En agosto de 2018, el entonces ministro de Agricultura, Antonio Walker, se comprometió con una serie de organizaciones agrupadas bajo la Red Nacional Pro Ley de Arbolado Urbano a preparar una propuesta de ley que debía establecer una serie de normativas para regular y fomentar el arbolado urbano en Chile, que entre otras cosas se encargaría de regular la poda, tala, extracción y control sanitario de los árboles que se encuentran en bienes nacionales de uso público, ya sea calles, veredas, plazas, parques y bandejones. Sin embargo, esto nunca se materializó, pese a que incluso se conformó una mesa de trabajo para desarrollar una propuesta legislativa que debía ingresarse a comienzos de 2019 al Congreso, y a la que se sumaron otros actores como la Asociación Chilena de Paisajistas y el Colegio de Arquitectos.

Hoy, tres años más tarde, esta iniciativa finalmente ingresó a trámite en el Parlamento aunque no desde el Ejecutivo, sino que a través de una moción parlamentaria impulsada por los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado (Isabel Allende, Ximena Órdenes, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana y Rafael Prohens), proyecto que recibió el nombre de Ley de Arbolado e Infraestructura Verde. Este se basa en la misma propuesta elaborada por la Red de Arbolado Urbano en 2018 para el gobierno y otras como el proyecto de ley “Valoración y Protección del Árbol” impulsado en 1998 por el fallecido senador Antonio Horvath, a lo que se sumaron aportes y colaboraciones de una decena de profesionales de diversas áreas ligadas a las ciencias forestales y el urbanismo.

“La Red de Arbolado Urbano son los promotores e impulsores de este proyecto, y han tenido que perseverar por muchos años para esta iniciativa. Hoy es un orgullo poder decir que hemos logrado que esto sea presentado en la Comisión de Medio Ambiente, donde tiene un apoyo transversal porque esta moción la firmaron todos los senadores de la comisión. Eso es muy importante, porque un tema como este requiere de ese apoyo transversal, estamos convencidos que necesitamos de esta infraestructura verde, no ponemos vivir solo en las áreas de cemento ignorando lo que la naturaleza nos entrega”, plantea Isabel Allende.

El objetivo del proyecto es establecer normas para la valoración, fomento, planificación, gestión, protección y conservación de los árboles urbanos y la infraestructura verde urbana, como una forma de contribuir al desarrollo sostenible y verde de nuestras ciudades. Para ello, en primer lugar se crea un un amplio cuerpo de definiciones y un método de valoración de árboles urbanos, hoy inexistente, a fin de poner en contexto el real valor de lo verde en nuestras ciudades.

Entre otras cosas, por ejemplo, se incorpora por primera vez el concepto de infraectructura verde, que abarca no solo a formas tradicionales como parques, áreas verdes y arbolado urbano, sino también a nuevos enfoques como las cubiertas y azoteas verdes, los jardines verticales, huertos y bosques urbanos, eco-pavimentos y humedales, entre otros, los que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la biodiversidad en los ecistemas urbanos al tiempo que ayudan a mitigar los impactos del cambio climático en las ciudades.

También incorpora una novedosa forma de valorización económica del árbol urbano, la que entre otras cosas está determinada por el tamaño de un árbol, su ubicación y condición sanitaria, sus “amenidades” o características plásticas incluidos aspactos como floración y fragancia; y sus características ambientales relacionadas con el aporte a la biodiversidad, reducción del ruido, reducción del material particulado, mejora de la humedad ambiental, reducción de los rayos ultravioleta y disminución de la erosión. Al mismo tiempo, hay algunas características que pueden disminuir su valor por variables que generan problemas, como alergias, caída de hojas, caída de frutos, rotura de infraestructura u otros.

Incremento de árboles nativos y rol de la ciudadanía

“Esta iniciativa no es un capricho de un grupo de ciudadanos. El árbol, los espacios públicos verdes, la naturaleza, producen una tremenda cantidad de beneficios a la ciudadanía y al entorno inmediato, pero hoy cuesta más caro un poste de cemento que un árbol monumental de 25 metros que produce una tremenda cantidad de servicios ecosistémicos al entorno, y eso no puede suceder. A través de esta ley queremos que el árbol tenga el valor que merece. Casi 19 mil estudios hablan de la vinculación de los espacios verdes con la salud pública, por ejemplo. No podemos seguir hoy viendo al árbol urbano como un elemento estético, sino que produce una serie de beneficios sociales, ambientales, de salud pública, de salud mental, y como mitigador del cambio climático”, dice Leonardo Lira, miembro de la Red Árbol Urbano.

