En los próximos meses la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictará una nueva norma que obligará a las empresas que emiten valores de oferta pública a informar sobre su gestión ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG, o ESG en inglés). De este modo, se actualizarán los requerimientos que ya realiza la entidad desde 2015 en algunas de estas materias, contenidas en las normas de carácter general N°385 y N°386.

La entidad afina los últimos detalles con el fin de publicar el documento antes de fin de año. Uno de los temas a resolver por estos días es la gradualidad con que se aplicará la norma, algo que inquieta a algunas empresas por las dificultades y los costos que implicará adaptarse a las nuevas exigencias.

Bernardita Piedrabuena, comisionada de la CMF, ahondó con País Circular en el contenido de las nuevas disposiciones y su importancia en un mundo donde la sostenibilidad ocupa un lugar cada vez más preponderante dentro de la actividad empresarial.

“Creo que esta norma, para nosotros como comisión, es un logro muy importante poder publicarla hacia fines de semestre. Es una norma que el mercado espera hace mucho tiempo, empezamos con la primera consulta pública justo antes de la pandemia y producto de ella tuvimos que repriorizar los trabajos al interior de la comisión. Logramos hacer una segunda consulta pública que recogió los desarrollos que habían ocurrido en el mundo, y ahora estamos ad portas de publicarla. Ojalá sea bienvenida por el mercado y adoptada no solo por los sujetos obligados, sino también por aquellos que pudieran cumplirla sin ser obligados”, afirma.

¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla este esfuerzo de la CMF y por qué deciden regular el tema ASG?

Para nosotros como comisión esto es muy importante. Como institución nos compete, y dadas nuestras facultades nos hemos comprometido con estos nuevos lineamientos de información en base a estas tres letras: ASG. La ex SVS partió con la emisión de estas dos normas de carácter general, la 385 y la 386. La primera se hacía cargo de los temas de gobierno corporativo y la segunda de un tema social en particular, que es la diversidad dentro de las empresas y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Desde entonces el tema de la responsabilidad social, ambiental y de gobierno corporativo ha avanzado en el mundo, han surgido una serie de iniciativas, de indicadores, de principios, que dan cuenta de los desafíos que enfrentan las empresas para sobrevivir. Yo creo que el fin último de las empresas es sobrevivir en el tiempo. En el pasado se entendía solo como obtener utilidades, pero hoy en día también las empresas se tienen que hacer cargo de una serie de desafíos que el ambiente les pone, que son el cambio climático, los temas sociales, y ahí tenemos los temas de diversidad, de stakeholders como las comunidades, proveedores, clientes, y un buen gobierno corporativo que se haga cargo no solo de estos temas sino de gestionar las empresas a través de una mirada de riesgo. Eso es fundamental para sobrevivir en el futuro como empresa y por eso, como comisión, nos hemos hecho cargo. Y también dando cuenta de lo que los mismos inversionistas le están pidiendo hoy en día a las empresas. Sólo cito a BlackRock, que hoy día adhiere a los principios de inversión responsable y requiere información a la hora de invertir en sus empresas.

¿Qué se modifica en específico, qué se actualiza respecto de lo que ya existe?

Harto. Lo que se hace es juntar los requerimientos que había en las dos normas anteriores, la 385 y la 386, en una sola norma que es el reporte integrado de las empresas, y a estos requerimientos de información que ya estaban vigentes se les agregan varios más. Estos indicadores que se agregan se basan en principios que ya son de estándar mundial, estamos hablando del GRI (reporte integrado), SASB (ASG) y TCFD (cambio climático), y se le agregan una serie de indicadores. Sólo a modo de ejemplo, en el tema de responsabilidad social, y en particular de personas, no solo se le pide información de diversidad, tanto de género como de nacionalidad, antigüedad y brecha salarial, sino que también se le agregan indicadores de capacitación, de corresponsabilidad parental, de flexibilización de jornada y otros. En materia ambiental, la norma establece que hay que reportar de acuerdo a SASB, que tiene un mapa de indicadores. Son 77, están a nivel de 77 industrias, seleccionados por niveles de riesgo ambiental, social, gobierno corporativo, entonces es un cambio bien importante que nos pone al día en relación a lo que ha sido el desarrollo de esta temática en el mundo.

