Luego de que el ministro de Agricultura, Antonio Walker, anunciara en junio de 2018 la preparación de la Ley Arbolito, rápidamente se inició una discusión pública que se centró principalmente en la eventual prohibición de plantar más plátanos orientales en las ciudades. Sin embargo, este tema es sólo la punta del iceberg de una normativa mucho más amplia, cuyo objetivo es la protección de estas especies en zonas urbanas. La idea, según se planteó en esa oportunidad, era entregarle atribuciones a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para que asesorara técnicamente a los municipios en la regulación de la poda, tala, extracción y control sanitario de los árboles.

Para desarrollar el proyecto e incorporar todos estos alcances, desde el gobierno se convocó a diveros expertos en esta materia y el 4 de diciembre pasado se realizó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Agricultura (Minagri) y diferentes actores de la sociedad civil para discutir los alcances de la Ley Arbolito.

Entre los asistentes a esa reunión estuvo el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), la Universidad Católica, Conaf; los ministerios de Vivienda, de Obras Públicas, Energía, Medio Ambiente y Transportes; Reforestemos, el Colegio de Ingenieros Forestales, la Cámara Chilena de la Construcción y la Red Nacional Pro Ley de Arbolado Urbano.

Cecilia Michea, vocera de este último movimiento ciudadano, explica que en esa mesa de trabajo primero el Gobierno expuso la problemática y luego se abrió un diálogo. Durante la instancia se conversó sobre la necesidad de reunir en la ley un conjunto de pequeños reglamentos referentes al arbolado urbano, se habló de fomentar la plantación y cuidado de árboles en el tiempo, de criterios de manejo y de procedimientos de fiscalización, infracciones y sanciones.

Sin embargo, ya han pasado tres meses de la convocatoria y aún no hay noticias del proyecto para la Ley Arbolito, a pesar de que el ministro Walker dijo hace pocos días a El Mercurio que la “redacción está lista”, y que esta fue despachada a cinco ministerios para su revisión.

“Uno de los compromisos del Minagri fue que compartirían el borrador de la propuesta, pero a la fecha no hemos recibido el documento. Luego de aquella reunión no contamos con más información sobre los avances de la ley que los que fueron expuestos allí”, afirma Michea, algo en lo que concuerdan distintas organizaciones que estuvieron presentes en la reunión.

Consultado el Ministerio de Agricultura al respecto, respondió por escrito a País Circular que están “trabajando en su revisión y adecuación, a fin de tener en marzo una propuesta que integre la visión de todos los sectores que se relacionan con el árbol al interior de la ciudad”. Pero ya se está cumpliendo el nuevo plazo autoimpuesto, y siguen las dudas respecto de los alcances de la Ley Arbolito.

Michea cree que la tarea ha sido lenta porque se está buscando un consenso entre las partes. “Hay que hacer grandes modificaciones para poder coincidir en una fórmula”, aclara. Por ejemplo, el primer punto del petitorio que formuló con la red nacional que representa exige que el árbol sea catalogado como un ser vivo y que “no sea visto como un bien de uso público”, consideración que deja en manos de las municipalidades la gestión de los árboles.

Su preocupación radica en que muchas comunas no cuentan con las capacidades técnicas suficientes para un buen cuidado del arbolado. A esto se suma que recientemente el ministro Walker adelantó que en el proyecto se facultará que cada municipio aterrice la ley a su realidad, y cree planes mediante ordenanzas.

“Nuestro propósito siempre fue alejar la decisión del municipio sobre el manejo del árbol. Que ahora se estipule una ley que pueda ser manejable a lo que el municipio requiera, vuelve a traspasar la decisión final al municipio. Esa situación nos preocupa muchísimo”, dice Michea.

En esa misma línea, Santiago del Pozo, ingeniero forestal de la U. de Chile y experto en arboricultura urbana, afirma que “lamentablemente no tenemos un ejemplo de buena gestión de arbolado urbano. Sí hay comunas que gestionan mejor los árboles que otras, y esa es la razón del por qué necesitamos la ley”.

En cuanto al retraso en la elaboración del proyecto para la Ley Arbolito, aclaró que radica en que las autoridades “se encontraron con una serie de enfoques distintos”. “Pienso que están un poco enredados en este tema de saber qué es el arbolado urbano, cómo se gestiona, cuáles son los métodos, las técnicas, los procesos y en eso han hecho una consulta a los distintos ministerios”, comenta. Y agrega que “el problema mayor que tiene este proyecto es que en su elaboración no están participando directamente personas que sepan de arbolado urbano”.

