A tablero vuelto se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el Seminario “Litio y pueblos indígenas. La estrategia nacional ante las directrices para los Derechos Humanos”, organizado por la Comunidad Colla Pai Ote del Salar Maricunga y el Centro de DD.HH. de dicha casa de estudios. La actividad, en formato híbrido, repletó el Auditorio Matilde Brandau, al que acudieron dirigentes indígenas, empresarios, académicos, autoridades de gobierno, entre otros, demostrando el gran interés que este tema concita y que se reflejó, además, en los cientos de personas que siguieron la transmisión vía streaming.

El Seminario se dividió en dos paneles. En el primero, “Industria del litio y sus impactos en los pueblos indígenas”, participaron Ercilia Araya Altamirano, presidenta de la Comunidad Colla de Pai Ote, que históricamente ha habitado la zona cordillerana de la región de Atacama, incluido el Salar de Maricunga, donde Codelco ha realizado exploraciones para extraer litio; Javier Silva, Gerente Sostenibilidad y relacionamiento comunitario de SQM Salar; Nicolás Pacheco, jefe de Desarrollo Minero de la Empresa Nacional de Minería (Enami); y Esteban Araya Toroco, presidente de la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lay Lay.

Este panel estuvo moderado por el investigador del Centro de DD.HH., Salvador Millaleo, quien comentó que el evento fue organizado “gracias a un estímulo que nos dio la comunidad colla Pai Ote, que nos planteó su inquietud frente a la Estrategia Nacional del Litio, en relación a cómo se van a abordar los problemas -que hace mucho tiempo ya se evidenciaban- en el relacionamiento con los pueblos indígenas que habitan el territorio”.

El profesor Millaleo entregó el contexto de la conversación señalando que “el marco de los derechos humanos de los pueblos indígenas está definido en el Derecho interno sobre todo por el Convenio 169 de la OIT, pero en el ámbito internacional esto tiene un alcance mucho más amplio, que progresivamente ha sido reconocido con cada vez mayor eficacia en las Cortes especialmente la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas”.  En Chile, añadió, “si bien faltan muchas cosas, ha habido un progreso constante; en particular el derecho a la consulta, que los últimos 3 o 4 años ha tenido una verdadera revolución”.

“Vale la pena tomar en cuenta el conjunto de este marco para determinar cuáles son los impactos de la industria del litio respecto a los pueblos indígenas, qué derechos efectivamente están siendo afectados y qué derechos están siendo reclamados por las comunidades en este contexto”, dijo el investigador.

Posteriormente, mencionó que en primer lugar está el derecho a la libre determinación. “Sabemos que la industria del litio nunca ha tomado como piedra angular este derecho; se instaló y se sigue desarrollando sin acuerdos con los pueblos indígenas (…) y aquí empieza todo mal”, subrayó Millaleo. Luego señaló el derecho a definir las propias prioridades de desarrollo, el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a vivir en un ambiente medio ambiente sano, derecho al agua y derecho a la propia espiritualidad.

El académico de Derecho de la U de Chile explicó brevemente cada uno de esos derechos y abogó por la necesidad de un diálogo entre las empresas que buscan explotar el litio y los pueblos indígenas, porque la ausencia de consulta que ha existido hasta ahora no es sostenible “porque tarde o temprano -sobre todo con las nuevas tendencias en los jurisprudencia, de los Tribunales Ambientales, de la Corte Suprema- se va a llegar a una sede judicial donde se va a exigir algún tipo de reparación o algún tipo de acuerdo”.

Planteamiento de los pueblos indígenas

En su intervención, la autoridad ancestral colla Ercilia Araya señaló que “sobre este tremendo tema que es el litio, nosotros dentro del territorio estamos viendo que no fuimos consultados” y recordó que con su comunidad han mantenido varias disputas judiciales en relación a la explotación de este químico, y lograron la nulidad de la licitación de las cuotas de litio que buscaba otorgar el gobierno de Sebastián Piñera.

“El salar cumple una función en el ecosistema, en el agua. Hay un tema de sobrevivencia de la cultura de nuestra comunidad; cómo vamos a quedar, cómo vamos a ser afectados. Nadie nos ha dicho contra un estudio cómo se va a ver afectado el medio ambiente, la flora, la fauna”, dijo Araya. Agregó que el principal temor es que se afecte la seguridad hídrica del territorio: “El agua esencial, el agua es vida. Si no tenemos agua, todos nos vamos a morir porque es un elemento para todo ser humano y toda forma de vida”.