A nivel internacional hay una gran variedad de estándares para reportar información ASG ¿Por qué se eligieron estos en específico?

Todos los estándares conversan entre ellos, porque al final se hacen cargo de la misma temática. Algunos son más de principios y otros más de métricas, y dentro de las métricas efectivamente hay muchos estándares que se sobreponen unos con otros. ¿Por qué se prefirió adoptar una visión particular de los temas medioambientales para SASB? Primero, es muy detallado, muy específico e incorpora el criterio de materialidad, es decir, no todas las industrias o todas las empresas en cualquier sector industrial tienen que reportar de todo, sino que aquello que se considera que es materialmente importante en relación a los riesgos que está corriendo esa industria y que al final se va a reflejar en la última línea financiera. Por eso se elige esa métrica, sin perjuicio que esta norma y lo que suceda en el futuro es algo que va a evolucionar, que es vivo y por lo tanto se va a ir adaptando a los diferentes desarrollos a nivel mundial.

¿Qué pasará con las empresas que ya están reportando voluntariamente, pero que lo están haciendo mediante otros estándares?

Primero, hay que aclarar que esta norma sólo rige en forma obligatoria para los emisores de valores de oferta pública y en ese sentido estamos hablando de empresas grandes, empresas que hoy día emiten en Chile acciones o bonos en el mercado, en la Bolsa de Comercio o en plataformas donde se transan estos valores y que se ofertan públicamente a las personas. Son empresas grandes, deberían tener la capacidad para enfrentar este desafío. Segundo, muchas de ellas ya están reportando estos indicadores porque los inversionistas internacionales ya están pidiendo esto y se guían por los estándares, se guían por SASB, TCFD, entonces no debería haber un cambio sustancial en lo que están reportando, versus lo que se les va a pedir en esta norma. Tercero, va a haber un proceso de gradualidad y de adaptación en cuanto a los requerimientos de información, las fechas, entonces en este proceso van a poder ir adaptando sus métricas, su forma de informar, y nosotros vamos a ir ayudando en que esto se haga de la forma más homogénea y fácil posible.

Con respecto a la gradualidad ¿de qué plazos estamos hablando? La CPC, por ejemplo, propone un modelo por etapas, con metas anuales.

Estamos justamente afinando ese último tema acá en la comisión. Nosotros esperamos publicar esta norma a fines de este año, durante el último trimestre, y estamos hablando de cómo darle gradualidad. Estamos pensando en que aquellas empresas que estén mejor preparadas les vamos a pedir antes el cumplimiento, pero de toda la norma, no por partes, y aquellas que estén menos preparadas se les dará un mayor plazo, pero estamos afinando esos detalles.

En la sigla ASG, la variable ambiental es relativamente fácil de cuantificar, por ejemplo, a través de las emisiones de CO2. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la S ¿Cómo funciona la metodología para medir la dimensión social?

La norma es súper explícita en establecer cuáles son las métricas que están incluidas en esa S. Ahí, por ejemplo, entran todas las relacionadas con el personal, con las personas que trabajan dentro de la empresa, están los temas de diversidad, de brecha salarial, de capacitación, de flexibilidad de jornada, de corresponsabilidad parental. Otro grupo relacionado a esta S, que es de sostenibilidad pero coincide con stakeholders, son los proveedores. Ellos también son un grupo importante al cual mirar y ahí hay métricas relacionadas con cuánto demora la empresa en pagar sus facturas. Hay otras donde se pregunta si la empresa tiene una política en cuanto a evaluar a sus proveedores, si están cumpliendo o si se preocupan de los temas medioambientales.

¿Cómo se va a realizar la fiscalización ante la imposibilidad de revisar en cada empresa si toda la información que se entrega es 100% fidedigna?

