Biodiversidad / Ecosistemas

Una nueva Constitución: otra oportunidad para proteger los glaciares

El proceso constituyente en curso podría abrir una ventana hacia la incorporación de los glaciares dentro del nuevo texto. Ante el escaso avance de la Ley de Glaciares, la naciente Carta Magna, dicen los expertos, podría preservar los glaciares en tanto cumplen una función crucial en los ecosistemas como reservas de agua a largo plazo ante la amenaza del cambio climático.

País Circular | 12 Nov 2020 a las 12:26 pm
El lago de glaciares Jökulsárlón en Islandia continúa creciendo a medida que el glaciar con el mismo nombre se derrite. (UN News/Laura Quiñones)

* Por Comunicaciones PAR Explora Magallanes

Los glaciares han retrocedido drásticamente a nivel mundial debido al fuerte impacto provocado por el cambio climático. Nuestra geografía nos convierte en un país privilegiado si se considera que Chile posee un área total de superficie glaciar de aproximadamente 23.000 km2 -según indican los resultados del Inventario Nacional de Glaciares año 2011– siendo la mayor superficie glaciar de Sudamérica.

Estas masas de hielo formadas hace miles de años por acumulación de nieve sobre la tierra tiene como función ecológica crucial el aporte en la recarga de los acuíferos naturales, algo de gran relevancia en especial durante el verano en la zona central de Chile.

“Lamentablemente estamos en una situación crítica, los glaciares que se ubican más alto en las montañas están retrocediendo a una velocidad muy brusca, están desapareciendo. La zona norte y centro del país viven además un periodo de sequía donde hay un fuerte déficit de precipitaciones, entonces el agua que antes provenía de las lluvias ahora lo hace de los glaciares. Por eso su importancia, por el rol hídrico que cumplen”, explica Gonzalo Amigo, magíster en Glaciología de la Universidad de Magallanes.

En sintonía con ello, la glacióloga Inés Dusaillant ha expuesto en País Circular, según su propia investigación, que en la última década en Chile, denominada de “megasequía”, los glaciares de los Andes Centrales chilenos muestran un dramático retroceso y a futuro perderán su capacidad de abastecer los ríos.

En tanto, para el investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos, Vicente Sigl, “por suerte teníamos glaciares que mitigaron en cierta forma el déficit de precipitaciones es que hemos tenido sostenidamente ya por 12 años. Si esos glaciares no hubiesen estados estaríamos hablando de daños importantes, no solamente a los ambientes sino a las personas. Lo lamentable ha sido que son glaciares que con la velocidad que se están derritiendo va a ser muy difícil que se recuperen, o sea si viene una nueva sequía no vamos a estar en estas condiciones, sino que será mucho peor”.

Actualmente se mantiene una discusión por un proyecto de ley que regule la protección de estas reservas hídricas. Si bien en el Congreso se han presentado siete proyectos en los últimos 15 años, que no han podido avanzar, el triunfo del Apruebo en el histórico plebiscito del 25 de octubre abrió una luz de esperanza sobre una protección real a la biodiversidad y ecosistemas en nuestro país.

“La nuva Constitución debería establecer ciertas características de los bienes naturales para que sean comunitarios. Más que protegerlos hay que hacer un marco regulador que evite que estos bienes que son escasos y prioritarios para la vida sucumban ante actividades productivas que los puedan dañar, alterar o definitivamente hacer desaparecer como son las actividades industriales”.

Vicente Sigl, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos,

Los glaciares como bien de uso público

Actualmente los glaciares, al igual que diversos ecosistemas en el país, no cuentan con una normativa que regule su protección. Así lo explica Liliana Galdámez, doctora en Derecho y autora de diversos estudios ligados a temáticas medioambientales.

“Si uno hace una abstracción del artículo 19 numeral 8 de la Constitución actual uno podría concluir que está el derecho fundamental, el deber de protección, el deber del estado de tutelar la preservación de la naturaleza y una cláusula de restricción de derecho. Luego estaría el derecho de propiedad que tiene, entre su función social de la propiedad, lo que se llama la protección del patrimonio ambiental. Y después está todo el derecho de propiedad minero, que está tratado como un derecho de propiedad”, explica.

La profesional agrega que dentro de la Constitución se aborda el concepto de “nacionalismo de recursos” y además se establece la figura de la concesión. “Esto quiere decir que el Estado es el dueño, pero puede concesionar la explotación o la exploración mineral. Así funciona hoy en buena parte la minería en Chile para que sean privados los que hacen esto. Entonces la pregunta es ¿dónde entran los glaciares ahí? Podría ser apenas en el ‘deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza’, porque los conceptos biodiversidad o naturaleza no existen en la actual Constitución”.

