Con una sequía extrema que se extiende por más de una década en Chile, y escenarios climáticos que proyectan una disminución permanente de las precipitaciones e incrementos de temperaturas para las próximas décadas, la escasez de agua no solo se ha transformado en un problema constante en diversas comunas y territorios del país, sino que en los últimos años ha centrado parte importante de las discusiones de política pública, y hoy también aparece con fuerza en la discusión constitucional.

Por ello, y en el marco de los “Diálogos sobre Constitución y Medio Ambiente” convocados por el grupo “Juntos por un Chile Sostenible” -integrado por diez gremios y organizaciones nacionales-, la tercera sesión de estos encuentros estuvo centrada en el cambio climático y los recursos hídricos en Chile. René Garreaud, investigador principal del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2); Jessica López, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS AG); y Ulrike Broschek, subgerenta de sustentabilidad de Fundación Chile, fueron los tres expertos invitados a analizar y debatir respecto de esta problemática en el actual escenario climático y político.

¿Cuál es el escenario climático? Garreaud planteó que independiente de cuáles sean los presupuestos sobre los que se hagan las proyecciones futuras, hay una certidumbre muy grande de que el clima se va a seguir calentando. Pero también hay que considerar que en el clima mediterráneo de la zona central de Chile, alternar años períodos secos con otros lluviosos es normal por variabilidades que son naturales como fenómenos de “El Niño”, “La Niña” o una “Mancha Cálida”.

Sin embargo, señaló, se han dado cuenta que hay otros resortes naturales en el sistema atmósfera-océano que han empujado a Chile central hacia una condición más seca en los últimos 10 años, superpuesto eso a la señal del cambio climático que ya está actuando.

“Los modelos indican que debiéramos estar con una sequía, pero con un déficit promedio del orden del 10%, y hemos tenido una sequía decadal del orden del 30% a 35%, y con años muy malos, como el que estamos viviendo ahora. Así que los modelos nos informan que efectivamente vamos hacia un futuro más seco, que ese futuro de alguna manera ya está presente”, explicó.

Esto implica dos noticias, explicó Garreaud: “La buena es que la componente natural del problema, como todas las fluctuaciones naturales, generalmente son oscilantes. Van y vienen. Por lo tanto, uno esperaría que el futuro aún no ha llegado, y probablemente en la próxima década tengamos una reversión hacia una condición un poco más normal”.

La mala, agregó, es que frente al escalamiento del cambio climático y el avance hacia una condición climática más seca “tal vez en la próxima década a variabilidad natural nos de un poco más de agua, pero la variabilidad natural siempre actúa en ambos sentidos. Entonces en 2060, cuando el cambio climático ya no sea un 10% del déficit sino un 30%, y además afecte la variabilidad natural, entonces esta sequía puede ser una sinopsis incluso deslavada, porque en el futuro puedes tener una variabilidad hacia la sequía con una condición que ya va a ser muy seca (…) Como humanidad tenemos alguna capacidad de maniobra para salvarnos de los escenarios más extremos, pero en amplias partes de la zona central de Chile se ve esta condición más seca”.

Agua potable y saneamiento

Para Jessica López, de ANDESS, existe acuerdo en que hoy estamos frente a una nueva realidad, de un país mucho más desértico en la zona centro sur. Y en lo que respecta a la industria sanitaria, encargada por el Estado de un servicio público esencial que es la provisión de agua potable y saneamiento, “desde el año 2010 que está siendo desafiada por esta situación de emergencia permanente”, afirmó.

“Pese a que la industria es un actor menor en términos del uso del agua disponible -la década partió con una participación del 7% y hoy usa el 11% del total-, se instaló una operación en emergencia permanente en virtud de esta sequía y de esta menor disponibilidad de agua que se fue acentuando año a año, y que hoy se ha acelerado enormemente en los últimos años”, dijo Jessica López.

En ese escenario, planteó, además de cumplir con su obligación legal de proveer agua a las ciudades de Chile, la industria ha tenido que lidiar desde hace una década con una reducción lenta pero sistemática, “y que se ha ido acelerando”, del agua, a lo que se suman fenómenos climáticos extremos que rompen los patrones de normalidad en la operación, y que tienen impactos que siempre se están tratando de reducir pero que a veces afectan efectivamente a la población.

