En agosto de 2018, el entonces ministro de Agricultura, Antonio Walker, se comprometió con una serie de organizaciones agrupadas bajo la Red Nacional Pro Ley de Arbolado Urbano a preparar una propuesta de ley que debía establecer una serie de normativas para regular y fomentar el arbolado urbano en Chile, que entre otras cosas se encargaría de regular la poda, tala, extracción y control sanitario de los árboles que se encuentran en bienes nacionales de uso público, ya sea calles, veredas, plazas, parques y bandejones. Sin embargo, esto nunca se materializó, pese a que incluso se conformó una mesa de trabajo para desarrollar una propuesta legislativa que debía ingresarse a comienzos de 2019 al Congreso, y a la que se sumaron otros actores como la Asociación Chilena de Paisajistas y el Colegio de Arquitectos.
Hoy, tres años más tarde, esta iniciativa finalmente ingresó a trámite en el Parlamento aunque no desde el Ejecutivo, sino que a través de una moción parlamentaria impulsada por los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado (Isabel Allende, Ximena Órdenes, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana y Rafael Prohens), proyecto que recibió el nombre de Ley de Arbolado e Infraestructura Verde. Este se basa en la misma propuesta elaborada por la Red de Arbolado Urbano en 2018 para el gobierno y otras como el proyecto de ley “Valoración y Protección del Árbol” impulsado en 1998 por el fallecido senador Antonio Horvath, a lo que se sumaron aportes y colaboraciones de una decena de profesionales de diversas áreas ligadas a las ciencias forestales y el urbanismo.
“La Red de Arbolado Urbano son los promotores e impulsores de este proyecto, y han tenido que perseverar por muchos años para esta iniciativa. Hoy es un orgullo poder decir que hemos logrado que esto sea presentado en la Comisión de Medio Ambiente, donde tiene un apoyo transversal porque esta moción la firmaron todos los senadores de la comisión. Eso es muy importante, porque un tema como este requiere de ese apoyo transversal, estamos convencidos que necesitamos de esta infraestructura verde, no ponemos vivir solo en las áreas de cemento ignorando lo que la naturaleza nos entrega”, plantea Isabel Allende.
El objetivo del proyecto es establecer normas para la valoración, fomento, planificación, gestión, protección y conservación de los árboles urbanos y la infraestructura verde urbana, como una forma de contribuir al desarrollo sostenible y verde de nuestras ciudades. Para ello, en primer lugar se crea un un amplio cuerpo de definiciones y un método de valoración de árboles urbanos, hoy inexistente, a fin de poner en contexto el real valor de lo verde en nuestras ciudades.
Entre otras cosas, por ejemplo, se incorpora por primera vez el concepto de infraectructura verde, que abarca no solo a formas tradicionales como parques, áreas verdes y arbolado urbano, sino también a nuevos enfoques como las cubiertas y azoteas verdes, los jardines verticales, huertos y bosques urbanos, eco-pavimentos y humedales, entre otros, los que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la biodiversidad en los ecistemas urbanos al tiempo que ayudan a mitigar los impactos del cambio climático en las ciudades.
También incorpora una novedosa forma de valorización económica del árbol urbano, la que entre otras cosas está determinada por el tamaño de un árbol, su ubicación y condición sanitaria, sus “amenidades” o características plásticas incluidos aspactos como floración y fragancia; y sus características ambientales relacionadas con el aporte a la biodiversidad, reducción del ruido, reducción del material particulado, mejora de la humedad ambiental, reducción de los rayos ultravioleta y disminución de la erosión. Al mismo tiempo, hay algunas características que pueden disminuir su valor por variables que generan problemas, como alergias, caída de hojas, caída de frutos, rotura de infraestructura u otros.