Tras la segunda vuelta eleccionaria celebrada ayer, los 16 flamantes gobernadores regionales emprenderán una carrera contra el tiempo. En julio las nuevas autoridades asumirán este cargo inédito en la historia del país sin tener plena certeza acerca de sus atribuciones ni tampoco cómo afrontarán una eventual controversia de funciones con los delegados presidenciales, que serán autoridades designadas por el Presidente de la República que ejercerán en esa misma área regional.

Sí se conoce, sin embargo, que los gobernadores regionales presidirán el Consejo Regional (CORE) y tendrán la facultad de distribuir los recursos a las tareas que ese organismo colegiado defina como prioridades a nivel regional. En línea con lo anterior, efectivamente los gobernadores pueden, dentro de esta potestad, implementar políticas de desarrollo sostenible en su área regional, tales como áreas verdes, transporte limpio y eficiente, plantas de reciclaje, movilidad sostenible, entre otras.

“Los gobernadores van a tener facultades para idear los planes de desarrollo en cada una de las regiones, cuestión que si bien no está establecida explícitamente en la normativa, sí supone la planificación de políticas públicas destinadas al desarrollo sustentable de las regiones y promover la construcción de áreas verdes y protección del medio ambiente. Lo que no puede hacer el gobernador dice relación con el gobierno interior y orden público, que estará en manos del delegado presidencial”, cuenta el doctor en ciencia política y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.

Sin perjuicio de ello, las nuevas autoridades electas tendrán un obstáculo que limita su margen de maniobra: el presupuesto seguirá dependiendo del nivel central. “Es una limitante en cuanto no tienen un presupuesto necesariamente autónomo, sino que viene asignado desde el gobierno central, a partir de la Subdere. No es que los gobernadores dispongan de recursos y que los puedan administrar bajo su criterio. Un intendente (que se separa en delegado y gobernador) es una autoridad mucho más poderosa que el gobernador”, agrega Morales.

Según el cientista político, esta situación, analizada desde una arista inversa, representa una ventaja: “El intendente estaba a cargo del orden público y distribuir los recursos en compra de carros para Carabineros, pero con el gobernador va a ser distinto: como no tienen autonomía financiera, podrán destinar el presupuesto, en acuerdo con el CORE, en otras materias como las de desarrollo sostenible”.

En línea con Morales, el ex intendente de la Región Metropolitana y de la Región de Los Lagos, Sergio Galilea, percibe que el gobernador “tiene algunas capacidades, pero no todas las que debiera tener”. De partida, Galilea califica como “absurda” la disolución del cargo de intendente para dividirlo en dos delegado y gobernador. En ese sentido critica las leyes que se tramitaron -y aún se están tramitando en el Congreso- para clarificar el rol de ambas nuevas autoridades. “Lo más malo que tiene la ley es darle formalmente al delegado una tuición sobre los ministerios. ¿Cómo el gobernador va a llevar a cabo una estrategia de desarrollo sin el Ministerio de Obras Públicas, sin el Ministerio de Vivienda?”, se pregunta Galilea, quien cree que los seremis debiesen depender de los gobernadores para materias atingentes a las regiones. Morales es aún más tajante en el sentido de decir que se han generado “expectativas desmedidas sobre las atribuciones de los gobernadores, pero no solo de parte de la ciudadanía, sino de los propios candidatos”.

Entre las pocas herramientas a mano que tiene el gobernador, el académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, José Viacava, destaca al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que dejará de estar en manos del intendente. Aunque sigue dependiendo del poder central, pues se discute en la Ley de Presupuesto, “la forma y focalización de cómo se utilizan queda a cargo del gobernador”, añade Viacava.

En línea con Viacava, Sergio Galilea -actual coordinador del Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional del citado INAP- piensa que los gobernadores cuentan con una gran oportunidad para convocar al sector privado en el fomento de la actividad productiva y emprendimiento, bajo estándares de sustentabilidad y economía circular.

