Luego de casi un año de vacancia del puesto de Superintendente del Medio Ambiente, el presidente Sebastián Piñera nombró al ingeniero civil industrial Cristóbal de la Maza para asumir ese cargo.

De la Maza, quien fue seleccionado a través del sistema de Alta Dirección Pública, estará a la cabeza del organismo encargado -de forma exclusiva- de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental, de las medidas de los planes de prevención y/o de descontaminación ambiental, del contenido de las normas de calidad ambiental y normas de emisión, así como de los planes de manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.

Titulado en la Universidad Católica de Chile, De la Maza (40) cuenta con un doctorado en Ingeniería y Política Pública de la Universidad de Carnegie Mellon, Estados Unidos. Hasta ahora se desempeñaba como jefe de la división Ambiental y de Cambio Climático del Ministerio de Energía, cargo que había asumido en enero de este año.

Previamente, el profesional había trabajado como consultor en instituciones públicas y privadas, y durante cuatro años (2011-2014) fue jefe de la División de Información y Economía Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente, donde lideró el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde de Chile, además del primer informe sobre el estado del medio ambiente.

También ejerció como ingeniero de proyectos en Dictuc, filial de la PUC, y ha publicado varios artículos en materia de política ambiental y desarrollo sostenible en revistas especializadas, como Transportation Research, Water Policy, Environmental Science & Technology, Journal of Environmental Management, Sustainability, Risk Analysis y Science of the Total Environment.

La jefatura de la Superintendencia de Medio Ambiente estuvo vacante desde el 1 de noviembre de 2018. El abogado Cristián Franz, quien ocupó el cargo casi cinco años, lo dejó el 31 de octubre de ese año, como había acordado en marzo con las autoridades del nuevo gobierno. Su salida se produjo pocas semanas después de que estallaran los episodios de intoxicación de las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.