Ciudad / Crisis social

Sergio Baeriswyl (CNDU): “Entregaremos al Presidente una propuesta de agenda corta urbano social a principios de diciembre”

A fines de octubre el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano comenzó a trabajar de forma extraordinaria en la elaboración de una propuesta que, reconociendo la responsabilidad de la ciudad en los problemas de desigualdad, contenga medidas rápidas de aplicar para mejorar la integración social, explica quien dirige este órgano asesor presidencial integrado por representantes del mundo público, privado, académico, gremial y de la sociedad civil.

A pocos días de iniciado el estallido social en el país, los integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) entendieron que tenían un rol importante que jugar en la búsqueda de soluciones. Fue así como a fines de octubre realizaron una reunión de emergencia y formaron un grupo de trabajo especial para generar una agenda corta que denominaron “urbano social”, que será entregada al Presidente Sebastián Piñera a principios de diciembre.

Las medidas estarán orientadas a “mejorar la integración social, la participación ciudadana, la equidad urbana y el fortalecimiento de los gobiernos regionales”, según explica el presidente del CNDU, Sergio Baeriswyl, arquitecto y doctor en Urbanismo.

El CNDU fue creado en 2014 como un Consejo Asesor del Presidente de la República, para hacer propuestas y verificar la implementación y el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), oficializada ese mismo año. Desde entonces, este órgano asesor -formado por 31 consejeros- ha estado trabajando en medidas que buscan “combatir la segregación y promover la integración social, primera prioridad de la actual PNDU”, comenta Baeriswyl.

-¿Cómo surge este nuevo grupo de trabajo?

Ante la coyuntura que está viviendo el país y la necesidad de tomar medidas, vimos que había una oportunidad para que las ciudades fueran parte de la agenda social que se está impulsando. Se debe asumir que la ciudad es un reflejo de lo que somos como sociedad, reflejo del sistema cultural, político y, sobre todo, económico, por lo que también tiene responsabilidad en los problemas de desigualdad, al punto que según nuestros indicadores (datos en siedu.ine.cl) ninguna comuna cumple con el estándar deseado de mayor equidad. Nuestro Consejo tiene una naturaleza bien especial porque es transversal, multisectorial, interdisciplinario y agrupa a académicos, sector público, privado, gremios y el mundo social, por lo que creemos que es un espacio muy importante para producir convergencia, sobre todo en un minuto donde el conflicto social ha acentuado las diferencias. Tenemos la responsabilidad de aunar criterios y hacer un planteamiento común; por eso nos pusimos como propósito esta agenda corta “urbano social”, que tiene como finalidad entregar al Presidente de la República propuestas para mejorar la integración social, la participación ciudadana, la equidad urbana y el fortalecimiento de los gobierno regionales.

-Es un objetivo bastante ambicioso…

Es ambicioso, es cierto, pero el Consejo viene trabajando desde 2014 con distintas medidas, muchas de las cuales tributan en algunos de estos objetivos. El debate sobre estos temas se está dando entre nosotros hace cinco años, por lo tanto no es que vayamos a inventar la pólvora, sino que vamos a darle una oportunidad a gran parte de las discusiones y propuestas que se han llevado al interior del Consejo.

“La realidad de las ciudades chilenas es un acumulado de 40 años de política pública y no es fácil ni rápido revertirla”.

-¿Quizá se necesitan medidas más urgentes, dada la desigualdad tan evidente de las ciudades? 

Combatir la segregación y promover la integración social es la prioridad número uno de la actual Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero hay que considerar dos cosas: primero, que la realidad de las ciudades chilenas es un acumulado de 40 años de política pública y no es fácil ni rápido revertirla; segundo, que las ciudades por su naturaleza van produciendo cambios paulatinos, que lamentablemente no son todo lo rápido que quisiéramos. Pero aun así, en 2014 evidenciamos una realidad y comenzamos a implementar una política con medidas como un nuevo sistema de subsidios que prioriza la localización, la ley de transparencia del mercado de suelos, la ley de aporte al espacio público, el Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano (SIEDU), incluso ahora en discusión parlamentaria la Ley de Integración Social y Urbana. Sabemos que no van a tener efecto inmediato, pero sí van a evitar en parte que se siga profundizando la desigualdad. Lo importante es que en los últimos 4 o 5 años se empezó a cambiar el rumbo que estaban teniendo las ciudades, promoviendo la densificación, priorizando que las personas vivan en lugares mejor conectados a estaciones de metro, a transporte público, o a los centros de servicios; ahí surgen otros problemas, que son los de densificación, que también conocemos y que son complejos, pero son resultado de tratar que los ciudadanos vivan mejor localizados y no tengan estas barreras que les produce la ciudad cuando están marginados o segregados del sistema urbano. Recordemos que hasta los años 2000 los subsidios eran solamente para viviendas en la periferia de la ciudad, sin consideración del barrio, ni del transporte público, ni si tenían salud, educación, o simplemente un supermercado. Es una historia reciente de la política pública chilena, por lo tanto no podemos revertirla de la noche a la mañana. Pero sí se puede cambiar el rumbo, eso es lo que está haciendo la PNDU, y como Consejo queremos aportar a que esa senda efectivamente se consolide con medidas a corto, mediano y largo plazo.