“Lo que habría que hacer a mi juicio es crear 16 Corfos para cada gobierno regional. Quiero decir que es importante crear instituciones de fomento productivo a nivel regional y con sus especificidades. Eso podría impulsar el desarrollo de economía circular, economías verdes, políticas innovadoras en energía y agua, pero al mismo tiempo relevar el rol de las pymes para la reactivación económica después de esta crisis”, plantea el ex intendente Galilea.

La posibilidad de robustecer las competencias

El proceso ha sido objeto de fuertes críticas debido a que la legislación aún no confiere definitivamente todas las capacidades que tendrán las autoridades que ya fueron elegidas este domingo. Por ejemplo, hay algunas leyes que ya están promulgadas, como la 21.073, que regula la elección de los gobernadores, o la 21.074 sobre el fomento de la regionalización del país, pero otras aún están en plena tramitación, como la que implementa el proceso de descentralización, contenida en el Boletín 13823-06, y que el 27 de mayo pasó a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional.

En esa Comisión y en las sucesivas discusiones, augura José Viacava, los gobernadores podrían robustecer sus competencias para incidir, por ejemplo, en políticas medioambientales y de desarrollo sustentable. Viacava recuerda que la ley faculta a los gobernadores, a contar de 2023, a “solicitar una transferencia de competencias”. El momento constituyente, agrega el académico del INAP, puede abonar el terreno de modo que el gobernador tenga un marco de acción más vasto.

Lo mismo cree Sergio Galilea, para quien “aunque la ley es insuficiente, tiene grandes posibilidades de ser modificada en el marco de la nueva Constitución”. Pero más allá de atribuciones más o atribuciones menos, agrega Galilea, los gobernadores van a tener un peso político prominente en la discusión por cuanto “son autoridades electas por la ciudadanía con muchos sufragios, comparado a los parlamentarios, y eso les confiere una capacidad e iniciativa política muy relevantes”. De esta manera, cree la ex autoridad regional, el gobernador entrante podrá interceder en temáticas que atañen hoy a la humanidad a raíz de la crisis climática: “El mundo sigue en dirección pro economía circular, diversificación energética, pro economías limpias, manejo de agua”.

Mauricio Morales, cientista político y académico de la Universidad de Talca, también advierte que “hay servicios que se traspasarán gradualmente del nivel central al regional y con eso el gobernador podría ganar más atribuciones”. Para Morales, dichas atribuciones debieran pasar sí o sí por el tema de la sustentabilidad ambiental en las regiones: “Deberían poder incidir en ese debate por la descontaminación, las áreas verdes, los derechos de agua. Se espera que puedan proponer políticas públicas que permitan que el agua no esté concentrada en pocas manos”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, la diputada Andrea Parra, reconoce que “los gobernadores parten con pocas atribuciones y es evidente que habrá conflictos con los delegados, una figura centralista que espero termine desapareciendo”. Ella asegura que dentro de la Comisión que preside “intentaremos facilitar el proceso de solicitud de nuevas competencias pues creo que eso va a empezar a ocurrir muy luego”.

Por ahora, agrega Parra, “los gobernadores necesitarán mucho manejo para aprovechar al máximo las facultades de ordenamiento territorial dándole un enfoque de sostenibilidad, en especial en la pavimentación de aceras y calzadas, la elaboración del plan de inversiones en movilidad y espacio público, el transporte intercomunal y la protección del medioambiente”.

En tanto, el diputado integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Bernardo Berger, también advierte una “debilidad” en el proceso y ve difícil que los gobernadores puedan emprender tareas relativas a sostenibilidad con las herramientas hasta ahora otorgadas. “Lo veo complejo, porque van a tener que negociar con los ministerios que corresponda: Vivienda, Medio Ambiente, Transportes. Además los gobiernos regionales traen proyectos de arrastre con presupuesto comprometido, por lo que las futuras autoridades van a lidiar con recursos bastante escuálidos”, dice Berger.

