en el debate que se avecina, posiciones extremas y cosignas de todo tipo, que, de no mediar vías de entendimiento armónicas y razonables, pueden llevar al medio ambiente, a niveles de desprotección sin precedentes. Por un lado, como consecuencia de un “voluntarismo ambiental” que propondrá niveles de protección inalcanzables y por tanto, irreales e ineficaces, y por otro, por una defensa irrestricta del statuo quo del modelo productivo de Chile que profundizará la pobreza y la degradación de nuestro entorno.

De este modo, únicamente, el respeto en la diversidad, la amistad cívica y el diálogo tolerante y desideologizado en materia ambiental, nos permitirá identificar los grandes espacios de crecimiento para Chile, nos alejarán del libertinaje permisológico, de la vorágine legislativa, del populismo nacionalista y proteccionista, del ecologismo fanático y de trinchera, y nos acercarán a un nuevo modelo de desarrollo.  Respetuoso de la naturaleza, del desarrollo material y espiritual de la persona humana, de la justicia social, de la dignidad de los más pobres y de una economía que renuncia gradualmente al extractivismo y que construye un nuevo pacto con la creatividad y la  innovación.

Surge en consecuencia para Chile, un nuevo momento histórico, una inmejorable oportunidad para crecer en plena armonía con nuestros objetivos y urgencias nacionales, y en sintonía con la necesidad de “satisfacer las necesidades de todas las personas, pero dentro de los límites del planeta”.