Según Vicente Sigl, en la nueva Carta Magna se deberían “establecer ciertas características de los bienes naturales para que sean comunitarios. Más que protegerlos hay que hacer un marco regulador que evite que estos bienes que son escasos y prioritarios para la vida sucumban ante actividades productivas que los puedan dañar, alterar o definitivamente hacer desaparecer como son las actividades industriales. Pero la Constitución debe establecer que estos bienes son prioritarios y públicos, que afectan a todos los ciudadanos del país”.

Para Galdámez, “la Constitución de ahora es pensada en otro siglo. El deber o el poner límites a algunos derechos para proteger el medio ambiente son cláusulas dormidas, invisibles, no han tenido desarrollo normativo ni jurisprudencial o al menos no uno contundente. Entonces con una nueva Constitución todo puede ser”.

Y ella va por más. No solo es una férrea defensora del medioambiente, sino que también es parte de la recién creada Red de Constitucionalismo Ecológico, un grupo de profesionales de diversas áreas de las ciencias naturales y sociales que trabajan en la formulación de lo que podría ser una Constitución con fuerte contenido medioambiental.

“Somos como 50 personas. Nos juntamos todos los viernes, sesionamos y tenemos una tabla de ejes temáticos que vamos abordando sesión a sesión, y cada vez que abordamos un tema nuestra metodología siempre es producir ideas concretas para la futura constitución. Y nosotros pensamos que toda la naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas deben ir en la constitución en la parte de los principios, de los derechos y de la institucionalidad”, explica.

“Por eso estamos pensando -agrega- que la Constitución por ejemplo incluyera la posibilidad de reconocer ciertas zonas que por su valor, no solo por la belleza de su paisaje sino por la función que cumple, por la relevancia que tienen en los ecosistemas entorno, y en ese sentido los glaciares son la muestra más concreta, porque es agua, pero hay mucho más en torno a un glaciar”.

“El Estado es el dueño (de la concesión), pero puede concesionar la explotación o la exploración mineral. Así funciona hoy en buena parte la minería en Chile para que sean privados los que hacen esto. Entonces la pregunta es ¿dónde entran los glaciares ahí? Podría ser apenas en el ‘deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza’, porque los conceptos biodiversidad o naturaleza no existen en la actual Constitución”.

Liliana Galdámez, doctora en Derecho y experta en temáticas medioambientales.

Espacios de conversación

Ambos profesionales -Galdámez y Sigl- saben que queda aún mucho camino por recorrer, pero son enfáticos en declarar que por ahora lo más importante es que las personas se empoderen de su entorno y se informen de estos procesos.

“Yo pienso que ahora se abre una oportunidad muy especial que tiene muchos impactos. Algunos más concretos como las feministas, los pueblos indígenas, que se organizan para incidir con ideas, con propuestas. Ahí hay algo más concreto. Pero también hay una incidencia más silenciosa, que es la de la reflexión y que las personas se incorporen en espacios de discusión en sus barrios, en sus gremios, en sus áreas de interés, donde les parezca que la Constitución debería hacerse cargo”, explica la abogada.

Algo similar señala Sigl: “Debería haber más masa crítica, ya que al entender estos procesos uno tiene la capacidad de tomar decisiones informadas. Si quiero yo o no una ley de glaciares va a depender del nivel de información que el país tenga con respecto al impacto que esto va a generar, entonces una población desinformada muy poco puede aportar a una discusión que no se escape”.

Un espacio de discusión precisamente sobre esta temática se abordó este miércoles 11 de noviembre en el conversatorio “Cambio climático en la macrozona austral: efectos en la Criósfera”.

“Aysén y Magallanes cuentan con el 88%de los glaciares del país y nuestro deber como habitantes de esta zona es cuidarlos y protegerlos, de nuestra idea de entregar un espacio para estos temas que sea abierto a la comunidad. Cuenta con lenguaje de señas y con profesionales de diversas instituciones que trabajan precisamente en el cuidado de estas reservas hídricas”, explicó Claudia Salinas, directora del PAR Explora Magallanes, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

El evento gratuito contó con profesionales ligados al área pertenecientes a instituciones y organizaciones como Tambo Austral, Round River Conservation Studies Latinoamérica, Centro de Investigación GAIA Antártica y Fundación Glaciares Chilenos. Estará disponible desde la próxima semana en el canal de YouTube del PAR Explora Magallanes.

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