A más tardar la primera semana de julio, la Convención Constitucional deberá celebrar su primera sesión. Aquel día este organismo inédito en la historia del país se encargará de redactar una nueva Constitución para Chile en un plazo de nueve meses, prorrogable a 12. Para entonces, el Congreso Nacional y la Convención funcionarán paralelamente, por lo que es válido preguntarse si la discusión constitucional incidirá en el funcionamiento regular de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y el Senado en lo que respecta a la tramitación de los proyectos de ley.

En particular, las Comisiones de Medio Ambiente de ambas cámaras no detendrán su trabajo de legislación de iniciativas de ley de corte ambiental mientras funcione la Convención Constitucional. Por el contrario, la discusión al interior de ambas comisiones continuará bajo el régimen actual de la Constitución del 80. Aunque, en el futuro, presumen, toda la legislación se deberá reformular acorde a los nuevos principios que queden plasmados en el nuevo texto constitucional.

Es lo que cree, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el diputado Ricardo Celis, quien cree que la Convención cumplirá “roles distintos” a los del Congreso. “Por ahora ésta es la Constitución que tenemos y hay que seguir legislando en base a aquello. Los constituyentes tienen que construir el paraguas del futuro, y hoy estamos legislando respecto de los temas que se presenten. Lo que trabajamos en la Comisión también son temas de futuro”, agrega el parlamentario.

En esa misma línea, la diputada integrante de dicha comisión, Catalina Pérez, asegura que “tanto el poder constituyente como el poder constituido deben seguir trabajando. Yo creo que proteger a los territorios constituidos como zonas de sacrificio, enfrentar la crisis climática con medidas urgente, enfrentar a las redes inmobiliarias, requiere no esperar las conclusiones de esta Convención Constitucional que fijará las bases de una nueva forma de relación con los ecosistemas y con los ciclos de la naturaleza”.

En la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en tanto, también se cuadran con la continuidad de su trabajo legislador, aun con el funcionamiento paralelo de la Convención. El senador y ex presidente de dicha instancia, Alfonso De Urresti, sostiene que la Comisión “seguirá las discusiones de la Convención Constitucional, pero eso no significa que nuestro trabajo se detenga. Seguiremos impulsando leyes transformadoras, como la Ley Marco de Cambio Climático, la ley que modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental en temas forestales, la protección de las turberas, del arbolado urbano y muchas más”.

Por su parte, el miembro de dicha comisión, senador Rafael Prohens, dice que el “objetivo de la Convención es distinto a los de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y son diversos desde el rango legal ya que la Constitución regula el marco general de normas del Estado”.

La bajada legislativa de la Constitución

Aunque son instancias paralelas, asevera la diputada Catalina Pérez, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja no puede desentenderse de lo que ocurra en la Constituyente.

“Hay ciertos principios constitucionales que ya están siendo abordados por algunos que formamos parte de la Comisión de Medio Ambiente, como el Estado plurinacional, el reconocimiento de las prácticas ancestrales, una nueva relación y forma de concebir la vida de los seres humanos, los derechos de la naturaleza. Tenemos que ponerle aun más énfasis para volverlos coherentes con la discusión constitucional”, dice la diputada Pérez, en cuya comisión se discute sobre todo el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Al respecto, el diputado Celis, presidente de esa comisión, dice que el proyecto del SBAP como otros que se están tramitando durante el ejercicio de su cargo “van a estar contemplados en cualquier cuerpo constituyente”, porque “estamos trabajando con visión de futuro”. Sin embargo, por reglamento, dice él, no corresponde cursar invitaciones a los constituyentes para que intervengan en la Comisión, ya que son dos “funciones distintas”.

El senador De Urresti añade un matiz a la discusión. Él señala incluso que los temas tratados en la Comisión del Medio Ambiente del Senado podrían ser insumos que sirvan “para el debate y la reflexión constitucional de la Convención”. Para el legislador, el trabajo de la comisión debe proseguir por cuanto “lo que estamos viviendo es una emergencia climática y cuando cuidamos el medioambiente, también cuidamos a las personas”.

En lo que sí hay absoluta coincidencia es que, si bien la legislación actual está regida por un cuerpo jurídico como la Constitución del 80, esta situación irremediablemente cambiará para los parlamentarios que sean electos en los próximos comicios del 21 de noviembre, los que a su vez se realizan con la votación presidencial.

“Si tenemos leyes que no son coherentes con la nueva Constitución, éstas tendrán que ser profundamente reformadas. Esas serán grandes tareas que les corresponderá al nuevo Congreso Nacional. Me refiero a la adecuación del proceso constituyente y será una labor desafiante. Por ahora tenemos que dar la pelea con las escasas herramientas que tenemos para defender los territorios y los ecosistemas”, vaticina la diputada Catalina Pérez.

Comparte esa apreciación el diputado Celis, para quien “cuando se vote la nueva Constitución en el plebiscito de salida y entre en vigencia, recién ahí los legisladores tendrán que trabajar de acuerdo a lo que el pueblo de Chile y los constituyentes propusieron”. Asimismo, Celis dice que los ejes que sustentan la discusión al interior de la comisión de la Cámara “va a estar a la luz de cualquier constituyente”, pero “si la nueva Constitución tiene otro espíritu, habrá que readecuarla en el futuro”.

Según Catalina Pérez, ambas discusiones paralelas “van a presionar un debate a la otra”, por más que sean “atribuciones distintas”. “La Convención fijará la redistribución del poder y el funcionamiento de la democracia. Ese es un proceso distinto al legislativo que estaremos llevando mientras dure la Convención, pero eso no quiere decir que ambos procesos no se empalmen entre sí”.

Y puesto no se puede anticipar cuál será el resultado final del trabajo de la Constituyente, complementa Pérez, “no podemos precisar si gran parte de la legislación tenga que ser modificada para garantizar derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación incorporando criterios de justicia intra e intergeneracional en la nueva Constitución”.

Respecto de modificaciones que podría tener la legislación a partir de la promulgación de la nueva Constitución, el diputado Celis adelanta que “el tema de los glaciares podría tener una nueva mirada y también el cambio climático; el tema del agua doy por descontado que estará en el nuevo texto constitucional”.

Lo importante, desde la perspectiva de la diputada Pérez, es la “bajada legislativa” que tendrá la discusión constitucional cuando se apruebe la nueva carta magna. “Ahí se jugará la realidad de la ejecución de los cambios y los principios del nuevo Chile, por eso es importante que también se elija -como digo yo- un Gobierno constituyente que dé cauce a esos procesos”. De lo contrario, añade la parlamentaria, Chile corre el riesgo de repetir experiencias internacionales frustrantes como las de Bolivia y Ecuador, cuyas constituciones sí consagran derechos a la naturaleza, pero eso “no ha servido mucho”, acota.

“Creo que son experiencias internacionales que no tienen asociada una legislación específica. lo importante es que la discusión constitucional se pueda plasmar en medidas concretas”, cierra Catalina Pérez.