Enfoque del proyecto

Para Del Pozo, lo principal es armar un plan de gestión que sirva para distintas situaciones, ecosistemas y especies: “Primero hay que enfocarse en cada árbol de manera individual. Aunque sea de la misma especie, con otro son diferentes, crecen de manera diferente. Lo segundo es que debe existir una preocupación de todo el ciclo de vida del árbol urbano, no es posible que nos preocupemos del árbol solamente cuando está grande y empieza a molestar. Si nos preocupamos de él desde antes, no va a requerir que lo desmochen, ni lo mutilen, que es lo que ocurre hoy. El tercer punto fundamental es conocer cómo funcionan los árboles y la necesidad de crear un sistema de capacitación de arbolado urbano que sea obligatorio. No es lo mismo capacitar a una persona que va a plantar, a una persona que va a producir”.

Una postura similar tiene Carolina Solar, encargada de la formación del comité de Paisaje y Territorio del Colegio de Arquitectos. “No sólo está el problema de las podas, también el problema de las pinturas blancas que dicen que son para las hormigas. Nunca he sabido que eso sea verdad, ¿Cuál es el problema de que haya hormigas en los árboles, si son necesarias? Después está el tema sobre cómo se plantan los árboles. En algunas partes los roban y los rompen, porque no hay un reglamento de plantación tampoco. Esas son las cosas que hay que subsanar”.

En noviembre, previo a la mesa organizada por el Minagri, Solar realizó el foro “Crear y Pensar el Paisaje: ¿Ley del Arbolito?”, donde una de las conclusiones fue que “hay que hacer un catastro nacional de árboles urbanos para saber qué arboles hay por comuna y barrio. Eso de alguna manera existe, pero está repartido en distintas instituciones. Hay que decir que ‘lo que no conoces no lo valorizas’, y mientras no podamos conocer la realidad no podemos legislar”, asegura la arquitecta PUC y doctora en arquitectura del paisaje.

Junto a esto, señala que el debate en torno a la Ley Arbolito es muy amplio: es patrimonial, educativo, económico, ecológico y sociocultural. “Es un tema integrado de muchos ministerios, el problema es complejo, no es para comprometerse en tener un borrador en dos meses. Entonces ¿Cómo liderar esto? Por una parte, averiguando qué pasa en el mundo con las leyes de arbolado urbano, pero además se necesita educar. La ley también debería comprender la educación de los niños, juntas de vecinos, alcaldes u directores urbanos”. Y añadió que “mi hipótesis es que Agricultura no tiene las capacidades para dedicarse a estudiar un problema urbano, porque no es de su competencia”.

¿Por qué es urgente la Ley Arbolito?

En enero algunos vecinos de Las Condes se percataron de que en el Parque Vespucio, entre Avenida Kennedy-La Gioconda, se cortaron los últimos árboles que quedaban en el lugar -entre ellos aromos, plátanos orientales y olmos- como parte de la cuarta etapa de la construcción de la Autopista Vespucio Oriente (AVO I). Según informó La Segunda, AVO justificó la acción explicando que se trataba de especies en mal estado y que no podían ser trasplantadas, como sí había ocurrido con otros ejemplares. Además, se especificó que los árboles talados serían repuestos.

Santiago del Pozo precisa que la municipalidad es la única que puede declarar si los árboles están sanos o no ¿Qué pasó entonces? En una primera instancia AVO I (hoy una vía subterránea) contemplaba también la creación de un corredor superficial para el Transantiago, lo que requería cortar una cantidad importante de árboles.

“No hubo una discusión sobre eso y en paralelo se empezó a trabajar en el corredor. Talaron muchos árboles y finalmente se decidió que no se iba a hacer el corredor. Esto habla de una muy mala coordinación porque el corredor no dependía del Ministerio de Obras Públicas (MOP), como ocurre con AVO, dependía del Ministerio de Transportes (MTT). Por lo tanto el MTT hizo lo que tenía que hacer hasta que le dijeron que ya no iba más, y hoy día ya no tenemos parque. El daño está hecho y es enorme. Esto pasó porque no se dieron cuenta de que en realidad eran dos proyectos complementarios, pero distintos. Eso se hubiera solucionado si hubiese existido una ley de arbolado urbano”, concluye Del Pozo.