Tras la segunda vuelta eleccionaria celebrada ayer, los 16 flamantes gobernadores regionales emprenderán una carrera contra el tiempo. En julio las nuevas autoridades asumirán este cargo inédito en la historia del país sin tener plena certeza acerca de sus atribuciones ni tampoco cómo afrontarán una eventual controversia de funciones con los delegados presidenciales, que serán autoridades designadas por el Presidente de la República que ejercerán en esa misma área regional.
Sí se conoce, sin embargo, que los gobernadores regionales presidirán el Consejo Regional (CORE) y tendrán la facultad de distribuir los recursos a las tareas que ese organismo colegiado defina como prioridades a nivel regional. En línea con lo anterior, efectivamente los gobernadores pueden, dentro de esta potestad, implementar políticas de desarrollo sostenible en su área regional, tales como áreas verdes, transporte limpio y eficiente, plantas de reciclaje, movilidad sostenible, entre otras.
“Los gobernadores van a tener facultades para idear los planes de desarrollo en cada una de las regiones, cuestión que si bien no está establecida explícitamente en la normativa, sí supone la planificación de políticas públicas destinadas al desarrollo sustentable de las regiones y promover la construcción de áreas verdes y protección del medio ambiente. Lo que no puede hacer el gobernador dice relación con el gobierno interior y orden público, que estará en manos del delegado presidencial”, cuenta el doctor en ciencia política y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.
Sin perjuicio de ello, las nuevas autoridades electas tendrán un obstáculo que limita su margen de maniobra: el presupuesto seguirá dependiendo del nivel central. “Es una limitante en cuanto no tienen un presupuesto necesariamente autónomo, sino que viene asignado desde el gobierno central, a partir de la Subdere. No es que los gobernadores dispongan de recursos y que los puedan administrar bajo su criterio. Un intendente (que se separa en delegado y gobernador) es una autoridad mucho más poderosa que el gobernador”, agrega Morales.
Según el cientista político, esta situación, analizada desde una arista inversa, representa una ventaja: “El intendente estaba a cargo del orden público y distribuir los recursos en compra de carros para Carabineros, pero con el gobernador va a ser distinto: como no tienen autonomía financiera, podrán destinar el presupuesto, en acuerdo con el CORE, en otras materias como las de desarrollo sostenible”.