En los últimos años, Chile pasó de tener 15 millones de hectáreas de áreas marinas protegidas en 2014 (el 4,1% de su Zona Económica Exclusiva) a más de 146 millones de hectáreas en 2018 ( el 40,2% de su ZEE), principalmente gracias a la creación de nuevos parques marinos en Nazca-Desventuradas, Isla de Pascua, Archipiélago Juan Fernández y Cabo de Hornos. Un avance enorme en conservación, que sin embargo hasta ahora no ha tenido un correlato en su financiamiento, según los expertos.
Así lo revela el informe “Pasos para la sustentabilidad financiera de las áreas marinas protegidas en Chile”, elaborado por la ong Wildlife Conservation Society (WCS), que afirma que el financiamiento operacional de estas áreas es el gran desafío actual. El estudio estimó una brecha o déficit presupuestario para la operación de la actual red de áreas marinas protegidas de $7.801 millones (US$12 millones) al año, lo que representa el 0,005% del PIB chileno. Esta brecha corresponde al 98,3% del costo total, es decir, hoy solo se cubre un 1,7% del monto que se estima necesario para un cuidado adecuado de estas áreas.
El informe indica que “la brecha financiera operacional de las AMP en nuestro país es de tal magnitud que, con algunas excepciones puntuales, llama a cuestionarse si pueden ser consideradas como zonas protegidas en la práctica”, a lo que se suma que “se evidencia que la falta de financiamiento tiene un origen estructural, que radica en la institucionalidad fragmentada, y con atribuciones poco claras o insuficientes para la administración integral y coherente de las áreas”.
“Estamos echando a andar una carreta y hemos puesto los bueyes atrás, mejor dicho no tenemos ni bueyes, no le hemos puesto ni ruedas a la carreta. Este es un llamado de atención para nuestro país”, dice la directora de WCS en Chile, Bárbara Saavedra.