A un año y cuarto meses de que comience a regir la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), en lo que toca con las metas impuestas para el sector envases y embalajes, País Circular organizó el seminario virtual titulado “Los nudos en la infraestructura para la implementación de la Ley REP”, en aras de resolver algunas preguntas que todavía rondan a la implementación de esta ley que cambiará la gestión de residuos a nivel país.

Uno de los expositores principales del webinar fue Isidro Pereda, gerente del proyecto ReSimple, la marca del primer sistema de gestión colectiva de residuos (SIG) de envases y embalajes en conformación que se hará cargo de la recolección y valorización de dichos materiales en alrededor de 14.500 empresas afectas a dicha normativa.

En una charla que se extendió por media hora, Pereda explicó los conceptos básicos de la Ley REP y cómo ésta obligará a las empresas a cumplir metas de recolección, reciclaje y valorización de sus residuos, en primera parte, de envases y embalajes. Pereda partió diciendo que la Ley REP es “un instrumento económico de la gestión de residuos”, y que antes de la aplicación de este cuerpo legal eran “los municipios los que tenían que hacer licitaciones para la basura, tanto en su recolección como en su disposición, y tienen que hacer los presupuestos. El problema es que reciclar cuesta más que botar a la basura

Pereda recordó que, si bien hay algunos municipios que impulsan acciones para reciclar a nivel domiciliario, apenas el 1,7 por ciento de lo que se genera es valorado o reciclado. “Es un porcentaje muy bajo”, resaltó Pereda.

El representante de ReSimple aclaró que la Ley REP “obliga a los productores de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que se comercializan en el país”. Quienes están afectos a dicha normativa, agregó Pereda, son cuatro tipos de casos, en el sector envases y embalajes: el que vende productos envasados en el país, el que vende un producto importado previamente envasado, el que vende un producto envasado bajo marca propia adquirido a un tercero y el que importa un bien de consumo envasado para uso de profesional.

Adicionalmente, Pereda subrayó que existen categorías y subcategorías de envases. Por un lado, domiciliario y no domicilario, y de la otra parte del eje, cartón y papel, plásticos, metal, cartón para líquidos y vidrio.

A continuación, explicó Pereda, las empresas afectas a la Ley REP deben “organizar una proporción o porcentaje de los kilos totales de material que ponen en el mercado”. Específicó que, en el caso del plástico domiciliario, se partirá por un 3 por ciento hasta llegar a un 45 de material recolectado y reciclado. Es importante aclarar, añadió el gerente, que solo el material reciclado -y no el recolectado- es el que se cuenta como meta. Dio un ejemplo: “Si recolecto 100 toneladas y reciclo 3, se cuentan solo las 3”.

Por el contrario, dijo Pereda, en el sector no domiciliario las metas son más altas porque “estamos en un mejor pie de reciclaje”. Dijo que entre las 14.500 empresas afectas a la normativa se cuentan las que venden remedios, juguetes, jugos, cemento y, en general, cualquier firma que ponga en el mercado más de 300 kilos de packaging anuales.

Ahí entra a tallar el trabajo que hará ReSimple, la cual hoy está a la espera de la autorización del Tribunal de Defensa de Libre Competencia para continuar el proceso hasta su operación. “Los gestores de residuos hacen el trabajo de las empresas que deben valorizar sus residuos”, cuenta Isidro Pereda.

Explicó que los sistemas integrados de gestión son entidades que no reparten utilidades, sino más bien son centros de costo, a los cuales las empresas se asocian. Luego, dichos sistemas contrata gestores a través de licitaciones abiertas para que empiece a funcionar. El sistema de gestión, asimismo, tiene la misión de informar las metas de las empresas al Ministerio de Medio Ambiente.

Pereda valoró como uno de los puntos positivos de la nueva ley es que el financiamiento de los residuos reciclables, hoy resorte de los municipios, recaerá en los sistemas de gestión una vez que la Ley REP entre en ejercicio.

El gerente de ReSimple dijo que en el segundo semestre del presente año 2022, si todo sigue por la vía correcta, deberían contar con personalidad jurídica. Habló de tres pilotos implementados en Quilicura, Colina y Providencia, y que además cuentan con la recolección selectiva que hace la empresa KDM casa por casa.

Pese a todos los avances, Chile se encuentra en una posición muy rezagada entre los países de la OCDE con respecto a las tasas de reciclabilidad. “No somos un ejemplo de reciclaje”, dijo Pereda, quien advirtió de la importancia de “facilitar la información” al usuario. En ello contribuye el eco-etiquetado que operará durante la Ley REP, cuyo sello orientará a la población a separar bien sus residuos.

Luego, Pereda habló de algunos ejemplos de plantas de clasificación de material que operan en Europa. “No son plantas de reciclaje, sino de clasificación”, aclaró Pereda, quien detalló sus especificaciones técnicas, su eficiencia y la importancia que revisten para la correcta separación de residuos al otro lado del hemisferio

Entre los desafíos más importantes en la implementación de la Ley REP, Pereda citó cinco situaciones puntuales: baja participación ciudadana, para lo cual se debe procurar simplificar la experiencia del usuario, de manera que logre separar sus residuos reciclables; la infraestructura de clasificación es insuficiente, y tomó como ejemplo que la única instalación de este tipo en Chile, con los permisos sanitarios requeridos, es una planta que se ubica en Tiltil, que hoy opera manualmente; la inexistencia de valoración local de algunos materiales, para lo cual se requiere capacitación de los usuarios y de los municipios; los altos costos de gestión de los residuos reciclables, ya que el proceso completo de éstos (contenerización, recolección, clasificación y valorización) es casi 5 veces más caro que la gestión de botar a la basura; y, finalmente, la importancia del financiamiento colectivo de las empresas.