La representante de la comunidad Pai Ote añadió que si bien ella preferiría que no se hiciera la explotación, “sabemos que no vamos a poder parar el litio (…) pensamos que con respeto se puede sacar, pero que se garantice la calidad de vida, usos y costumbres y el sistema de vida de trashumancia y el agua (…) Por eso hemos dado dando la lucha y también estamos queremos trabajar con otras comunidades de la quebrada, juntarnos y unirnos, y ser una sola voz”.

Sobre la forma de vida de su comunidad y la espiritualidad, Araya explicó que está íntimamente relacionada con el salar, allí hacen ceremonias y ahí están sus ancestros. “El salar es sagrado, es un complemento con la tierra, con la Pachamama”, dijo.

De una forma similar se manifestó el presidente de la Asociación Lay Lay , Esteban Araya Toroco: “Vemos con preocupación la industria del litio, ya que va a alterar varios de los salares, sobre todo el Salar de Tara, que está ubicado en el interior de la reserva los flamencos y catalogada como unos sitios de Ramsar, un humedal de importancia internacional”.

Añadió que dicho salar está cerrado al público desde 2018 para conservar la biodiversidad, y que gracias a eso “han aumentado las poblaciones de aves, mamíferos, y se confirmó la presencia de carnívoros como el puma”. Añadió que el lugar posee una gran diversidad biológica, incluyendo varias especies clasificadas en la lista roja de especies amenazadas a nivel internacional, las que podrían estar en peligro con la explotación del litio.

“Esta área está en la mira de la industria de las mineras del litio (…), una de ellas, la estadounidense Sorcia Mineral, que el año 2022 comenzó a desarrollar estudios geológicos preliminares”, dijo Araya Toroco y subrayó que su organización “no está de acuerdo en que se instalen más empresas en el salar. Para nosotros como pueblo Licanantay es importante proteger la biodiversidad, la madre naturaleza, y el agua, porque es vida”.

Mirada desde las empresas

El representante de SQM, empresa que desde hace 30 años extrae litio desde el Salar de Atacama gracias a un convenio con Corfo, explicó que desde hace poco más de dos años incorporaron la sustentabilidad como valor corporativo. “En ese momento (2020) lanzamos nuestra política de sostenibilidad, ética y derechos humanos, donde uno de los 5 pilares fundamentales es el Pilar Comunidades. En el área específica de comunidades indígenas señala que nuestros proyectos buscan generar valor social compartido con las comunidades presentes en las zonas donde se desarrollan. Esto, sobre la base de los principios rectores de la ONU para empresas y DDHH, los ODS de la ONU y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT”, dijo Javier Silva, gerente de sostenibilidad y relacionamiento comunitario de SQM Salar.

Sobre el relacionamiento territorial, dijo que empezaron a trabajar de forma distinta a partir de 2020, con mesas con presencia en el territorio, y agregó que tratan de “mantener en todos los casos el diálogo activo, horizontal y responsable; siempre con respeto a la cosmovisión territorial, al plan de vida y prioridades de las comunidades, obviamente relacionado a la autodeterminación”.

Asimismo, Silva destacó que realizaron un levantamiento de percepción, donde confirmaron que el principal impacto negativo que perciben las comunidades es “el impacto en el derecho a vivir en un medioambiente sano, en específico en el acceso al agua para consumo humano y/o agrícola de las comunidades de la zona, junto al impacto en la flora y fauna de la zona”. Dijo que esos hallazgos los llevaron a una mayor transparencia en la publicación de la información sobre extracción de agua y salmuera en línea -sqmsenlinea.com.

Desde Enami, el jefe de Desarrollo Minero, Nicolás Pacheco, destacó que se acaba de crear una filial que se dedicará exclusivamente al desarrollo del litio a nivel nacional, Enami Litio SpA. Actualmente están desarrollando el proyecto Salares Altoandinos, en la comuna de Diego de Almagro, región de Atacama, y que comprende cinco salares: de Aguilar, de Infieles, de La Isla, de Las Parinas y Salar Grande, que suman 152 kilómetros cuadrados.

“Respecto al medio ambiente y las comunidades, es importante resaltar que hoy día tanto Enami como Enami Litio tienen un compromiso de ir más allá, entendiendo que explorar un salar o desarrollar un proyecto de litio no es lo mismo que desarrollar un proyecto minero en cualquier entorno; un salar es un entorno distinto, con un ecosistema muy puntual”, dijo Pacheco. En este sentido, explicó que han estado realizando un levantamiento preliminar de información sobre flora, fauna, arqueología, comunidades y meteorología, y ahora están fortaleciendo esa línea base, además de la realización de un estudio metagenómico.

