Tras el triunfo de la opción Apruebo en el plebiscito realizado el Chile el pasado domingo, donde un 78,25% de los votantes optó por iniciar el proceso para elaborar una nueva Constitución para el país -y que esta sea elaborada por una Convención Constituyente- el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, analiza vía cuestionario para País Circular los escenarios que se abren para incorporar en la Carta Fundamental los conceptos de desarrollo sostenible y la protección de la naturaleza, y el rol que el sector privado tendrá en este camino.

En una primera lectura sobre el resultado del plebiscito, lo que aparece es un “doble triunfo”, plantea, “en primer lugar, de la democracia, porque se canalizó una legítima inquietud social mediante un plebiscito que resultó en la confirmación de un acto republicano; y en segundo lugar, un triunfo de la ciudadanía, porque la gente se manifestó por un cambio. El desafío ahora, agrega, “estará en elegir una Convención que se aleje de extremos refundacionales y se afirme un modelo de desarrollo para las próximas décadas”.

Y en este desarrollo de la discusión que se dará en los próximos meses, agrega, y en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, “el tema más urgente es la paz social, porque es condición necesaria para cualquier discusión constructiva”.

“Sin la violencia, el tema pasa a ser acordar una visión de desarrollo inclusivo, idealmente con un marco constitucional construido con amplia mayoría. Creo que la Convención electa estará a la altura del desafío y que en definitiva tendremos una Constitución razonable.  Hay que tener cuidado de no redactar la Constitución solo de los ganadores, ya que esto afectaría los equilibrios necesarios para construir el país de todos”.

En marzo la CPC creó un “grupo constitucional” para escuchar expertos y comenzar a delinear escenarios. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de ese trabajo, y cómo buscarán participar en la discusión constitucional desde la CPC?

Desde el inicio, es un trabajo con una orientación interna. Consultamos a varios constitucionalistas para que nos dieran su parecer sobre el proceso constitucional y sobre los aspectos que serían importante cambiar en una nueva Constitución, así como los aspectos que sería importante mantener como parte fundamental del orden económico social. Varias de nuestras ramas están también trabajando el tema seguiremos trabajando articuladamente en ello.

Uno de los temas que ya surgen como prioritarios es la necesidad de conciliar el crecimiento económico con el desarrollo social y la protección del medio ambiente. ¿Cómo se debiera insertar esto en la discusión constitucional, considerando que es precisamente esta suerte de “desacople” entre crecimiento y bienestar social parte central del descontento?

Estamos firmemente comprometidos como sector empresarial en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, en el aspecto climático, en marzo de 2020 lanzamos, con el apoyo de EY y muchísimas otras instituciones, un documento que refleja un esfuerzo inédito de coordinación en torno a la agenda climática: “Visión y acción climática del mundo empresarial para Chile”. En este documento definimos las condiciones habilitantes que creemos permitirán al país ser carbononeutral el año 2050 y resiliente al clima mediante procesos de adaptación.

Hoy la Constitución habla del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero existe consenso en que hoy eso no es suficiente. ¿Cómo ven esta discusión que se abre en materia ambiental, cuáles serán sus puntos centrales?

Naturalmente, transcurridos 40 años y atendido el contexto ambiental actual tanto global como nacional, resulta pertinente revisar la forma en que se aborda el medio ambiente en la Constitución. Al respecto, debemos avanzar hacia un concepto de desarrollo económico inclusivo y sostenible, que permita orientar el desarrollo del país hacia el bienestar de todos sus ciudadanos, contribuyendo a la superación de la pobreza y las desigualdades, incluyendo los aspectos ambientales.

Desde el mundo ambientalista se plantea que la protección del medio ambiente se incluya de forma transversal en el texto constitucional, ya que las cuestiones ambientales tienen componentes sociales, de territorio, de equidad y de modelo económico, por ejemplo. ¿Está disponible el mundo empresarial a avanzar hacia un modelo así? ¿En qué aspectos se debiera avanzar para ello?

Efectivamente se observa como relevante tratar la protección del medio ambiente de forma transversal en el texto constitucional, y esto es precisamente lo que plantea en concepto de desarrollo sostenible, busca integrar aspectos económicos, medio ambientales, sociales y de gobernanza, con objetivos dirigidos a bienestar social. De esta forma, la discusión sobre la protección del medio ambiente implica también abordar el desarrollo del país en pos de la disminución de las desigualdades sociales y económicas. En tal contexto, el mundo empresarial, está disponible para discutir todos los aspectos necesarios y trabajar para alcanzar una hoja de ruta que entregue claridad y certeza de los objetivos del país en materia de desarrollo y se permita alcanzarlos de manera gradual.

La regulación ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. Recordemos que, producto del ingreso a la OCDE, se creó la institucionalidad medioambiental vigente en Chile (el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medioambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental) y la dictación de los Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica, entre otros. Actualmente tenemos una potente agenda climática con la elaboración de la Estrategia Climática de Largo Plazo y el Proyecto de Ley marco de Cambio Climático.

