En el marco del seminario “Políticas e iniciativas públicas para impulsar la economía circular en la construcción”, organizado por el programa Construye2025, el sector construcción presentó el pasado 1 de octubre un documento preliminar de la Hoja de Ruta para la Gestión Sustentable de los Recursos y Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) y, al mismo tiempo, lanzó la consulta pública de este informe que busca trazar un camino desde una economía lineal a otra circular con respecto a este tipo de residuos.

Dicho documento inicial había sido elaborado tras poco más de un año de trabajo del llamado Comité Consultivo Público -organismo integrado por los Ministerios de Vivienda de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, CORFO y Construye2025- y de un grupo de 280 profesionales y autoridades. Sin embargo, este informe debía ser sometido al escrutinio público para mejorar su versión. Por eso se lanzó la consulta pública para la hoja de ruta, cuyo plazo partió ese mismo 1 de octubre y se extendió hasta el 22 de noviembre de 2019.

Por entonces, Vicente Domínguez, presidente del Consejo Directivo de Construye2025 -un programa impulsado por CORFO que busca transformar al sector construcción en materia de productividad y sustentabilidad-, había denunciado una “deuda grande en la disposición de residuos” de la construcción, y abogaba por la creación de una “normativa que fomente su regulación y uso de materiales y residuos posibles de reutilizar”.

Del mismo modo, Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad del mismo programa, indicó aquella vez que la economía lineal en que se mueve la construcción obliga a “repensar no sólo cómo se diseña y construye la edificación e infraestructura pública, sino también las políticas, reglamentos, normativas y otras iniciativas impulsadas por el Estado”.

226 observaciones de 20 organismos

Esta semana el Comité Consultivo publicó las respuestas a las observaciones que plantearon los organismos públicos, privados, municipales y de la sociedad civil al borrador del documento. En total, llegaron 226 observaciones de 20 organismos diferentes, principalmente provenientes del sector privado. Tales interpelaciones lograron una notoria evolución en el documento final, el que será presentado en julio próximo, supeditado a las condiciones de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Las observaciones se concentraron en profesionales de las siguientes instituciones, cita la página web de Construye2025: EstudioVE8 Arquitectura & Construcción, Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (Apeco), Pontificia Universidad Católica de Chile, Aparcadero Custodias Nacionales, Seremi MOP Región de Coquimbo, Madera21 de Corma, Ebco S.A., Aceros AZA S.A, Polpaico, Constructora Aísla BioBio Ltda, Inversiones Manacor SPA, Construcciones Héctor Aquilino San Martín Valenzuela EIRL, Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción, Renova2 Servicios e Inversiones SpA, Lepanto, Economía del Bien Común Valparaíso, Invitta, Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción (CTeC), Universidad de Valparaíso y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Por otra parte, el sector privado concentró la mayoría de las observaciones con un 80 por ciento. Le siguió la academia (10%), la sociedad civil (5%) y el sector público (5%). En cuanto a la composición geográfica, las instituciones participantes representaron a seis regiones (Valparaíso, Atacama, Metropolitana, Coquimbo, Ñuble y del Biobío) y siete ciudades (Santiago, La Serena, Chillán, Viña del Mar, Valparaíso, Los Ángeles y Copiapó).

Entre los principales avances se cuenta el adelanto de las metas de sustentabilidad de los residuos y recursos del sector construcción, desde el año 2045 al 2035. “Estamos muy contentos con la participación del sector privado, las observaciones correspondían en su mayoría a la implementación y a las metas que se plantearon en el documento, las que se consideraban poco ambiciosas, por lo que las revisamos y las bajamos de 2045 a 2035, lo que de todas maneras se deberá trabajar en los planes sectoriales de cada ministerio”, cuenta Alejandra Tapia a País Circular.

“Además, se demuestra en las observaciones que hay una gran preocupación por el cambio climático y el impacto del sector. Y por último, nos queda la conclusión de que debemos generar una gobernanza para la implementación de esta Hoja de Ruta. En cuanto a los avances, un fruto temprano ha sido la formación de una mesa pública para el desarrollo de un reglamento sanitario para el manejo de los RCD, valorización y disposición final, liderado por el Ministerio de Salud, más la participación de la Subdere y el Comité Consultivo Público, conformado por MOP, Minvu, MMA, Corfo y Construye2025”, complementa Tapia.

Las más importantes por entidad

Entre las observaciones más importantes en la introducción del informe destaca, por ejemplo, la de Madera21 de Corma. Esta empresa constató que todas las observaciones y sugerencias de actividades, en el documento inicial, “se establecen dentro del marco de la difusión y fomento del uso de la madera como material estratégico en la gestión sustentable de recursos y residuos”.

El Comité argumentó que “la madera es un material que tiene interés en la medida que tenga atributos asociados a la economía circular”. Al mismo tiempo, declaró que la madera cumple con las condiciones de ser un material no tóxico y con posibilidades de recuperación. Finalmente, calificó a la madera como un material estratégico en virtud de su versatilidad y renovabilidad.

Más adelante, Madera21 dio cuenta de un supuesto desconocimiento de las ventajas medioambientales que tiene la madera en comparación con otros materiales de construcción: absorbe carbono de la atmósfera, es renovable y su producción es más limpia. No obstante, el Comité Consultivo aclaró que el propósito la Hoja de Ruta RCD no es “enfocarse en materiales específicos”. Sin ir más lejos, argumentó el organismo, “el año 2017 se declararon 783,4 toneladas de madera, siendo valorizados solo un 2,8% del total de los residuos de la construcción”. Adicionalmente, la madera como residuo, al contener hormigón, se dificulta su valorización”.

