Biodiversidad / Conservación

Pesca ilegal y escaso presupuesto para su resguardo, las principales amenazas que enfrentan las áreas marinas protegidas

El Servicio Nacional de Pesca hoy cuenta con un Sistema de Monitoreo Satelital (VMS), embarcaciones de vigilancia y oficinas para detener las extracciones de recursos en las cinco reservas marinas existentes en el país, y trabajan para aumentar el control de estos lugares a través de la televigilancia, drones y el aumento de sanciones. Pero a pesar de estos esfuerzos en áreas más cercanas a la costa, la situación de los grandes parque marinos oceánicos es más compleja: la falta de presupuesto, la lejanía y la una superficie que duplica la de Chile continental vuelven muy compleja su vigilancia frente a la amenaza de la pesca ilegal. Allí, el monitoreo satelital aparece como la principal arma de control.

Natalia Heusser | 20 Jun 2019 a las 6:30 am

En noviembre de 2018, la oficina del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), ubicada en la Reserva Marina La Rinconada, en Antofagasta, fue víctima de un incendio presuntamente intencional. Apenas un mes más tarde, un grupo de trabajadores intentaba instalar dependencias provisorias en el mismo lugar cuando fueron agredidos por sujetos que les robaron todos los elementos de reconstrucción.

Se trata de una zona de conflicto latente en la primera área de conservación marina creada en el país, en 1997, ya que en el lugar se encuentra el último banco natural de ostión del norte, especie muy apetecida y que es objeto de la extracción indiscriminada por parte de pescadores ilegales. La situación ha llevado a la autoridad pesquera a reforzar la fiscalización conjunta con la Armada en la zona, con apoyo del gobierno regional. “Lo que ocurre aquí es grave, porque se está perdiendo un recurso valioso”, señala Alicia Gallardo, directora nacional de Sernapesca.

Es, también, una muestra de las dificultades de resguardar las áreas marinas protegidas del país, que en los últimos años se incrementaron notablemente para llegar a una superficie de 1,4 millones de kilómetros cuadrados bajo protección oficial del Estado, el 43% de la Zona Económica Exclusiva de Chile. Esto principalmente por la creación de grandes parques marinos en torno a las islas oceánicas y el Cabo de Hornos.

Sin embargo, el avance en conservación no ha ido de la mano de una protección real. Según un estudio elaborado a fines del año pasado por la ong Wildlife Conservation Society (WCS), el déficit presupuestario para la operación de la actual red de áreas marinas protegidas de $7.801 millones (US$12 millones) al año, lo que corresponde al 98,3% del costo total. Es decir, hoy solo se cubre un 1,7% del monto que se estima necesario para un cuidado adecuado de estas áreas. Según el informe, esta brecha es de tal magnitud, que “con algunas excepciones puntuales, llama a cuestionarse si pueden ser consideradas como zonas protegidas en la práctica”.

En ese escenario, lo que ocurre en la Reserva Marina La Rinconada da cuenta de las dificultades para vigilar estas áreas de una de sus principales amenazas: la pesca ilegal. En Chile hay cinco reservas marinas, todas bajo tuición de Sernapesca, cuyo objetivo es el resguardo de recursos marinos para proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por manejo.

En total suman una superficie de 8.580 ha, y a La Rinconada se suman Isla Chañaral (Atacama), Putemún y Pellinque (ambas en Los Lagos), e Islas Choros y Damas (Coquimbo). En este último lugar hay una embarcación permanente llamada Surgencia, que opera desde comienzos de 2018 y que vigila 24/7 la actividad pesquera y turística del lugar, que es rico en loco, lapa y erizo.

En estos lugares existe vigilancia, pero aún no es suficiente. “Hoy tenemos un Sistema de Monitoreo Satelital (VMS) y un sistema de denuncias para controlar las áreas protegidas. Aquí también es clave el Plan de Gestión de Administración porque ahí se establecen las reglas de control. Por eso es importante promover que esos planes sean aprobados y sean fiscalizables por la Armada, por nosotros y por la comunidad”, dice Gallardo. Y agrega: “no vamos a bajar la fiscalización, pero es difícil. Estamos buscando nuevas estrategias como la televigilancia y el uso de drones, estamos avanzando en eso”.