Aún así, los niveles de gestión y operación de la industria sanitaria en Chile son altos, para asegurar la provisión de agua potable y saneamiento a 16 millones de personas que viven en ciudades, por lo que “en Chile hoy se cumple con el derecho humano al agua y saneamiento”, afirmó.

Pero esto también presenta un problema, agregó la presidenta ejecutiva de ANDESS: “este estándar de calidad no permite que la ciudadanía tome consciencia de la escasez y de la crisis hídrica que estamos viviendo. Como los servicios están disponibles, no hemos logrado traspasar la sensación de urgencia, de crisis, porque nunca hemos tenido que vivir una restricción de agua -y esperamos no tener que vivirla-, como resultado de la previsión que ha tenido el Estado y de las inversiones de las empresas para enfrentar esta mega sequía”.

En esto ha incidido, dijo, el hecho de que hace una década la industria fue pionera en dimensionar el desafío que estaba planteando la crisis climática y la crisis hídrica, y que se requería el concurso y la voluntad de todos, lo que llevó a impulsar espacios de diálogo de múltiples actores para avanzar hacia una gestión más sostenible, justa, participativa y transparente del agua en Chile, a través de la denominada Mesa del Agua y Medio Ambiente.

“Era para nosotros muy evidente, puesto que los estudios daban cuenta de una situación de estrés hídrico compleja, y todas las proyecciones decían que se podía agravar y aumentar la conflictividad, cosa que ha sucedido. Y por otro lado, se requiere una visión integral que se pueda plasmar en instrumentos de política pública apropiados para responder a esos desafíos”, afirmó.

Mejorar la gestión del agua es clave

Para Ulrike Broschek, quien desde Fundación Chile ha estado liderando la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, hay que diferenciar el problema de la causa del problema. Esto porque los estudios que han realizado, agregó, muestran que un 44% de las causas de los problemas del territorio en las cuencas del país corresponde a una deficiente gestión, gobernanza, e institucionalidad del agua. En este contexto se habla de falta información para la toma de decisiones, de falta de coordinación entre los distintos actores y sectores, y de carencia de regulación, de capacidad de control y de fiscalización de usos de agua, para lograr una gestión integrada de los recursos hídricos. Solo un 17% de las causas, dijo, tiene que ver con la sequía derivada del cambio climático.

“Eso nos demuestra -agregó- que no solo tenemos que hablar de sequía y cambio climático, sino que profundizar más en qué intervención estamos haciendo hoy, y cuánto de eso podemos mejorar”. Si bien el cambio climático no puede enfrentarlo Chile por sí mismo, dijo, “si podemos trabajar muchísimo en la parte de gobernanza y de institucionalidad”.

Por ello, cuando se habla de propuestas de soluciones, el futuro desarrollo del país “no va a depender de los fenómenos de la naturaleza que se van a imponer sobre nosotros, sino que más bien de la capacidad que tengamos para enfrentar este contexto y gestionarla adecuadamente. Hoy hay muchos países que se están preparando y trabajando intensivamente para adaptarse, para ser más resilientes al cambio climático, y cómo poder gestionar adecuadamente el desarrollo del país en ese contexto (…) México y Brasil llevan 20 años, Perú 15 años trabajando en estas materias, y nosotros no solo no hemos avanzado, sino que nos hemos demorado mucho”.

Para enfrentar esto, propuso cuatro ejes de soluciones que deben avanzar en forma paralela, conjunta, para abordar un problema complejo como la crisis hídrica. El primero, dijo Ulrike Broscek, es “la institucionalidad y la gobernanza, porque hoy pasa a ser el centro la capacidad de liderazgo para unificar, colaborar, coordinar y reunir a los actores para avanzar. Dentro de eso obviamente está el diagnóstico de la dispersión y el fraccionamiento institucional que tenemos en Chile, hay 56 divisiones del Estado que tiene atribuciones por ley para intervenir la gestión de los recursos hídricos. Esa institucionalidad tiene que ser descentralizada, que todo venga desde el nivel central es muy ineficiente cuando tenemos 101 cuencas hidrográficas y todas con distintas realidades, y hay un desaprovechamiento enorme de la capacidad de las regiones de actuar de manera mucho más autónoma”.

A esto se suman la conservación de las fuentes naturales de agua existentes, que hoy estamos sobreexplotando y degradando. Tercero, ser más eficiente en el uso del agua, con empresas del siglo XXI utilizando con todas las tecnologías disponibles. Y por último, ir generando nuevas fuentes de agua según territorios, donde se deben pensar proyectos de infraestructura de bienes públicos, compartidos, multipropósitos y con mirada territorial.