Ésta fue una de las críticas del gobernador electo por Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien en diferentes medios de comunicación vertió su malestar contra el actual intendente Jorge Martínez, por éste asignar una millonaria partida del presupuesto regional a compra de carros para Carabineros, antes de que el vocero de Modatima asuma su nueva función.

No actuarán solos y podrían aliarse en temáticas sostenibles comunes

Mauricio Morales, doctor en ciencia política, repara en un detalle muy a tener en cuenta: el gobernador solo preside el Consejo Regional y deberá destinar los recursos que él estime pertinentes para la región solo mediante acuerdo con este organismo colegiado. De ahí la importancia de la elección de noviembre, donde no solo se elegirá Presidente de la República ni parlamentarios, sino consejeros regionales.

“Los gobernadores van a tener libertad para distribuir los recursos, pero no actúan en solitario, sino con el Consejo Regional, que es el contrapeso con éstos en la administración regional”, afirma el académico de la U. de Talca.

En consonancia con ello, José Viacava cree que los miembros del Consejo Regional electos, eventualmente, “podrían transformarse en un ‘parlamento’ adverso si no es de la misma línea del gobernador”, lo que podría dificultar el entendimiento entre esos dos actores. Sin embargo, Viacava es aun más enfático y asegura que ésta es “una discusión que hay que plantearla en cuatro vértices: alcalde de la capital regional, delegado presidencial, gobernador y consejo regional”.

Complementa Viacava: “No solo el delegado y el gobernador se sentarán en la mesa con el poder, sino también los alcaldes y el consejo regional. En ese sentido, en la futura elección presidencial, si hay un cambio de administración, eso ayudaría a lubricar este ejercicio a contar de marzo de 2022”.

Sergio Galilea también cree que la elección presidencial de noviembre puede contribuir a despejar las dudas sobre las facultades del cargo del gobernador. “Durante seis meses los gobernadores coexistirán con un gobierno en fase terminal, pero es muy probable que si sale un Presidente con la línea política de la mayoría de los gobernadores, esto facilite las cosas. Además, se espera que el Presidente tenga la prudencia de nombrar delegados que ayuden al gobernador”.

Por último, hay un tema que han conversado Viacava y Galilea, ambos académicos del INAP de la Universidad de Chile. Dice relación con la posibilidad de que los gobernadores puedan formar una especie de asociación para fortalecer sus competencias y su poder de diálogo ante la autoridad central, y crear macrozonas de interés común, donde pueden caber, por ejemplo, temáticas de sostenibilidad como la gestión del agua.

“Por ejemplo, la gobernadora de Aysén y el gobernador de Punta Arenas podrían configurar una suerte de macrozona sur-austral con los gobernadores de Los Lagos y Los Ríos para juntarse cada seis meses y discutir el tema de pasos fronterizos, conectividad y relaciones con Argentina. Eso implica que tomarán la iniciativa de invitar al ministro de Obras Públicas a tener una discusión de fondo. Del mismo modo, podría suceder que las regiones del centro-norte del país -O’Higgins, Valparaíso y Coquimbo- hagan una acción conjunta para abordar la temática del acceso al agua y superar el tema de la distribución del recurso vía camiones aljibe”, propone Galilea.

Viacava, en tanto, imagina un símil con la Asociación de Municipalidades. “Coincidimos con Sergio (Galilea) en que se conformará una asociación nacional de gobernadores y gobernadores que se transformará en una suerte de bancada regionalista que hará valer su peso electoral no necesariamente en el Congreso, sino con el Presidente de la República o en Hacienda, y ahí insertar los grandes temas relativos con Objetivos de Desarrollo Sostenible, matriz productiva más limpia, etcétera. Me dificulta pensar que cada uno de los 16 gobernadores vaya a tener una agenda propia sin necesidad de agruparse”.

En definitiva, según Sergio Galilea, la primera tarea que debieran acometer los flamantes gobernadores es “constituirse inmediatamente en una agrupación que haga planteamientos comunes, exigiendo reformas legales, yendo al Congreso. Incluso, que puedan ir a la Convención Constitucional a convertirse en un actor más dentro del proceso constituyente”.