Chile cumplió 14 años consecutivos de sequía, probablemente la más larga y severa en mil años, según el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) “El estado del clima en América Latina y el Caribe 2021”.

En febrero pasado el boletín N°538 de la Dirección General de Aguas, informaba que los embalses presentaban un déficit de volumen de 33,2% respecto a sus promedios, presentando la cifra más preocupante los embalses dedicados al riego, con un 61,1%.

En este contexto adverso, al conmemorarse hoy el Día Mundial del Agua se releva la necesidad de impulsar acciones que ayuden a paliar, en parte, la crisis hídrica. Así, el viernes pasado -17 de marzo- el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático (CMSyCC) –que preside el ministerio del Medio Ambiente y está integrado por otros doce ministerios – se mostró a favor de una iniciativa que busca modificar la Ley 21.075, aprobada en 2018, para aprovechar las aguas grises en la agricultura, o sea, aquellas aguas provenientes de los lavamanos, duchas y lavadoras de ropa. La idea es utilizarlas para el riego de árboles frutales, cereales, viveros, cultivos industriales y cultivos agrícolas, a excepción de frutas y verduras que crezcan a ras de suelo o se consuman crudas.

“Este proyecto de ley permitirá hacer un uso más eficiente de este recurso sin poner en riesgo la salud de las personas”, aseguró Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente y presidenta del CMSyCC. Hay que recordar que todo esto ocurre mientras aún se espera que salga a la luz el reglamento que dé cumplimiento a la Ley 21.075 el que, durante cuatro años, ha tenido congelada la normativa para reúso de aguas grises

Entonces, ¿qué tan efectiva podría ser la nueva normativa que se presentará al Congreso? Los expertos coinciden en que ayudaría. Sin embargo, hay que reparar en aspectos esenciales. “Me parece una buena noticia, pero tiene que ir de la mano con el avance del reglamento de la ley, que es el que finalmente determina los parámetros y le da cuerpo. Si no existe el reglamento, costará mucho que la ley se pueda ejecutar, porque no hay cómo regularla”, dice Ignacio Vargas, investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Concepción (CEDEUS) y profesor asociado al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Escuela de Ingeniería UC.

El docente precisó que la iniciativa significará un desafío importante para la coordinación de los distintos entes que trabajan en el tema, los que deberán garantizar que se resguarde la salud de la población. “Es importante que el tratamiento de las aguas grises entregue seguridad a la gente y se sepa que se trata de agua lo suficientemente limpia para el propósito que se quiere”.

Para Pablo Garcia-Chevesich, hidrólogo, académico de Colorado School of Mines y miembro del programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO, aprovechar las aguas grises es un gran avance para el país, y además cree que cada casa de Chile debería contar con un sistema de desviación de aguas grises, para el uso en la producción de alimentos y para el riego de árboles ornamentales. “Con los nutrientes contenidos en las aguas grises, los árboles crecen frondosamente, dando sombra a las calles. Estamos aún en pañales en esta temática, pero sin duda es un inmenso paso”, dijo.

En tanto, Gerardo Díaz, Jefe de Proyectos de Fundación Chile (FCh), a cargo de la iniciativa de reúso de aguas residuales de la gerencia de Sustentabilidad de dicha institución, también destacó la incorporación de nuevas fuentes de agua a la matriz productiva, capaces de reemplazar el agua potable para riego de jardines o árboles frutales, pero fue crítico al señalar que el plan podría generar externalidades negativas, debido a la concentración de aguas negras (las que fluyen por el sistema de alcantarillado).

¿Qué pasa entonces? Díaz explicó que, al extraer las aguas grises -que corresponden al 60% o 70% del total de aguas servidas-, las negras quedan muy concentradas y los sistemas de tratamientos no son capaces de eliminar los contaminantes porque están acondicionados y construidos para tratar las aguas servidas en su totalidad (grises y negras). “Eso ya lo hemos visto en sistemas sanitarios rurales, donde se aprovechan las aguas grises con las comunidades y las aguas concentradas llegan a las plantas de tratamiento rurales. Esto produce obstrucciones en el alcantarillado lo que, sumado a que el sistema de tratamiento no es capaz de eliminar contaminantes concentrados, provoca que estas aguas no sean tratadas de manera adecuada y sean descargadas prácticamente crudas”, aclaró.