Acto seguido, la empresa Polpaico preguntó en la introducción del documento por qué en la Hoja de Ruta no se mencionaba a la Ley REP, y el Comité contestó que esta decisión obedece a que dicha normativa “no incorpora a las obras de construcción y/o demolición como un producto prioritario”. La misma compañía consultó por las metas concretas de reducción de la huella de carbono en los RCD, a lo que el Comité respondió que “no es posible comprometer metas directas vinculadas a la reducción del carbono, si bien la economía circular contribuye a su disminución”. En definitiva, agrega el Comité, “no se cuenta con información para plantear una meta directa”.

Frente a la consulta de Polpaico sobre el mercado negro en la extracción de los áridos que perjudicaría al rubro, el Comité contestó que el documento propone tres líneas de acción para atacar el problema: establecer condiciones de compras sustentables en torno al uso de áridos reciclados, y naturales y su extracción legal; promover la certificación de áridos y su extracción legal para su uso en obras de edificación e infraestructura pública; y tener al 2030 una certificación para áridos, incluyendo los reciclados.

Otro tanto tiene que ver con la “valorización energética a través de coprocesamiento de los residuos de la construcción” que señala la empresa Polpaico. Dicha firma sostiene que hace falta integrar “el mundo de los áridos como una oportunidad de reciclar escombros”. Frente a ello, el Comité sostuvo que se evaluará la incorporación como parte de la estrategias al coprocesamiento, no obstante aclara que la prioridad está centrada en la jerarquía de manejo de los RCD, por lo cual las primeras acciones son “prevención, reutilización y reciclaje”, dejando en último lugar a la “valorización energética y la disposición final”.

El Comité también respondió a la inquietud esgrimida por Polpaico respecto de la eliminación de barreras reglamentarias que entorpecen la gestión de residuos de la construcción en el área. El organismo aclaró que el objetivo, precisamente, de la Hoja de Ruta es corregir esas barreras para alcanzar las metas. Citó como ejemplo lo siguiente: la ley de tránsito regula de manera deficiente el transporte ilegal de residuos con destino a vertederos ilegales o espacios públicos; las multas máximas definidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) se contraponen con las existentes en la ley de tránsito; no existe un reglamento que regule los sitios de disposición final de los residuos de construcción y demolición, entre otros casos a subsanar.

En la sección “Gobernanza y mesas de trabajo” de la Hoja de Ruta, en tanto, la empresa Aceros AZA planteó sus dudas sobre si el universo de actores que generan residuos de construcción y demolición estaban considerados en el documento. El Comité sostuvo que esta posibilidad no fue factible debido a los “presupuestos disponibles, la capacidad de disponer espacios y horas profesionales”. No obstante, asegura el organismo coordinador, la convocatoria fue muy inclusiva en tanto “se cubrieron los grandes grupos de generación (servicios públicos, municipios) y actores privados”.

En este apartado del documento, la Asociación Chilena por el Fomento de la Economía del Bien Común extrañó la presencia de la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerada clave en temas como el diseño bioclimático para eficiencia energética. El Comité, sin embargo, aseguró que dicha agencia tuvo representantes para elaborar el documento de la Hoja de Ruta. El Comité, a su vez, coincidió con otra observación planteada por la Asociación, en lo que dice relación con la baja participación de la sociedad civil en la consulta pública.

En el capítulo “Principales brechas estratégicas”, el Comité mostró igual preocupación que la empresa Renova2 Servicios e Inversiones SpA sobre la escasa preparación y capacitación de los profesionales líderes de obras en construcción acerca de los conceptos de la economía circular. Según un estudio de la CDT en 2017, citado por el Comité, “el 60 por ciento los profesionales del sector construcción no conocía leyes, reglamentos, normativas o manuales respecto a la gestión de residuos”. En orden de atender esta problemática, el Comité prometió que “la generación de información y la capacitación son temas que se incluirán en los planes de acción sectoriales de las distintas entidades que abordarán la implementación de la Hoja de Ruta”.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) también propuso algunas alternativas en el ítem de los ejes de la Hoja de Ruta. “Para una gestión eficiente de los residuos proponemos que se genere un modelo de negocio, en que los municipios cumplan un rol central, presentando el servicio de recolección, transporte y disposición de residuos de acuerdo a un modelo tarifario claro y predecible”, señalaron en su observación. Adicionalmente, la CChC abogó por un rol activo de los municipios en la “operación/fiscalización del sistema”.

“Respecto a que se genere un modelo de negocio, en el que los municipios cumplan un rol de gestores y/o operadores del servicio de recolección, transporte, valorización y disposición de RCD, se informa que no se visualizan impedimentos legales o administrativos que dificulten que ello ocurra. No obstante, a pesar de ello no existe un número considerable de iniciativas al respecto, esta brecha se encuentra identificada y se han planteado acciones en la Hoja de Ruta”, respondió el Comité. Respecto al rol fiscalizador de los municipios, el Comité aclaró que esta propuesta “requiere una modificación legal, puesto que hoy las competencias en materia de fiscalización no se encuentran concentradas en los municipios”.

Otra solicitud sugerida por la CChC fue incluir más detalladamente en la Hoja de Ruta RCD algunos elementos de adaptación y mitigación al cambio climático, y los criterios de economía circular que se esperan aplicar en el sector construcción El Comité Consultivo calificó como “relevante” el requerimiento de detallar aún más los aspectos de adaptación y mitigación ante la crisis climática, y sobre los criterios de economía circular se ahondará más en el documento final.