Educación ambiental: clave

A continuación tomó la palabra Antonia Biggs, gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR A.G.), asociación gremial cuya misión es articular, impulsar y promover la recuperación de materiales reciclables de modo sostenible, en colaboración con el sector público y privado a lo largo y ancho del país. “Gestionamos al año 5 millones de toneladas de residuos y generamos 15 mil empleos directos”, apuntó Biggs.

La gerenta de ANIR invitó a una mirada amplia e integral de la gestión de residuos; vale decir, con el foco no solamente puesto en la infraestructura de las primeras etapas, sino también de las finales. Expresó que, en conversaciones con sus empresas asociadas de regiones, ellas sienten que faltan puntos limpios organizados y plantas de valorización más cercanas para poder cumplir las metas que les exigirá la Ley REP.

Biggs sostuvo que faltan más centros de acopio para poder enfardar y llevar los residuos a lugares de valorización, así como también invocó la necesidad de contar con más plantas de pretratamiento. Tampoco quiso dejar pasar la importancia que tiene, en el desarrollo y aplicación de la Ley REP, la sensibilización de la ciudadanía.

“La mala calidad de los residuos aumenta la complejidad en toda la cadena. Si se logran separar bien los materiales que provienen de los domicilios, todo tiene valor”, auguró Biggs.

Por su parte, Rodrigo Valiente, director de planificación y desarrollo de negocios de Urbaser Chile, empresa transnacional con dilatada experiencia en gestión de residuos, comentó que la firma está presente en 25 países, atiende a 50 millones de personas y Chile es uno de los países centrales dentro de las operaciones que realiza en Latinoamérica.

Urbaser cuenta con una planta piloto hace 12 años que ha logrado satisfacer las necesidades de reciclaje de la industria.

“Es fundamental que la responsabilidad de recolectar residuos reciclables pase a los privados, ya que así se alivia a los municipios en el gasto que deben hacer en la recolección. El costo para los municipios es muy alto.

Dice Valiente que con estas plantas automatizadas, existe la tecnología para separar los residuos, aunque -reconoce- no se puede separar todo el material. Contó el caso de Alemania, cuya tasa de circularidad, es decir, del material que llega y es puesto nuevamente en el mercado tras la valorización, es del 24 por ciento; y en general en Europa dicha tasa es del 12 por ciento. “El esfuerzo es importante para mejorar la recuperación, pero hay que tener en cuenta que no todo se va a poder reciclar”, advirtió Valiente.

El representante de Urbaser Chile ahondó, al igual que los otros panelistas, en la importancia del incentivo y la educación ambiental para cumplir con las metas de reciclabilidad. Contó que la participación en Lo Barnechea bordea el 45 por ciento de las casas; en Vitacura la cifra llega al 41 por ciento y en Ñuñoa, al 30 por ciento. Sin embargo, en comunas menos acaudaladas como Colina y Quilicura, donde AB Chile ha hecho pilotos, la tasa de participación sube al 50 por ciento. La calidad de los residuos, adicionalmente, es de 85 por ciento en estas comunas.

“Hay que invertir en plantas tecnológicas en las ciudades; en las partes más rurales hay que pensar en los puntos limpios y cómo vamos a absorber los costos de transporte. Es imposible pensar que todos estos procesos estarán en todas partes  tener plantas para valorizar en todas las regiones”, cerró Valiente.

Por último, expuso el coordinador de Medio Ambiente del Gobierno Regional de la Región Metropolitana, Mauricio Fabry, quien llamó a cambiar la percepción de los gobiernos regionales, de la mano de los procesos de cambio que ha sufrido esta entidad. “Los gobiernos regionales hoy son elegidos por votación popular, y hay nuevas atribuciones y competencias. Tradicionalmente han financiado puntos limpios, sistemas de recolección, pero nosotros debiéramos contribuir a emparejar la cancha en cuanto a municipios que ya están más avanzados y otros que no”, indicó Fabry.

En tanto Santiago es una ciudad segregada, es muy importante, reiteró Fabry, equiparar las oportunidades de municipios con más recursos, que ya tienen un sistema de gestión en curso y que van a llegar más rápido a la implementación de la Ley REP, con otros municipios que no han tenido sustantivos avances. Apuntó, además, a que los recicladores de base debieran tener un rol más claro en la Ley REP, para lo cual declaró la importancia de constituirlos formalmente y eliminar la precarización en la que desempeñan su trabajo.

“Hay que apuntar a un cambio en la cultura de las personas y para eso tenemos que promover buenas políticas públicas y apuntar los incentivos donde corresponde. La alianza público-privada es importante”, remató Fabry.

Finalmente, en el seminario hubo una ronda de preguntas, en la cual Rodrigo Valiente, de Urbaser, habló de la relevancia de adecuar los tamaños de las plantas a las metas graduales que hay que cumplir según la Ley REP. “No tiene sentido operar una primera planta en línea de 180 mil toneladas, tendrá que ver con lo que esté disponible según las etapas. Si recogemos botellas de vidrio en Punta Arenas, hay que pensar que las vidrieras están en la zona central. Ese costo logístico hay que incorporarlo. Ojalá los chilenos nos acostumbremos a pagar el manejo de residuos, tal como uno paga la luz, el celular o un streaming. Eso es lo correcto si queremos tener conciencia ambiental, como sucede en Europa, donde se paga 300 euros al año para financiar el sistema”.

Por su parte, Isidro Pereda hizo una última reflexión, un tanto preocupante: muchas empresas no saben que están afectas a la Ley REP, por lo cual ReSimple realiza asesorías. El caso se repite con muchos municipios, agrega Pereda, cuyos funcionarios no conocen ninguno de los principios básicos en que descansa la normativa.