En ese escenario, agregó, “la Constitución es una oportunidad única, un espacio enorme de introducir ciertos fundamentos base para las futuras regulaciones y legislaciones. Introducir conceptos clave como seguridad hídrica, y cómo las futuras legislaciones la tienen como meta. A partir de ahí podemos generar incluso métricas e indicadores de seguridad hídrica para ir midiendo el impacto de las regulaciones, de manera que sean coherentes con el avance hacia esa seguridad hídrica”.

“Obviamente -agregó- está el establecimiento del agua como un bien nacional de uso público, que pertenece a la nación toda; hay un tema muy relevante con qué rol necesitamos del Estado para generar la institucionalidad hídrica y gestionar el agua en los diferentes niveles territoriales. Establecer la gestión descentralizada de los recursos hídricos, reconociendo las cuencas hidrográficas como las unidades base para la gestión. En el apartado de poderes del Estado, la creación de un organismo público de rango constitucional, autónomo, para gestionar las aguas y recursos hídricos. Eso es muy relevante y se debiese establecer, así como obviamente la conservación de agua y priorización de usos”.

El debate constituyente

¿Cómo abordar este desafío desde la discusión constituyente? Para Garreaud no basta con ponerle una “etiqueta” al problema, hablando de crisis o emergencia climática, porque ello “eso no da seguridad absoluta de que se vaya a hacer algo, puede incluso polarizar el ambiente. Nosotros vamos a seguir remeciendo el avispero, en el buen sentido de la palabra, porque llamarlo crisis en qué cambia; tiene que ir acompañado de acciones que ya están ocurriendo, y que se deben seguir potenciando”.

A esto se suma, agregó, que “ciertamente se necesita información, aún estamos bajo el estándar en algunas cosas, y eso hay que superarlo. Hay que extender la red de monitoreo. En parte hemos pasado esta megasequía porque hemos estado sacando aguas subterráneas, y los problemas ambientales van a venir ahí, entonces la información es de primerísima importancia y tenemos que avanzar en eso. Y luego viene la etapa de gestión. Si las declaratorias de crisis climática no vienen acompañadas de información, datos y trabajo en terreno, y después no la pasamos a sistemas de gestión, no cambian las cosas”, planteó

Para Ulrike Broschek, en tanto, “el agua –y hay que establecerlo en la Constitución- cumple múltiples funciones y usos. Si lo colocamos dentro de un ministerio siempre va a tener una mirada de un sector, y hoy lo que se requiere es una mirada transversal y sistémica para conectar y coordinar las intervenciones que se dan en cada uno de los territorios. Se necesita esa mirada sistémica, y para eso necesitamos una entidad que sea supra ministerial. Eso se puede definir dentro de la Constitución, y hay una oportunidad para eso. Y está también el tema de la independencia de los ciclos políticos, porque eso nos ha llevado en la práctica a empezar de cero en cada administración”.

Al respecto, Jessica López afirmó que hoy es evidente para todos la necesidad de que nuestro país avance hacia asegurar el derecho el acceso al agua y el saneamiento de toda la población, “y en la medida que esto esté a nivel constitucional, uno espera que eso genere las acciones necesarias para moverse hacia su cumplimiento. Hoy en la ciudad eso ocurre, pero no es la realidad de todo el país. Asimismo, lo que tiene que ver con la prioridad del consumo humano en relación con el agua, hoy hay regulación que asegura eso pero fortalecerlo siempre es muy importante. Todo lo anterior nos obliga a plantear la necesidad de establecer el agua como un bien nacional de uso público, que si bien está hoy en el Código de Aguas, su declaración a nivel constitucional es importante”.

“Esta es una industria concesionada -agregó-, que opera por cuenta del Estado y por tanto está fiscalizada para cumplir con los estándares que están establecidos en términos de calidad, continuidad, disponibilidad, en fin. Los servicios sanitarios, y el agua necesaria para proveer estos servicios, como país van estar ya sea que lo opere el sector estatal o el privado, el régimen de propiedad es independiente. El agua tiene que estar para proveer el servicio a la población. Cualquiera sea el modelo de gestión, es clave para la satisfacción de la vida de más de 15 millones de personas, y el país va a estar en condiciones de adaptarse a eso”.