Se ha planteado también que en la Constitución la naturaleza debiera estar primero, considerando que hasta ahora lo que ha hecho es subsidiar las actividades económicas. ¿Cuál es, en definitiva, el valor que cómo sociedad le debiéramos dar al medio ambiente y la naturaleza en la Constitución?

Sin duda que el reconocer el valor de la naturaleza y su cuidado para el bienestar de las generaciones actuales y futuras es de alta relevancia. Sin embargo, no debemos olvidar el contexto nacional, la actual matriz productiva y la necesidad de disminuir las inequidades, ante lo cual se hace imprescindible el desarrollo económico en el marco de la sostenibilidad. En este contexto, la naturaleza tiene un valor importantísimo, pero no nos olvidemos que los sujetos de derechos son las personas, y son ellas las que tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Sin duda, temas como la propiedad del agua serán parte central del debate constitucional, ¿Cómo ve la CPC esta discusión y cuáles son los cambios que se debieran realizar en esta materia? ¿Está de acuerdo en terminar con el modelo de privatización del agua en Chile?

En materia de agua, la prioridad es garantizar el consumo humano. Otro tema, es que nuestro país requiere de una institucionalidad moderna y eficiente que permita un buen manejo del recurso, pero no es necesario terminar con el modelo actual. También es clave respetar los derechos vigentes y no afectar la estabilidad y reglas del juego que son las que permiten concretar inversiones y desarrollar proyectos productivos que requieren del agua como recurso básico.  Por otra parte, concordamos en que los derechos a entregar respondan a un propósito a través de las debidas patentes e inversiones, y por ende, no sean especulación.

Parte de la discusión será el cómo mejorar el Estado, hacerlo más eficiente. ¿Qué rol debiera jugar en ello el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado?

El trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil es fundamental. Por eso, en este contexto, el ODS N°17 cobra especial relevancia: “el fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”. Estas alianzas son especialmente relevantes en un país como Chile, donde hay que recomponer confianzas.

¿Qué modificaciones debieran tener el SEA y la tramitación de proyectos, por ejemplo?

Las potenciales reformas al SEIA en general y al SEA en particular deben discutirse en el Congreso, porque son materia de ley. No es conveniente que se zanje la tramitación ambiental de proyectos de inversión en la Constitución, porque los estándares ambientales van cambiando con el tiempo y el Sistema tiene amplios espacios de mejora permanente. Su actualización no debiera depender de altos quórums constitucionales. Adicionalmente, dichos organismos deberían contar con un robusto gobierno corporativo que asegure una institucionalidad fuerte.

En lo específico, las modificaciones al SEIA debiesen tender a evaluaciones ambientales más técnicas, procedimientos más ágiles sin comprometer estándares ambientales. Asimismo, nos parece de suma relevancia incorporar un mecanismo específico y transparente que permita realizar modificaciones menores de RCA, de manera eficiente y dentro del marco legal ambiental. Por otro lado, resulta relevante abordar de manera directa la participación ciudadana en las DIAs, estableciendo de forma clara las reglas del juego, de manera de evitar judicializaciones vinculadas a estos aspectos y no extender más aún los plazos de tramitación que en nuestro país son muy extensos. Algunos ejemplos: en Australia un proyecto minero se demora dos años y en Chile hasta ocho; un proyecto de celulosa en España y Portugal demora menos de dos años y en Chile hasta siete.

¿Qué rol debe jugar el ordenamiento territorial?

El adecuado funcionamiento de instrumentos de ordenamiento territorial permitiría zanjar bastantes discusiones que hoy se discuten durante la evaluación ambiental y muchas veces se zanjan en tribunales. Todavía estamos a la espera del lanzamiento del proceso de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, que cobran una especial relevancia con un Gobernador Regional electo, el cual debería contar con el presupuesto y atribuciones necesarios para ejercer adecuadamente su rol.

¿Cree que debe haber un mayor rol de las autoridades y habitantes de las regiones respecto de las decisiones que afectan a sus territorios? ¿Cuáles debieran ser los mecanismos para ello?

Las Comisiones de Evaluación ya operan a nivel regional, y a partir del próximo año serán presididas por el Gobernador Regional electo. Además, la Participación Ciudadana para todos los Estudios de Impacto Ambiental y para aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental con carga ambiental han tenido también un rol protagónico y positivo, aunque perfeccionable. Mayor descentralización de las decisiones es en general un fenómeno positivo, pero no olvidemos que la atomización extrema de decisiones puede ser perjudicial a nivel país. La autoridad central igual tiene que velar por los estándares comunes de evaluación.

¿Qué rol debe cumplir la ciencia para contar con políticas públicas debidamente fundadas, y ante escenarios inciertos como el climático? ¿Debe adquirir mayor relevancia en el apoyo a la toma de decisiones?

En el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático se contempla la creación de un Comité Científico Asesor que haga recomendaciones de política pública al Ministerio del Medio Ambiente y otros para efectos de hacer frente al cambio climático. Por supuesto, es una medida que aplaudimos, porque la voz especializada de la ciencia es muy valiosa para fundamentar las políticas públicas.