Empresa Nacional del Litio

El segundo panel de la jornada se llamó “Empresa Nacional del Litio y modelos de relacionamiento con pueblos indígenas”, donde participaron el Subsecretario de Minería, Willy Kracht; el abogado asesor del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Chamorro; el Presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco; y el asesor de la comunidad Pai Ote, Ariel León Bacián, quien es de origen quechua.

El Subsecretario Krachat destacó que el gobierno está planteando una estrategia del litio, no solo una política, con 3 elementos principales: producción sostenible, agregación de valor, y generación de conocimiento, investigación y desarrollo. “Los ejes que hemos planteado son la creación de la empresa nacional del litio, un instituto tecnológico y, tal vez tanto o más importante incluso que la misma empresa, es la creación de una red de salares protegidos que nos permita dar protección a un 30% de la superficie de salares”, comento la autoridad ministerial.

Asimismo, Kracht subrayó que en el marco del desarrollo de la estrategia se va a iniciar un proceso de diálogo participativo con una convocatoria muy amplia: “Cuando decimos diálogo amplio no estamos pensando solo en el Consejo de Pueblos Atacameños, sino que estamos pensando más allá de agrupaciones específicas, y no podrían ser distinto porque queremos desarrollar la estrategia del litio no sólo en el Salar de Atacama sino también para otros salares que están en la tercera región”.

Máximo Pacheco, de Codelco, señaló estar “totalmente convencido” de que la única forma de conseguir darle un impulso a la producción de litio en Chile es con el control mayoritario de una empresa del Estado, y entregó cinco argumentos para respaldar su afirmación: “Primero, porque es una recurso natural; segundo, porque tiene un tremendo impacto en el medio ambiente; tercero, o porque tiene que ver con la convivencia con comunidades ancestrales que han vivido ahí, viven y quieren seguir cuidando y protegiendo su modo de vida; cuarto, porque hay tremendos desafíos tecnológicos; y por último, porque el litio hoy se ha transformado en un tema de la geopolítica mundial”.

Por su parte, Sergio Chamorro Avilés especificó que su participación no era en calidad de vocero del Consejo de Pueblos Atacameños, sino como su asesor legal. Relató que en cuanto tomaron conocimiento de la Estrategia Nacional del Litio hubo reuniones de la comunidad de Río Grande y de la comunidad de Socaire para deliberar sobre la postura frente a lo anunciado, y determinaron que “es pertinente que tanto el Estado, como las empresas y las comunidades ,a través de su ejercicio de ciencias comunitarias, ciencias indígenas, que también hay que relevarlas porque hay un conocimiento territorial y ancestral que tiene mucho peso- es comprender cuál es el estado actual de la vida del Salar de Atacama”.

Denunció que las empresas con presencia en el Salar no se hacen cargo de incumplimientos y que no hay buena fiscalización, y subrayó que “la empresa SQM tiene un procedimiento sancionatorio abierto desde el año 2016 y hasta la fecha todavía no está firme su programa de cumplimiento ambiental”. Entre otros puntos, el abogado Chamorro señaló que están observando que se puede repetir la historia, “porque el acuerdo entre la CORFO y SQM fue un acuerdo sin consulta indígena (…) y ahora cómo vamos a celebrar esta estrategia donde el Estado intenta tomar una posición más dominante, sigue bajo el mismo ordenamiento jurídico, donde la CORFO se hace dueña de la tierra, se hace dueña de los salares, no le pregunta a nadie y celebra contrato de operación”.

Finalmente, el asesor legal de la comunidad Pai Ote, Ariel León, subrayó que han tenido que dar una “lucha bien intensa porque el territorio de Maricunga en el que tienen interés muchas empresas, porque hay mucho oro, litio, cobre, es una tierra bendita por la Pacha (…) Pero eso crea presión y trastorno de la vida de la comunidad”.

Frente a la Estrategia Nacional del Litio, León comentó que la comunidad colla de Pai Ote determinó cuatro condiciones para no tener que buscar vías judiciales para detener las faenas de explotación del litio: que no se destruya el ecosistema del salar de Maricunga ni sus recursos hídricos; garantizar la subsistencia de la comunidad colla y su cultura; un reparto equitativo de beneficios del litio con la comunidad colla; y representación indígena en el directorio de la Empresa Nacional del Litio para vigilar las estrategias de la estatal. “No nos gusta el extractivismo, pero tenemos que convivir con él”, subrayó León.