En diciembre pasado se hizo la única reunión entre el Ministerio de Agricultura (Minagri) y organizaciones de la sociedad civil para afinar los detalles de la Ley Arbolito, la que se encargará de regular la poda, tala, extracción y control sanitario de los árboles que se encuentran en bienes nacionales de uso público, ya sea calles, veredas, plazas, parques y bandejones.
Si bien el Minagri estimaba que la normativa sería ingresada para su discusión legislativa a fines de marzo, los plazos se han extendido debido a la gran cantidad de opiniones aportadas por expertos de distintas áreas. “En este trabajo nos encontramos con dos sorpresas. La primera fue que se nos vino una avalancha de gente encima interesada en participar y dar su opinión acerca de este proyecto, y la segunda es que todas, las opiniones que hemos recibido han sido sumamente constructivas”, aclaró Andrés Meneses, asesor legislativo del Minagri.
Meneses agregó que ha sido difícil fusionar las ideas expuestas por particulares y las observaciones hechas por al menos doce ministerios, entre ellos el de Vivienda, del Interior, Energía, Obras Públicas y Medio Ambiente. A pesar de todo, adelantó que la normativa se dará a conocer “esperamos que sea dentro del corto plazo. Cuando digo corto plazo me refiero entre fines de mayo y a comienzos de junio, dado que estamos en la etapa final de trabajo interno prelegislativo”.
Dado el interés que despertó la iniciativa, el abogado señaló que la participación ciudadana será institucionalizada en la Ley Arbolito “a través de la creación del Consejo Consultivo del Arbolado Urbano que está contemplado dentro de la estructura orgánica de esta ley. Por lo tanto, es un aporte que no solamente se va a mantener antes de la presentación de la ley al Congreso, sino que se va a mantener durante toda la vigencia de esta ley”.