Aquí en la CMF tenemos experiencia en cuanto a que pedimos que se nos reporte mucha información, pero nuestra política, porque no están los recursos para eso, no es revisar y poner a una especie de carabinero en cada empresa para ver si están reportando la información de acuerdo a la calidad y el estándar que debería ser. Pero sí tenemos una supervisión ex post, y eso significa que se revisa un número de empresas, cómo están reportando. Se verifica en esa muestra si se está haciendo de la manera correcta, y en caso de sospechar o tener evidencia de que esa información no está siendo reportada en forma fidedigna, veraz y oportunamente, tenemos facultades sancionatorias sobre las empresas. En particular, la ley que rige las emisiones de valores de oferta pública, que es la 18.045, en diferentes artículos, sanciona tanto administrativamente como penalmente a aquellos directorios, ejecutivos, incluso empresas de auditoría externa que entreguen información falsa, no fidedigna, engañosa al mercado. Esa es la principal herramienta que tenemos para disuadir un comportamiento no satisfactorio en cuanto al envío de información y la publicación de información en estos temas. Nosotros tenemos la facultad de aplicar las sanciones administrativas; si además hay una sanción penal eso se tiene que derivar al Ministerio Público, que seguirá las acciones pertinentes.

Y hasta ahora ¿cómo ha sido el comportamiento de las empresas, respecto de las normas ya existentes?

La norma 385 era una norma que estaba basada en lo que se llamaba comply or explain, es decir, le preguntaban a la empresa “usted como directorio ¿tiene una política de gestión de riesgos ambientales?, ¿tiene una política de sostenibilidad o que se preocupe de sus stakeholders?” y ellos podían responder sí o no. Si contestaban que sí, tenían que explicar un poco más por qué esto era así, y si contestaban que no, también. En ese sentido no hay sanción porque ellos solo explican, no tienen que cumplir nada en particular, tienen que decir “tengo o no tengo”, y por qué. No había este tema de sancionar por entregar una información que no era fidedigna, porque era voluntario en el sentido de decir sí o no. No se establecía una métrica en particular salvo en el tema de mujeres, donde sí la había. Más allá de que podía haber problemas en el envío de información porque no se entendía bien lo que se estaba preguntando, no vimos problemas de que hubiera un engaño al respecto.

¿Se ha evaluado la posibilidad de incorporar a las empresas auditoras? Quizás ahí hay un espacio de colaboración en el trabajo de certificar que la información que se entregue sea certera.

Hasta lo que dice la ley hoy en día sobre los auditores, en relación a los emisores de valores de oferta pública, es que ellas tienen que velar porque los estados financieros estén correctos, reflejen la verdadera situación de la empresa. No está la obligación de tener auditoras que, por ejemplo, certifiquen el modelo de gestión de riesgos, o en este caso certifiquen la información que se está mandando a la CMF en esta normativa y al público en general. Eso las empresas pueden hacerlo voluntariamente: tener una certificación por parte de una auditora u otra empresa que diga que es verdad lo que se dice, pero legalmente no está la obligación de que ellas tengan que contratar al auditor externo para certificar, eso debería estar en el propio interés de las empresas.

¿Y cómo evalúa la CMF la posibilidad de implementar una certificación?

Sí, tendríamos que estudiarlo, no estamos discutiendo ese tema en particular ahora, pero obviamente se podría considerar en el futuro.

La Asociación de Auditoras entregó hace unos días una propuesta para crear una plataforma de información ASG, ¿qué opina la CMF?

Nosotros vemos con buenos ojos cualquier iniciativa privada tendiente a aumentar la transparencia, en particular de los emisores. Ellos son libres de hacerlo, y si quisieran crear esa plataforma y entregar información al público, en la medida que esa información sea siempre fidedigna, veraz, clara y no lleve a engaños o confusiones, pueden hacerlo sin ningún problema. Complementario a lo anterior, con esta nueva normativa nosotros vamos a tener una serie de indicadores, los cuales vamos a ir poniendo a disposición del público, los analistas, los inversores, los académicos, y mostrar cómo esta norma está afectando a las empresas, eso es un proceso que va a venir. Hoy en día la información de la norma 386 es pública, hay un informe especial. Una vez al año se hace el resumen de lo que se reportó, en términos de brecha salarial, diversidad en directorios, gerencias y demás niveles de organización de las empresas a las cuales aplica la norma 386.