Para la creación de esta infraestructura verde urbana y potenciar estos beneficios, el proyecto de ley establece una serie de condiciones específicas que se tienen que cumplir para la construcción de áreas verdes en las ciudades. Entre ellas, determina que los proyectos deben contar con al menos un árbol por cada 100 m2 de superficie total, con lo que se busca evitar -por ejemplo- la construcción de plazas o espacios sin arbolado, donde muchas basta una banca o unos juegos infantiles para denominarlo como “área vede”.

“A través de este proyecto de ley estamos proponiendo estándares técnicos mucho más adecuados y que ayuden a una mejor calidad de vida de la población. Queremos eliminar espacios que hoy son considerados áreas verdes y que hoy, al estar totalmente abandonados, no producen los beneficios esperados sino todo lo contrario: delincuencia, baja salud mental, enfermedades… Estos espacios abandonados en barrios con personas de alta vulnerabilidad social perjudican probablemente el futuro de la persona que vive en ese lugar”, explica Lira.

Además, el proyecto establece que el 50% de los árboles que se planten en un área verde deben ser especies nativas, de la ecorregión a la que pertenece la comuna, y además no pueden ser todos de una misma especie. Y junto con ello, determina la existencia de especies prohibidas, definidas como “aquellas que por su comportamiento natural (toxicidad, condiciones mecánicas desfavorables o transmisión excesiva de fitopatologías o alérgenos) puedan presentar riesgos a la población; o hayan sido declaradas como especies invasoras; o existan otros criterios debidamente fundamentados para su prohibición”.

Adicionalmente, el proyecto fija estándares mínimos de mobiliario, iluminación, soluciones de riego y características de los drenajes de aguas lluvia, así como exigencias de mantención y una serie de prohibiciones en su interior, entre ellas la de instalación de prograganda o publicidad.

En términos de protección, el proyecto de ley prohíbe la tala de árboles en bienes nacionales de uso público, salvo casos extraordinarios y debidamente fundados. Por lo mismo, establece multas de hasta 500 UTM (más de $25 millones) por apropiarse, talar, trasplantar o mutilar un un árbol público, fija en 200 árboles nuevos por cada árbol talado la compensación por su retiro para la ejecución de obras públicas civiles.

También le entrega un importante rol a la ciudadanía en la protección y creación de árbolado urbano. Por ejemplo, establece que cualquier persona puede solicitar a las municipalidades que fiscalice el cumplimiento de esta ley, la constitución de “mesas ciudadanas de infraestructura verde” o que se promueva la declaración de un “árboles singulares o patrimoniales”, entendidos como aquellos “sujetos arbóreos que por sus valores paisajísticos, longevidad, etnológicos, belleza, relevancia histórica o cultural para la comunidad, sea declarado como tal por la municipalidad, y que será gestionado con un régimen especial de conservación”.

Además, señala que el propietario de un inmueble o quien lo utilice a cualquier título, estará obligado a mantener y conservar los árboles plantados en su propiedad, siendo responsable por todos los daños y perjuicios que causen sus árboles a terceros; y permite que toda persona que desee plantar hasta cinco árboles en espacios públicos, pude hacerlo solicitando un permiso simple a la municipalidad, indicando al menos la ubicación, especie, altura, diámetro al cuello, forma de plantación y sujeción, y edad aproximada del ejemplar.

“Esta ley tiene por finalidad contar con un cuerpo legal que garantice a la ciudadanía vivir en ciudades más verdes y más sostenibles, considerando además que Chile es uno de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de población urbana. Es el momento de que todas las preocupaciones ambientales se concentren de igual forma al interior de la ciudad, y no como ocurre ahora, desde la ciudad hacia afuera. Estamos totalmente despreocupados de lo que está ocurriendo al interior de los barrios, y pretendemos que eso cambie para bien”, dice Leonardo Lira.