Si bien a nivel nacional Chile ha comprometido medidas ambiciosas en consonancia con las metas del Acuerdo de París en cuanto a la reducción de emisiones al 2030, a nivel subnacional y local el panorama es menos auspicioso. El Estado chileno ha destacado por el enfoque en mitigación del cambio climático, mas en términos de adaptación a una escala más territorial, las medidas de resiliencia climática son un tema aún pendiente para los gobiernos locales y su institucionalidad.

En virtud de ello, en el marco de la COP25 celebrada finalmente en Madrid, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) encomendó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrollar diálogos subnacionales en todas las regiones del país para identificar las brechas en materia climática. El trabajo, liderado por el PNUD, también fue ejecutado por el mismo MMA, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA). En los encuentros participaron cerca de 1.000 personas, además de entrevistas a expertos y expertas, y encuestas a representantes de 150 municipios a lo largo de todo el país.

Desarrollados entre 2019 y 2020, los diálogos permitieron conocer cuáles eran las dificultades medulares que impedían adoptar medidas de adaptación al cambio climático a nivel local. Los resultados de la investigación fueron presentados en el evento virtual “Hacia una acción climática multinivel integrada y transformadora: marco de política general, desafíos, oportunidades y recomendaciones para su fortalecimiento en Chile”, que se llevó a cabo el pasado 26 de marzo.

En el conversatorio realizado vía telemática participaron representantes de las instituciones que implementaron los diálogos regionales. En representación del MMA participó la jefa de la oficina de cambio climático de ese ministerio, Carolina Urmeneta; el encargado de asuntos internacionales de la AChM, Rodrigo Arias; el asesor ambiental de AMUSA, Rodolfo Pérez; y el orador central que entregó las conclusiones el estudio fue el coordinador de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD Chile, Esteban Delgado.

A estas presentaciones le precedieron los saludos de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt; el presidente de la AChM, Fernando Paredes; el presidente de AMUSA, Raúl Torrealba; la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo, María Paz Troncoso; y el director regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva.

También intervino la representante residente del PNUD en Chile, Claudia Mojica, para quien el liderazgo exhibido por Chile es muy valorable en el marco de las políticas para combatir el cambio climático. Sin embargo, pidió más esfuerzo para extrapolar estas iniciativas al plano local, apuntando a la “resiliencia de los territorios”, lo cual es clave para un futuro sostenible.

“Las consecuencias del cambio climático se ve en los aluviones en el Cajón del Maipo durante este año y el vaciamiento del glaciar Steffen por debajo de sus montos históricos. Hay una megasequía en Chile que es una realidad e impacta a las personas más vulnerables, aumentando las desigualdades existentes. Por eso era necesario considerar la mirada local, escuchar esas voces para trabajar por el porvenir”, comentó Mojica en el evento.

Mucho conocimiento, pocas atribuciones

Esteban Delgado fungió como el coordinador del proyecto desde el PNUD. En su alocución, el representante de la institución señaló que la instancia, titulada “Bases para la formulación de una agenda subnacional de acción climática” buscaba “contribuir a localizar la discusión y acciones frente al cambio climático en el marco de la COP25, reconociendo y visibilizando las iniciativas que múltiples actores públicos, privados y de la sociedad están trabajando en comunas y territorios”.

Las transformaciones a escala local se inscriben en las materias de educación ambiental, adaptación con inclusión social y enfoque de género, modelos locales de eficiencia energética, recursos hídricos, gestión de residuos y otras temáticas.

El primer punto que tocó Delgado en su exposición fue la percepción de los actores locales y comunales sobre el cambio climático que se trasluce de los diálogos regionales. De acuerdo a la pregunta sobre cuál informado sobre el cambio climático se declaran los actores comunales, sobre un 70 por ciento de los funcionarios del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) consultados se autopercibe como “muy conocedores del tema”, mientras que en los ediles (esto es los alcaldes y concejales) la cifra supera el 46 por ciento.

Mientras, tanto los representantes del SCAM como los ediles tienen un similar diagnóstico, en general, sobre los efectos “muy negativos” que traerá el cambio climático en un futuro cercano para Chile.

Los problemas se empiezan a visualizar apenas Delgado comenzó a escarbar en otras preguntas. Frente a la consulta “¿Conoce las atribuciones de su municipio en materia de cambio climático?”, la mitad de los alcaldes o alcaldesas encuestadas dijo desconocerlas. En cambio, un 64 por ciento de las contrapartes SCAM dijo conocer las atribuciones.

Sin embargo, de quienes respondieron “sí” conocer las atribuciones, la cifra que expresó si los municipios cuentan con atribuciones “suficientes” para afrontar el cambio climático a nivel comunal apenas se empinó sobre el 12 por ciento, en ambos casos, ediles y SCAM.

Por su parte, sobre el 76 por ciento de los ediles y SCAM señalaron que su municipio no cuenta con un plan de adaptación o mitigación al cambio climático. Algo especialmente crítico en circunstancias de que más del 91 por ciento de ambos actores creen en la necesidad de contar con un plan en torno a la materia. “Afortunadamente se ha ido progresando en términos de sensibilización y concientización”, dijo Delgado en el webinar.

Con respecto a qué tres áreas principales los ediles y SCAM consideran que tienen mayor ventaja para implementar políticas de cambio climático a nivel local, ambos grupos concluyeron que son: educación, manejo de residuos y áreas verdes.

