A partir de las 09.30 horas de hoy está fijada una nueva sesión de la Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación del Senado para abordar el proyecto de ley que establece normas para la eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, ingresado en moción parlamentaria el 8 de enero de 2020 por los y las senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste, Juan Castro y Álvaro Elizalde.

En la sala 9 del Congreso Nacional se realizará el encuentro que tiene como invitados a Eduardo Baeza, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y a Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, que se referirá específicamente al tema de las plantaciones en ladera de cerros.

Lo cierto es que la instancia de hoy buscará destrabar un proyecto de ley que está aprobado en general por la referida Comisión y en la Sala del Senado, pero que no ha podido avanzar en su tramitación en particular producto de -según trascendió- en la lentitud del Ejecutivo en presentar indicaciones y tomar cartas en el asunto. Eso explica que el proyecto original sigue prácticamente tal cual como fue ingresado. Solo habían sido presentadas indicaciones de los parlamentarios, lo que obligó a postergar una y otra vez los plazos. Sin embargo, el Gobierno presentó una indicación sustitutiva el pasado 1 de septiembre, proponiendo cambiar el texto original completo, lo que no satisfizo a parlamentarios de la Comisión por su “debilidad”, acusan.

“Este proyecto de ley necesita ciertas modificaciones a la legislación vigente, dotar de competencias a organismos públicos o ver temas presupuestarios. La Constitución actual impide que el Congreso pueda hacer esos cambios, no tiene la suficiente potestad. Solo el Gobierno de turno tiene la facultad de hacer modificaciones a las atribuciones de los servicios públicos. Por eso es que el plazo se abrió varias veces”, dice Alex Sánchez, coordinador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Los ejes del proyecto de ley original

En síntesis, el proyecto de ley original intentaba seguir la lógica de las normativas a las que apuntaba el proyecto de ley de eficiencia energética, que ya fue promulgada y es actualmente ley de la República. En síntesis, la iniciativa de ley busca incorporar un sistema de gestión y eficiencia en el uso de aguas; realizar cada dos años ante la DGA una auditoría externa de eficiencia hídrica y de la huella hídrica; y enviar anualmente un informe a la DGA con consumos de agua, oportunidades detectadas, metas de eficiencia hídrica.

Otro tanto tiene que ver con que el 25 por ciento de la ganancia en caudal y/o agua que se produzca por eficiencia hídrica producto de una bonificación obtenida a través de la Ley de Riego deberá restituirse a su respectivo curso o cauce de agua subterránea o superficial. Otro punto muy importante del proyecto estriba en la solicitud que pueden hacer productores agrícolas, forestales y mineros a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el desarrollo de indicadores de eficiencia y huella hídrica, en función de obtener sellos reconocidos nacional e internacionalmente.

Entretanto, los consumidores o ciudadanos podrán solicitar a la misma Agencia el desarrollo de certificados de eficiencia hídrica para artefactos, productos, edificios y construcciones, a través de sellos. Por último, las industrias con instalaciones superiores a cinco mil metros cuadrados deberán contar con sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias para fines productivos o riego de aguas verdes, y sistemas de manejo de escorrentía para evitar la descarga de aguas lluvias al alcantarillado (esto último solo regirá para el área entre las regiones de Biobío y Aysén).

Sin embargo, en la Comisión de Recursos Hídricos -presidida por la senadora Allende- hay una sensación de disconformidad por la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Uno de los principales alcances de la contrapropuesta del Gobierno -que no contemplaba el proyecto original- es someter al sistema de evaluación de impacto ambiental dos tipos de proyectos agrícolas: de más de 200 hectáreas de riego básico (según tipo de proyecto, ciclos del cultivo, sistema productivo y características socioambientales del territorio); y de más de 70 hectáreas de riego básico emplazados en laderas con pendiente superior a 25 grados.

Esto ha generado un montón de dudas en la comisión, por cuanto la Ley de Riego vigente ha subsidiado este tipo de riego en ladera impugnado por organizaciones como la OCDE, que ha recomendado dos veces a Chile evaluar lo que la entidad considera como un “incentivo perverso”. Por eso, al interior de la comisión, no hay certeza si el riego en ladera debería limitarse, evaluarse ambientalmente o dejar de bonificarse. Al respecto, Fundación Chile ha expuesto en la comisión que el riego en ladera debería prohibirse a toda costa por los perjuicios que genera. Es muy posible que la exposición de la representante de Fundación Terram, Flavia Liberona, siga la misma línea.

“Hay un mundo de diferencias con la indicación sustitutiva que presentó el Gobierno por la ley de eficiencia energética y el que presentó ahora por la ley de eficiencia hídrica. La de eficiencia hídrica es una indicación mucho más débil, no se ve mucho de ambición climática”, agrega Alex Sánchez.

La indicación del Gobierno sobre el proyecto actual no incorpora un plan de acción nacional sobre eficiencia hídrica, siendo que el de eficiencia energética sí lo contemplaba. Por otra parte, la contrapropuesta del Ejecutivo no incluye un sistema de certificación de eficiencia hídrica que sí está garantizado en la ley de eficiencia energética. “Será interesante saber si la casa que voy a adquirir tiene un sistema de reúso de aguas grises, por ejemplo, al igual cómo saber si ese inmueble es eficiente en cuanto a energía. Además, esto generaría un mercado de consultoría que es importante como factor de empleo en estos tiempos de recesión económica”, complementa el coordinador del Centro de Acción Climática de la PUCV.

También ha sido criticado en la indicación del Gobierno que solo los organismos públicos están obligados a normar el uso del agua y la huella hídrica de sus instalaciones. Comparándolo con la ley de eficiencia energética, son muchas entidades quienes están obligadas a adoptar medidas para hacer sus inmuebles más eficientes energéticamente. Y, por último, la indicación solo faculta al MOP, en coordinación con el MMA, a desarrollar indicadores de eficiencia hídrica; en cambio, el proyecto de ley aprobado en general por la Comisión faculta a organizaciones de consumidores o ciudadanos a solicitar a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático el desarrollo de dichos indicadores.

Al menos la agenda ambiental de la senadora Allende, en términos de agua, sigue la línea de implementar políticas públicas en eficiencia y luego reutilización, antes de pensar en la búsqueda de nuevas fuentes de agua, como la desalinización. Desde la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos se cree que desalar el agua no será la solución si no se resuelven primero los otros dos niveles. Esta línea de pensamiento es concordante con la lógica de las “R” en sustentabilidad: la primera prioridad, en la base de la pirámide, es reducir, luego reutilizar y, si esas no se cumplen y como última opción, reciclar.