Más de la mitad de los residuos que se generan en las casas de Chile corresponde a material orgánico, como restos de frutas o verduras, por lo que separar y darle otro destino a esta fracción haría reducir considerablemente el volumen de basura que actualmente está llegando a los rellenos sanitarios del país, muchos de los cuales ya están finalizando su vida útil.

En este contexto, durante este verano el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) presentará un proyecto de ley sobre residuos orgánicos, con lo que se busca mejorar la gestión de ese 58% de desechos domiciliarios de los que actualmente solo se recicla o valoriza el 1%.

Según adelanta Tomás Saieg, jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular del MMA, lo central del proyecto es que se establecen obligaciones de manejo diferenciado de los residuos orgánicos domiciliarios, que se refieren a los desechos que maneja el servicio municipal y que incluye a las viviendas, restoranes, comercio, estadios, etc. Estas obligaciones se aplicarán a toda la cadena de manejo de la basura: los municipios, los generadores de desechos como grandes comercios, los gestores que trasladan los residuos en sus camiones.

La aplicación de la norma para el manejo diferenciado de los residuos orgánicos se hará de forma gradual y está proyectada a largo plazo, con un horizonte de 15 años hasta que la política entre completamente en régimen.

“Una de las cosas que queremos lograr con el proyecto de ley es contribuir a mitigar el cambio climático, ya que tiene varias ventajas dejar de enviar los residuos orgánicos a los rellenos sanitarios. Primero, extender la vida útil de esa infraestructura, ya que eso es crítico, porque es muy difícil construir nuevos rellenos sanitarios y los estamos llenando más rápido. Sumado a disminuir la generación de metano -un gas de efecto invernadero-, más la posibilidad de generar subproductos”, detalla Saieg.

“Con esto buscamos que ya no coloquemos todo en la bolsa de la basura, sino que manejemos los residuos de forma diferenciada, y que estos se valoricen. Pero el proyecto de ley no dice ‘se deben valorizar así o asá, con esta tecnología o con esta otra’. Eso queda a decisión de los que vayan haciendo los proyectos y dependiendo de lo que tenga más sentido en los territorios”, complementa el representante del MMA.

Saieg explica que, en este sentido, el proyecto de ley no señalará la tecnología de manejo diferenciado de residuos orgánicos que se deba ocupar, ya que no hay menciones directas a la biodigestión o al compostaje.

El jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular del MMA precisa que “si bien el proyecto no menciona tecnologías en particular, igual va a llevar a un fomento de los biodigestores, porque básicamente va a haber una obligación de hacer un manejo diferenciado de algo que hoy día se echa a la bolsa negra, y acá tenemos una tecnología que en otros países se usa para esto. Probablemente en una primera fase se va a partir más con proyectos de compostaje, y en algún momento va a haber escala suficiente para los biodigestores, que requieren de altos volúmenes de desechos”.

Combustible gaseoso muy versátil

Tomás Saieg cree que en Chile existe el conocimiento y la capacidad tecnológica necesaria para masificar la instalación de biodigestores, y argumenta que ya hay varios proyectos funcionando y que existen empresas especializadas en este sector. Sin embargo, no es un tema ampliamente desarrollado.

“Las plantas de biodigestión que se han construido han sido enfocadas principalmente al sector agrícola y residuos industriales, como viñas y lecherías. Donde no hay mucha experiencia todavía es en plantas de biodigestión para residuos domiciliarios, residuos orgánicos de las casas”, puntualiza el encargado ministerial.

Mariela Pino, ingeniera agrónoma especialista en biodigestores y asesora de Fundación Basura, explica que a nivel ciudad existe la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU), que corresponde, por ejemplo, a las cáscaras de papas, la borra del café, los restos de las frutas, etc. La experta señala que a partir de estos elementos se puede realizar un tratamiento anaeróbico (sin oxígeno), que es la biodigestión, donde estos residuos se degradan controladamente al interior de un contenedor cerrado herméticamente. En el caso que a estos elementos se les aplique un tratamiento aeróbico, en contacto con el oxígeno, estamos frente al compostaje.

