En diciembre pasado se hizo la única reunión entre el Ministerio de Agricultura (Minagri) y organizaciones de la sociedad civil para afinar los detalles de la Ley Arbolito, la que se encargará de regular la poda, tala, extracción y control sanitario de los árboles que se encuentran en bienes nacionales de uso público, ya sea calles, veredas, plazas, parques y bandejones.

Si bien el Minagri estimaba que la normativa sería ingresada para su discusión legislativa a fines de marzo, los plazos se han extendido debido a la gran cantidad de opiniones aportadas por expertos de distintas áreas. “En este trabajo nos encontramos con dos sorpresas. La primera fue que se nos vino una avalancha de gente encima interesada en participar y dar su opinión acerca de este proyecto, y la segunda es que todas, las opiniones que hemos recibido han sido sumamente constructivas”, aclaró Andrés Meneses, asesor legislativo del Minagri.

Meneses agregó que ha sido difícil fusionar las ideas expuestas por particulares y las observaciones hechas por al menos doce ministerios, entre ellos el de Vivienda, del Interior, Energía, Obras Públicas y Medio Ambiente. A pesar de todo, adelantó que la normativa se dará a conocer “esperamos que sea dentro del corto plazo. Cuando digo corto plazo me refiero entre fines de mayo y a comienzos de junio, dado que estamos en la etapa final de trabajo interno prelegislativo”.

Dado el interés que despertó la iniciativa, el abogado señaló que la participación ciudadana será institucionalizada en la Ley Arbolito “a través de la creación del Consejo Consultivo del Arbolado Urbano que está contemplado dentro de la estructura orgánica de esta ley. Por lo tanto, es un aporte que no solamente se va a mantener antes de la presentación de la ley al Congreso, sino que se va a mantener durante toda la vigencia de esta ley”.

Meneses asistió al seminario “Desafíos y Futuro del Arbolado Urbano” organizado por la Municipalidad de Providencia, el Ministerio de Vivienda y el Minagri, instancia en la que adelantó algunos de los aspectos que serán contemplados en esta propuesta.

Para llevar a cabo las intervenciones, se les exigirá a las comunas que realicen un catastro o inventario del arbolado urbano, con ayuda de aplicaciones u otras plataformas, que mantengan esta información actualizada de manera constante.  Junto a esto se crearán dos instrumentos que facilitarán la implementación de las acciones en cada zona.

Así, se contempla un Plan Comunal de Arborización, que en otras palabras se tratará de una Ordenanza Municipal que va a detectar, dependiendo de cada comuna, cuáles son las especies idóneas dependiendo de tres factores: agua, suelo y clima.

“Esto no es algo que podamos planificar a nivel central. Aquí tenemos que respetar un aspecto de soberanía de las comunas que tienen que darse a sí mismas el plan que más le convenga respecto a su realidad (…) la idea de que cada municipalidad sea la encargada de elaborar su propio Plan Comunal de Arborización obedece a que la realidad de las regiones extremas, como la de Aysén, no es la misma de la de comunas que están en la zona central”, precisó Meneses.

Además, se considerará un Plan de Manejo que “en términos simples busca tratar de regular todas aquellas intervenciones que, de manera sistemática y periódica, tengan que hacerse del arbolado urbano, empezando por la plantación, pasando por la poda, continuando por un eventual corte o tala hasta llegar al manejo del arbolado urbano”.

En esta línea se adoptarán dos principios que permitirán minimizar el control que se les haga a los árboles en su etapa adulta. En primer lugar, se escogerán plantas sanas desde el vivero y segundo, se les hará una correcta poda de formación. “Con esos dos factores el árbol prácticamente no requiere intervención y eso es algo que nos ayuda a conversar de manera más amigable con otras realidades que conviven con el arbolado urbano, como por ejemplo, los cables que conducen electricidad”, explicó Meneses.

Todas estas intervenciones estarán especificadas en dos reglamentos en los que se sustentará la ley: Uno sobre especies y el otro de manejo. Ellos establecerán las directrices que deberán cumplir los municipios cuando tengan que hacer sus ordenanzas. Para agilizar la creación de estos marcos regulatorios, se trabajará en ellos durante la tramitación de la iniciativa.

Dudas sobre la iniciativa

Cecilia Benavides, ingeniera en ejecución forestal e integrante del equipo técnico de la Red Nacional Pro Ley de Arbolado Urbano, compuesta por 16 organizaciones ambientales, indicó que luego de la exposición de Andrés Meneses quedaron con varias dudas.

“Nos preguntamos ¿qué rol va a cumplir el Ministerio de Agricultura después que sea promulgada la ley? En cuanto a la fiscalización, ¿quién se hará cargo?, ¿Conaf o el Servicio Nacional Forestal?, ¿quién hará las ordenanzas comunales y habrá apoyo en la creación desde el Ministerio?; y ¿habrá un modelo y eso se aterrizará a cada comuna? Esto último surge porque hemos visto ordenanzas realizadas por los municipios que son muy básicas y distantes a lo que se busca como protección, fomento y gestión integral de la infraestructura verde. En cuanto al manejo del arbolado, ¿está visto algún tipo de certificación para quienes lleven a cabo su manejo?”

Finalmente, Benavides planteó que es fundamental que también la población también sea parte de la ley. “Se necesitan profesionales que se puedan hacer cargo del manejo, pero también se debe considerar la educación a nivel ciudadano

En tanto, Cecilia Michea, vocera de la misma agrupación, dijo que “lo que más nos preocupa es la indefensión en que quedan los árboles de aquí a que la ley entre en funcionamiento”.

¿Qué pasó con el borrador de este proyecto?

Leonardo Lira, arquitecto e integrante de la Red Nacional Pro Ley de Arbolado Urbano, contó que en agosto de 2018 tuvieron una primera reunión con el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, donde se comprometió a compartir en 15 días un borrador de su propuesta de ley sobre Arbolado Urbano, algo que no ocurrió.

“Más tarde, en diciembre, fuimos invitados por el Ministerio a participar a una mesa de trabajo con varios actores importantes la Asociación Chilena de Paisajistas, el Colegio de Arquitectos, entre otros, pero no tuvo continuidad, y en esa oportunidad se estableció como fecha de entrega de la ley a fin de ese mes. Ya estamos en mayo, y la propuesta aún no ha sido ingresada a trámite. A estas alturas ya no hay nada que pensar, y nuestro camino será seguir aportando y plantear cada uno de nuestros artículos propuestos de forma directa con los parlamentarios. Creemos que nos irá bien, ya que a opinión de varios profesionales, nuestra propuesta es bastante sólida y muy interesante”.

Por su parte, el abogado Andrés Meneses le planteó a la Red que por un tema legal no podían entregar el borrador con anticipación a las organizaciones.