Luego de que el ministro de Agricultura, Antonio Walker, anunciara en junio de 2018 la preparación de la Ley Arbolito, rápidamente se inició una discusión pública que se centró principalmente en la eventual prohibición de plantar más plátanos orientales en las ciudades. Sin embargo, este tema es sólo la punta del iceberg de una normativa mucho más amplia, cuyo objetivo es la protección de estas especies en zonas urbanas. La idea, según se planteó en esa oportunidad, era entregarle atribuciones a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para que asesorara técnicamente a los municipios en la regulación de la poda, tala, extracción y control sanitario de los árboles.
Para desarrollar el proyecto e incorporar todos estos alcances, desde el gobierno se convocó a diveros expertos en esta materia y el 4 de diciembre pasado se realizó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Agricultura (Minagri) y diferentes actores de la sociedad civil para discutir los alcances de la Ley Arbolito.
Entre los asistentes a esa reunión estuvo el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), la Universidad Católica, Conaf; los ministerios de Vivienda, de Obras Públicas, Energía, Medio Ambiente y Transportes; Reforestemos, el Colegio de Ingenieros Forestales, la Cámara Chilena de la Construcción y la Red Nacional Pro Ley de Arbolado Urbano.
Cecilia Michea, vocera de este último movimiento ciudadano, explica que en esa mesa de trabajo primero el Gobierno expuso la problemática y luego se abrió un diálogo. Durante la instancia se conversó sobre la necesidad de reunir en la ley un conjunto de pequeños reglamentos referentes al arbolado urbano, se habló de fomentar la plantación y cuidado de árboles en el tiempo, de criterios de manejo y de procedimientos de fiscalización, infracciones y sanciones.
Sin embargo, ya han pasado tres meses de la convocatoria y aún no hay noticias del proyecto para la Ley Arbolito, a pesar de que el ministro Walker dijo hace pocos días a El Mercurio que la “redacción está lista”, y que esta fue despachada a cinco ministerios para su revisión.
“Uno de los compromisos del Minagri fue que compartirían el borrador de la propuesta, pero a la fecha no hemos recibido el documento. Luego de aquella reunión no contamos con más información sobre los avances de la ley que los que fueron expuestos allí”, afirma Michea, algo en lo que concuerdan distintas organizaciones que estuvieron presentes en la reunión.