“La gran diferencia es que la biodigestión a partir del uso de un biodigestor permite generar biogás, que es un combustible gaseoso muy versátil que entrega la posibilidad de usos caloríficos, producción de electricidad y producción de energía mecánica”, apunta Mariela Pino, quien recalca que “la biodigestión, en la práctica, es una forma de gestión de residuos orgánicos. A mí no me gusta hablar de la biodigestión como una tecnología de energía renovable, porque no lo es”.

Este último punto lo complementa Matías Errázuriz, ingeniero agrónomo y gerente general de Genera 4, empresa que ha instalado más del 70% de los biodigestores en Chile con 15 proyectos de escala industrial y 24 a escala piloto.

“Hay que ver a la planta de biogás como un sistema de tratamiento de residuos, no como un generador de energía. El biodigestor viene a tratar los residuos y no a producir energía, por mucho que produzca energía, lo más importante desde el punto de vista ambiental es que está tratando los residuos, y está devolviendo a la tierra a través del digestato o bio abono, los nutrientes que se sacaron de ella para producir alimentos. Entonces ahí viene la economía circular como tal”, enfatiza Errázuriz.

“Esta es una de las soluciones más factibles que podrían reducir la cantidad de desechos orgánicos que van a rellenos sanitarios, porque logran escalabilidad, logran manejo de procesos ambientalmente seguros, y por otro lado logran reciclar los nutrientes. Y al no ir a rellenos sanitarios no generan metano que sube a la atmósfera, que tiene un alto impacto en el calentamiento global”, agrega el gerente de Genera 4.

Mariela Pino destaca que la gran ventaja de la biodigestión es que además de tener una forma de tratamiento in situ de los residuos, se obtienen dos subproductos: el biogás y el digestato, que es materia orgánica estabilizada que sirve como bio fertilizante y cuya forma química está tal como las raíces de las plantas la necesitan para absorber nitrógeno, fósforo y potasio. El digestato permite generar un abono para nutrir suelos agrícolas, que necesitan materia orgánica para mantenerse sanos y en buen estado para producir hortalizas. “Terminaríamos cerrando muchos ciclos que hoy se están viendo súper amenazados”, dice.

“En Chile tenemos un nivel de sofisticación que es prácticamente el que se puede encontrar en Europa, pero evidentemente este tipo de desarrollos es caro, se requiere de una inversión importante, pero es una de las mejores inversiones que se puede hacer”, reflexiona la experta.

Para graficar el avance en la materia, la asesora de Fundación Basura señala que los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Santiago están tratados con digestión anaeróbica, donde producen biogás. De esta forma, se genera un equivalente al gas natural que se puede distribuir a través de las redes de gas natural de la ciudad. En tanto, una parte de ese biogás se transforma en electricidad.

La especialista relata que en Chile también existen muchos biodigestores en las lecherías, ya que hubo una iniciativa que se dedicó a trabajar en ese aspecto: el Proyecto de Biogás Lechero del Ministerio de Energía. Gracias a él, actualmente hay cerca de 30 pequeños biodigestores funcionando con excrementos de las vacas, denominados purines. Lo mismo ocurre en el sector de la producción de cerdos, donde también se generan muchos purines que se emplean para producción de electricidad y venta de esa energía.

Para imitar experiencias exitosas, Matías Errázuriz comenta que a nivel internacional hay dos países relevantes en el mundo del biogás. Uno es Alemania, que tiene más de 9.000 plantas de biogás instaladas, es el primero en tecnología y también lidera la inyección de gas a la red para el reemplazo de gas natural. Y el otro es Suecia, que a juicio de Errázuriz posee biodigestores instalados que son del tamaño y la forma apropiados para un modelo de negocios en Chile.

A nivel latinoamericano, el gerente de Genera 4 detalla que Brasil, Argentina y México son los países que tienen más biodigestores instalados, asociados a una estructura agrícola muy fuerte principalmente en la producción animal. Brasil y México han construido lagunas anaeróbicas, que son biodigestores para elementos como purines de cerdo y otros, y tienen muchos proyectos funcionando. Argentina, en tanto, tuvo algunas políticas de subsidios para proyectos hace un par de años, y también lograron instalar plantas de alta tecnología.

“Chile está un poco más atrás, en una buena posición, al lado de Perú y Colombia. Están todos en la misma carrera”, afirma Errázuriz.

