A pocos días del inicio del receso legislativo, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una instancia que lleva nueve años de discusión en el Congreso.

Presidida por el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde), la comisión logró el avance del proyecto de ley y, de esta manera, en marzo se retomará su discusión en particular por artículos. Desde ese mes, tanto el Ejecutivo como los parlamentarios podrán ingresar indicaciones para mejorar o corregir algunos aspectos.

El nuevo instrumento es clave para fortalecer la institucionalidad ambiental en Chile, por cuanto será un servicio público que agrupará todos los esfuerzos sectoriales para garantizar la protección de la biodiversidad a través de la creación de un sistema de áreas protegidas, tanto terrestres como marinas. El pasado 24 de julio, el proyecto fue aprobado por el Senado para dar inicio a su segundo trámite constitucional.

“El proyecto se votó en general y fue aprobado. Lo que viene es la votación en particular, para lo cual no se puso un plazo para indicaciones, porque el próximo presidente de la Comisión -lo más probable es que sea el diputado Andrés Celis- tiene que fijar la tabla. De seguro en marzo se retomará este proyecto para presentar las indicaciones , discutirlo en general y despacharlo pronto. A nombre del equipo parlamentario nuestro, tenemos indicaciones. Queremos que existe este Servicio de Biodiversidad, que es una reivindicación del movimiento ecologista chileno, y que tenga las atribuciones, recursos y capacidades para preservar las zonas protegidas. Eso significa que será necesario aumentar los recursos. Este gobierno no tiene intención de aumentarlos. Sin embargo, este servicio estaría en régimen tres años, por lo tanto, le tocará a otro gobierno su implementación, y que ojalá ese gobierno reconozca la importancia de invertir en lugares que hoy son zonas protegidas y aumentar la superficie a proteger. Logramos un compromiso del Gobierno para ingresar indicaciones que solo ellos pueden ingresar, de modo tal de darle garantías a los trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente si quieren pasarse al SBAP o quedarse en el MMA”, dijo a País Circular el diputado González, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja.

Según Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society Chile (WCS), la aprobación en general en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja “es un paso más”, pero al mismo tiempo califica como “bien impresionante que todavía estemos pensando en este proceso, llevamos muchos años atrasados con respecto al resto de la región”.

Saavedra espera que el proyecto sea ley durante el 2020, aunque está consciente de que la ciudadanía prioriza otras demandas sociales como las pensiones, la salud y la educación. Sin embargo, ella cree que “la construcción del nuevo Chile tiene que ser con una base natural, la que se encuentra mayoritariamente amenazada, por la falta de agua, la falta de suelos y humedales desaparecidos”.

Todos los problemas, dice Saavedra, tienen su “origen en la crisis medioambiental que estamos viviendo” y el SBAP, en ese sentido, es la “herramienta más poderosa para adaptarse al cambio climático, debiese ser una de las prioridades del Congreso y de la gente”.

En tanto, Alejandra Figueroa, ex jefa de la División Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente durante el segundo período presidencial de Michelle Bachelet, opina que la aprobación del proyecto de SBAP “es un paso importante, pero no es un proyecto de un gobierno, sino transversal. Es el mismo proyecto que ingresamos nosotros, el cual tuvo más de 1.200 indicaciones, incluidas 500 que surgieron a raíz de un proceso de consulta indígena que a la sazón realizó ese gobierno.

Las dudas de Figueroa pasan por las indicaciones que pudiera ingresar el Ejecutivo. “Sería interesante saberlo, porque puede ser beneficiosa, pero también puede que haga más lento el proceso. Es importante saber los tiempos que se tomarán para llevarlo a sala, porque esto genera expectativas. Ojalá no retrocedamos más”, plantea Figueroa, fundadora y presidenta de la Corporación Capital Biodiversidad.

Otra barrera que se precisa sortear, agrega Figueroa, es la del financiamiento: “Hay una brecha importante. Nosotros cuando estábamos en el Ministerio incrementamos levemente el presupuesto, pero necesitamos integrar otros incentivos financieros para sostener este Servicio de Biodiversidad, como lo vienen haciendo otros países”.

Por otra parte, Aníbal Pauchard, académico de la Universidad de Concepción y uno de los tres científicos chilenos que participó en la investigación del informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), valora la iniciativa, aunque “siempre hay cosas que se pueden mejorar”.

El también investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) cree que “Chile necesita el SBAP, necesitamos igualarnos a otros países que ya cuentan con estos servicios y nos hemos demorado mucho en generar esta institucionalidad ambiental”.

Entre los aspectos que Pauchard cree necesario incluir en las próximas discusiones en particular se encuentra velar por el control de las especies invasoras que dañan la biodiversidad del país. “Hay instituciones que se hacen cargo de las plagas, pero en el tema de las especies invasoras hay un vacío legal”.

Para Pauchard, es relevante unir en un solo servicio todas las regulaciones sectoriales que trabajaban por separado a efectos de conservar la diversidad biológica. El hecho de ascender en la escala de la administración pública le permitirá al SBAP, según el científico, “sentar las bases para una sociedad sana y sustentable, pero si no hay presupuesto será complejo implementarlo”.

Pauchard espera que, aunque consciente del contexto de crisis social que se vive en Chile, el SBAP sea aprobado en 2020 para entrar en vigor como ley de la república desde 2021.