Pensando que en el futuro pueden surgir otras variables, otros valores que la sociedad puede empezar a demandar de las empresas ¿qué tan flexibles son los estándares que se utilizarán?

La CMF siempre está mirando, analizando, monitoreando las evoluciones o desarrollos en esta materia, que está aquí para quedarse. Estamos todos subidos en este nuevo paradigma o contexto de los temas ASG y por lo tanto estamos dispuestos -y es parte de nuestra labor- a ir actualizando toda esta normativa en la medida que se desarrollan nuevos enfoques. A lo mejor se agrega otra letra y estaremos atentos a eso, y estamos abiertos siempre a los comentarios que nos puedan hacer distintas organizaciones al respecto, es una comunicación abierta con el entorno. Estamos abiertos a escuchar sugerencias y obviamente las tenemos que evaluar en su mérito, dentro de nuestras facultades, nuestros recursos y cómo eso se compatibiliza con los distintos mandatos que tenemos.

A su juicio ¿qué tan lejos estamos de pasar de solicitar información a exigir que las empresas cumplan ciertos mínimos, por ejemplo, en el plano social?

En la mayoría del mundo, o por lo menos en los países que uno conoce, el exigir mínimos a las empresas es un debate que es a nivel de la sociedad, porque al final del día tiene que reflejarse en la ley. Nosotros como CMF no podemos exigir cosas que no están escritas en la ley, por lo tanto, es un debate de la sociedad; y cuando hablo de sociedad me refiero al Congreso, el Ejecutivo, nosotros como reguladores y aquellos que están interesados en el tema. Por ejemplo, el proyecto de cuotas de mujeres en directorios de empresas públicas. Para nosotros exigirlo tiene que estar primero en la ley. Podemos dar nuestra opinión de qué significa eso en términos de su impacto en las empresas, si es positivo o negativo, impacto en otros aspectos que a nosotros nos interesa como la estabilidad financiera, que no es el caso porque no hay un tema de estabilidad financiera si hay más o menos mujeres en un directorio, pero también tenemos que tener esa mirada. Y nosotros estamos abiertos a dar esa discusión y a aportar los antecedentes que sean necesarios.

¿Ve voluntad o interés genuino de las empresas de ir avanzando en este camino, o solo es una práctica que necesitan cumplir para atraer más inversiones?

Yo creo que es mixto, sobre todo en el tema de mujeres, el cual me toca de cerca. He visto hartas iniciativas, liderazgos de las mujeres dentro de las propias empresas de avanzar en estos temas. Tal vez a veces falta que se genere el momentum para que esto avance en forma definitiva, pero veo que hay interés en general. Hay de todo, hay una distribución de intereses, como diríamos los economistas, pero sí creo que hay voluntad, porque es parte de lo que necesitan para sobrevivir las empresas. Ese es el punto, es un cambio de mentalidad, es lo que se necesita hoy día para sobrevivir, entonces, o se suben al carro o mueren, en el sentido de que desaparecen.

¿Ve espacio para ampliar esto a otras empresas, más allá de las reguladas por la CMF?

Esta norma si bien obliga a los emisores, es voluntaria para sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, fondos patrimoniales y pymes. En estas últimas hay que establecer cuál es la realidad porque estas normas tienen costos en su aplicación: tener la información, procesarla, capacitar. Es algo que es deseable pero también hay otros bienes sociales que se conjugan en que exista esa pyme: el empleo, el hecho de que las personas en el empleo desarrollen su proyecto de vida, la dignidad, etcétera. Estas normas de información a la larga yo creo que las pymes las van a tener que adoptar igual porque hoy en día el cliente mira si la empresa es sostenible o no. Sin adherir obligatoriamente lo van a estar haciendo en cuanto ellos hablen de su impacto en el medioambiente, cómo tratan a las personas que trabajan en la empresa, cómo tratan a sus proveedores, pero ese proceso hay que ir haciéndolo más lento dada la carga económica financiera que puede significar a estas empresas.