Mayores sanciones

Para mejorar la protección de estas áreas, Sernapesca trabaja una propuesta que será presentada a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en la que solicitarán elevar las sanciones a quienes sean sorprendidos realizando actividades de pesca en las reservas marinas.

“(En los parques marinos) compartimos el control con la Armada, pero necesitamos una tecnología de última generación y lamentablemente no hemos tenido el presupuesto asociado para estar presentes”

Alicia Gallardo, directora nacional de Sernapesca.

Según la Ley General de Pesca y Acuicultura, a quien realice extracciones ilegales en una reserva o parque marino se le aplica una multa en base a la multiplicación del valor de sanción de la especie afectada por cada tonelada de peso físico del recurso, y el comiso de las especies incautadas. Cuando se trata de infracciones que no pueden sancionarse por esta vía, se aplica una multa de 3 a 300 UTM (entre $146 mil y $14.6222.300). En el caso del ostión, por ejemplo, la multa es de $1.735.179 por tonelada.

“Aún la sanción no es ejemplificadora en las áreas marinas protegidas”, reconoce Gallardo, quien añade que “hay una moción que estamos presentando para que se aumente el valor sanción en las áreas marinas protegidas. Lo que sí existe es que cuando se extrae un recurso en veda hay una sanción mayor”.

Una situación que debiera mejorar cuando se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), entidad pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y que integrará todas las áreas protegidas existentes en Chile y se preocupará de fortalecer la fiscalización, tanto en zonas marinas como terrestre, públicas y privadas.

La iniciativa, modificada en 2014, aún se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, pero desde abril pasado aparece con suma urgencia, categoría impulsada principalmente por el Ministerio de Medio Ambiente, que espera que la tramitación finalice antes de fin de año.

“Sé que está la urgencia, pero mientras tanto nosotros hacemos la vigilancia coordinados con la Armada. A una le gustaría que estuvieran con una vigilancia 100%, como lo hacemos en los puertos, pero eso requiere de mayor esfuerzo tecnológicos y mayor esfuerzo en todo”, precisa Gallardo.

Parques marinos: flotas extranjeras y falta de presupuesto

La directora nacional de Sernapesca explica que hay una mayor fiscalización en las reservas marinas que en los Parques Marinos Oceánicos debido a su cercanía a la costa, ya que en estos, al situarse en zonas más alejadas, resulta imposible que tengan una presencia in situ permanente.

Para vigilar los siete parques marinos existentes se utiliza el sistema satelital que controla la flota industrial y la artesanal mayor, y además se realizan programas de difusión respecto de las sanciones que arriesgan quienes realizan actividades extractivas ilegales. “Ahí compartimos el control con la Armada, pero necesitamos una tecnología de última generación y lamentablemente no hemos tenido el presupuesto asociado para estar presentes”, reconoce Gallardo.

Según Cristian Laborda, consultor para Latinoamérica en Asuntos Oceánicos de la organización Pew Charitable Trusts, en los parques marinos Nazca-Desventuradas y Motu Motiro Hiva “las autoridades ya están avanzando en los planes de manejo que deben llevar incorporado el monitoreo y la fiscalización de naves extranjeras”.

Sin embargo, agrega, “obviamente los recursos y los esfuerzos son siempre limitados, por lo tanto, hay que seguir avanzando, sobre todo porque hay una gran actividad de pesca en las áreas que son adyacentes a las zonas económicas exclusivas. En la frontera norte, por ejemplo, se han detectado naves peruanas artesanales que han cruzado el límite marítimo”.

“Hay cierta evidencia que nos podría llevar a concluir que hay incursiones de flotas extranjeras en las zonas económicas exclusivas. La zona económica exclusiva de Rapa Nui, por ejemplo, es abundante en recursos como el atún de aleta amarilla y langostas (…) En Nazca también hay interacción, principalmente de pez espada”.