-¿Las propuestas que el Consejo va a realizar podrían ayudar a acelerar ese proceso?

El trabajo que estamos realizando tiene la virtud de que trata de lograr consenso entre todos los actores principales de la ciudad –privados, públicos, académicos, sociales-, es decir, con una coherencia y convergencia multisectorial. Creemos que eso será uno de nuestros principales aportes, más allá de todo el ingenio e innovación de las medidas que estamos promoviendo. Por lo tanto, va a ser una gran ayuda para la toma de decisiones, porque las propuestas van a estar adecuadamente discutidas y consensuadas.

Respecto a los plazos, como no somos un organismo que implementa políticas, no podemos tener certeza de cuáles van a ser de corto, mediano o largo plazo, pero sí tenemos propuestas que creemos que de haber voluntad política se pueden implementar a corto plazo. Algunas son materia de ley, otras tienen que ver con financiamiento y la velocidad de su implementación va a depender de la voluntad política. Lo importante es el efecto que tendrán estas medidas, porque una ley se puede aprobar muy rápido, por ejemplo, pero su efecto inevitablemente va a ser a mediano plazo porque implica procesos de construcción, urbanización, mejoramiento, que pasan por financiamiento, o que pasan por procesos constructivos.

-¿Qué medidas podrían tener efecto a corto plazo?

Hay algunas que creemos que pueden tener impacto inmediato y son las que vamos a sugerir al Ejecutivo para su implementación, pero no las puedo adelantar porque están en la fase de discusión. Las estamos conversando, evaluando y creemos que pueden ayudar muchísimo a aliviar algunas situaciones que hoy viven las personas en la ciudad.

“Las propuestas que vamos a presentar van a ser un insumo muy importante para el Presidente, porque van a tener ya un proceso de diálogo previo que puede facilitar su implementación, con la confianza de que representan la diversidad de las ciudades”.

-¿Cómo participan las organizaciones sociales en las conversaciones de esta agenda corta?

En el Consejo tenemos de manera fija, por un sistema de votación, dos organizaciones sociales (Fundación Junto al Barrio y Fundación Vivienda) que tienen derecho a voz y a voto en el consejo pleno. Además, desde 2018, todas las organizaciones que se habían inscrito para participar en el proceso para elegir a sus representantes en el CNDU fueron invitadas a formar una mesa de trabajo especial, más social, y con ellos venimos trabajando con cierta regularidad. Con ellos vamos a discutir las propuestas elaboradas por el Consejo, para enriquecerlas con su visión, porque estas organizaciones tienen una mirada mucho más delicada y sensible de lo que ocurre con la ciudadanía. Por mencionar algunas, entre las organizaciones están Fundación Superación de la Pobreza, Fundación Mi Parque, Observatorio Cité, Diplomado Dirigentes, Nodo Social, Fundación Feman, Colectivo Muévete, Bicicultura, Fundación Urbanismo Social, Cultiva, entre otras. Nos interesa mucho tener ese feedback.

-¿Qué plazos se han puesto para tener lista esta agenda corta urbano social?

El grupo de trabajo tendrá un total de cuatro sesiones, que terminan el último viernes de noviembre; entremedio hay reuniones con especialistas para tratar algunas materias específicas, como tributarias o sociales.

Finalmente, estamos organizando el plenario del Consejo (31 consejeros, entre ellos los ministros de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Economía Fomento y Turismo, y Bienes Nacionales) para aprobar esta propuesta en los primeros días de diciembre, y una vez que se apruebe, entonces se la entregaremos oficialmente al Presidente.