Desafíos para la nueva normativa

Mariela Pino señala que al no llevar los residuos orgánicos de las casas a los rellenos sanitarios se podría evitar la emisión de un 20% del metano que existe a nivel planetario, importante factor en el calentamiento global. La especialista detalla que este gas es el que se puede reducir de la manera menos compleja, ya que tiene una vida útil de solo 12 años y mientras antes se adopten medidas, antes se podría eliminar de la atmósfera.

“Está tan validado científicamente el beneficio increíble que tiene y lo rápido que se puede hacer, que es súper sencilla la medida que tenemos que implementar. Porque basta que cada uno de los ciudadanos, de los restoranes, los casinos, las ferias, separemos los residuos orgánicos húmedos como cáscaras de papas, manzanas, etc. Que el camión de la basura pase ciertos días retirando los orgánicos y otros días los inorgánicos, que se organice el trabajo de los recicladores de base. Si hacemos las cosas bien, podríamos logar maravillas”, confía la asesora de Fundación Basura.

Desde el MMA observan que una de las complicaciones para masificar estos desarrollos es que no existe un reglamento que regule la instalación de estas plantas. “Nosotros tenemos proyectado hacer un reglamento de biodigestores, pero en realidad lo tiene que hacer el Ministerio de Salud con nosotros, y Salud tiene una capacidad limitada de hacer estos reglamentos. Actualmente estamos trabajando junto a Salud en un reglamento para plantas de compostaje, y lo que proyectamos es que cuando ese trabajo ya esté avanzado se abra más espacio para hacer un reglamento de plantas de biodigestión. Eso va a facilitar que se hagan los proyectos”, reconoce Tomás Saieg.

El representante del ministerio relata que actualmente, al no haber un reglamento, cada instalación tiene que solicitar permisos ambientales y de salud. Como no existe un estándar predeterminado, un reglamento que señale qué es lo que se requiere como mínimo para construir una de estas plantas, las distintas Seremis de Salud a lo largo del país pueden ocupar criterios distintos y ponerse más restrictivas que otras, generando disparidad e incertidumbre. “Eso es un tema que hoy no existe, y estamos proyectando esta solución para facilitar esta aplicación”, dice Saieg.

Además, para impulsar al sector, Mariela Pino sostiene que hay que ajustar las escalas del reglamento de seguridad, porque por ejemplo los biodigestores de las lecherías están en una escala pequeña, pero los requerimientos pueden ser muy altos para una industria que todavía está en desarrollo. “Esas escalas fueron tomadas de un reglamento alemán, que tiene otra naturaleza, otro contexto, y la traen acá y la hacen casi idéntica. Entonces ese reglamento no se ajusta a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestra idiosincrasia. Porque en Alemania se hizo como un negocio para producir energía, mientras que en Chile no es un negocio para producir energía”, recalca la experta.

“De hecho, el Proyecto de Biogás Lechero lo dejó súper claro: no es un negocio para producir energía, no es como la energía eólica o la fotovoltaica, sino que ellos terminaron reconociendo que no era autoabastecimiento energético, sino que gestión de los residuos orgánicos para que la industria lechera pueda seguir funcionando en forma limpia”, ejemplifica la ingeniera agrónoma.

Por su parte, Matías Errázuriz pone énfasis en que se deben crear los incentivos óptimos para que haya seguridad en las inversiones, y también para que la gente esté motivada en hacer la separación en sus hogares. “Las plantas de biogás en Chile deben tener una escala tal que les permita recibir por lo menos unas 200 toneladas diarias de residuos, para que sean de cierta rentabilidad. Y lo más importante es que tiene que haber políticas públicas que permitan hacer la separación ojalá en origen, porque hacer la separación en destino tiene un costo muy alto”, puntualiza.

“Otro tema muy importante es que el digestato sea promovido por políticas públicas para su uso en los campos. Ahí hay mucho que trabajar, que existan incentivos a la agricultura para utilizar este abono orgánico”, complementa Errázuriz.

“Y para incentivar las plantas de biogás, hay que buscar políticas públicas que permitan hacer uso de la industria del gas, inyectar este biogás a las redes, utilizar este biogás como reemplazante del gas que estamos trayendo de afuera. Al permitir que las plantas de biogás entren a los sistemas, podemos reducir significativamente estas importaciones de gas natural”, concluye el gerente de Genera 4.