Cristian Laborda, consultor para Latinoamérica en Asuntos Oceánicos de la organización Pew Charitable Trusts.

La superficie a cubrir es enorme: 1,4 millones de km2 de áreas marinas protegidas equivale a dos veces la superficie de Chile continental. Una extensión que hace muy difícil controlar todo lo que ocurre con las flotas pesqueras.

“Hay cierta evidencia que nos podría llevar a concluir que hay incursiones de flotas extranjeras en las zonas económicas exclusivas. La zona económica exclusiva de Rapa Nui, por ejemplo, es abundante en recursos como el atún de aleta amarilla y langostas, y el rol de la Armada es importante para que pesqueros que operan sobre atún no entren a la zona económica. En Nazca también hay interacción, principalmente de pez espada”, detalla Laborda.

En ese escenario, la principal herramienta hoy es la vigilancia satelital, y Chile cuenta hoy con dos sistemas: el AIS, que es para efectos de requerimientos internacionales de seguridad marítima (envía señales captadas por satélite); y el VMS, que es el monitoreo satelital hecho por Sernapesca y la Armada. “La flota chilena está completamente controlada y reporta en este último sistema cada 7 o 15 minutos”, afirma Laborda.

Para mejorar esta vigilancia, en mayo pasado Sernapesca y la ONG Global Fishing Watch firmaron un convenio que permitirá que la información registrada por VMS sea publicada en la plataforma web de la organización internacional, medida que permitirá evaluar el grado de cumplimiento dentro de las áreas marinas protegidas. “Chile va a la vanguardia en este tema”, afirma Laborda.

Control de pesca ilegal extranjera en puertos

Otra forma de vigilar la pesca ilegal es el control en los puertos. Para las embarcaciones extranjeras, existen puertos designados en los que estas naves pueden recalar: Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano, San Vicente y Punta Arenas, previo a lo cual se coordina la presencia de inspectores de Sernapesca para realizar las fiscalizaciones correspondientes.

“En lo principal, la política establece requisitos de cooperación en la administración de pesquerías comunes que son transzonales y altamente migratorios, como el pez espada y el jurel, exigencia de un sistema de monitoreo satelital (VMS) y acreditación de autorizaciones de pesca, para los armadores de naves de bandera extranjera que soliciten ingresar a puertos nacionales para realizar faenas logísticas”, explican desde Sernapesca.

El 2018 se rechazó el ingreso de tres naves extranjeras de un total de 41 solicitudes, y durante este año llevan una denegación de un total de 24 peticiones. “Desde el 2004 en adelante, se han recibido 519 solicitudes de acceso a puerto, y se han rechazado aproximadamente un 25%. En el 75% restante Sernapesca ha fiscalizado las naves, excepto en los casos en que, pese a otorgarse el permiso de recalada, la nave ha decidido no utilizar puertos chilenos”.

Desde esa fecha en adelante, los motivos por los cuales se ha denegado acceso son principalmente por solicitudes de acceso a puertos no autorizados para ello o incumplimientos a las Medidas de Conservación establecidas en Organizaciones Regionales de Pesca o Similares.

¿Cómo se puede saber si una embarcación está pescando de manera ilegal y no pide permiso para llegar a un puerto chileno? Alicia Gallardo, directora nacional de Sernapesca, reconoce que “podrían arrancar, pero lo vamos a encontrar por el posicionador satelital. Por el VMS podemos identificar si están pescando o no por la velocidad que tiene la embarcación. Hace poco recibimos muchas denuncias de pescadores artesanales por la presencia de barcos chinos que supuestamente estaban pescando jibia. Sin embargo, junto a la Armada detectamos, por los nudos de navegación, que no se encontraban pescando. Cuando se detecta un barco que realmente extrae recursos, la Armada tiene la facultad de abordar la nave y tomar las medidas correspondientes. Nosotros somos autoridad pesquera sólo en el puerto”.