Este mes se cumplen 4 años de la promulgación de la Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, que introduce la responsabilidad del productor, además de innovaciones en el ecodiseño y ecoetiquetado.

En Chile se generan 17 millones de toneladas de desechos anuales, por ello, uno de los grandes problemas que persisten aún, es que sigue siendo más barato disponer de éstos en un relleno sanitario, que invertir en un circuito de economía circular. Lamentablemente existe una percepción generalizada de que los residuos, que sacamos de nuestras casas, oficinas o empresas, dejan de ser nuestra responsabilidad, lo que no es así. En este sentido, pasó a ser un deber el trabajar para contar con una cultura tendiente a disminuir la cantidad de residuos generados, educando a los consumidores como sujetos responsables y exigiendo diferentes formas de entregar los productos, por lo que deberíamos avanzar más rápido con políticas públicas que vayan en esa dirección, con verdaderos incentivos.

Los municipios del país somos los encargados de velar por el correcto manejo del sistema de recolección de basura en cada comuna, sin embargo, las precariedades y las desigualdades territoriales bajo las cuales están subsumidos, hacen ver con distancia lineamientos generales que vayan en la dirección de la sustentabilidad y que fomenten el reciclaje. Muy por el contrario, actualmente muchas municipalidades mantienen contratos con empresas de recolección que trasladan los residuos a rellenos sanitarios privados, instalados en su gran mayoría en las periferias de las ciudades, produciendo un impacto ambiental negativo en las comunidades aledañas.

En efecto, los gobiernos locales incurren en significativos gastos, que representan un porcentaje muy alto de sus presupuestos, por conceptos de recolección y disposición de residuos, con cifras que suben año a año debido al aumento exponencial de la generación de desechos por cada habitante.

Al día de hoy, más del 80% de los hogares están exentos del pago del servicio de aseo, no pagan por esta prestación, por lo que resulta razonable analizar tipos de impuestos ambientales que deberían implementarse para incentivar la disminución de residuos y la valorización, lo que facilitaría el cambio hacia una mirada más sustentable de los residuos que consumimos y generamos.

Al respecto, nos preocupan las modificaciones aprobadas por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde se fijan las metas de reciclaje para el sector de envases y embalajes de la Ley REP. Dentro de los principales cambios está la extensión del plazo para alcanzar los objetivos finales, que implica que el 60% de reciclaje ya no está fijada para 2030, sino para 12 años después de que el sistema entre en operación. Tomando en consideración la masividad del consumo de este tipo de productos, creemos que es una medida que implica un retroceso a lo que se había avanzado hasta ahora.

Comprendemos lo complejo de la situación que vive hoy el país y el mundo con el impacto del Covid-19, sin embargo, no podemos perder de perspectiva que nuestro gran desafío, aún más arduo y mayor, es mitigar los efectos del cambio climático, por lo que no podemos dar pasos hacia atrás y debemos seguir avanzando en la consecución de logros, como lo veníamos haciendo.

Al mismo tiempo, valoramos los esfuerzos que están haciendo para incrementar la infraestructura de reciclaje en las comunas, sin embargo, creemos que se puede avanzar más sustantivamente. En Independencia, hemos conseguido significativos logros al respecto, gracias nuestra política de gestión de residuos municipal, con la incorporación y visibilización de los recicladores de base en el sistema de gestión.

En Independencia estamos comprometidos con la inclusión de los recicladores en la política ambiental comunal, trabajando de manera conjunta e inclusiva con ellos en la administración y operación de los puntos limpios y recolección selectiva. En efecto, creemos en la valiosa experiencia de poder hacer seguimientos, para que realmente los recicladores se incorporen y no estén ausentes del sistema, una vez implementado los sistemas de gestión. Un mecanismo dinámico y virtuoso que se necesita replicar en cada una de las comunas del país.

Los municipios podemos contribuir a avanzar más rápidamente hacia una gestión sostenible, actualizando nuestras respectivas ordenanzas y fijando políticas ambientales locales. Promoviendo el compromiso y la educación por el respeto a la biodiversidad y concientizando a los ciudadanos por un consumo responsable y en favor del reciclaje, que haga posible que los vecinos y vecinas realicen la separación en origen de los residuos. Sin dejar de lado, por cierto, la preocupación constante de la desigualdad de recursos con los que cuentan los municipios para implementar acciones en los territorios, conociendo las diferencias presupuestarias de varios de ellos.

A pesar de la crisis en la que estamos, no podemos postergar este debate ni menos abandonarlo.