En los últimos años, Chile pasó de tener 15 millones de hectáreas de áreas marinas protegidas en 2014 (el 4,1% de su Zona Económica Exclusiva) a más de 146 millones de hectáreas en 2018 ( el 40,2% de su ZEE), principalmente gracias a la creación de nuevos parques marinos en Nazca-Desventuradas, Isla de Pascua, Archipiélago Juan Fernández y Cabo de Hornos. Un avance enorme en conservación, que sin embargo hasta ahora no ha tenido un correlato en su financiamiento, según los expertos.

Así lo revela el informe “Pasos para la sustentabilidad financiera de las áreas marinas protegidas en Chile”, elaborado por la ong Wildlife Conservation Society (WCS), que afirma que el financiamiento operacional de estas áreas es el gran desafío actual. El estudio estimó una brecha o déficit presupuestario para la operación de la actual red de áreas marinas protegidas de $7.801 millones (US$12 millones) al año, lo que representa el 0,005% del PIB chileno. Esta brecha corresponde al 98,3% del costo total, es decir, hoy solo se cubre un 1,7% del monto que se estima necesario para un cuidado adecuado de estas áreas.

El informe indica que “la brecha financiera operacional de las AMP en nuestro país es de tal magnitud que, con algunas excepciones puntuales, llama a cuestionarse si pueden ser consideradas como zonas protegidas en la práctica”, a lo que se suma que “se evidencia que la falta de financiamiento tiene un origen estructural, que radica en la institucionalidad fragmentada, y con atribuciones poco claras o insuficientes para la administración integral y coherente de las áreas”.

“Estamos echando a andar una carreta y hemos puesto los bueyes atrás, mejor dicho no tenemos ni bueyes, no le hemos puesto ni ruedas a la carreta. Este es un llamado de atención para nuestro país”, dice la directora de WCS en Chile, Bárbara Saavedra.

Para Diego Flores, del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, las áreas marinas protegidas proveen de un bien público, por tanto “es el Estado quien debe tener un rol central en el financiamiento en las acciones de manejo. Hay que ver entonces en esta figura del alcance y la fuerza, hasta dónde el Estado es capaz de poner los recursos que permitan gatillar que así mismo otras organizaciones u otros flujos de financiamiento vayan a apoyar, o a complementar, los recursos que requieren las áreas marinas protegidas”.

Durante el lanzamiento del estudio, Flores anunció que en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto el Ejecutivo envió una indicación adicional de $200 millones para la gestión de las AMP, lo que si bien no reduce la brecha presupuestaria para la conservación marina, dota al ministerio de fondos para la gestión de estas áreas, las que están bajo tutela de diversas entidades del Estado.

“Las acciones que están pendientes para aumentar el financiamiento público son avanzar hacia una aproximación sistémica o subsistemica de AMP, para vencer esta lógica de redes o áreas poco conexas desde el punto de vista científico”, agrega.

Propuestas de financiamiento

La falta de recursos para la conservación marina no es un problema exclusivo de Chile. Según Stefan Gelcich, del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) de la Universidad Católica, el 95% de las áreas protegidas a nivel mundial no cuentan con planes de manejo, básicamente por falta de recursos para la gestión, monitoreo y vigilancia.

Al momento de buscar soluciones, dice Bárbara Saavedra, existe “mucho interés y capacidad de interés instalada y muy cercana, no tenemos que salir a reinventar la rueda, solamente tenemos que levantar la mirada y vernos los unos a los otros”.

A su juicio, el desafío de la sustentabilidad basado en la conservación de la biodiversidad es una experiencia nueva para la humanidad, el que debe ser enfrentado con una perspectiva positiva y de construcción de bienestar común. “No es el momento para reconocer responsabilidades en el sentido de castigar, por ahí no va el camino, eso lo hemos hecho muchas veces y nos tiene acá. Nuestro desafío es ver que esto es una cosa nueva, hay que construir hacia adelante”, afirma.

En ese sentido, el documento elaborado por WCS entrega un diagnóstico, pero también una serie de directrices para mejorar el financiamiento público destinado a las AMP, tal como instalar una política más coherente e integral para la creación y gestión de estas áreas, que vincule clara y explícitamente la creación de nuevas unidades con los compromisos políticos. A su vez, completar la reforma a la institucionalidad ambiental, dando suma urgencia al proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y desarrollar una estrategia financiera oficial para las áreas marinas protegidas.

En ese sentido, propone una serie de alternativas de financiamiento público pero también alternativas complementarias como los fondos fiduciarios de conservación, donde entidades privadas gestionan y movilizan financiamiento para fines ambientales a través de acuerdos específicos con el gobierno. Una alternativa similar se está explorando, por ejemplo, para la Ruta de los Parques de la Paragonia.

Otra alternativa propuesta es el cobro de tarifa a los usuarios turísticos de las áreas protegidas (cobro por entrada, concesiones y permisos especiales), así como el pago por servicios ecosistémicos. También se explora como alternativa el llamado “carbono azul” , referido al rol del océano en la acumulación y captación de carbono. Este servicio ecosistémico puede ser financiado a través de la transacción de emisiones o bien por esquemas voluntarios.