Habida cuenta del déficit en políticas de adaptación al cambio climático, el estudio multisectorial coordinado por el PNUD estableció cuáles eran esas brechas centrales que lo inhibían. Entre ellas destaca una legislación desactualizada, fragmentaria e insuficiente; escasas atribuciones municipales para actuar en materia ambiental; insuficiencias en capital humano para gestión climática; acción climática muy dependiente del interés de las alcaldías; dimensión climática muy poco incorporada en los instrumentos de planificación comunal; y bajos niveles de educación ambiental y climática.

“La política nacional ya había comprometido medidas muy ambiciosas a largo plazo como la Ley Marco de Cambio Climático. Pero faltaba la adaptación. Pero no puede haber adaptación sin participación de las comunidades locales”, complementó Delgado. Y prosiguió: “Cuando hay un interés marcado del alcalde por impulsar estas estrategias, generalmente los resultados son muy notorios. Pero la dimensión ambiental y climática son muy escasamente incorporadas en el Pladeco, en el Plan Regulador”.

Para Delgado, es muy importante trabajar paralelamente en muchas áreas como sinergia para el abordaje del cambio climático. “No se trata de trabajar en un área y resolver una brecha, un espacio de mejora. Todos los desafíos interactúan entre ellos y profundizan las dificultades de los municipios para hacerse cargo del reto del cambio climático”, sostuvo.

Las recomendaciones a nivel regional y local

Fueron siete las áreas en que el proyecto realizó recomendaciones dirigidas a los gobiernos subnacionales y locales en lo que respecta a políticas de cambio climático: marco regulatorio; políticas nacionales; planificación y desarrollo territorial; participación ciudadana; equidad, igualdad de género e inclusión de otros grupos vulnerables; economía circular, sostenible y resiliente; e innovación, transformación tecnológica y eficiencia hídrica y energética.

Delgado partió describiendo las sugerencias o recomendaciones a nivel central y regional. Una de las más importantes dice relación con fortalecer las atribuciones de los municipios en materia climática a través de capacitaciones y recursos. Lo liga naturalmente a las directrices de la Ley Marco de Cambio Climático (aún en el Congreso), la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y los Planes Regionales de Cambio Climático. Para los autores del estudio, es perentorio modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) para incorporar las competencias municipales en cuanto a políticas para mitigar la crisis climática.

Otra recomendación tiene que ver con la incorporación de funcionarios municipales y de la SUBDERE en la coordinación de los instrumentos de política climática a nivel nacional. Otro tanto engarza con la necesidad de incorporar a personal municipal en los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC). El informe también sugiere incrementar los esfuerzos para inyectar recursos en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Cambio Climático 2017-2022 y de los planes de adaptación sectoriales que involucran a los municipios.

Otro tema destacado que surge como sugerencia del proyecto es motivar el acceso y diversificación a fuentes de financiamiento público-privado de parte de los municipios, a través, por ejemplo, de asignación fiscal directa. También se pide redoblar los esfuerzos para que los gobiernos comunales accedan a financiamiento internacional.

Luego, la exposición de Delgado abordó las recomendaciones en términos de gestión a nivel local. En primer lugar, para los autores del estudio es primordial incorporar el principio precautorio a los instrumentos de planificación y gestión territorial. Es decir, contemplar la necesidad de medidas protectoras ante la eventualidad de obras o actividades con riesgo de impacto ambiental.

Enseguida, el documento sugiere incorporar algunos elementos básicos a los planes específicos comunales de adaptación a la crisis climática. Entre los centrales se cuentan promover prácticas de eficiencia energética; estándares de construcción carbono neutrales y fomento de la arquitectura bioclimática en nuevas edificaciones en la comuna; diseño de sistemas inteligentes de ahorro energético y otros al interior de los edificios públicos comunales; promoción del transporte público, la bicicleta y la electromovilidad; y la amplicación de la infraestructura verde dentro del área municipal.

Otra sugerencia pasa por el desarrollo de proyectos de restauración ecológica y de soluciones basadas en la naturaleza para amortiguar el efecto del cambio climático. La protección de los humedales urbanos, el arbolado urbano, cuidado de los ríos y sus riberas, senderos, ciclovías y techos verdes. “Todo ello logrará mitigar el efecto de las islas de calor que se formarán producto de la crisis climática”, asegura el representante.

Por último, para Delgado es muy importante el desarrollo de programas de economía circular a escala local para generar un círculo virtuoso entre los actores comunales. Entre las sugerencias se cuenta el desarrollo de programas de innovación y fomento productivo local que diversifiquen la oferta y reduzcan la huella de carbono. Lo mismo busca la medida de promover alianzas entre las empresas locales para evitar mayor uso de transporte y, dicho sea de paso, contribuir a emitir menos carbono. Otro tanto tiene que ver con la promoción del reciclaje y la reutilización en los habitantes de la comuna y, finalmente, los programas de educación ambiental que tiendan a fomentar la separación de residuos en origen de la población y su posterior valorización.

Todo ello, expresó Delgado, permitirá “disminuir los impactos sinérgicos de las brechas y desafíos, al mismo tiempo que generaría condiciones habilitantes robustas, para que el país pueda cumplir con sus objetivos y metas climáticas de mitigación y adaptación, permitiéndole aumentar su resiliencia climática y no dejar a nadie atrás”.