Junto a esto, afirmó que la sequía ha avanzado de manera tal que las mismas comunidades han elaborado mecanismos para enfrentarla, adelantándose a las leyes, como ocurre en la región de Coquimbo, donde servicios sanitarios están haciendo reúso de aguas residuales –tratadas con Decreto Supremo 90, tabla 1 (D.S90), que establece los niveles de contaminantes descargados a aguas superficiales, que aplican las plantas de tratamiento urbanas– para el riego de jardines, árboles y, además, se le entrega agua a la misma comunidad para que pueda regar sus jardines.

El desafío de separar las aguas

Fernando Medina, director de la Asociación Gremial Agrícola Central, puntualizó que el proyecto de ley es una buena manera de reciclar el agua, “pero tiene que cumplir con todas las normas sanitarias porque o si no nos vamos a frenar nosotros mismos. En el caso de las exportaciones, tenemos que demostrar que las aguas que se utilizan no están contaminadas con coliformes fecales, por ejemplo. Es una exigencia”.

Asimismo, dijo que hay que resolver el “problema” del uso de las aguas grises. “Si en este caso la empresa que las produce es una sanitaria, se sabe que va a ahorrar en una planta de tratamiento, entonces esa agua no puede ser cobrada y tiene que disponerla”.

A su vez, solicitó definir el concepto de aguas grises y su estándar, para luego determinar cómo se llegará a los parámetros correspondientes y quién hará las inversiones. “El tema está en cómo separo las aguas”, manifestó.

Normativa basada en otras experiencias

Aunque Gerardo Díaz reconoce que la futura normativa es necesaria para establecer las reglas del juego, piensa que hay cosas que se deben visualizar de manera temprana para no generar complicaciones a futuro. “Cuando implementamos este tipo de proyectos en Fundación Chile, primero hacemos un análisis para comparar la experiencia internacional y lo que ya se está haciendo en el territorio y, a partir de eso, generamos estos mecanismos para que se puedan adaptar y complementar con los proyectos que ya están siendo ejecutados por la comunidad y, a partir de eso avanzamos. De la teoría a la práctica hay una diferencia bien grande”. Díaz agregó que “no se está viendo la realidad de los territorios para tratar de adaptar esta normativa”.

Indicó también que hoy se hace complicada la fiscalización de los sistemas sanitarios y plantas de tratamiento rurales, algo que podría empeorar si se masifica esta práctica, porque superaría la capacidad de las autoridades. “No se podrían fiscalizar todos los sistemas de tratamientos, por lo tanto, no se podría dar certeza de que las aguas se están tratando con la calidad suficiente para poder utilizarlas en otro sistema. Por eso este tipo de iniciativas tiene que ser coordinada, bien pensada desde un punto de vista de tratar estas aguas de manera centralizada y que no represente un problema más para las autoridades”.

Iniciativa para reusar las aguas residuales en su totalidad

Díaz añadió que junto al equipo de la senadora Isabel Allende se encuentran avanzando en un proyecto de ley para reusar las aguas residuales en su totalidad, ya sea para actividades productivas, recuperación de ecosistemas e incluso para el control de incendios. Para eso hicieron un análisis que comparó las leyes internacionales de reutilización de aguas residuales totales con las normativas que hoy existen a nivel nacional, como la Norma Chilena 1.333, para aguas destinadas a espacios recreativos, riego de áreas verdes y cultivos; y D.S. 90, tabla 1. “Nos dimos cuenta que esta última tiene parámetros iguales o más restrictivos que muchas normativas internacionales. Por lo tanto, no hay que hacer un desarrollo tecnológico tan avanzado. Se puede ocupar el mismo tratamiento de las aguas servidas domiciliarias”, declaró.

Por último, ¿por qué no se ha avanzado en la reutilización de las aguas servidas? A juicio de Díaz “falta voluntad política, que exista la normativa y establecer modelos de negocio multipropósitos, con valor compartido para todos los actores del territorio.